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Ecuador: diciembre 6, 2024

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Ecuador, diciembre 06, 2024
Ecuador Continental: 15:24
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Ecuador, diciembre 06, 2024

Una nueva caravana migrante parte desde el sur de México en Navidad y avanza hacia la frontera con Estados Unidos

El País .- Miles de personas atraviesan el país pocos días antes de que en la capital se lleve a cabo una cumbre entre representantes de México y EE UU para abordar con urgencia el problema migratorio. Comenzaron su andanza la víspera de Navidad, mientras la mayoría de las familias mexicanas se preparaba para reunirse en sus casas al calor de una cena y una bebida. Una nueva caravana de personas migrantes partió la mañana del domingo de Tapachula, en el sureño Estado de Chiapas, y ya en Navidad seguía marchando con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos para cruzar. Las crónicas de los diarios y las agencias señalan que se trata de una multitud de alrededor de 8.000 personas procedentes principalmente de países de Centro y Sudamérica. Vienen familias completas y personas en solitario, mujeres con sus hijos, hombres jóvenes y adolescentes. Una nueva caravana de gente expulsada de sus países por la pobreza y la violencia intentando una mejor suerte en EE UU. Justo este miércoles se llevará a cabo una cumbre bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos para abordar otra vez estrategias de contención de la migración. Dos agendas, la de las autoridades y la de la gente necesitada, se cruzarán en el tiempo esta semana. Los migrantes han bautizado esta caravana como “Éxodo de la pobreza”. Lejos de sus hogares, estas personas hicieron una parada la noche del domingo en un parque y recibieron alguna comida de parte de iglesias y vecinos de Chiapas, según reporta la agencia AP, que ha añadido que elementos de la Guardia Nacional y la policía local han seguido el avance de la marcha sin intervenir. “Hemos caminado mucho. Honestamente, no sé cuántos kilómetros. Mi hija no puede caminar más. La cargo en mis brazos porque necesita descansar, tiene solo tres años, y no está bien, está enferma”, ha dicho un hombre procedente de Honduras a Reuters. “El presidente de Estados Unidos debería ayudarnos como migrantes. En realidad, varios de nosotros solo vamos a EE UU por cinco, seis, siete años y regresamos a nuestros países. Por esta razón, le pedimos a Joe Biden que nos ayude”, dijo a esa agencia otro hombre hondureño. Los flujos migratorios desde Centro y Sudamérica han sido extraordinarios y han prendido las alertas de las autoridades de México y Estados Unidos. Entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, la cifra de migrantes detenidos en los cruces fronterizos con EE UU creció un 31%, al pasar de 53.016 a 69.462 detenciones, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estimado que un tercio de los migrantes son mexicanos. Las respuestas de las autoridades de EE UU para contener los flujos migratorios han sido drásticas y han amenazado las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países. Una medida ha sido el cierre de tres puestos fronterizos por parte de Washington de forma unilateral. Otro ejemplo es la promulgación de una dura ley antimigrante por parte del Gobierno de Texas que permite a las autoridades locales detener y deportar a México a personas sin papeles. La Administración de López Obrador ha alzado la voz contra estas medidas y ha exigido que se replantee el enfoque con el que se aborda el fenómeno migratorio. El asunto ha escalado y ya ocupa un sitio prioritario en la agenda de la relación bilateral. La semana pasada, López Obrador y Biden sostuvieron una llamada oficial a solicitud del mandatario estadounidense para hablar del tema. En la comunicación, el Gobierno mexicano “insistió en la necesidad de reabrir a la brevedad los cruces fronterizos para garantizar los dinámicos flujos comerciales y potenciar la relación económica”, detalló en un comunicado. La Casa Blanca, por su parte, matizó “que se necesita con urgencia medidas de cumplimiento adicionales para que se puedan reabrir los puertos de entrada clave a través de nuestra frontera compartida”. Los jefes de Estado acordaron que una comitiva de altos vuelos de EE UU visitase México y sostuviese este miércoles una reunión con el presidente López Obrador. La delegación será encabezada por el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y contará con la participación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall. Es previsible que en ese encuentro se detallen las “medidas de cumplimiento adicionales” requeridas por Washington para ceder a la petición del Gobierno mexicano de que se reabran los puntos de paso en la frontera. La Administración de López Obrador ha mantenido una posición de rechazo a las políticas coercitivas para contener la migración, y ha demandado a Estados Unidos una mayor colaboración para resolver las causas estructurales que motivan la salida masiva de personas de sus países de origen y sus intentos por llegar a EE UU, aun con los enormes riesgos que significa atravesar México de manera ilegal. López Obrador ha ofrecido a los gobiernos de países expulsores —especialmente Venezuela, Honduras, Belice y Colombia— dirigir inversiones a esos territorios para financiar programas sociales y de trabajo. El Gobierno mexicano ha indicado que en la reunión bilateral del miércoles se insistirá a la delegación estadounidense en avanzar en esa agenda de soluciones estructurales. “No comprenden que uno tiene necesidad de salir adelante. ¿Por qué no nos pueden ayudar, dar la mano? Necesitamos apoyo de ellos [los gobiernos]”, declaraba a AP una mujer hondureña que iba en la caravana con un niño de siete años. “Esta travesía ha sido bien fuerte para nosotros los migrantes. Necesitamos ayuda de Migración y del gobierno, que se pongan la mano en el corazón y nos den un salvoconducto”, decía a la agencia una mujer venezolana. La multitud migrante seguirá su curso por territorio mexicano. Habrán avanzado cientos de kilómetros para cuando llegue Año Nuevo. Como ha ocurrido en esta Navidad, la festividad pasará ajena para ellos, de lado, como un camión raudo que rebasa indiferente.

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Crisis del Darién: récord de migrantes incluye ecuatorianos que huyen de la inseguridad

Primicias .- Hasta el 20 de diciembre, cruzaron por el Darién, en Panamá, 513.782 migrantes, la mayoría son venezolanos (326.589), seguido de ecuatorianos (56.328) y haitianos (45.628). Panamá cierra un 2023 marcado por la crisis migratoria: este año se ha batido el récord de medio millón de migrantes en tránsito por el Darién, la selva que comunica Panamá y Suramérica. En esa cifra, que duplica el registro del año pasado y evidencia un aumento de menores, se encuentran miles de ecuatorianos. Según cifras de las autoridades panameñas, hasta el 20 de diciembre cruzaron por el Darién 513.782 migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos (326.589), seguido de ecuatorianos (56.328) y haitianos (45.628), con el objetivo de llegar mayoritariamente a Estados Unidos, aunque también Canadá, en busca de mejores condiciones de vida. La violencia y las condiciones socioeconómicas de sus países de origen son el principal impulso para atreverse a cruzar a pie la mitad del continente y el Darién, una mortal selva plagada de peligros naturales y con presencia de grupos armados, a pesar del endurecimiento de las restricciones migratorias en la región este año, según han relatado algunos migrantes. Ese es el caso de Segundo Muela, un ecuatoriano de 35 años oriundo de Latacunga, que ante la falta de empleo y la escalada de violencia en su país decidió este diciembre poner rumbo a Norteamérica con su esposa y sus dos hijos de cuatro y siete años. «La familia nos motivó salir por la falta de empleo (y) la inseguridad de Ecuador (…) por todo te piden vacuna (extorsión) … son mafias que por cualquier cosa o un negocio que queremos poner nos quieren cobrar. Por la seguridad, dicen, pero es mentira», cuenta Muela en Bajo Chiquito, el primer pueblo al que arriban los migrantes tras atravesar la selva, un tramo de su viaje que fue «complicado pero no imposible». 100.000 menores cruzaron el Darién Este «ha sido un año en que se ha batido un récord. Han pasado más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, de ellos el 50 % son menores de cinco años», dijo la experta basada en género de Unicef, Johana Tejada López. La mayoría de las familias que migran son de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, detalla la experta en el albergue de Lajas Blanca que, al igual que en Bajo Chiquito, es escenario de esa situación con numerosas familias con niños y adolescentes. Una de esas familias es la de Cikiu Navarro, una venezolana de la región del Zulia que sobre sus hombros carga a su hija de dos años. A su llegada a Bajo Chiquito, junto con su esposo y sus otros dos hijos, también menores de edad, se ven aparentemente agotados de la «fuerte» travesía. La experta de Unicef alerta de un incremento de la llegada de menores separados de sus padres durante la travesía y de los adolescentes que viajaban «solos». Los organismos humanitarios refuerzan sus proyectos La llegada masiva de migrantes ha obligado a los entes humanitarios a reforzar sus proyectos en Darién tras un 2022 que también registró la cifra récord en su momento de 248.000 personas en tránsito. «Hemos trabajado de manera interagencial en lo que llamamos una ‘construcción de escenario’ para reorganizarnos y mejorar nuestras intervenciones en función de este crecimiento», detalla la delegada de migración basada en Darién de la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC, por sus siglas en inglés), Verónica Martínez. Los migrantes llegan primero a Bajo Chiquito tras cruzar la selva, donde las autoridades registran sus datos y duermen una noche. Al día siguiente bajan en canoas -pagadas por ellos mismos- por el río Tuquesa hasta uno de los dos albergues existentes en Darién. Allí, conocido por los migrantes como «la ONU», hay varios organismos que ofrecen ayuda humanitaria y médica, al igual que las autoridades panameñas, que dan asistencia alimentaria en una operación única en el continente, en la que el Gobierno ha invertido en los últimos años unos 70 millones de dólares, según datos oficiales. Desde Darién los transeúntes deben abordar un bus – costeado por ellos- hasta la vecina Costa Rica. Las restricciones anunciadas por varios países de tránsito, como las deportaciones de migrantes irregulares con antecedentes penales en Panamá, o por Estado Unidos, que ha puesto más trabas al acceso al asilo, no detienen el flujo migratorio. «Todos queremos trabajar para poder tener una mejor calidad de vida y brindarle un mejor futuro a nuestros hijos y a la familia que esté en Venezuela», relata Stephanie Michael Refinjozolano, una venezolana de 22 años que junto a su hija de seis años y su marido se dirige a EE.UU.

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Miles de migrantes, a la intemperie en Eagle Pass en plena crisis migratoria entre México y EE UU

El País .- La ciudad texana retiene a unas 5.000 personas que esperan ser procesadas por las autoridades. Biden y López Obrador acuerdan endurecer el control en la frontera La crisis humanitaria que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos ha encontrado un nuevo foco. Miles de migrantes —entre 3.000 y 5.000 de acuerdo con estimaciones no oficiales— duermen a la intemperie este jueves en la ciudad texana de Eagle Pass, que conecta a través de un puente internacional con Piedras Negras, Coahuila, en el lado mexicano. El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EE UU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos. La imagen, una estampa más de la desprotección y vulnerabilidad de la población migrante que viaja entre México y EE UU, llega el mismo día en que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han mantenido una llamada telefónica en la que han acordado endurecer el control en la frontera. El anuncio se produce después de que el mandatario mexicano reconociera un aumento inusual de cruces irregulares, que han crecido un 31%, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). Una delegación encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado en EE UU, visitará México en los próximos días para trazar una nueva estrategia de contención. La crisis migratoria tiene dos caras. Por un lado, las decisiones políticas tomadas entre ambos Ejecutivos, siempre orientadas a apretar el puño para repeler la migración. La estrategia no es nueva, responde a la tónica general de los últimos años, denunciada hasta la saciedad por vulnerar los derechos humanos de los migrantes por innumerables oenegés y organizaciones humanitarias. Del otro lado, están los rostros que sufren las medidas: más de 250.000 personas solo este diciembre —según CBP—, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica y el mismo México, que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural, para encontrarse en la frontera estadounidense con un muro de contención, además de un recorrido por territorio mexicano plagado de asaltos, violaciones, secuestros o abusos de poder de la policía. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha calificado la situación de insostenible y acusa el total descontrol en el cruce fronterizo. Salinas ha denunciado repetidamente a la Administración Biden de “abandonar” la comunidad a su suerte. Este septiembre, declaró el Estado de emergencia después de la entrada de 5.000 migrantes. A finales de noviembre, bloqueó el paso de vehículos desde Piedras Negras, una medida que buscaba reasignar a los agentes de tráfico a tareas de control migratorio para descongestionar el flujo irregular. Este jueves, la circulación continuaba cortada en el Puente Internacional 1 y reducida a un carril en el Puente Internacional 2, con filas de coches de ocho kilómetros, de acuerdo con Univision. El municipio también suspendió el movimiento de trenes. El recorrido infernal de los migrantes por México Imágenes de hacinamiento como las que se ven este jueves en Texas se repiten cada pocas semanas en los puntos calientes de la frontera, desbordada por un flujo constante que no consigue frenar ninguna de las políticas oficiales. Los centros de detención de migrantes en EE UU se encuentran colapsados muy por encima de sus capacidades. Solo el del sector El Río, que incluye Eagle Pass, mantiene retenidos en estos momentos a 5.200 personas, un 256% por encima de sus capacidades, según el canal de televisión NewsNation. Entre Texas y Arizona suman al menos 18.500 migrantes arrestados. En la tarde del jueves, después de la llamada con López Obrador, Biden ha hecho un llamamiento en la red social X (antes Twitter). “Se necesitan urgentemente más medidas para reabrir los puertos de entrada claves en nuestra frontera compartida”, declaró el mandatario, presionado por el impacto de los cierres fronterizos en algunos sectores de la economía estadounidense —una erosión que también acusan los empresarios mexicanos—. Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace tres años con la intención de “humanizar” la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario, Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Biden se encontró, sin embargo, con una crisis de magnitudes inesperadas, y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y Estados como Texas, que recrudece las leyes antimigración cada poco. México, por su parte, se encuentra en un delicado equilibrio, obligado a maniobrar entre las exigencias estadounidenses de un control más férreo y las constantes denuncias de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes. El Gobierno prometió una reforma humanizadora de la estrategia migratoria, después del incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 personas. Además de Blinken, varios funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, viajarán a México en los próximos días para reunirse con López Obrador y abordar el problema. Mientras tanto, ajenos a las conversaciones políticas, el flujo migratorio continúa creciendo en la frontera, a la espera de un hipotético visado o un despiste de las patrullas.

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México ordena suspender las deportaciones de migrantes por falta de presupuesto

El País.- El director del Instituto Nacional de Migración ordena interrumpir los traslados y devoluciones, de acuerdo con información de la agencia AP El Instituto Nacional de Migración (INM) ha ordenado suspender este mes las deportaciones de migrantes debido a “la falta de liquidez para cubrir los compromisos adquiridos”, señala un documento interno de la dependencia publicado por la agencia AP, que no se había divulgado de manera pública. Según la circular de Migración, la secretaría de Hacienda suspendió los pagos el mes de noviembre a causa de ajustes en el presupuesto para finales de año, lo que habría dejado al Instituto sin liquidez para cubrir los traslados y devoluciones de personas migrantes hasta el año que viene. La suspensión temporal de estas actividades significa que Migración no llevará a cabo ninguna deportación a los países de origen de las personas detenidas desde ningún punto del país. Esto incluye a la frontera con Estados Unidos, punto desde el que se suele trasladar a un gran número de personas al centro y sur del país, para descongestionar uno de los lugares donde más personas se congregan. “Con el fuerte recorte del presupuesto del INM durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una misión para la que apenas están preparados”, indicó a AP, Adam Isacson, analista de inmigración de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Las deportaciones aumentaron durante octubre, justo después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivara el retorno obligatorio de ciudadanos de Cuba y Venezuela. De enero a noviembre de 2023 se batió un récord en las solicitudes de asilo en el país. Casi 137.000 personas pidieron quedarse en México a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. La cifra más alta registrada era 2021, cuando las peticiones de asilo no llegaron a las 130.000.

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El drama de vivir como informal en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo

Primicias .- Los migrantes han desarrollado un método denominado “cama tibia” y consiste en compartir el alquiler de una pieza y turnarse el uso de la cama. Nueva York.- La ciudad de Nueva York, una de las más cosmopolitas del mundo, atraviesa una crisis por la llegada masiva de migrantes de todo el mundo. Entre ellos, al menos 16.000 ecuatorianos indocumentados. La ciudad ha habilitado albergues para recibir a los indocumentados, pero la cantidad es tal, que el gobierno de la ciudad ha reconocido a esta ola como un problema serio. Nueva York ha recibido desde abril de 2022 a unos 110.000 migrantes. La administración local tiene a su cargo temporalmente a unas 60.000 personas, pero ellas también deben buscar formas de ganarse la vida en una de las ciudades más caras del mundo. Según el Índice Mundial de Costo de Vida, de The Economist Intelligence Unit, Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, junto a Singapur y Tel Aviv. Uno de los factores que precipita este índice es el alto costo del arriendo. Un departamento de un dormitorio en zonas promedio en Manhattan puede costar unos USD 4.000. Mariana y Lucía, dos ecuatorianas que se dedican al comercio informal en esa ciudad, han optado por arrendar dormitorios en Queens y en el Bronx. Lucía paga USD 1.000 por una habitación donde vive con su esposo y sus dos hijos. Mariana paga USD 600, pero comparte la habitación con otra familia. Ante la falta de espacio y el alto costo del alquiler, los migrantes han desarrollado un método que se ha denominado como “cama tibia”. El método consiste en compartir el alquiler de una pieza y turnarse el uso de la cama. Así, mientras uno de los habitantes trabaja, el otro descansa y luego intercambian. Esta práctica es común entre los migrantes y es posible por las largas jornadas laborales de los inquilinos. 16.000 ecuatorianos en albergues Pero existen inmigrantes ecuatorianos que no tienen la capacidad de alquilar una habitación, ni siquiera bajo esa penosa modalidad de «camas tibias». Son las 18:00 de un jueves y en las afueras del Hotel Roosevelt, ubicado en el downtown de Manhattan, Gabriela empuja un coche lleno de ropa sucia hacia la lavandería. El icónico hotel de 19 pisos y 1.000 habitaciones reabrió sus puertas luego de tres años y se sumó desde mayo de 2023 a los 120 hoteles que la ciudad de Nueva York ha contratado para alojar inmigrantes. Entre ellos, 16.000 ecuatorianos. Desde hace cuatro meses, esta quiteña de 32 años hizo de este hotel su hogar ante la falta de oportunidades. Ella viajó irregularmente junto con su esposo y su hijo de 12 años, pagando USD 12.000 por persona. Gabriela mantiene la esperanza de encontrar un trabajo para alquilar algo por su cuenta. No descarta dedicarse a la venta informal, si no le quedan opciones. Aún no le han pedido desalojar el albergue, pero teme que eso ocurra cuando cumpla seis meses allí. Lo peor es que eso podría ocurrir en el invierno que se avecina. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha solicitado fondos federales para contrarrestar esta emergencia humanitaria. Asegura que la crisis migratoria le costará a la ciudad de Nueva York alrededor de USD 12.000 millones en los próximos tres años. Enorme inversión para vender comida con permisos La cuencana Rosa Calle paga USD 20.000 cada dos años por tener un permiso que le permite vender comida típica en Corona Plaza.  Luego de 25 años de trabajo la cuencana Rosa Calle alcanzó su porción del “sueño americano”. Logró instalar ‘La esquina del Sabor’, una caseta móvil donde vende comida típica ecuatoriana y que está ubicada en Corona Plaza, en Queens. Reconoce que fue muy difícil llegar a ese punto, pero “con trabajo duro hemos podido salir adelante”. Al inicio, como muchos compatriotas, también trabajó sin permisos. Levantar un puesto de comidas como este, legalmente y con permisos, puede costar unos USD 50.000. Ese rubro incluye un carro acondicionado y los permisos de la ciudad, que se pagan cada dos años y que bordean los USD 20.000. Además, debe pagar impuestos mensualmente sobre lo que genera su negocio. Ahora, ella puede dar trabajo a cinco personas. Uno de ellos es su sobrino Cristian Riera, un profesional cuencano de 44 años que lo dejó todo por venir a Nueva York. Llegar también es un suplicio Cristian Riera vende comida típica en Corona Plaza, en Ecuador trabajaba como docente.  En 2023, casi 13.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos, según una investigación de la Subsecretaría de Migración del Ministerio de Gobierno de Ecuador. Riera agradece no ser parte de esas estadísticas. El exprofesor tomó un avión desde Guayaquil hasta El Salvador y luego continuó su camino por tierra a través de Guatemala y México, hasta llegar a Ciudad Juárez. En este sitio permaneció durante dos días hacinado en una bodega con 150 personas, con las que compartía dos baños. El trayecto duró un mes y considera que “corrió con suerte” pues le tomó una hora 20 minutos desde que cruzó el muro hasta que llegó a El Paso, Texas donde le hicieron “el levantón” (cuando un coyote lleva a un migrante indocumentado a una casa de seguridad). Luego de eso tuvo que soportar tres días más de viaje hasta Nueva York. Por esta travesía pagó USD 20.000. Riera dejó en Cuenca a dos hijas, por lo que su objetivo es trabajar, pagar la deuda del viaje, ahorrar algo de dinero y volver a su tierra. Los objetivos de cada inmigrante son distintos. Mariana, quien vende dulces en los vagones del Metro de Nueva York, espera instalarse definitivamente en esa ciudad. Lucía, quien vende fruta picada en la estación Grand Central, espera regresar. Pues, dice, sus hijos creen que está trabajando en la Costa y no a 4.700 kilómetros de Quito. Les prometió volver, pero no tiene claro cómo ni cuándo cumplirá su promesa.

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Grupo México inmoviliza 60 trenes para evitar que miles de migrantes los aborden

El País .-  La ola de migrantes que busca llegar a Estados Unidos ha colmado las líneas férreas y la respuesta de Ferromex, la empresa del multimillonario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, ha sido detener temporalmente los trenes. La firma, parte del conglomerado Grupo México, ha comunicado este martes que han tomado la decisión de suspender la operación de 60 vehículos después de que 4.000 migrantes abordaran los vagones para intentar cruzar a territorio estadounidense. “Ante el notable incremento de migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, informó la empresa por escrito.  Grupo México señaló que en estos últimos días se han registrado un puñado de muertes de migrantes y de lesionados al intentar montar sobre los ferrocarriles de Ferromex en su trayecto a EE UU. Las aglomeraciones, precisó la firma propiedad del llamado rey del cobre, Larrea, se han concentrado en las rutas y patios de operaciones de los Estados de Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. “Ferromex suspenderá temporalmente sus operaciones en las rutas afectadas para proteger la integridad física de los migrantes”, comunicó la compañía.   Fuentes cercanas a la empresa han externado su preocupación ante esta ola inédita de miles de migrantes que comenzaron a bordar sus trenes hace menos de cinco días. “Es la primera vez que hay, en tan poco tiempo, este volumen de personas intentando subir a los carrotanques y en las góndolas, es una situación inédita”, indicaron al diario. Al menos se ha reportado el fallecimiento de dos migrantes en su intento por montar los trenes y un puñado más de lesionados.   Grupo México Transportes, a través de sus subsidiarias, Ferromex y Ferrosur, es el operador ferroviario más grande de México, con más de 11.000 kilómetros de vías férreas en el territorio nacional y 770 locomotoras. Una vía sobre rieles que no ha pasado desapercibida por los miles de migrantes que diariamente intentan llegar a territorio estadounidense. La empresa aún no ha calculado las pérdidas económicas que supondrá la suspensión de estas rutas, claves en el traslado de mercancías, ríos comerciales que corren en paralelo a los miles de migrantes en su travesía hacia Estados Unidos.   Las estampas de miles de migrantes arriesgando su vida para intentar montar los vagones de Ferromex supone una estampa más de la crisis migratoria que desde hace años aqueja a EE UU y a México. Solo en 2022 la policía fronteriza estadounidense detuvo a 2,5 millones de migrantes, de los cuales la mayoría, un 31%, eran mexicanos. La ola migratoria desafía diariamente ferrocarriles, boyas flotantes y alambre de púas en la frontera entre ambos países, para seguir su camino hacia el norte.

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Ecuador otorga amnistía migratoria a venezolanos irregulares

Primicias .- El presidente Guillermo Lasso emitió un decreto ejecutivo para registrar a los venezolanos que ingresaron al territorio ecuatoriano de manera irregular.   El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 753 con el que ordena el inicio del registro para los ciudadanos venezolanos que ingresaron a Ecuador por puntos irregulares. Esto como parte del programa de amnistía migratoria.   Así, el Gobierno continúa con su planificación para regularizar a los venezolanos que decidieron radicarse en el país. La primera etapa se lanzó en agosto de 2022, donde se daba prioridad a los migrantes que habían ingresado a Ecuador por los puntos de control migratorio.   Según el Ministerio del Interior, 158.508 venezolanos se registraron en la primera fase y en cuanto a las visas, según las cifras de la Cancillería, ha habido 70.275 solicitudes y se han otorgado 69.790 visas de regularización.   Los procedimientos y requisitos son similares a los de la primera etapa. Los migrantes venezolanos que ingresaron por puntos irregulares deberán registrarse en la plataforma establecida por el Gobierno, después tendrán una entrevista, donde presentarán sus documentos de respaldo.   Una vez que se registren, tendrán un plazo de 180 días para completar el proceso. Durante este periodo no podrán ser deportados. Y para el proceso de obtención de la visa deberán presentar su pasaporte (con un vencimiento de hasta cinco años) o cédula vigente.   Y, al igual que con el grupo previo, también se determinará si los migrantes representan o no una amenaza para la seguridad nacional y la ciudadanía. Para ello, el Ministerio cruzará información con la Policía Nacional y la Función Judicial.   Aquellos migrantes que reciban la visa recibirán además una cédula emitida por el Registro Civil. Tanto los gastos del formulario para la visa y para la orden de cedulación deberán ser cubiertos por los beneficiarios.   La visa de residencia temporal tendrá una vigencia de dos años y podrá ser renovada por una sola ocasión, sin que esto impida que los migrantes cambien de categoría migratoria, conforme a los requisitos y procedimientos que establece la ley.

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La ONU pide mejores respuestas a la inmigración en América tras el fin del Título 42

La Hora .– El organismo hizo un  llamado a todos los países de toda la región para que mejoren sus iniciativas de acogida. GINEBRA. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reclamaron este 12 de mayo de 2023 a los Estados americanos más colaboración y mejores iniciativas para la acogida de migrantes y solicitantes de asilo, un día después de que EE.UU. pusiera fin a su controvertido Título 42. Retirada esa norma, que en Estados Unidos permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública, las dos agencias de la ONU indicaron en un comunicado conjunto que ese Título 42 debería haber dejado de aplicarse «hace ya largo tiempo», pero incluso ahora podría dar paso a «nuevas restricciones de acceso». En ese sentido, OIM y ACNUR criticaron las nuevas leyes gubernamentales estadounidenses que restringen el acceso a solicitantes de asilo que llegan de forma irregular a través de un tercer país, algo que según las agencias «es incompatible con los principios de la ley internacional sobre los refugiados». También recordaron que cualquier acuerdo entre Estados para el retorno de migrantes y refugiados no puede violar el principio internacional de no devolución, según el cual no se puede repatriar a personas que provengan de países donde sus vidas podrían estar en riesgo. ACNUR y OIM también señalaron que aunque el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de su frontera con México ha crecido en los últimos años, «la mayoría de las personas en movimiento en América son acogidas por comunidades en Latinoamérica«. «Los desafíos que enfrenta el flujo de migrantes y refugiados no pueden ser resueltos por un país por sí solo», agregó el comunicado conjunto. Éste subrayó que solo se pueden lograr progresos en este fenómeno si se atienden las verdaderas causas que impulsan a muchos a migrar o huir, dando acceso a procedimientos justos y eficaces de asilo y facilitando vías seguras que sirvan de alternativa a muchas de las actuales, irregulares y peligrosas. Desde este 11 de mayo se aplica a los refugiados que entren en EEUU el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos, aunque el Gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringirán el acceso a la solicitud de asilo en la frontera con México. Estas nuevas medidas consideran «no aptos» para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EEUU.

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La frontera sur de México se convierte en un tapón para miles de migrantes: “¡Aquí ya no caben más!”

El País .- El fin de la norma que negaba la entrada a EE UU por motivos sanitarios provoca un ‘efecto llamada’ en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Es de noche en Tapachula y una estampida de migrantes irrumpe a empujones en uno de los accesos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración instaladas en el parque Ecológico, en los suburbios de la ciudad mexicana fronteriza con Guatemala. Dos agentes de la Guardia Nacional que cuidan la entrada sostienen con todo lo que dan la barda metálica que han colocado para intentar controlar el flujo de migrantes hacia el interior. Tras la barda, unos 2.000 migrantes se apiñan esperando su turno. La multitud entra sin control y los agentes intentan detenerla a gritos. “¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!”, grita uno de ellos. Ante el caos, un grupo de venezolanos migrantes se apiada de los agentes y ayuda empujar las bardas y a cortar el flujo. Los policías se recomponen y uno de ellos grita a los agentes de Migración que intentan controlar al grupo tras la barda: “¡Aquí ya no caben más! ¡Ya no caben más!”, dice exasperado. Todos los días, desde hace dos semanas, miles de migrantes forman kilométricas colas frente a estas oficinas de migración en la ciudad más grande de toda la frontera que divide México de Guatemala y que es la principal vía de entrada en la frontera sur de México. Su objetivo es solicitar al Gobierno mexicano un permiso temporal para poder avanzar legalmente hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría de ellos tiene la esperanza de cruzar a territorio estadounidense ante el inminente fin del Título 42, la política migratoria impulsada por Donald Trump para expulsar de forma exprés a los migrantes con argumentos sanitarios. Los migrantes, venezolanos, haitianos, centroamericanos y hasta africanos, llevan horas e incluso días esperando su turno. Están desesperados. Este lunes han aguantado el implacable sol y temperaturas de hasta 35 grados. Por la tarde, el cielo empezó también a escupir lluvia sobre sus cabezas. La noticia del fin de esta política de Trump vinculada a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que expirará el 11 de mayo, ha provocado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde el Gobierno ha apostado a 1,500 soldados para reforzar la seguridad e impedir el paso de decenas de miles de migrantes que avanzan hacia ese país. Unos 3,500 kilómetros más al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otra crisis. Los miles de migrantes que consiguen llegar a suelo mexicano se acumulan mientras esperan un permiso para poder transitar legalmente hasta el norte. Sin embargo, otros deciden seguir su camino por rutas alternativas donde no puedan ser detenidos por agentes migratorios y ser deportados, arriesgándose a ser víctimas de robos, secuestros, extorsión o hasta la muerte. Esperar el trámite para seguir avanzando también es un proceso doloroso. “Hermano, yo llevo cuatro días haciendo cola aquí. No me voy a mover ni un centímetro”, dice un venezolano de 37 años, mientras soporta la lluvia al lado de su esposa. Personas discuten en Tapachula mientras esperan en la fila para tramitar sus papeles, el 8 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) La acumulación en la frontera sur no es nueva. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno calculan que en Tapachula hay entre 40.000 y 50.000 migrantes atrapados en esta ciudad. Muchos de ellos han llegado aquí buscando tramitar una visa humanitaria o el estatus de refugiados, pero la lentitud de la burocracia obliga a muchos a regresar o los deja varados aquí durante meses. El pasado 23 de abril, una caravana de cerca de 3.000 migrantes salió de Tapachula rumbo a Ciudad de México, a casi 1.200 kilómetros de distancia. El líder de la caravana, Irineo Mujica, activista de la organización Pueblo sin Fronteras, logró un acuerdo con el Gobierno mexicano para que se otorgue un permiso temporal de 45 días a los migrantes a cambio de disolver la marcha que buscaba generar una protesta en la ciudad. En Tapachula, Migración abrió una oficina ambulante en el parque Ecológico y empezó a otorgar permisos exprés a cientos y luego a miles de migrantes. Algunos periódicos locales informan de que las autoridades entregan más de 1.000 permisos diarios. Sin embargo, la cola parece que no termina nunca. Los que allí aguardan aseguran que los agentes migratorios trabajan hasta la madrugada para reducir las aglomeraciones. Pero a media mañana del día siguiente la cola vuelve a incrementarse. Aunque Migración emite permisos temporales sin parar, el flujo de las últimas semanas supera por mucho su capacidad de gestión. El caos entre los migrantes y la falta de organización por parte de las autoridades provoca que muchos pasen días esperando bajo el intempestivo clima y durmiendo en las calles aledañas. Un grupo de migrantes se resguarda del sol y del calor junto a las oficinas del Inami, el 5 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) El Instituto Nacional de Información informó este martes que entre el 23 de noviembre del año pasado y el 6 de mayo emitió 81.245 permisos temporales a personas de 103 países de los cinco continentes del mundo. Muchos migrantes vienen de países que antes era impensable escuchar en esta región como Kirguistán, Burkina Faso, Djibouti, Estonia, Eritrea, Sri Lanka e Islas Reunión, entre otros. Los países que encabezan la lista de solicitantes son Venezuela, Ecuador, Haití, Honduras y Angola. Nadie sabe qué pasará después del jueves, cuando el Título 42 haya finalizado. Sin embargo, la crisis se sigue agravando en ambas fronteras de México, al norte y al sur. “Esto no se va a acabar. Detrás de nosotros vienen más y más. Dicen que Estados Unidos va a abrir las puertas y nosotros lo único que queremos es que nos dejen pasar”, dice Óscar, un joven hondureño que lleva tres meses atrapado en Tapachula y desde hace tres días pendiente del papel que le permitirá avanzar hacia su destino: el norte, Estados Unidos.

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Chile y Perú se enfrentan en una disputa fronteriza tras la crisis migratoria que viven ambos países

Infobae .– Santiago de Chile convocó al embajador peruano Jaime Pomareda luego de que éste insultara a Gabriel Boric por su falta de acción para controlar a los migrantes irregulares La Subsecretaria del Ministerio de Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, convocó este jueves al embajador de Perú en su país para expresar su descontento tras las polémicas declaraciones de un alcalde peruano, en el marco de la crisis migratoria que atraviesan ambos países. El alcalde de la ciudad peruana de Tacna, en la frontera con Chile, habló en una entrevista con la cadena CNN sobre la oleada de migrantes que tratan de cruzar a Perú por su frontera sur, alegando que “no podemos permitir que un innombrable e irresponsable como su presidente (el chileno Gabriel Boric) esté trasladando los problemas a la frontera, esto no lo debemos permitir”. Tras estas declaraciones, Chile emitió un comunicado en el que explica que convocó al embajador peruano: “La subsecretaria resaltó la disposición permanente del Gobierno de Chile por trabajar mancomunadamente en aras de buscar una solución a la crisis migratoria que actualmente afecta, principalmente, a las ciudades de Arica y Tacna (ciudades chilenas y peruanas respectivamente), reiterando la voluntad de seguir trabajando, en un marco de respeto, por el fortalecimiento de vínculos permanentes de amistad y cooperación entre ambos pueblos hermanos”. Poco después, el Ministerio de Exteriores de Perú informó que también convocó al embajador chileno para “expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” en la frontera durante los últimos días. El pasado miércoles, la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció la militarización de las fronteras y la declaración del estado de emergencia en algunos de sus departamentos, entre ellos Tacna, para hacer frente a la gran cantidad de migrantes que en las últimas semanas tratan de cruzar hacia su país. (AP) Mediante un comunicado, Perú aseguró que han mantenido reuniones periódicas en la última semana para tratar de buscar una solución conjunta a la crisis migratoria de sus fronteras, pero considera que Chile no está cumpliendo con su parte de responsabilidad en frenar a las personas que tratan de cruzar la frontera hacia el norte. El pasado miércoles, la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció la militarización de las fronteras y la declaración del estado de emergencia en algunos de sus departamentos, entre ellos Tacna, para hacer frente a la gran cantidad de migrantes que en las últimas semanas tratan de cruzar hacia su país. La mayoría serían nacionales venezolanos que emprenden el camino de vuelta a su país a pie y que llevan desde al menos dos semanas en la frontera sur peruana. Según el conteo de los medios peruanos, serían cientos de personas. Este mismo jueves varias decenas de ellos lograron cruzar corriendo la frontera, aprovechando un bloqueo a los efectivos que patrullan la zona. Sería un grupo de unas 80 personas, según informa el portal RPP Noticias, entre las que se encuentran personas de todas las edades, incluyendo niños.

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Encerrados y carbonizados: la muerte de decenas de migrantes en México revela la crudeza de la crisis migratoria en Estados Unidos

EL PAIS .- Un incendio en una instalación del Gobierno en Ciudad Juárez deja 38 muertos y 28 heridos. Las autoridades dicen que los migrantes lo provocaron   La muerte de decenas de migrantes este lunes en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundiza la crisis en la frontera. Saturada desde hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado el horror de las penalidades habituales de la travesía a un nuevo nivel. Las autoridades contaban el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos hombres, la peor tragedia que se recuerde en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un vídeo que empezó a circular el martes se ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen.   El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señalaba que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de detención. Parte de los 68 habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Otros volvían deportados de Estados Unidos, según informaron medios locales: “Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego”, dijo el mandatario.   Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los vigilantes no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué parece que se van. Además, deja fuera otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… Organizaciones internacionales han levantado la voz estos días, empezando por Naciones Unidas, que ha exigido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de Refugees International. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, ha dicho: “El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia”. Bomberos y otras autoridades trabajan para sacar a los migrantes durante el incendio, el lunes por la noche en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua (México).JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, el hambre, la falta de oportunidades, el cambio climático… En los últimos cinco años, cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canadá. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia.   No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consistente en detener a los que llegan antes de que toquen su puerta. México ha aceptado. En los últimos dos años, el país ha registrado números record de detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022, 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden conserva.   En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista, transversal, que pronto chocó con las amenazas de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica convirtió al Inami en barrera, apoyado en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional. Personas se manifiestan afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, este martes.JOSE LUIS GONZALEZ (REUTERS) La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que se movía a salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, les acribillaron. Luego prendieron fuego a sus cuerpos. Eran 17.   Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que depende nominalmente de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).   Está por ver qué actitud adopta el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que “los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR”, sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de avances en los trabajos de la Fiscalía, que insisten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.

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