Primicias .-  Durante el primer día de apagones, el Gobierno anunció que permitirá que empresas generen energía propia. Pero eso sería aplicable en 2024. El sector productivo todavía no puede prever a cuánto ascenderán las pérdidas que tendrán los negocios por los apagones de luz, de entre tres y cuatro horas, que comenzaron el 27 de octubre de 2023. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, los apagones en 2009 costaron USD 1.500 millones al país. Hay negocios que cuentan con generadores propios, que funcionan a diésel o a gasolina. Pero estos representan una minoría del tejido productivo del país, en donde hay un gran número de micro y pequeñas empresas que no pueden costearlos, dice Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano. De hecho, el 41% del sector industrial y el 75% del comercial tiene como su fuente principal de energía a la electricidad. Según un sondeo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de 1.000 industrias consultadas, solo 45 tenían una planta propia para autogenerar energía para sus procesos, dice el presidente del gremio, Francisco Jarrín. Se trata de empresas de los sectores: Elaboración de productos alimenticios. Producción de madera y fabricación de productos de madera (excepto muebles). Fabricación de sustancias y productos químicos. Fabricación de productos de plástico. Además, Uquillas aclara que las empresas que cuentan con generadores a combustión fósil, no los instalaron como respaldo para sostener sus actividades productivas, sino como medidas de emergencia para situaciones puntuales. De ahí que la mayoría de generadores en el sector no tienen una potencia suficiente para sostener el nivel de producción de las industrias que dependen de la electricidad, agrega Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo (Cipem). Solo se usan para alumbrar oficinas o mantener prendidas computadoras, no para mantener prendido un horno para elaborar cerámicas, cemento o plástico, que son las industrias que requieren estar a temperaturas específicas. Los apagones constantes podrían hacer que esta maquinaria se eche a perder, dice Robalino. Aunque también hay industrias y fábricas que usan diésel o gas natural como fuente de energía para ciertas líneas de producción. Una medida tibia para las empresas ante apagones El Gobierno de Guillermo Lasso ha anunciado que permitirá que el sector privado instale, por su cuenta y para consumo propio, sus propias soluciones de generación de energía, como una medida ante los apagones. El gerente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Marcelo Jaramillo, dijo el 26 de octubre de 2023 que se permitirá instalar hasta 2 megavatios por empresa. Pero la generación solo podrá ser de dos tipos: eólica o solar. Según Lasso, la medida se implementará a través del otorgamiento de títulos habilitantes al sector privado, con lo que se daría paso a la generación aproximada de unos 250 megavatios. Lo anterior significa que unas 125 empresas podrían implementar las soluciones. Sin embargo, la operatividad de esta medida apenas se podría implementar a finales de diciembre o principios de enero de 2024, reconoció el Presidente. Jaramillo aseguró que el Ministerio de Energía ya urgió a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) para que emita el decreto que permita a las empresas privadas implementar este tipo de soluciones. Varios gremios, como Cipem, el Comité Empresarial y Fedexpor, coinciden en que el Gobierno no les ha comunicado esa medida ni la ha consensuado con el sector. El vicepresidente ejecutivo de la Federación de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, dice que antes de la emergencia eléctrica, el sector empresarial ya venía sugiriendo que se permita a ciertas industrias. Por ejemplo, en el sector agrícola, para implementar soluciones de este tipo en sectores rurales donde no llegan las redes eléctricas del Estado. “Pero en ese momento no se atendió el pedido y ahora anuncian esta medida de manera repentina y sin ninguna coordinación con el sector empresarial” agrega. Por su parte, Robalino dice que implementar proyectos de inversión de energía eólica y solar tomará tiempo y demandará recursos de las empresas, añade. Lo anterior perjudicará los presupuestos de los negocios que ya prevén millonarias pérdidas por los apagones. Además, Rosero considera que el Gobierno le está cargando a las empresas una responsabilidad Estatal. Preocupa la seguridad y el combustible Otra de las mayores preocupaciones para las empresas es que durante los apagones dejarán de funcionar alarmas, botones de pánico y cámaras de seguridad, dice Uquillas. Durante 2023, las empresas han hecho inversiones para blindarse ante la crisis de seguridad que vive Ecuador. Al sector productivo también le preocupa que la demanda de diésel por parte de los negocios, para sus generadores, aumentará por los apagones que durarán al menos un mes, dice el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín. “Nos preocupa que no haya la disponibilidad suficiente de diésel para las plantas y esto también demandará más gastos”, añade. Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Derivados del Petróleo de Ecuador (Camdeppe), explica que el 66% del diésel que se consume en el país es importado, por lo que una mayor demanda implicará, además, más gastos para el Estado. Lo anterior, sobre todo, porque el Estado subsidia USD 2,13 por galón de Diésel 2, que es aquel que se usa en el sector eléctrico, industrial, naviero. Erazo explica que los apagones también podrían propiciar que más negocios pequeños o artesanos compren generadores a diésel. Sin embargo, él aclara que en Ecuador no se puede comprar diésel para negocios sin tener una autorización. Arcernnr solo permite comprar en envases un máximo de cinco galones por producto diariamente, que pueden ser despachados en gasolineras a clientes finales, en recipientes homologados. Pero si una persona o negocio requiere más de esa cantidad para actividades artesanales, de pequeña industria o agrícolas, requiere una a autorización de cuantías domésticas de la Arcernnr. El transporte de combustibles, sin la debida autorización, podrá ser sancionado con cárcel de uno a tres años, según establece el Artículo 262 del Código Orgánico Integral Penal.