PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: mayo 21, 2025

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Ecuador, mayo 21, 2025
Ecuador Continental: 15:22
Ecuador Insular: 15:22

Ecuador, mayo 21, 2025

Argentina comienza a aplicar las más de 300 reformas de Milei que abren la puerta al desguace del Estado

El País .- El megadecreto impuesto por el ultraderechista con derogaciones y modificaciones normativas rige desde este viernes. El paquete de medidas aún debe sortear obstáculos en el Congreso, la Justicia y la calle La reforma del Estado argentino que pretende el presidente Javier Milei ya empieza a ser efectiva. El megadecreto que impuso el ultraderechista con más de 300 derogaciones y modificaciones normativas entró en vigor este viernes, cuando se cumplieron ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida, sin embargo, aún debe sortear obstáculos en el Congreso, donde tiene que ser aprobada, y en la Justicia, donde acumula una treintena de amparos que cuestionan su constitucionalidad. Un tercer cortafuegos está en las calles: la crisis económica es grave y el clima social, efervescente. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei deroga sin discusión parlamentaria leyes, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. El mecanismo está previsto para que el Ejecutivo dicte o modifique leyes ante algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas, sin embargo, hay consenso en que este no es el caso del decreto firmado por Milei y denuncian que el presidente se arrogó facultades legislativas. Una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados analizará en el Congreso si la “necesidad” y la “urgencia” de la medida están justificadas. La comisión cumple funciones aún durante el receso de verano del Congreso. Si el decreto es avalado por la comisión bicameral, será elevado al plenario de cada cámara, que deberá aceptar o rechazar la norma en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros. Con la aprobación de solo una de las cámaras –o si no es tratado–, el decreto será considerado válido. El voto negativo de ambas, en cambio, lo rechazaría. El partido de Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en el Congreso –cuenta solo con 38 de 257 diputados y con siete de 72 senadores–, pero cuenta con el apoyo de algunos legisladores, como los que responden al expresidente conservador Mauricio Macri. Otros sectores muestran más ambigüedad, como la Unión Cívica Radical, que asegura que el país “necesita un cambio”, pero debe hacerse “respetando las formas establecidas”. En cambio, el peronismo, ahora en la oposición, expresó un rechazo total al texto y también lo hizo la izquierda. El debate en los plenos deberá esperar, sin embargo, hasta el 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias. Mientras eso ocurre, el megadecreto está siendo cuestionado en la Justicia a través de una treintena de amparos judiciales, según el relevo hecho por la agencia de noticias Télam. Los tribunales recibieron planteos de inconstitucionalidad que muchos abogados ven con fundamento. No todos están en contra de los cambios que propone, pero muchos consideran que las formas chocan con la Constitución. Hasta este viernes al mediodía (hora local), sin embargo, la Justicia no había aceptado suspenderlo. El decreto también está encontrando resistencia en las calles, donde los sindicatos consiguieron reunir a más 20.000 personas, según sus estimaciones, contra una medida que consideran “ilegal” y “no constitucional”. Las movilizaciones contra el DNU, sin embargo, iniciaron espontáneamente tras el anuncio que hizo Milei por cadena nacional días antes. Esa misma noche, el rechazo de vecinos indignados se hizo oír desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Entre los más de 300 puntos que el DNU impone sin discusión, se modifican o derogan leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos, que favorecían la promoción industrial en zonas desfavorecidas, que regulaban los aumentos para los inquilinos, impedían la privatización de empresas públicas o ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. El paquete modifica también el sistema de salud para que los seguros privados fijen libremente los precios y desregula el mercado laboral: limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias o habilita cambios en las indemnizaciones. Además, la norma establece que los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento. En menos de 20 días, Milei ha impulsado medidas que dan señales de una deriva autoritaria y el descontento social ha crecido. Al megadecreto que modifica o deroga sin discusión parlamentaria más de 360 leyes se suma un decálogo de medidas económicas que aplican un fuerte ajuste, un protocolo contra las protestas callejeras, el despido por decreto de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y con el que el ultraderechista busca ampliar sus facultades. La iniciativa, presentada este miércoles, tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Tras esta última decisión, los sindicatos llamaron a la huelga el 24 de enero. El Gobierno se muestra confiado en que las medidas que impulsa saldrán adelante y se ampara en el respaldo que le dieron las urnas en noviembre, cuando obtuvo en segunda vuelta el 56% de los votos frente al peronista Sergio Massa. Milei aseguró que si el DNU no es avalado por el Congreso hará una consulta popular no vinculante. Además, acusó a “algunos” legisladores de corruptos por pretender debatir la gigantesca reforma que impuso. “Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, cuestionó. Con el apoyo que recibió, espera callar cualquier discrepancia. Giro en política exterior Milei ha avanzado este viernes en otro de los cambios que pretende para Argentina y ha dado un giro en política exterior. El país ha informado formalmente de que

Argentina comienza a aplicar las más de 300 reformas de Milei que abren la puerta al desguace del Estado Leer más »

El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales Leer más »

Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei Leer más »

Gobierno apunta a jugar la carta de los decretos ley de urgencia económica para reducir más impuestos y dinamizar la economía

La Hora .- Las reformas que se propongan pueden darle más apoyo popular y calmar las aguas del ambiente político. Empleo y facilidades a los emprendedores están en primera línea. La economía será un eje central del periodo de transición que inició con el decreto de muerte cruzada. El Gobierno de Guillermo Lasso tendrá seis meses hasta que se posicionen las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas. En los decretos ley de urgencia económica que se emitan durante ese tiempo está la oportunidad de hacer cambios necesarios para el empleo y la inversión en el país. El primer paso en esa línea se dio con el decreto de la nueva reforma tributaria, que busca reducir el pago del impuesto a la renta de las familias de clase media; además de simplificar el Régimen de Negocios Populares y Microempresa (Rimpe). El ministro de Economía, Pablo Arosemena, confirmó que hay otros proyectos en carpeta, comenzando por una reducción adicional de impuestos para los emprendedores. “Estamos trabajando por bajar impuestos a los pequeños emprendedores que son el sector más grande del Ecuador. Vamos a seguir en la línea de poner plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media y microemprendedores”, dijo. LA HORA consultó al Ministerio de Economía más detalles sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, la apuesta del Gobierno sería en la línea de establecer incentivos y facilidades para los emprendedores (micro y pequeños) que generen empleo. Desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) se proponen “estímulos que limiten la carga tributaria e incentiven las inversiones en investigación y desarrollo”. Además, también se debería incluir la eliminación de la mayor cantidad de impuestos distorsivos como los de herencias y donaciones que dificultan la continuidad de las empresas y la acumulación de capital. Asimismo, se puede avanzar en simplificar las normativas para la entrada de inversión extranjera en sectores como el bancario, lo que abonaría el camino para tener más crédito a mediano y largo plazos. En días pasados, Arosemena reconoció que la nueva reforma tributaria no se presentó antes porque se tenía la camisa de fuerza del acuerdo con el  Fondo Monetario Internacional (FMI). Reforma laboral “Tenemos, junto a otras dependencias públicas, proyectos de ley que serán emitidos mediante decreto ejecutivo. Todos con un hilo conductor de reactivar la economía”, aseguró el Ministro de Economía. Luego de dar alivio tributario a los emprendedores, otra de las prioridades es lograr una reforma laboral concreta y simple. Al respecto, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que la ley implicará «mejores opciones» para las personas que no tienen trabajo. «Hay que empezar a preocuparnos por desempleados e informales«, añadió. En otras palabras, se apunta a establecer esquemas flexibles para diferentes realidades y actividades económicas. Ider Salgado, presidente de SD abogados, aseveró que vía decreto se pueden reemplazar otros decretos obsoletos como el 2393. Esto reduciría la tramitología en los requisitos que deben cumplir los negocios formales. Asimismo, se puede ampliar el campo de acción del contrato por giro de negocio. Con esto serán aplicables varias modalidades de contratación emitidas durante el Gobierno de Moreno. Crisis y capital político Aunque los inversionistas internacionales reaccionaron con temor ante la muerte cruzada y el precio de los bonos ecuatorianos se desplomó, existen visiones que no descartan que el Gobierno pueda capitalizar la coyuntura a su favor. Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales en Universidad Internacional del Ecuador, dijo que Lasso ya no tiene la excusa de que la Asamblea bloquea sus iniciativas. “Es una oportunidad enorme, por una parte, de recuperar capital político; y, por otra parte, empezar a preocuparse de los temas que la ciudadanía más demanda. Se debe actuar de una forma más rápida y efectiva, que cause efectos inmediatos en las percepciones de la población acerca del Gobierno”, puntualizó. Para eso, los decretos ley, de acuerdo con Ramón Casas, economista y consultor internacional, deben ser muy cortos, directos y específicos. “Actualmente los inversionistas están asustados por la posibilidad de que regrese el populismo, sobre todo el correísta, pero si Lasso juega bien sus fichas, la situación puede cambiar. A priori, las proyecciones apuntan a que el riesgo país siga creciendo y no se ven muchas opciones de reflote de Lasso, pero todo dependerá de cómo actúe el Gobierno en los próximos meses”, aclaró. Por su parte, María Paz-Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), a la par de abogar por que no exista violencia ni protestas, también afirmó que la prioridad debe ser combatir los problemas de falta de empleo de calidad, sobre todo para mujeres y jóvenes. “Le pediríamos al señor Presidente mucha apertura, mucha disposición a escucharnos, mucha agilidad y mucha astucia. Es muy importante coordinar acciones con los Gobiernos autónomos descentralizados, con los nuevos alcaldes”, concluyó.

Gobierno apunta a jugar la carta de los decretos ley de urgencia económica para reducir más impuestos y dinamizar la economía Leer más »

Scroll al inicio