PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: septiembre 18, 2024

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Ecuador, septiembre 18, 2024
Ecuador Continental: 19:57
Ecuador Insular: 19:57

La Corte Suprema da la razón a Petro: sí podía modificar la terna para elegir al fiscal general

El País .- El tribunal concluye que la inclusión de Luz Adriana Camargo no es contraria a la ley. Así las cosas, Amparo Cerón no es más candidata para presidir el organismo investigativo. El presidente Gustavo Petro fue aplaudido cuando, el pasado 2 de agosto, presentó a la Corte Suprema de Justicia su terna para elegir a la nueva fiscal general. Francisco Barbosa, quien actualmente ocupa este cargo, culmina su periodo el próximo 13 de febrero, y el primer mandatario propuso como sus potenciales reemplazos a Ángela Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón. Se trató de un hecho histórico porque no existen precedentes de una terna conformada exclusivamente por mujeres. A finales de septiembre, Petro decidió hacer un ajuste que no alteró el mensaje simbólico de la terna: envió una misiva a la Corte en la que manifestaba su deseo de incorporar a Luz Adriana Camargo y retirar a Amparo Cerón. La modificación fue motivo de debate, luego de que Cerón objetara la decisión en un escrito que radicó ante el alto tribunal. Mucho se especuló sobre los posibles desenlaces, pero este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia zanjó el tema. Concluyó que Petro, en su condición de presidente, puede realizar cambios en la terna siempre y cuando aún no haya iniciado el proceso de evaluación de las hojas de vida. Dado que la propia Corte aún no ha surtido esta etapa, se desestimaron los argumentos de Cerón, quien aseguró que nunca renunció a su postulación y que tampoco brindó su consentimiento para ser excluida. Cerón trabajó durante tres décadas en la Fiscalía General y fue, por casi tres años, la encargada de adelantar las pesquisas del caso Odebrecht en Colombia. Fue separada de esta labor por Francisco Barbosa y al poco tiempo abandonó la institución. Posteriormente se supo que a su despacho llegaron informes sobre los hallazgos de corrupción en la Ruta del Sol II, una de las obras involucradas en este escándalo. El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por su participación en El cartel de la toga, ha señalado a Cerón de no actuar con celeridad. Pese a que no hay confirmación, se presume que estos señalamientos fueron la razón por la que Petro optó por sacar a Cerón de la terna. Bajo este panorama, la siguiente fiscal general será elegida entre las tres penalistas restantes. Ángela Buitrago, académica y exfiscal reconocida por llevar a la justicia a dos altos mandos del Ejército que participaron en la retoma del Palacio de Justicia en 1985; Amelia Pérez, también antigua funcionaria de la Fiscalía que investigó las masacres paramilitares ocurridas en la década de los noventa; y Luz Adriana Camargo, cercana a Iván Velásquez, ministro de Defensa, y exmagistrada auxiliar que estuvo detrás de la investigación de la parapolítica, como se conoce al fenómeno de las alianzas entre políticos y grupos del paramilitarismo. Sin embargo, este no es el único obstáculo que enfrenta la terna presentada por Petro. Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado —otra alta corte en Colombia—, exigiendo que la terna sea rechazada por violar la equidad de género, debido a que no incluye a ningún hombre. El Consejo de Estado ha inadmitido este mismo jueves esa acción por motivos de forma, pero es probable que Botero subsane los errores advertidos y el tribunal luego la decidida de fondo.

La Corte Suprema da la razón a Petro: sí podía modificar la terna para elegir al fiscal general Leer más »

La Corte Suprema allana el camino para la oficialización de resultados electorales en Guatemala

El País .- El pleno de magistrados declaró improcedentes las acciones que pretendían el recuento de votos y validó los segundos escrutinios que confirman una segunda vuelta entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo Una decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia ha allanado este lunes el camino para que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados de las elecciones en Guatemala y se convoque a la segunda vuelta presidencial, que según la verificación de los escrutinios, se disputará entre los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo. La resolución judicial pone fin a una crisis que alimentó las sospechas de golpe técnico y de prolongación de las funciones del presidente Alejandro Giammattei.   La crisis se originó por una acción unilateral de la presidenta de la Corte Suprema, Silvia Valdés, que dio curso a una solicitud de tres partidos que no están conformes con los segundos escrutinios y reclaman un recuento de votos. Esas agrupaciones actúan bajo la dirección del exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero. En un episodio más de la judicialización del proceso electoral en Guatemala, la Corte Suprema declaró “improcedentes” las acciones de tres partidos políticos inconformes con los segundos escrutinios que se efectuaron por orden de la Corte de Constitucionalidad. El pasado 1 de julio, esa instancia otorgó un amparo a nueve partidos que señalaron inconsistencias en los resultados y ordenó reexaminar los resultados. Entonces, la corte dejó abierta la puerta para que, “de ser necesario”, se haga un recuento de votos, una decisión controvertida porque el procedimiento no está regulado y que podría extenderse de forma indefinida, con la consecuencia de que se llegue el 14 de enero, la fecha del relevo, y no haya un presidente electo, de acuerdo con varios juristas como el exconstituyente Aquiles Faillace.   Las sospechas de la extensión de las funciones presidenciales crecieron tanto que la mañana del lunes, el presidente Alejandro Giammattei publicó un comunicado en el que recuerda que el plazo constitucional para su mandato es “improrrogable” y llama a “que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha señalada por ley. La reciente decisión de la corte Suprema da por buenas y cumplidas las audiencias de revisión de escrutinios que repitieron todas las juntas electorales del país y durante las cuales no se encontró discrepancias que cambien significativamente los resultados que se anunciaron tras las votaciones.   La corte Suprema también ha rechazado las pretensiones de los partidos para volver a contar cada uno de los votos, a tono con el criterio del Tribunal Supremo Electoral. Con este nuevo paso, “se allana el camino para que el Tribunal Supremo Electoral oficialice datos, pero la batalla es larga, porque no puede haber adjudicación de cargos hasta que el amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad [el 1 de julio] sea resuelto en definitiva”, explicó Faillace.   Al conocerse la resolución de la Suprema, Bernardo Arévalo celebró que se hayan declarado improcedentes los recursos de los “partidos perdedores”. “A pesar de que los mismos de siempre intentaron atrasar el proceso y evitar que el pueblo elija un cambio, la semilla encuentra camino para germinar”, escribió en un tuit. Torres no se pronunció enseguida, aunque durante el fin de semana su postura fue por la continuidad del proceso electoral.   El amparo otorgado por la sala constitucional y que origina la suspensión sigue su trámite hasta llegar a sentencia. Mientras, el Tribunal Supremo Electoral ha asegurado que tiene la voluntad de oficializar los resultados y respetar el voto de los ciudadanos.   Una minicrisis en fin de semana El 1 de julio pasado, la sala constitucional otorgó un amparo a favor de nueve partidos políticos, bajo la dirección del partido Cambio, del exdiputado Manuel Baldizón que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero. El bloque de partidos reclamaba inconsistencias en los resultados electorales y lograron que se repitieran los escrutinios. Conforme quedaba al descubierto que no había mayores cambios en los resultados, el bloque se fue desgranando. En la movida han quedado tres partidos -Valor, Cambio y Todos- que lograron escasos resultados en las urnas y van rumbo a la cancelación.   No conformes con los segundos escrutinios, esos partidos a los que Arévalo ha llamado “perdedores” pidieron a la Corte Suprema una verificación del cumplimiento de la orden que dictó la sala constitucional e insistieron en el recuento de votos, en el mismo sentido que lo reclamó el partido en el gobierno. La noche del viernes, la presidenta de la corte Suprema Silvia Valdés dio curso a la solicitud de debida ejecución y de forma unilateral pidió informes al tribunal electoral. La acción de la magistrada fue blanco de críticas, cuestionamientos y arreció las sospechas de un golpe técnico, que se han desvanecido con la decisión unánime de la Suprema.   Así, entre la crisis que se abrió el 1 de julio, se gestó otra minicrisis que duró un fin de semana y que la Suprema ha despejado este lunes. El fallo de la corte Suprema da un nuevo respiro en el proceso electoral más atropellado de la historia democrática de Guatemala. La expectativa es avanzar a segunda vuelta y que se oficialicen los cargos, ha expresado a EL PAÍS la politóloga Marielos Chang. “No obstante, sí quiero dejar claro que es un retroceso para nuestra democracia que debamos depender de las cortes para oficializar resultados electorales”, puntualizó. Chang recuerda que “la intromisión de las cortes, Suprema y de Constitucionalidad, en el proceso eleccionario no empezó después de la primera vuelta y no termina hoy”. Cabe recordar que tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a la segunda vuelta quedaron fuera de la contienda por decisiones judiciales. Y el amparo provisional que la corte ha declarado sin lugar continúa su trámite. “La erosión institucional y la confianza perdida en las autoridades crea una histeria colectiva y un temor de que cualquier acción sea un rompimiento democrático” que, por hoy, se ha desvanecido, concluye Chang. Varios sectores sociales, empresariales y observadores

La Corte Suprema allana el camino para la oficialización de resultados electorales en Guatemala Leer más »

Guerra abierta entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema

La Casa Rosada convoca al Congreso para tratar el juicio político contra los cuatro jueces del máximo tribunal   Ya es una guerra política en toda regla. Se inició en los medios hace casi tres años, en paralelo al avance de los juicios por corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el arranque de su gestión, el presidente, Alberto Fernández, envió al Congreso una profunda reforma de la justicia federal, a la que acusaba de redactar fallos a la medida de la oposición. El proyecto no prosperó. La tensión entre la Casa Rosada y los Tribunales creció y creció. Se esparció como la espuma entre altos funcionarios, diputados, senadores y jueces. El 6 de diciembre, un tribunal condenó a Kirchner a seis años de cárcel. Dos semanas después, la Corte Suprema falló contra el Gobierno en una demanda de la ciudad de Buenos Aires, opositora, por el reparto nacional del dinero de los impuestos. Esta semana que pasó, finalmente, la sangre llegó al río: Fernández convocó a sesiones extraordinarias del Congreso (no habrá receso de verano, muy que les pese a los legisladores) para tratar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema.   Al juicio político contra los cuatro supremos (hay un puesto vacante) se le suma un proyecto para llevar a 15 el número de magistrados. Los diputados del Frente de Todos, la alianza de las distintas corrientes del peronismo que está en el poder, ya presentaron formalmente el pedido de juicio “por mal desempeño” contra la Corte. El argumento es que “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas” a los poderes ejecutivo y legislativo. Además del asunto de los impuestos, que da recursos extraordinarios al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables del macrismo, critican un fallo que declaró inconstitucional una ley de 2006 que retiraba a la Corte del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y juzga a los jueces. Los supremos decidieron reflotar una ley anterior que había sido derogada por el Congreso.   El partido de Gobierno tiene los votos suficientes para abrir una comisión de juicio político que trabajará durante 60 días, pero chocará luego en el recinto, donde no alcanza los dos tercios necesarios para avanzar más allá de la acusación. Juntos por el Cambio, la coalición que reúne a la derecha liderada por Mauricio Macri, ya anticipó que rechazará la iniciativa peronista por considerar que “atenta contra el orden republicano”. Si el Gobierno insiste, paralizará el Congreso, amenazó.   La pelea entre los poderes del Estado crispará los ánimos en un año especialmente sensible: en octubre, los argentinos elegirán al sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. El clima político no podría ser peor. Fernández ingresó al último año de su mandato con la popularidad por los suelos, la economía en declive, la inflación cercana al 100% y a la sombra del poder que ejerce sobre su gestión Cristina Kirchner. A la Justicia no le va mejor. El 59% de los consultados en abril para un sondeo de la Universidad de San Andrés aseguró que tiene una imagen “muy mala” del Poder Judicial, 19 puntos más de los que opinaron lo mismo acerca del Fondo Monetario Internacional (difícil encontrar una institución con peor imagen en Argentina). Sorprendió a los encuestadores que el apartado “imagen buena” quedó en 0%.   El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ensayó una explicación durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni para LN+. “En la mayoría de las democracias consolidadas del mundo la imagen de la Justicia no es buena”, argumentó. Según su visión, el problema está en que el Poder Judicial asume conflictos que la sociedad no resuelve y eso genera “ciertas expectativas” que luego se ven frustradas. Los ciudadanos, dijo, ven “que la Justicia resuelve con lentitud, no correctamente o que no falla a su favor”. Esa “judicialización de los conflictos”, dijo, es atribuible a “cierta incapacidad” de la sociedad para resolverlos por vías no judiciales.   El conflicto por el reparto dfe los impuestos federales fue una muestra de ello. En 2016, el Gobierno de Macri subió del 1,4% al 3,75% la parte correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, su principal bastión electoral, para financiar a una nueva policía. Cuando Fernández llegó a la Casa Rosada, una de sus primeras medidas fue bajar en forma unilateral hasta el 2,35% ese porcentaje. Como las negociaciones políticas fracasaron, el asunto terminó en la Corte, que en diciembre elevó el porcentaje correspondiente a la ciudad hasta el 2,95%.   Fernández primero dijo que no acataría el fallo porque no tenía el dinero para hacerlo; luego dio marcha atrás y prometió un pago en bonos del tesoro. Mantuvo, eso sí, su decisión de llevar a los jueces ante el banquillo del Congreso. Sumó en su estrategia el favor de 14 de los 23 gobernadores del país, temerosos de que el dinero que ahora iría a parar a Buenos Aires (unos 1.000 millones de dólares) saliese de sus propias partidas presupuestarias.   El juicio político no prosperará más allá de la comisión dominada por el Frente de Todos, pero habrá espectáculo. Los diputados quieren que declaren los cuatro supremos. Pidieron además la presencia de Silvio Robles, secretario privado del presidente de la Corte, y del jefe de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia. La Comisión les pedirá que expliquen por qué en unos chats filtrados a la prensa Robles adelanta al funcionario de la ciudad la decisión de su jefe respecto al diferendo por los fondos.   El Gobierno intentará demostrar que los mensajes son evidencia de la connivencia entre la Justicia y la oposición. En cualquier caso, lo que resta de enero y febrero será de mucha actividad política, mientras buena parte de los argentinos están de vacaciones. En marzo, el país ya estará lanzado de lleno en la campaña por la sucesión presidencial.   Fuente: El País

Guerra abierta entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema Leer más »

La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales

El mandatario aseguró que está convencido de la inocencia de uno de los 13 perdonados y los jueces le recuerdan que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales” La Corte Suprema chilena se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que ayer, desde el cambio de mando de Brasil, justificó uno de los 13 indultos que decretó el viernes, a un condenado por el caso del robo al banco Santander en 2013, Jorge Mateluna. “Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia.   Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se que fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo). “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia.   La Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.   Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.   Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales.   La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales.   Luego, fue el propio mandatario el que leyó una declaración desde La Moneda, donde indicó que comparte “plenamente” el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería “mala noticia” para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial.   Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.   Facultad del presidente En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos.   Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó.   La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía.

La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales Leer más »

Scroll al inicio