Seviecu y Ecutransit, los dos consorcios que manejaban los polémicos contratos de radares de tránsito, no quieren soltar el negocio. El Gobierno decidió cancelar muchos de estos equipos, tras detectar que su único objetivo era recaudatorio, en perjuicio de los conductores. Incluso por eso se los llamaba «radares vacunadores». LEER TAMBIÉN: Radares vacunadores generaban millones de dólares al mes solo en Guayas LEER TAMBIÉN: Radares vacunadores, nunca más: la promesa del ministro Luque Los radares, que significaban ingresos por millones de dólares, fueron establecidos bajo convenios con ciertos municipios, que asumieron la competencia del tránsito. Sin embargo, en algunos casos fueron instalados en cuestas y curvas, y se comprobó que la marcación de velocidad no era real. Suspendidos los contratos Por este motivo, y bajo órdenes del Gobierno, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) decidió suspender los contratos y clausurar los dispositivos. Sin embargo, los consorcios Seviecu y Ecutransit plantearon un proceso de arbitraje. Algo que la CTE no acepta. Originalmente, los contratos para la operación de radares fueron adjudicados en julio de 2023, y preveían la instalación de 232 equipos en todo el país, para control de velocidad y emisión de multas. Seviecu había instalado 3 radares, y Ecutransit 36. Pedirían indemnización Las empresas se defienden, y alegan que la CTE suspendió los contratos sin facultad alguna. Incluso analizan demandan una indemnización. Además, señalan que los municipios con los cuales hicieron los acuerdos, todavía no les entregaba su parte de las multas. Además, justifican el funcionamiento de los radares, por el alto número de accidentes de tránsito que ocurren en calles y carreteras del país, producto del exceso de velocidad.

Se termina el gran negocio de los radares de tránsito. Por disposición del Gobierno Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) inició la suspensión de 163 equipos, que estaban a cargo de 32 Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales tipo “B” (Prefecturas), y una mancomunidad. Dichos GADs, a su vez, habían entregado muchos de ellos a empresas particulares, que obtenían una fuerte cantidad por cada multa. Hay limitaciones legales De acuerdo a la ley, la CTE puede traspasar las competencias de tránsito solo a los GADs municipales (tipo “A”). Los dispositivos eran blanco de miles de denuncias, debido a que estaban instalados en curvas y cuestas, lo cual está expresamente prohibido, y aplicaban multas incluso a velocidades permitidas. El pasado 4 de junio, 39 de los radares fueron suspendidos, al comprobarse las graves anomalías en su contratación. Las compañías concesionarias obtenían la mayor parte de las sanciones. Leer también: Radares de tránsito generaban “ganancias” por 1.000 millones de dólares al año Leer también: Basta de radares-vacunadores que asaltan al pueblo, denuncia exlegislador Galo Lara Mario Andrade, director ejecutivo de la entidad, detalló que la ANT emitió ya la resolución administrativa. Y la misma solo autoriza, eventualmente, a ejercer los controles de tránsito a los GADs tipo “A”. Por estas consideraciones legales, la actual administración de la CTE dispone la terminación de dichos convenios de coordinación y cooperación interinstitucional, con lo cual los radares ya no podrán emitir sanciones. Además, no cumplen su principal misión: ser preventivos, pues más bien se convirtieron en recaudatorios. Leer también: Gobierno suspende cobros de multas de 39 radares Leer también: Contratos de radares de tránsito, irregulares e ilegales, denuncia secretario de Integridad Otros 100 ya habían sido desactivados, por disposición del ministro de Transporte, Roberto Luque. Leer también: Ahora sí: suspendidos radares de velocidad de Durán En el caso de Durán, supuestamente deberían estar desactivados, pero denuncias de conductores aseguran que siguen multando de forma indiscriminada.

El gobierno suspendió este martes las operaciones de 39 radares de tránsito, ubicados en 3 provincias del país, especialmente en Los Ríos, y que violentaban las normativas legales. Pero el escándalo no queda ahí. El asambleísta del movimiento ADN, Adrián Castro, reveló el verdadero alcance de estos equipos, instalados para, según el propio comunicado oficial, “meterle la mano a los bolsillos de los ecuatorianos”. En una entrevista con un medio televisivo, Castro explicó que los radares producían “ganancias” por 1.000 millones de dólares al año. Y gran parte de ese dinero era para las empresas contratistas. Castro precisó que el jugoso contrato fue firmado por el entonces director de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Ernesto Pólit, con los consorcios Seviecu y Ecuatransit. El acuerdo fue elaborado en un tiempo récord, y establecía una duración de 12 años. Es decir, pretendían robarle a los conductores 12.000 millones de dólares, en concepto de supuestas multas. Los polémicos radares fueron instalados sin considerar las especificaciones internacionales. En algunas vías había demasiados, sin previo aviso y con el exclusivo propósito de multar a los choferes. Por orden del gobierno, los contratos serán auditados exhaustivamente, y los exdirectivos, responsables de los mismos, pasarán a ser investigados por la Contraloría. El tema mereció reacciones positivas de los usuarios, pero también piden indagar a los agentes de la CTE y la ATM. Muchos de ellos se han convertido en “vacunadores”, por su afán de sacarle dinero a la gente.