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Venezuela trata de frenar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad

El País .- La Fiscalía de la corte rechaza los alegatos de los representantes de Maduro, que dicen no haber recibido el detalle de los delitos. Los jueces del TPI autorizaron la investigación ante la falta de avances judiciales en Caracas Los representantes legales del Gobierno de Venezuela se han opuesto este martes en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) a que la Fiscalía de la institución reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017, y que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido información detallada por parte del fiscal, Karim Khan, sobre los delitos en cuestión, perpetrados durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en el país sudamericano entre abril y julio de ese año y que causaron más de un centenar de muertos. La Fiscalía del TPI abrió una investigación formal en 2021 y firmó un acuerdo de colaboración con Maduro. Un año después, Caracas dijo que los jueces venezolanos estaban trabajando en el caso y, por lo tanto, el TPI debía retirarse porque solo puede actuar si el país en cuestión no puede o no quiere hacerlo por su cuenta. En 2022, sin embargo, el fiscal jefe, Karim Khan, pidió que se reanudaran las indagaciones ante la falta de avances en el país. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y fueron perpetrados durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país caribeño entre abril y julio de 2017. En ese periodo, el Tribunal Supremo había bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que contaba mayoría opositora, y los venezolanos se lanzaron a la calle. Más de siete millones de ciudadanos han salido de su país desde 2015 huyendo de la crisis económica y la represión gubernamental, según Naciones Unidas. Al principio de la sesión de este martes, Ben Emmerson, uno de los abogados del Gobierno venezolano, aseguró que la Fiscalía “nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no había edades, fechas o ubicaciones específicas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos”. Debido a que la información recibida era tan general, ha advertido de que “no se pudo responder de forma práctica como estaba previsto y era requerido”. En respuesta, la fiscal Nivedha Thiru dijo que su oficina no estaba obligada a entrar en detalles al principio de la investigación, pero los documentos remitidos a Caracas eran “específicos y suficientes para que el Estado [venezolano] conteste y el fiscal [del TPI] tenga flexibilidad para proteger a las víctimas y testigos dado el contexto”. Para reforzar sus argumentos, ha indicado que en las notificaciones remitidas a Caracas había “calendarios, el ámbito geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos”. A partir de ese momento, la sesión ha sido un continuo ir y venir de argumentos técnicos rebatidos por ambas partes, con especial énfasis rerspecto a la traducción al español de una serie de documentos considerados esenciales, pero desestimados. Venezuela hizo un envío en español para que fuesen tenidos en cuenta en lugar de hacerlo en francés o inglés, las lenguas de trabajo del TPI. El letrado Emmerson ha recordado que el español es una de las lenguas oficiales de este tribunal y “no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas presentadas”. La Fiscalía ha respondido que Venezuela sabía que debía traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no erró al no pedir la traducción, “porque los Estados deben aportar la información requerida en una de las lenguas en las que se trabaja”. Por otro lado, “la información sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco específica y no permite al Tribunal señalar que las investigaciones nacionales avancen”. La apelación incluye a la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés), y su jefa, Paolina Massida, ha resumido así la postura de colectivo: “Les parece que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”. Para sus representados, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, “y si no se integra la investigación nacional no se puede decir que estén siendo analizados”. En septiembre de 2018, varios países pidieron al TPI la apertura de una investigación por supuestos crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela desde febrero de 2014. El grupo estaba formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y la solicitud iba acompañada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). En ese escrito se documentaban los delitos que investiga la Fiscalía. La entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, al frente de los exámenes preliminares de este caso, dijo en 2020 que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte”. En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, resolvió abrir una investigación para dirimir los crímenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Khan y Maduro firmaron un acuerdo de colaboración en Caracas, y el líder chavista advirtió de que “no compartimos la decisión, pero la respetamos”. Un año después, la Fiscalía recibió una solicitud venezolana para que la labor del TPI fuese aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. El principio de complementariedad, que convierte al tribunal en uno de último recurso si el país que puede ser investigado actúa por su cuenta, ha sido invocado también durante la apelación. “Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI”, ha afirmado el propio Emmerson. Desde 2017, unos 200 miembros de la policía y el Ejército han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, según anunció el Gobierno venezolano el abril de 2022. Según la oposición, se hizo para evitar precisamente una investigación de la justicia internacional. En junio de 2023, y a la vista

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La fiscalía boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de 2019

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El País .- La exmandataria, que ya cumple otra condena por el derrocamiento de Evo Morales, será juzgada como ciudadana ordinaria La fiscalía boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidió la máxima pena de 30 años de prisión para ella y todos los demás acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que Áñez dirigió tras el derrocamiento de Evo Morales. El fiscal general, Juan Lanchipa, afirmó en una rueda de prensa que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo “los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminación, racionalidad” que deben seguir las actuación del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusación señala que se usó “armas y municiones de guerra, vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados”. Lanchipa explicó que la fiscalía tiene pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. También han sido acusados, por el mismo cargo, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Luis Fernando López e Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represión. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de “genocidio”, que equivale a “masacre sangrienta” y se castiga con la máxima pena que admite el ordenamiento legal del país. Áñez, que se encuentra en prisión por otro caso, mandó a publicar en una red social que la acusan de genocidio como si fuera “Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”. También señaló que “no hay ni habrá justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS [Movimiento al Socialismo, el partido oficialista] es dictadura pura”. La acusación en contra de Áñez se tramita en dos tribunales ordinarios, es decir, no respeta su derecho a un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con autorización del Parlamento. Por esta razón, la expresidenta decidió no declarar ante la comisión de fiscales que preparó esta imputación y presentará su caso ante los organismos judiciales internacionales. Según el fiscal general Lanchipa, la elección de la vía ordinaria se justifica porque Áñez no siguió el “hilo de la sucesión constitucional”. Otro exministro de Áñez, Jerjes Justiniano, que se halla asilado en Estados Unidos, recordó que, en su momento, el fiscal reconoció a Áñez como presidenta del país. Jeanine Añez y su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en noviembre de 2019.JUAN KARITA (AP) La política, que entonces era la segunda vicepresidente del Senado, asumió de una manera controversial tras la renuncia del presidente Evo Morales y de sus sucesores naturales, en noviembre de 2019, y gobernó hasta las elecciones de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. De acuerdo a la Constitución, el enjuiciamiento de los ex primeros mandatarios por delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones debe realizarse según un protocolo especial, ante el máximo tribunal y tiene que ser autorizado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Como la parte acusadora, el MAS, carece de tal mayoría, ha eludido este obstáculo de dos maneras: primero, acusó a Áñez de delitos cometidos previamente a su asunción como presidenta, en el caso llamado “Golpe de Estado II”, que terminó con la condena de la expresidenta a 10 años de prisión, que ya está cumpliendo. Y, segundo, se valió de la autorización que, a principios de este año, el TSJ dio para procesar a Áñez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gestión, después de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las víctimas de las masacres. Este juez basó su decisión en que la acusada no tenía “credencial de presidenta” y, por tanto, según él, no podía ser legalmente considerada tal. La defensa considera que estos procedimientos son ilegales y recuerda que incluso Luis García Meza, un dictador militar condenado en Bolivia, mereció un juicio de responsabilidades. También confía en que, en algún momento, las instancias internacionales exigirán al Estado boliviano la anulación de todos los procesos que se realicen en contra de su cliente. En abril, el ministro de Justicia, Iván Lima, justificó la autorización del TSJ al enjuiciamiento ordinario. “Ante la impostura y la actitud hipócrita de [los líderes de la oposición parlamentaria] Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, diciendo a los medios que se iba a dar dos tercios para una autorización congresal [del juicio], cosa que no han hecho en todo este tiempo y que han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas [en la vía ordinaria]”, declaró entonces. El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Murieron diez campesinos y decenas fueron heridos de bala. El Gobierno aseguró que estaban armados y que se dispararon entre ellos. El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo vecinal de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz, que carecía de combustible. En respuesta, los manifestantes derribaron el muro exterior de la planta. Diez vecinos murieron por disparos de armas de fuego. El Gobierno de entonces los acusó de intentar destruir y volar las instalaciones. Áñez declaró poco después que “se puso en

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El partido de Evo Morales expulsa al presidente Luis Arce y agrava la guerra política en Bolivia

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El País .- El décimo congreso del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna Bolivia, ha dado el paso definitivo para la división que estaba incubando desde hace años. El Congreso “aceptó la autoexpulsión” de Luis Arce y David Coquehuanca, presidente y vicepresidente del país, por no asistir a la reunión que se efectuó en el pueblo de Lauca Ñ, en la zona cocalera del centro del país, y ha ordenado que el Tribunal de Ética del partido expulse también a otros 20 diputados del ala afín al Gobierno de Arce. Además, como se preveía, ha ratificado al “comandante” Evo Morales como presidente del partido y como su candidato a la presidencia para las elecciones de 2025. “Seguimos haciendo historia nacional e internacional. El MAS va a recuperar la revolución para salvar la patria nuevamente” ha dicho Morales en su discurso final, que fue inusitadamente breve. Los cientos de asistentes a la reunión estaban cansados por las altas temperaturas del lugar, emplazado en el área tropical de Cochabamba, y, además, porque celebraron sesiones hasta altas horas de la madrugada. El “arcismo” ha objetado la legitimidad del congreso ante el Tribunal Constitucional. Este ordenó la suspensión del mismo pocas horas antes de su finalización. Morales había advertido previamente que el Gobierno “maniobraba” dentro del sistema de Justicia para impedir el cónclave. El expresidente (2006-2019) también se mostró preocupado en sus redes sociales por una intervención policial supuestamente en curso, que no ocurrió. “Lamentablemente, el Gobierno de Lucho y David, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento quiso postergar el congreso”, dijo Morales al terminar su discurso. El día de la inauguración del encuentro, el martes 3 de octubre, el presidente Arce apareció sorpresivamente en una reunión de campesinos realizada en La Paz. Arropado por sus bases, explicó que no iría a Lauca Ñ porque la convocatoria ignoraba o disminuía a las distintas organizaciones sociales que habían fundado el “instrumento político”. En los congresos anteriores, estas organizaciones, entre ellas la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, podían acreditar cientos de delegados por cada una. En la reunión última, que se realizó tras la aprobación de un estatuto interno que los críticos consideran hecho a la medida de Morales, las centrales sindicales solo tuvieron derecho a cinco delegados por organización, mientras que la representación del aparato del partido creció significativamente. Esta es la razón que refieren los dirigentes sociales alineados con Arce para desconocer el congreso y convocar a un “cabildo” el 17 de octubre, donde se espera que se tomará medidas simétricas a las que acaba de aprobar la facción de Evo Morales. El choque por el control de la izquierda boliviana amenaza con agravar la politización y la debilidad del sistema de justicia y otras instituciones. El fallo del Tribunal Constitucional puede convertir las resoluciones del congreso en papel mojado desde el punto de vista legal. Por tanto, pese a su reunión, el MAS no tendría cumplido el requisito de renovación de su directiva que le exige la ley electoral, y esto pondría en riesgo su personería jurídica. Una comisión de abogados de Morales señaló a la prensa que el fallo del Tribunal Constitucional era “fraudulento” y aseguró que no tendría efecto legal. Si el Constitucional se impusiera, lo que parece más probable, la presión girará hacia el Tribunal Electoral, en cuyas manos estará dar un plazo para que el MAS organice otro congreso y elija su directiva de una forma menos polémica, una tarea casi imposible, o, en cambio, el cancelar esta sigla, lo que tendría incalculables consecuencias políticas. Desde hace meses se anticipaba que la pelea por la “propiedad” del partido sería muy dura y que se dirimiría principalmente en juicios de distinta índole. Así, tribunales de escasa credibilidad tomarán resoluciones que serán objetadas por otros tribunales también desprestigiados, sin un final claro a la vista. Aunque la lucha entre las dos alas del MAS es cada vez más compleja y dura, el fondo de la cuestión es simple: quién será, si Morales o Arce, el candidato de los sectores populares e indígenas bolivianos en las presidenciales de 2025. Este aspecto personal de la división se intensificó a raíz del congreso, en el que cientos de dirigentes ataviados con el color azul del MAS y la efigie de Morales en sus camisetas y gorras, lo proclamaron como su “líder indiscutible”. Simultáneamente, los campesinos con los que se reunió Arce lo llamaron “académico”, “estudioso” e incluso “el mayor científico de Sudamérica en el área económica”, para diferenciarlo de Morales, que solo estudió el bachillerato antes de ponerse a cultivar la parcela de su padre. Los halagos al presidente están relacionado con el último choque entre ambos políticos, en el que Morales llamó a Arce un mero “cajero” de las gestiones en las que sirvió como ministro de Economía. “Que me llamen como quieran, los resultados son los que cuentan”, respondió el presidente. Luego señaló que él era un hombre de estudios que no iba a armar intrigas en contra de su antiguo mentor. Subrayar los títulos académicos del presidente no se percibe como un desplante clasista en los sectores sociales urbanos emergentes, que se identifican con Arce porque apelan a la educación como medio de ascenso social. Morales, que en el pasado tuvo un apoyo incontrastable, conserva la fuerte adhesión de los estratos más pobres del área rural.

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El juez instructor vota a favor de inhabilitar a Bolsonaro y excluirlo de las próximas elecciones

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El País .- El expresidente de Brasil está acusado de abuso de poder y difundir noticias falsas en un juicio que se retomará el jueves para que voten los seis magistrados restantes El expresidente de Brasil está más cerca de ser apartado de las próximas contiendas electorales después de que el juez instructor del caso más maduro contra él votara este martes por la noche, en el Tribunal Superior Electoral, a favor de que sea inhabilitado durante ocho años, hasta 2030. El magistrado Benedito Gonçalves considera probado que el político de extrema derecha usó su cargo como jefe del Estado para, en una reunión con los embajadores extranjeros acreditados ante las autoridades brasileñas “degradar el ambiente electoral” a tres meses de las elecciones, “incitar un estado de paranoia colectiva” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas y mentiras atroces”. El juez ha llegado a acusar al anterior mandatario de “flirteo nada discreto con el golpismo”. Esta es la más avanzada de las 16 investigaciones abiertas contra Bolsonaro, que también está en la mira de la justicia por el asalto golpista de Brasilia, las joyas regaladas por Arabia Saudí que intentó quedarse, la pandemia o su trato a los indígenas. Tras el voto del juez instructor, la segunda sesión del juicio contra Bolsonaro ha concluido. Será retomada este jueves, pues todavía deben votar otros seis magistrados del TSE. El voto del ponente señala un camino que podrían seguir el resto de los miembros del tribunal. Incluso Bolsonaro reconoce que las probabilidades de ser condenado son altas. Él, de todos modos, confía en que alguno de los jueces pida una pausa para estudiar el caso con más detalle —algo frecuente— y de esa manera ganar tiempo. Benedito Gonçalves, ministro de la corte electoral de Brasil, durante el juicio de este martes en Brasilia.ADRIANO MACHADO (REUTERS) El juez instructor ha recalcado, al leer un resumen de unos argumentos que ocupan casi 400 páginas, que “no es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la justicia electoral”. El pasado julio quedaban tres meses para los comicios presidenciales cuando Bolsonaro, en su calidad de presidente de la República, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia. Les dio un discurso, retransmitido en directo por la televisión pública, plagado de ataques al proceso electoral en general y al Tribunal Superior Electoral en particular. Era un episodio de su campaña sistemática para sembrar dudas sobre la seguridad y legitimidad del sistema de votación. Consumada la derrota electoral, los partidarios de Bolsonaro acamparon ante cuarteles por todo Brasil para reclamar a los militares que dieran un paso al frente e impidieran la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Una semana después de que este asumiera el poder el día de Año Nuevo, miles de bolsonaristas protagonizaron un asalto violento a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Bolsonaro está siendo investigado por alentar aquella intentona golpista. Si Bolsonaro es declarado culpable en este caso e inhabilitado hasta 2030 puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que de todos modos preside un juez que también es miembro del Tribunal Electoral que le juzga ahora y que ha emprendido una cruzada en defensa de la democracia para neutralizar los tics autoritarios del ultraderechista. Si Bolsonaro quedara definitivamente apartado de las elecciones, el nombre que asoma con más fuerza como posible sucesor al frente de la derecha brasileña es el del gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un militar retirado que ha hecho carrera en la administración. También suena el de la ex primera dama Michele Bolsonaro, una mujer con buena oratoria y evangélica, o podría ser alguno de los tres hijos políticos del patriarca Bolsonaro aunque nunca han sido tan atractivos para el electorado como su padre.

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El derrumbe de la economía argentina pone a prueba la capacidad de gestión de un peronismo fracturado

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El País .- La gravedad de crisis argentina devuelve la centralidad política a Cristina Kirchner dentro de la coalición de Gobierno El peronismo tiene por delante ocho meses al frente de la Casa Rosada. Todo indica que será un largo via cucis. Dividido y sin armas para revertir la peor crisis económica en 20 años, la popularidad de sus dirigentes está por los suelos. La imagen negativa del presidente, Alberto Fernández, roza el 70%, según un sondeo publicado durante el fin de semana por la consultora Opina Argentina. La crisis se aceleró esta última semana y hundió las posibilidades electorales de la que hasta ahora era la principal apuesta del partido, el ministro de Economía, Sergio Massa. El desconcierto es tal que ha vuelto al centro de la escena Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente del Gobierno mejor posicionada en las encuestas, pero autoexcluida de cualquier candidatura electoral desde diciembre, cuando fue condenada por corrupción. La inflación interanual está en el 104%, las reservas líquidas del Banco Central apenas superan los 2.000 millones de dólares y el peso perdió desde el lunes el 10% de su valor ante el dólar en los mercados no regulados por el Estado. El golpe de gracia lo ha dado la sequía, la más grave en 60 años. Los ingresos por exportaciones se reducirán este año en 20.000 millones de dólares, la mitad de lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI). Massa tiene un trabajo ingrato: debe evitar una devaluación del peso que dispare aún más el hambre y la pobreza, que en el segundo semestre de 2022 alcanzó el 39,2%. El índice del primer semestre de 2023 será mucho peor. La única esperanza del ministro es que el FMI adelante los desembolsos acordados hasta diciembre; y que el campo acelere la liquidación de sus ventas al exterior gracias al “dólar soja”, con una cotización casi 50% por encima de la oficial. El plan para llegar hasta diciembre encuentra al peronismo sin candidato para las presidenciales de octubre. Alberto Fernández se bajó de la reelección el viernes, luego de que el kirchnerismo lo presionara de todas las formas posibles para que lo haga. Pero ahora que lo ha logrado, no tiene a quien poner en su lugar. Por primera vez desde el regreso a la democracia, en 1983, el peronismo no logra encontrar la puerta de salida y pone a prueba, como nunca antes, su capacidad de gestión. El partido fundado hace ochenta años por Juan Domingo Perón lleva desde hace 20 años puesta la chapa de salvador. En 1989, el recién eleegido Carlos Menem asumió antes de tiempo cuando el Gobierno del radical Raúl Alfonsín se hundía en el mar de la hiperinflación. En el año 2001, tras la salida anticipada de otro radical, Fernando de la Rúa, el peronista Eduardo Duhalde se puso al frente de la peor debalce económica de la historia reciente y salió a flote. En 2019, Fernández recibió de manos de Mauricio Macri una economía con más del 50% de inflación y prometió resolver el problema. Cuatro años después la ha más que duplicado. Fernández es sin duda el presidente peronista con menos poder. Cristina Kirchner lo ungió como candidato en 2018, convencida de que necesitaba una figura disruptiva que sumara los votos de esos peronistas que no la soportaban. La jugada de ajedrez le dio el triunfo al Frente de Todos ante Macri, que buscaba la reelección, pero pronto se volvió profundamente disfuncional. A medida que la economía se hundía, las diferencias en el binomio presidencial se agrandaban. Fernández quedó solo y el kirchnerismo pronto hizo oposición desde dentro mismo del Gobierno. Ahora han llegado al punto en que deben buscar un candidato a presidente antes de junio y no tienen un nombre. La pelea pasa ahora por cómo elegir al sucesor. En el video de su renuncia, Fernández se erigió como garante de una elección primaria abierta y transparente en agosto para votar un candidato en las urnas. El kirchnerismo había defendido hasta ahora la idea de participar en una interna electoral, pero sin Fernández en la contienda pretende que sea Cristina Kirchner quien elabore la estrategia del Frente de Todos. El sábado, en un mitin organizado en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, dijo que así como “ayer nada era sin Perón, hoy nada es sin Cristina”. Es decir, que la expresidenta debe quedar otra vez como única electora y dueña del peronismo. En el kirchnerismo reina el desconcierto, porque Cristina Kirchner se ha mantenido hasta ahora en sus trece y no quiere ser candidata ni da señales de quien es su elegido para la papeleta. La vicepresidenta sabe que sus posibilidades de ganar son mínimas, pero sabe también que es la dirigente que dentro del movimiento cosecha la mayor cantidad de votos. El peronismo está en una encrucijada. Si Kirchner no es candidata, su hombre es Sergio Massa. Pero para ello, Massa debe al menos evitar una catástrofe que ponga en peligro, incluso, la gobernabilidad. Es un misterio como haría Massa para ser ministro y candidato al mismo tiempo, pidiendo el voto mientras la economía se derrumba. En ese río revuelto aparecen las figuras de la antipolítica. La crisis de 2001 engendró al kircherismo, surgido desde la izquierda del peronismo. De esta crisis, en cambio, afloran figuras como Javier Milei, un economista que promete terminar “con la casta política” cerrando el Banco Central, dolarizando la economía y cerrando ministerios como el de Educación o Desarrollo Social. Desde los márgenes, Milei está obligando a los precandidatos de la alianza opositora Juntos por el Cambio a derechizarse. Crece en las encuestas Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Bullrich tiene origen peronista, pasó por el radicalismo y ahora es una ferviente macrista. Su discurso extremista complica las aspiraciones presidenciales del alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que prefiere hacer campaña desde el centro de la coalición opositora. En agosto se definirán los nombres de los candidatos a presidente de los distintos partidos. Con el peronismo sumido en el desconcierto y

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Javier Milei, el candidato libertario que capitaliza el descontento en Argentina

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EL PAÍS .- El diputado que apela a los descreídos de la política crece en las encuestas para la presidencia de Argentina armado con una motosierra y la promesa de destruirlo todo. Javier Milei era hasta hace poco menos de dos años un economista provocador de pelo negro ensortijado e insulto fácil. Los programas políticos de televisión lo amaban: con su verba incendiaria y sin filtro aseguraba el espectáculo. Pero en 2019 decidió dejar el análisis económico, se postuló a diputado y ganó. Nadie se lo tomaba muy en serio hasta que anunció su intención de postularse a presidente y comenzó a ascender en los sondeos. Cuanto peor le va a Argentina, mejor le va a Milei, que ha sabido atraer el voto bronco de los descreídos de la política. Esta semana, el candidato libertario grabó un video para presentar su “plan motosierra”, una mezcla de ideas ultraliberales donde no hay ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas ni Desarrollo Social, se permite la venta y compra de órganos y la delincuencia se resuelve armando sin restricciones a los civiles. La crisis que vive Argentina está pasando la factura a los políticos. El estancamiento económico y la frustración social por la falta de futuro da alas a figuras emergentes que prometen dinamitarlo todo para empezar de cero. La fórmula le sirvió a Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, cuando se temió un contagio en Argentina. Pero el peronismo, en su versión kirchnerista, encontró la fórmula para neutralizar cualquier aventura individual antisistema y se impuso en las elecciones de 2019. El fracaso de aquel experimento, con Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como vice, abrió la puerta del Congreso a Milei en las elecciones de medio término. Y desde entonces, su figura no para crecer. La Libertad Avanza de Milei es hoy la tercera fuerza política en Argentina, y ya nadie se ríe de sus posibilidades electorales. Un promedio de seis encuestas nacionales elaboradas por el diario Clarín dio al economista el 17% de los votos. Está, cuando faltan cinco meses para las elecciones primarias obligatorias y siete para las generales, apenas por detrás de las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario argentino: el gobernante Frente de Todos (25%) y Juntos por el Cambio (27%). Milei ha logrado quebrar la polarización, instalándose desde el margen como un árbitro electoral. Los últimos días concentró todas sus fuerzas en un armado nacional que le dé fortaleza en el interior del país. Pesca en río revuelto. Cuando el peronismo no ordena, la estampida de dirigentes locales abunda. Mieli se asoció a todo tipo de personajes. En Tucumán (norte), por ejemplo, lleva como candidato a gobernador a Ricardo Bussi, hijo de un exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad. Bussi presentó su candidatura con un video donde dispara a un blanco fijo en medio de imágenes de asaltos a civiles. “Que la próxima vida no sea la tuya”, dice a cámara. Milei tomó el guante desde Buenos Aires. Consultado por una periodista del canal de noticias TN por qué defendía la libre portación de armas, respondió con el estilo que ya es su marca de campaña: “¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes?”. El votante de Milei no necesariamente defiende el porte libre de armas, propone la venta de órganos, quieren el fin de la educación gratuita o llaman a quemar el Banco Central para terminar contra la inflación. Los une la protesta contra todo lo establecido y coincide en que los políticos son “una manga de delincuentes y ladrones”. “Tiemblen políticos. Sigan mintiéndole a la gente. No le gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar y van a tener que laburar como personas honestas” dijo Milei durante la presentación de su plan. Su frase de cabecera es “odio a los zurdos de mierda”. Y para diferenciarse de “la casta”, cada mes sortea su sueldo de diputado nacional. El crecimiento electoral de Milei ya es un problema para los partidos tradicionales. Sus votantes son en su mayoría jóvenes y de clase media, pero también crecen en las barriadas pobres del extrarradio de Buenos Aires que fueron tradicionalmente peronistas. El Gobierno poco puede hacer. El dato de inflación de febrero difundido el martes alcanzó el 6,6% y el interanual superó por primera vez el 100% desde 1991. A medida que se profundiza la crisis y crece el malhumor social, el ministro de Economía, Sergio Massa, pierde fuelle como posible candidato de consenso en un peronismo que hoy se desangra en peleas intestinas. No le va mejor a Juntos por el Cambio, la coalición opositora creada por el expresidente Mauricio Macri. El discurso de Milei obliga a los precandidatos de centro, en particular el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a pendular hacia la derecha. Y da alas al mismo tiempo a las figuras más extremistas de la alianza, como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Mauricio Macri. Que Milei terminara fagocitado por Juntos por el Cambio parecía una obviedad meses atrás. Pero el diputado crece en las encuestas y conseguir su apoyo cotiza cada vez más alto. Su aspiración es pasar a una segunda vuelta en las elecciones de octubre y captar todo el malestar posible en las urnas. Milei ya no provoca risas.

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El peronismo pierde el control del Senado argentino por cuatro deserciones

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EL PAÍS .- El Frente de Todos se parte con la creación de un bloque independiente que no responderá al Gobierno El peronismo que gobierna en Argentina ha perdido el control del Senado. No fue en elecciones, sino por peleas internas. Cuatro legisladores comunicaron este miércoles a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Kirchner, que desde el 1 de marzo, cuando arranca la nueva legislatura, integrarán un bloque separado. Lo llamarán Unidad Federal y no responderá a los mandatos de la Casa Rosada. La fractura es un golpe para Kirchner, que deberá negociar con integrantes de su propio partido para la aprobación de normas clave. Y también para el peronismo en general, que pierde la primera minoría en manos de la oposición de Juntos por el Cambio. El Senado es territorio de Kirchner. Distanciada del presidente, Alberto Fernández, hizo de la Cámara Alta su refugio político. Allí están representadas las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, a razón de tres senadores por cada jurisdicción. Los legisladores responden a los intereses de los gobernadores, que no siempre coinciden con los del gobierno nacional, aunque sean del mismo partido. Como este año hay elecciones generales, las lealtades políticas suelen perder cemento. Esta ha sido el caso. Kirchner controló los hilos del Senado con mano de hierro desde la llegada a la vicepresidencia en 2019, pero las peleas internas que devastan a la Casa Rosada finalmente se trasladaron al Congreso. A media tarde, la vicepresidenta hizo pública la carta de ruptura del senador por Jujuy (norte) Guillermo Snopek, con duras acusaciones contra el presidente, Alberto Fernández. Fue un intento por desmontar los titulares de la prensa que consideraron el nuevo bloque una afrenta política a la vicepresidenta. “Motiva mi decisión la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender-de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, escribió Snopeck”. En el comunicado conjunto, sin embargo, el tono fue más moderado. Tenemos, escribieron, “la necesidad de construir una alternativa dentro del senado de la Nación que responda a las necesidades de nuestros territorios y que representen a los ciudadanos que nos eligieron por el voto popular”. La tensión entre el centralismo del Gobierno de Buenos Aires y las provincias es una constante en la política argentina. El peronismo que responde sin fisuras a la Casa Rosada y al kirchnerismo tendrá ahora 31 senadores, seis menos de los 37 que necesita para tener el quorum necesario para tratar temas sin la presencia opositora en el recinto. A partir del 1 de marzo, Kirchner deberá negociar con el nuevo bloque el voto de cada proyecto. No será una tarea fácil: 2023 es un año electoral y cada gobernador jugará su carta con un ojo puesto en su territorio. Los líderes regionales suelen incluso desdoblar el calendario electoral cuando las expectativas del candidato nacional no son buenas, como es el caso. La crisis económica y la fractura entre Fernández y Kirchner son una loza electoral para el Gobierno. La semana pasada, el Frente de Todos mantuvo una reunión por primera vez en un año para elaborar una estrategia conjunta que termine en la elección de un candidato de consenso. En la carrera están el propio Fernández y dirigentes que responden a Kirchner. La expresidenta se bajó voluntariamente de la carrera tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió por corrupción en diciembre pasado. La sentencia aún debe pasar por la Corte Suprema para quedar firme.

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Siguen protestas y heridos en Perú mientras el Congreso intenta otra vez definir adelanto de elecciones

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Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 73% de peruanos pide elecciones para este año y el 89% desaprueba el desempeño del Congreso. Los asambleístas peruanos buscan una “salida prudente” a la crisis social y política y aprobaron este lunes reconsiderar la votación sobre adelanto de elecciones, luego de que el viernes rechazara la reforma constitucional que recortaba el mandato presidencial y legislativo y permitía convocar a los comicios en octubre de este año. De su lado, la presidenta Dina Boluarte puso más presión el domingo en la noche al emplazar al Congreso a adelantar los comicios, de lo contrario impulsará reformas constitucionales para que se impongan esas elecciones, dijo en un mensaje al país. “Voten por el Perú a favor del país adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos”, dijo. En las afueras de Lima, en el barrio popular de Huaycán, cientos de personas marchaban con una pancarta gigante que decía “Ni un muerto más, Dina renuncia ya”, y pretendían movilizarse hasta el centro de la capital, donde está el palacio presidencial, el Parlamento y tribunales de justicia, y esecenario de violentos enfrentamientos entre encapuchados y la policía. Decenas de militares se desplazaron a Ica, 250 km al sur de Lima, para apoyar a la policía para desbloquear la ruta Panamericana Sur y garantizar el tránsito. Los cortes de carreteras han ocasionado escasez de productos básicos y combustible en varias provincias. “Las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie”, dijo a la AFP el líder sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López. La crisis política y social, que deja ya 48 muertos en ciudades del sur y en Lima en siete semanas, no da señales de solución. El poder político ha sido incapaz de encontrar una respuesta a las demandas de la población, sobre todo rurales del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergadas, quienes habían apostado a mejorar sus condiciones de vida con la llegada del izquierdista Pedro Castillo a la presidencia (2021-2022), destituido y detenido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso. Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió las riendas del gobierno. Protestas no frenan La mandataria reconoció que la crisis en las calles ha empeorado con un escenario de protestas violentas y bloqueos, que ha llevado incluso en zonas como Puerto Maldonado, en la selva peruana, a que algunos habitantes recurran al carbón o la leña para cocinar a falta de gas, denunciaron afectados a medios locales. El Congreso ya había votado un adelanto de los comicios para abril de 2024. El domingo, el presidente del Parlamento, José Williams, militar retirado de derecha, primero en línea de sucesión en caso de renuncia de la mandataria peruana, también pidió en su cuenta de Twitter a los parlamentarios “reflexionar con responsabilidad la decisión a tomar” el lunes. La discusión política coincide con el velorio de Víctor Santisteban, de 55 años, manifestante que falleció el sábado en la protesta más violenta vivida en Lima desde el inicio de la revuelta social en diciembre, al recibir “el impacto de un objeto contundente en su cabeza”, según el parte médico. Fuente: El Universo

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

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La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”. Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento. Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones. Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde. Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos. En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles. Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

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Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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Guerra abierta entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema

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La Casa Rosada convoca al Congreso para tratar el juicio político contra los cuatro jueces del máximo tribunal Ya es una guerra política en toda regla. Se inició en los medios hace casi tres años, en paralelo al avance de los juicios por corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el arranque de su gestión, el presidente, Alberto Fernández, envió al Congreso una profunda reforma de la justicia federal, a la que acusaba de redactar fallos a la medida de la oposición. El proyecto no prosperó. La tensión entre la Casa Rosada y los Tribunales creció y creció. Se esparció como la espuma entre altos funcionarios, diputados, senadores y jueces. El 6 de diciembre, un tribunal condenó a Kirchner a seis años de cárcel. Dos semanas después, la Corte Suprema falló contra el Gobierno en una demanda de la ciudad de Buenos Aires, opositora, por el reparto nacional del dinero de los impuestos. Esta semana que pasó, finalmente, la sangre llegó al río: Fernández convocó a sesiones extraordinarias del Congreso (no habrá receso de verano, muy que les pese a los legisladores) para tratar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Al juicio político contra los cuatro supremos (hay un puesto vacante) se le suma un proyecto para llevar a 15 el número de magistrados. Los diputados del Frente de Todos, la alianza de las distintas corrientes del peronismo que está en el poder, ya presentaron formalmente el pedido de juicio “por mal desempeño” contra la Corte. El argumento es que “ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas” a los poderes ejecutivo y legislativo. Además del asunto de los impuestos, que da recursos extraordinarios al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables del macrismo, critican un fallo que declaró inconstitucional una ley de 2006 que retiraba a la Corte del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y juzga a los jueces. Los supremos decidieron reflotar una ley anterior que había sido derogada por el Congreso. El partido de Gobierno tiene los votos suficientes para abrir una comisión de juicio político que trabajará durante 60 días, pero chocará luego en el recinto, donde no alcanza los dos tercios necesarios para avanzar más allá de la acusación. Juntos por el Cambio, la coalición que reúne a la derecha liderada por Mauricio Macri, ya anticipó que rechazará la iniciativa peronista por considerar que “atenta contra el orden republicano”. Si el Gobierno insiste, paralizará el Congreso, amenazó. La pelea entre los poderes del Estado crispará los ánimos en un año especialmente sensible: en octubre, los argentinos elegirán al sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. El clima político no podría ser peor. Fernández ingresó al último año de su mandato con la popularidad por los suelos, la economía en declive, la inflación cercana al 100% y a la sombra del poder que ejerce sobre su gestión Cristina Kirchner. A la Justicia no le va mejor. El 59% de los consultados en abril para un sondeo de la Universidad de San Andrés aseguró que tiene una imagen “muy mala” del Poder Judicial, 19 puntos más de los que opinaron lo mismo acerca del Fondo Monetario Internacional (difícil encontrar una institución con peor imagen en Argentina). Sorprendió a los encuestadores que el apartado “imagen buena” quedó en 0%. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ensayó una explicación durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni para LN+. “En la mayoría de las democracias consolidadas del mundo la imagen de la Justicia no es buena”, argumentó. Según su visión, el problema está en que el Poder Judicial asume conflictos que la sociedad no resuelve y eso genera “ciertas expectativas” que luego se ven frustradas. Los ciudadanos, dijo, ven “que la Justicia resuelve con lentitud, no correctamente o que no falla a su favor”. Esa “judicialización de los conflictos”, dijo, es atribuible a “cierta incapacidad” de la sociedad para resolverlos por vías no judiciales. El conflicto por el reparto dfe los impuestos federales fue una muestra de ello. En 2016, el Gobierno de Macri subió del 1,4% al 3,75% la parte correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, su principal bastión electoral, para financiar a una nueva policía. Cuando Fernández llegó a la Casa Rosada, una de sus primeras medidas fue bajar en forma unilateral hasta el 2,35% ese porcentaje. Como las negociaciones políticas fracasaron, el asunto terminó en la Corte, que en diciembre elevó el porcentaje correspondiente a la ciudad hasta el 2,95%. Fernández primero dijo que no acataría el fallo porque no tenía el dinero para hacerlo; luego dio marcha atrás y prometió un pago en bonos del tesoro. Mantuvo, eso sí, su decisión de llevar a los jueces ante el banquillo del Congreso. Sumó en su estrategia el favor de 14 de los 23 gobernadores del país, temerosos de que el dinero que ahora iría a parar a Buenos Aires (unos 1.000 millones de dólares) saliese de sus propias partidas presupuestarias. El juicio político no prosperará más allá de la comisión dominada por el Frente de Todos, pero habrá espectáculo. Los diputados quieren que declaren los cuatro supremos. Pidieron además la presencia de Silvio Robles, secretario privado del presidente de la Corte, y del jefe de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, ahora de licencia. La Comisión les pedirá que expliquen por qué en unos chats filtrados a la prensa Robles adelanta al funcionario de la ciudad la decisión de su jefe respecto al diferendo por los fondos. El Gobierno intentará demostrar que los mensajes son evidencia de la connivencia entre la Justicia y la oposición. En cualquier caso, lo que resta de enero y febrero será de mucha actividad política, mientras buena parte de los argentinos están de vacaciones. En marzo, el país ya estará lanzado de lleno en la campaña por la sucesión presidencial. Fuente: El País

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Lula y su Gobierno proyectan normalidad en la resaca del asalto a la democracia

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El presidente despacha con varios ministros mientras los equipos de limpieza trabajan a fondo y se evalúan los daños. El presidente de Brasil quiere que la resaca del brutal ataque perpetrado el domingo por bolsonaristas contra los poderes institucionales no distraiga a su Gobierno de la misión que le encomendó el electorado. Luiz Inácio Lula da Silva dedicó este martes, décimo día de su mandato, a despachar con varios ministros en la sede de la Presidencia, donde los daños aún son evidentes. “Bom dia. Trabajando en el palacio de Planalto”, ha tuiteado el mandatario que pretende embarcarse ya a todo vapor en elaborar “medidas de reconstrucción del país”. En paralelo, los jueces y la policía se ocupan de los detenidos por participar en la invasión mientras investigan quién más está tras el ataque. El mensaje que el mandatario ha querido enviar este martes venía a ser “volvemos al trabajo, que este Gobierno tiene una tarea ingente por delante. Además de la crisis institucional abierta por el asalto y del desgaste que supone la polarización, están otros asuntos urgentes para millones de brasileños: el hambre, la miseria, el desempleo, las deudas de las familias…’. Lula quiere que su Gabinete no se obsesione con las dificultades en el horizonte y que se centre en ofrecer resultados tangibles cuanto antes. Ganó por la mínima y sabe que le miran con lupa. Entre sus primeras citas de este martes, las que ha mantenido con la ministra de Salud, Nisia Trindade, de 64 años, y con el de Educación, el exgobernador Camilo Santana, de 55. Titulares ambos, según ha destacado Lula, de sendas áreas “destruidas y negligenciadas en los últimos años”. Inmediatamente ha anunciado el aumento de las meriendas escolares —cruciales para niños en hogares donde falta comida— y la reanudación de las campañas de vacunación. Lula, durante una reunión con gobernadores, este lunes en el palacio de Planalto, en Brasília.ANDRÉ BORGES (EFE) Mientras el jefe del Estado recibía a los ministros, los equipos de limpieza se afanaban en los edificios atacados por hordas de bolsonaristas. Buena parte de la fachada acristalada de la planta baja del palacio de Planalto ha desaparecido, así como la galería con las imágenes de todos los presidentes. Las señoras de la limpieza pasaban esta mañana la escoba mientras las cámaras hacían guardia a la espera de algún ministro o el presidente. El lunes por la noche el mandatario brasileño conversó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y le confirmó que viajará a Washington a principios de febrero. Es decir, después de visitar Buenos Aires y antes de ir a Pekín. Las llamadas de solidaridad y apoyo al Gobierno salido de las urnas y a las instituciones se suceden. Este martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha transmitido por teléfono al ministro de Exteriores, Mauro Vieira, la plena confianza de las instituciones europeas hacia la fortaleza de las instituciones brasileñas y el deseo de reactivar plenamente la alianza estratégica. Si el mensaje del martes era normalidad; el del lunes fue, unidad tras el ataque más grave sufrido por la democracia brasileña en casi cuatro décadas, desde la redemocratización. Lula dedicó la jornada completa a proyectar una imagen de institucionalidad republicana. Para ello, recibió a los jefes del Poder Judicial, del Legislativo, a los jefes de las Fuerzas Armadas y a los 27 gobernadores. Entre los presentes, también estaban los que son más estrechos aliados del expresidente Bolsonaro, los gobernadores de São Paulo, Paraná y Minas Gerais. En su discurso, el mandatario les dijo: “En nombre de la defensa de la democracia no vamos a ser autoritarios con nadie, pero tampoco vamos a ser, como diría yo, tibios. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió (…) Y lo vamos a descubrir porque fue muy difícil para ustedes y para mí conquistar la democracia en este país”. Concluida la reunión, Lula invitó a los representantes de los poderes político y judicial a dar un corto pero simbólico paseo. Juntos cruzaron la plaza de los Tres Poderes desde la sede de la Presidencia hasta la sede del Supremo. Fuente: El País

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La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales

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El mandatario aseguró que está convencido de la inocencia de uno de los 13 perdonados y los jueces le recuerdan que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales” La Corte Suprema chilena se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que ayer, desde el cambio de mando de Brasil, justificó uno de los 13 indultos que decretó el viernes, a un condenado por el caso del robo al banco Santander en 2013, Jorge Mateluna. “Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se que fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo). “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia. La Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales. La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales. Luego, fue el propio mandatario el que leyó una declaración desde La Moneda, donde indicó que comparte “plenamente” el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería “mala noticia” para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial. Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema. Facultad del presidente En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos. Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó. La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía.

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Cristina Kirchner se declara víctima de una proscripción

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En su primer discurso desde que fuera condenada por corrupción, la vicepresidenta de Argentina dijo que su decisión de no ser candidata en 2023 no fue “un renunciamiento ni una autoexclusión” “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en su primera aparición pública desde que fuera condenada por corrupción el 6 de diciembre pasado. Aquel día, minutos después de la lectura del fallo, la vicepresidenta de Argentina se bajó de la carrera presidencial en 2023. “No voy a ser candidata a nada”, dijo entonces, y se consideró víctima de una “mafia judicial” que buscaba sacarla de la política. Este martes, ante cientos de personas reunidas en la inauguración de un centro deportivo a las afueras de Buenos Aires, dijo que lo suyo no fue un renunciamiento voluntario. “El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón [a ser candidata a vicepresidenta, en 1951], y acá tampoco hay autoexclusión. Hay proscripción”, insistió Kirchner. Cristina Kirchner pateó el tablero hace tres semanas. Sin ella como candidata, el peronismo se enfrascó en una carrera sin rumbo para encontrar un nombre que lograse unificar las múltiples corrientes internas que lo atraviesan. El presidente, Alberto Fernández, incluso jugó con la posibilidad de la reelección, pese a que su popularidad está por los suelos y la crisis económica arrecia. Lo de este martes fue parte del libreto con el que el kirchnerismo acompañó el juicio contra la expresidenta. Según su lectura, los jueces han creado en complicidad con la oposición un “partido judicial” cuyo objetivo es encarcelar a líderes populares como Cristina Kirchner. La estrategia, sostienen, es incluso regional; basta como ejemplo los más de 500 días que Luiz Inácio Lula da Silva estuvo preso a instancias del juez Sergio Moro, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Esta vez, sin embargo, el mitin kirchnerista sumó un elemento nuevo: en la previa del discurso de la vicepresidenta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió que reconsidere su decisión de no ser candidata. “Te necesitamos”, le dijo, en el inicio de lo que sin duda será, a partir de ahora, un operativo clamor por el regreso. Kirchner, de hecho, habló con tono de campaña. Y concentró sus ataques en el Poder Judicial. “Lo que hicieron fue armar un juicio con denuncias, con una cronología electoral casi quirúrgica. Luego de un juicio armado de tres años, decidieron que el juicio oral en que me iban a sentar en el banquillo de acusados era el 21 de mayo de 2019. Quince días exactos antes de que cerraran los plazos para armar los frentes electorales donde se disputaría la Presidencia. Tres días antes yo desarticulé esa maniobra cuando anuncié que íbamos a un frente con quien hoy es presidente. Aquella fue una clara maniobra proscriptiva”, dijo. Para Kirchner, su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos fue la consumación de la estrategia. En la práctica, la vicepresidenta no está impedida de ser candidata hasta tanto el fallo judicial quede firme ante la Corte Suprema, un largo periplo que puede demorar hasta ocho años. Pero la vicepresidenta jugó la carta de la proscripción, una figura muy cara al peronismo. Tras el golpe de 1955, Juan Domingo Perón se exilió en España y no pudo regresar a Argentina hasta 1973. El “Perón vuelve” fue el grito de batalla del peronismo durante aquellos años de prohibición militar. Kirchner se coloca a la altura de aquella gesta del movimiento. Pero a diferencia de Perón, que a su regreso ganó las elecciones con comodidad, no está tan clara la suerte electoral de la vicepresidenta. Argentina cerrará este año con una inflación por encima del 90% y una crisis económica que tiene al país al borde del abismo. El éxtasis mundialista apenas sirvió para patear los problemas para adelante. El Gobierno, mientras tanto, ya está enfrascado en una nueva guerra abierta contra la Corte Suprema y la oposición. La semana pasada, los supremos ordenaron a la Casa Rosada que suba del 2,32% al 2,95% la porción de fondos federales que recibe la ciudad de Buenos Aires, bastión del macrismo. Se inició así una crisis institucional sin precedentes en democracia, que arrancó en 2016 cuando el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas de la capital del 1,40% del total al 3,75%. Fue una decisión política para aupar a Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político y sucesor al frente de la alcaldía porteña. Rodríguez Larreta llevó al Gobierno ante la Corte cuando el presidente, Alberto Fernández, bajó el porcentaje de la torta al 2,32%. Arropado por 14 gobernadores, Fernández anunció entonces que no acataría el fallo de la Corte. Esta semana ya había dado marcha atrás, a medias: dijo que pagaría, pero con bonos del Tesoro. Rodríguez Larreta volvió a la carga ante la Corte. Y Cristina Kirchner se metió en medio. “Estamos ante un hecho ajurídico, como su hubiera desaparecido el Estado de derecho”, dijo, y llamó al Gobierno “a despabilarse”. Fue, como no, un tiro por elevación al presidente. Fuente: El País

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Justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo

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Para tratar de calmar las protestas que ya dejan más de una docena de fallecidos, el Gobierno peruano ordena un toque de queda nocturno en 15 provincias. El Poder Judicial peruano dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo; y ordenó comparencia con restricciones para el expremier Aníbal Torres. Ambos son juzgados por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre que desató violentas protestas que suman diez muertos, bajo un estado de emergencia nacional declarado por el nuevo gobierno. Fue el juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, quien dio lectura este jueves a la resolución del pedido de la Fiscalía. De acuerdo con el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, la detención de Pedro Castillo ocurrió en flagrancia del delito que se le imputa. Además, precisó que el exmandatario invocó a las Fuerzas Armadas y que si estas no entraron en acción, fue porque decidieron no acatar la orden. Toque de queda El Gobierno peruano ordenó este jueves un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo. El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. “Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría. La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución. Las protestas que suceden sin parar desde el domingo piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente. Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debatía las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024. . iba a conformar un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, reorganizar el sistema de justicia y convocar una asamblea constituyente, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado. Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debate las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024. Fuente: El Universo

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El Mundial de Qatar desactiva el temido ‘efecto diciembre’ en Argentina

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La clasificación a la selección de Messi a la final en Qatar apaga las protestas en un mes que concentra reclamos salariales y movilizaciones sociales. Diciembre suele ser un mes complicado en Argentina. La historia comenzó en 2001, con la crisis del corralito. Cinco presidentes pasaron por la Casa Rosada tras la huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa. La represión de las revueltas dejó entre el 19 y el 20 de diciembre 39 muertos, la mayor parte en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Desde entonces, los Gobiernos se preparan para sobrevivir a diciembre. El final de año alimenta el reclamo entre los más pobres y en las calles crecen las protestas; los sindicatos piden subidas salariales o bonos que compensen la inflación. 2022 es especialmente complicado para el Gobierno de Alberto Fernández: diciembre terminará con una inflación cercana al 100% y con casi cuatro de cada diez argentinos por debajo de la línea de pobreza. La alianza peronista en la Casa Rosada está fracturada y la política más influyente del país, Cristina Kirchner, fue condenada la semana pasada a seis años de cárcel por corrupción. Pero cuando arreciaba la tormenta, la selección argentina de fútbol llegó a la final del Mundial en Qatar. En Argentina no se habla de otra cosa. El triunfo contra Croacia el martes organiza el debate público, las familias discuten donde verán el partido definitivo del domingo y los políticos hablan bajito para no llamar la atención. Es tanto el ruido que pocos se enteraron de que el presidente, Alberto Fernández, celebró este miércoles los tres años de su Administración y los 39 años del regreso a la democracia. Lo hizo con un acto en los jardines de la Casa Rosada, donde ubicaron 1.000 sillas que estuvieron semivacías. La convocatoria fue evidencia de las divisiones que hay en la Casa Rosada. No hubo ministros kirchneristas; viajaron a Buenos Aires solo uno de los 23 gobernadores del país; apenas participaron los movimientos sociales que tienen cargos en el Gobierno. Faltaba, en resumen, el peronismo en sus distintas versiones, que son muchas. Fernández dio un largo discurso y al final prometió que asumirá la dirección de la campaña para las generales de 2023. “Garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política, vamos a ganar unidos y por el bien de la Argentina”, dijo Fernández, el único orador de un evento que suele realizarse en la Plaza de Mayo en un ambiente festivo y oradores de todos los colores. El presidente no aclaró si irá por la reelección. Lleva meses coqueteando con la idea, aunque su popularidad está por los suelos. La decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata a cargo alguno, como dijo tras su condena, agitó al peronismo, que ahora debe buscar un relevo de peso. El nombre del presidente no figura al tope de las preferencias. Hay allí otros nombres, como el ministro de Economía, Sergio Massa -ausente en el acto de este miércoles- aunque su destino político está atado a la evolución de la inflación y la pobreza. Está también Eduardo de Pedro, el ministro de Interior que es ojo y oídos de Kirchner en el Gabinete. Y es de esperar que aparezca el nombre de algún gobernador, el reservorio tradicional de los candidatos del peronismo. Mientras tanto, todos confían en el fútbol para mantener la paz social. Si Argentina sale finalmente campeona habrá días y días de festejos. Luego vendrán las fiestas de Navidad y Año Nuevo y en enero inicia la temporada alta de las vacaciones de verano. Para entonces ya habrá pasado el peligro. Si pierde, la resaca mundialista será menos efectiva, pero la estropada de la final será suficiente para llegar a enero sin demasiados sobresaltos. Si eso no alcanzase, el Gobierno tiene lista una bala de plata. Hay en agenda un bono de fin de año para los asalariados de menores ingresos y otro para los millones de argentinos que cobran un plan social. Alcanzará a 4,4 millones de personas y servirá para calmar el malestar de los hogares más golpeados por la crisis. La combinación de Mundial y dinero extra es la vacuna argentina contra el efecto diciembre. Fuente: El País

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