DEFORESTACIÓN archivos - Centro 101.3 FM Guayas y Santa Elena

100 millones de hectáreas de tierra fértil se pierden cada año, según un informe de la ONU

Internacionales / Victor Gonzalez / 08/01/2024

Infobae .- La intensificación de la degradación de suelos a nivel mundial generó alerta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación Un informe reciente de la ONU reveló que al menos 100 millones de hectáreas de tierra sana y productiva desaparecen anualmente, una preocupante tendencia que se discutió en la última Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). Las actividades humanas, incluidas la deforestación y las prácticas agrícolas, y el cambio climático se encuentran entre las principales causas. En un lapso de cinco años, entre 2014 y 2019, más de 420 millones de hectáreas de tierra experimentaron degradación a nivel mundial, superando la extensión combinada de cinco naciones de Asia Central. António Guterres, Secretario General de la ONU, enfatizó este dato durante una conferencia de la UNCCD en Uzbekistán, donde se abordó la expansión progresiva de tierras degradadas. Destacó la urgente necesidad de restaurar la salud de 1.500 millones de hectáreas de tierra degradada para 2030 si se continúa en la trayectoria actual. México y la India entre los países con aumento preocupante en la degradación de tierras fértil (Imagen ilustrativa Infobae) Como parte del seguimiento del progreso hacia el decimoquinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, “vida en la tierra”, 115 países informaron antes de la reunión sobre tres medidas para restaurar tierras y suelos degradados: el área utilizada para agricultura o cubierta por bosques, pastizales o humedales; productividad, la capacidad de la tierra para sustentar y sostener la vida; y reservas de carbono superficiales y subterráneas. La sesión del Comité de Revisión de la Implementación de la Convención (CRIC 21) de la UNCCD se llevó a cabo por primera vez en Asia Central, una región cada vez más afectada por problemas como la arena y las tormentas de polvo, con un 20% de su superficie terrestre afectada por la degradación. Ibrahim Thiaw, Secretario Ejecutivo de la UNCCD, ilustró la magnitud del problema al señalar la desaparición casi total del Mar de Aral en una sola generación. “En una sola generación, el Mar de Aral, un lago de agua dulce que alguna vez fue tan grande que se confundió con un mar, ha desaparecido en gran medida y ahora está lleno de dunas de arena”, dijo. La información presentada en el CRIC 21 reveló que entre 2015 y 2019 se perdieron al menos 100 millones de hectáreas de tierra fértil cada año debido a actividades humanas como la deforestación, prácticas agrícolas y el cambio climático. Esto contradice el objetivo de alcanzar la “neutralidad en la degradación de las tierras” para 2030, ya que la proporción global de tierras degradadas aumentó del 14,7% al 18,9% durante este período, con ejemplos preocupantes como México y la India experimentando incrementos considerables en tierras degradadas. las actividades humanas, incluidas la deforestación y las prácticas agrícolas, y el cambio climático se encuentran entre las principales causas de la pérdida de tierra fértil global (Imagen Ilustrativa Infobae) La UNCCD es la pieza central de los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía (DDTS). Solicitada por la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, fue adoptada el 17 de junio de 1994. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996 y actualmente cuenta con 197 partes. A pesar de este panorama desalentador, hay destellos de esperanza. Países como Ecuador, Botswana y Burkina Faso han logrado reducir significativamente la superficie de tierra degradada. Este trabajo es crucial para cambiar el rumbo. Y algunos países están avanzando en la dirección correcta. En Ecuador, por ejemplo, la superficie de tierra clasificada como degradada pasó del 21,9% al 12,8% entre 2015 y 2019. Durante el mismo período, la superficie degradada en Botswana disminuyó del 36,3% al 17,1%, y en Burkina Faso del 34,6% al 8,2%. En regiones como África, América Latina y el Caribe, la restauración de la cubierta arbórea ha impulsado mejoras, mientras que en Asia, se han visto beneficios con mejoras en la fertilidad del suelo. Este trabajo de comprensión y acción local es esencial para cambiar el rumbo y frenar la pérdida continua de tierra fértil.

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La deforestación de la Amazonia cae un 22% en el primer balance anual desde el regreso de Lula al poder

Internacionales / Victor Gonzalez / 10/11/2023

El País .- La mayor selva tropical del mundo perdió 9.001 kilómetros cuadrados, el equivalente a Chipre La medición más precisa y fiable ha confirmado la tendencia apuntada por los datos preliminares en los últimos meses. La deforestación en la Amazonia cayó un 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023, según el último balance anual realizado por el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) y divulgado este jueves. Es decir, la mayor selva tropical del mundo, un ecosistema clave para mitigar el calentamiento global, perdió en ese periodo 9.001 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al tamaño de Chipre. El dato es una buena noticia para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde su regreso al poder ha colocado la protección de la Amazonia y el medioambiente entre sus prioridades. Durante el mandato de Jair Bolsonaro la tala ilegal aumentó de manera acelerada y solo en su último año cambió la tendencia para empezar a disminuir. Fue considerado un villano ambiental planetario. El dato de deforestación anual en la Amazonia es una especie de examen de fin de curso para los gobernantes brasileños de cara al exterior. Todos ellos son conscientes de que, desde hace más de dos décadas, el mundo mide el desempeño de su país en materia ambiental por el porcentaje de aumento o disminución. Durante la campaña electoral, Lula prometió deforestación cero para 2030, un objetivo de lo más ambicioso. Al presentar los resultados, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, declaró: “Este resultado es fruto del trabajo de todos nosotros. Es un trabajo para el que ya teníamos know-how [conocimientos técnicos] de nuestra gestión anterior. Ahora lo hemos actualizado y estamos viendo estos resultados”, ha explicado la veterana política que ya ostentó ese mismo cargo hace dos décadas, también con Lula. Fue el periodo en el que la deforestación de la Amazonia cayó de manera más abrupta. Durante sus cinco años como ministra en aquella primera etapa, la tala ilegal se redujo a la mitad hasta los 12.900 kilómetros cuadrados. Los estragos del cambio climático también se notan en la Amazonia. El rio Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo, sufre una sequía histórica agravada por El Niño mientras Manaos y otras ciudades de la región llevan semanas envueltas en un humo asfixiante que procede de los incendios ilegales. Lula tiene previsto viajar a la COP28, que empieza a finales de mes en Dubái. Sin duda, el mandatario brasileño esgrimirá en la cumbre climática de la ONU esta caída del 22,3% en la deforestación en la Amazonia como baza negociadora. También es de esperar que la utilice en las complejas negociaciones que Mercosur mantiene con la Unión Europea para intentar cerrar de una vez por todas el acuerdo comercial, atascado por exigencias medioambientales. Uruguay ha dado un ultimátum para cerrarlo antes de fin de año. Y tanto Lula como el presidente de España, Pedro Sánchez, se han comprometido ha reforzar los esfuerzos para esa fecha ahora que Brasil preside Mercosur y España, la UE. El Instituto de Investigaciones Espaciales elabora este balance anual de la deforestación en base a las mediciones hechas por satélite con un sistema llamado Prodes, que es mucho más preciso para calcular la superficie arbórea desaparecida que el sistema Deter, que ofrece datos semanales pero basados en las alertas que usan los equipos de agentes medioambientales para movilizar a los inspectores. El presidente Lula y Marina Silva aparcaron sus diferencias para unirse en la campaña electoral con la misión compartida de derrotar a Bolsonaro en las urnas. La exigencia de la antigua recolectora de caucho para apoyar al líder de la izquierda brasileña fue que la política de protección medioambiental fuera transversal. Exigía voluntad política y medios. La ministra Silva se ha felicitado de que los inspectores ambientales se hayan duplicado con este Gobierno. Bolsonaro llegó al poder en 2018 con un discurso de desprecio de las políticas ambientales y de negación de la emergencia climática que envalentonó a todo tipo de delincuentes que explotan ilegalmente la Amazonia. Para el antiguo militar, la vía más eficaz de combatir la miseria en esa región, la más pobre de Brasil, era explotar las riquezas de la selva tropical.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

Internacionales / streaming streaming / 22/09/2023

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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La Cámara de Minería rechaza la actividad ilegal en el Podocarpus

Nacionales / streaming streaming / 15/09/2023

Primicias .- La pérdida por minería ilegal, desde 2019, alcanza las 25 hectáreas de selva, dentro del Parque Nacional Podocarpus, en las provincias de Loja y Zamora. La Cámara de Minería del Ecuador (CME) rechazó la actividad minera ilegal que se registra dentro del Parque Nacional Podocarpus, una de las principales áreas naturales protegidas del país, situada en la Amazonía. A través de un comunicado, el gremio minero manifestó su “rechazo total a la extracción ilegal de minerales” en una reserva natural, de la que recordó que alberga con una “alta biodiversidad y endemismo” con más de 600 especies de animales. “Los perjuicios generados por la extracción minera ilícita no son solamente ambientales, sino sociales y económicos“, reseñó a partir de una serie de reportes que advierten de la creciente actividad minera dentro del Podocarpus. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que realiza un seguimiento de la deforestación de la Amazonía a través de imágenes satelitales, advirtió en febrero de la pérdida por minería ilegal de 25 hectáreas de selva, dentro del Parque Nacional Podocarpus desde 2019. La Cámara, que aboga por la minería legal y responsable con el medio ambiente, advirtió que la introducción de maquinaria, apertura de accesos, instalación de campamentos ilegales y extracción de minerales, como el oro, en un área tan sensible causa “un impacto ambiental negativo muy difícil de remediar”. “La invasión de la minería ilegal en el Podocarpus es aún mucho más grave, pues es dentro un área protegida, en una zona remota y poco controlable, incluso la contaminación del agua llegaría hasta el Perú por la cuenca Puyango -Tumbes”, señaló la presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva. El Podocarpus abarca unas 146.000 hectáreas entre las sureñas provincias amazónicas de Loja y Zamora Chinchipe, ambas fronterizas con Perú. Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y zonas de matorral, fundamental para la preservación y continuidad de los ecosistemas del sur del Ecuador y el norte de Perú. Para Carolina Orozco, presidenta de la junta directiva de la CME, “ha quedado demostrado que el Gobierno no ha tenido ni los recursos humanos ni económicos para combatir la minería ilegal que se ha salido de las manos. La minería responsable es parte de combatir esa extracción ilegal”. “El oro está en el subsuelo y es responsabilidad de los ecuatorianos decidir quién lo hace y de qué manera lo hace. Hoy la decisión no es si queremos o no minería, sino cómo luchamos contra la ilegalidad y cómo fomentamos la minería responsable”, añadió Orozco. Según un informe de la Superintendencia de Compañías y del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (Sigade), la inversión extranjera directa del sector minero pasó de USD 808 millones en 2018 a menos USD 190 millones en 2022, lo que supone “una desinversión“. Esto se debe, según la CME, a que las empresas mineras en exploración y previa fase de construcción han pausado sus inversiones, a consecuencia de la incertidumbre económica y jurídica, pero también por la falta de garantías en cuanto a seguridad para las operaciones legales. El gremio minero insistió en que “Ecuador está perdiendo una oportunidad con sus recursos naturales, pues por una parte el Estado no ha sido capaz de frenar la minería ilegal y, por otra parte, se están ahuyentando importantes fuentes de inversión extranjera por decisiones erráticas”. “Hacemos un llamado a las próximas autoridades a tomar este problema en serio y a fomentar una industria legal en beneficio de todos los ecuatorianos.”, concluyó la CME.

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Brasil, México, Colombia, Indonesia y otros 13 países reclaman a la UE que reconsidere su ley contra la deforestación

Internacionales / streaming streaming / 12/09/2023

El País .- Diecisiete naciones en desarrollo piden abrir un diálogo sobre una norma que consideran “punitiva y discriminatoria”. La ley europea contra la deforestación que entró en vigor hace poco más de dos meses y veta a los países de la UE importar productos de áreas deforestadas tiene profundamente preocupados a varios países en desarrollo que se consideran directamente perjudicados. Brasil, Indonesia y otros 15 países han escrito una carta conjunta a las máximas autoridades de las instituciones comunitarias en las que reclaman al bloque que reconsidere la norma, que critican por su “carácter punitivo y discriminatorio”, según el texto, difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores brasileño. Varios de los firmantes ya hicieron público su descontento hace un año. Acusan a la UE de haberse mostrado “inflexible” hasta ahora y reclaman la apertura de un diálogo para resolver el contencioso mientras reafirman su compromiso con “las metas ambientales multilaterales”. La norma de la UE, que entró en vigor el pasado 29 de junio, es considerada por sus autores como un gran paso adelante para que el consumo en los Veintisiete no contribuya a la deforestación o degradación de la Amazonia y otros valiosos bosques tropicales. La ley antideforestación veta la entrada en su territorio de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Esa es a fecha de corte. Y serán las propias empresas que quieran comercializarlos las que deban demostrar que sus productos son limpios. Junto a Brasil, suscriben también la misiva diez países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), además de Indonesia (que alberga uno de los mayores bosques tropicales del mundo después de Amazonia), Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia. Los 17 Gobiernos firmantes advierten de que “los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos” por la normativa europea. Los países firmantes solicitan en su misiva a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, Charles Michel, y del Europarlamento, Roberta Metsola, que las partes aprovechen el proceso de elaboración de las directrices de implantación de la ley para “corregir la legislación o, al menos, tratar de mitigar sus impactos más dañinos”. Reclaman los 17 Gobiernos a la UE un voto de confianza. Es decir, unas directrices que “valoren adecuadamente las prácticas locales sostenibles en las cadenas de valor agrícolas, tanto las ya implantadas como las que están en desarrollo”. Lo consideran imprescindible para evitar turbulencias en las relaciones comerciales además de la carga burocrática extra y de costes que supondrá a todos los implicados, incluidos productores y consumidores. Estos exportadores de aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja y de derivados como carne de vacuno, productos de cuero, papel, muebles, cosméticos o chocolate consideran que “esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, la legislación nacional y los mecanismos de certificación de los países productores en desarrollo, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales”. Los 17 países contrarios a la ley europea antideforestación tal y como está formulada instan a Bruselas a implicarse en un diálogo con sustancia antes de que la legislación empiece a aplicarse dentro de 18 meses. Ese es el plazo que Bruselas se ha dado para evaluar a los países exportadores, o a regiones dentro de ellos, como de bajo riesgo o de alto riesgo. En este último caso, las importaciones serán sometidas a controles más rigurosos. Desde que regresó al poder, la cuestión medioambiental se ha convertido, de manera inesperada, en un asunto que enfrenta al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con Bruselas. El izquierdista considera prácticamente una afronta tanto esta norma europea como las exigencias medioambientales añadidas al acuerdo comercial Mercosur-UE después de que ambos bloques pactaran en 2019 el texto tras dos décadas de negociación. El veterano Lula considera que esas exigencias pudieron tener sentido cuando Jair Bolsonaro estaba en la Presidencia y daba alas a los deforestadores de la Amazonia, pero que dejaron de tenerlo en el momento en que él asumió el poder con el compromiso de priorizar la política medioambiental y en vista de que la deforestación está cayendo en la Amazonia brasileña. Lula da muestras de estar perdiendo la paciencia con el bloqueo del acuerdo comercial Mercosur-UE. Este lunes ha propuesto que los jefes de Gobierno de los países implicados se reúnan en los próximos meses para “dar un sí o un no y dejar de debatir porque nadie aguanta más”. Los países que se consideran perjudicados por la ley de la UE contra la deforestación recalcan que, a su juicio, la norma “por sí sola no tendrá un impacto positivo en las tasas de deforestación” y corre el peligro de tener efectos indeseados como el aumento de la pobreza o una demora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Brasil, una potencia media con una arraigada tradición diplomática de llevarse bien con todos, aspira a erigirse en líder de los países del sur global, sobre todo en un asunto como el medioambiente en el que tiene un protagonismo especial por la Amazonia. El 60% del mayor bosque tropical del mundo (siete millones de kilómetros cuadrados), que ejerce una función crucial para regular la temperatura del planeta y aminorar el cambio climático, se extiende por su territorio. El resto se distribuye entre otros ocho países.

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Más de un tercio de la selva amazónica sin deforestar está degradada por incendios, sequías y la acción humana

Nacionales / streaming streaming / 19/02/2023

EL PAÍS .- Dos revisiones científicas publicadas en ‘Science’ alertan del deterioro acelerado de este bosque tropical clave para la biodiversidad y el clima del planeta La situación de la selva amazónica es crítica. Aunque por lo general se suele graduar la alarma en torno a este bosque tropical clave para la biodiversidad y el clima del planeta en función de las cifras de deforestación, un equipo internacional de investigadores ha calculado ahora que más de un tercio de la Amazonia que queda sin deforestar está degradada por sequías, incendios u otros efectos relacionados con las actividades humanas. Este es uno de los dos estudios publicados esta semana en la revista Science que actualizan los conocimientos científicos sobre el estado actual de la selva amazónica, ambos con unas conclusiones preocupantes. Este primer trabajo, realizado por una treintena de científicos de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, y de diferentes instituciones brasileñas, como la Universidad Estatal de Campinas, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM) o el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), no se fija en la parte de la Amazonia que se ha quedado sin árboles, sino en la que se sigue manteniendo como selva. “La deforestación implica una pérdida del dosel del bosque y un cambio en el uso de la tierra [por ejemplo, a cultivo agrícola], pero la degradación es un proceso que afecta a los bosques remanentes”, precisa Jos Barlow, investigador de la Universidad de Lancaster y uno de los autores de esta revisión científica, que da datos concretos: “Mientras que alrededor del 17% de la Amazonia ha sido ya deforestada, el 38% de la selva que queda puede estar degradada de alguna manera”. Esta degradación ocurre por el efecto frontera con las áreas ya deforestadas, las talas selectivas, los incendios o las sequías extremas, que los investigadores aseguran que se están intensificando por el cambio climático provocado por la especie humana. Aunque en este caso el bosque no desaparece, su deterioro tiene unos efectos sobre el ciclo del carbono, el funcionamiento de los ecosistemas y los medios de subsistencia de las poblaciones locales de los que ahora empieza a entenderse su especial relevancia. Así, por ejemplo, según las estimaciones de los científicos, estas perturbaciones en la Amazonia sin deforestar generan unas emisiones de carbono de entre 0,05 y 0,20 Pg (petagramos) de carbono al año (un petagramo equivale a una gigatonelada, es decir, a mil millones de toneladas), una cantidad comparable a la que causa la deforestación de forma anual. Como señala David M. Lapola, investigador del Laboratorio de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad Estatal de Campinas y autor principal del trabajo, “esto no significa que no se deba poner el foco en la deforestación, especialmente después de que haya vuelto a aumentar en el último año, pero nuestra revisión muestra que hay otros procesos importantes en curso que en su mayoría se han pasado por alto hasta ahora”. Aunque el trabajo muestra la magnitud de la actual degradación de la selva tropical no deforestada, los investigadores inciden en que la deforestación también contribuye a agravar este fenómeno, ya sea directamente, al exponer los bordes del bosque al microclima más cálido de los campos abiertos, o, indirectamente, provocando que los incendios sean más probables o que resulte más fácil penetrar en la selva para llevar a cabo talas. Según destaca Barlow, “nuestro estudio considera crítico prevenir la deforestación, pero también muestra que eso por sí solo no será suficiente: necesitamos nuevas intervenciones que aborden la tala ilegal y reduzcan el riesgo de incendios forestales, que son cada vez más probables debido al cambio climático”. El vertiginoso ritmo de los cambios El segundo estudio publicado en Science no resulta menos alarmante para la selva amazónica, considerado por los científicos un componente clave de la biodiversidad y el clima de la Tierra. No en vano, este bosque tropical que ocupa el 0,5% de la Tierra da refugio al 10% de todas las plantas y vertebrados conocidos, además de tener un papel significativo en los ciclos globales de agua o carbono. En este caso, investigadores de otro amplio equipo internacional en la que han participado, en otras instituciones, la Universidad de Louisiana en Lafayette (EE UU), la Universidad de Bergen (Noruega) o la Universidad de São Paulo (Brasil), han comparado el ritmo de los cambios por efecto de la acción humana en la Amazonia y otros grandes espacios de Sudamérica y el mundo. Su conclusión es que los procesos que alteran los ecosistemas de la Amazonia son cientos o miles de veces más rápidos que otros fenómenos climáticos y geológicos naturales. Las principales causas son las modificaciones en el uso de la tierra (por desmontes, incendios forestales y erosión del suelo), las alteraciones en el uso del agua (por la construcción de represas, la fragmentación de los ríos y el aumento de la sedimentación por la deforestación), y el aumento de la aridez por el calentamiento del planeta. Según los autores de este segundo trabajo, el mensaje clave es que la selva amazónica está siendo degradada por las actividades industriales humanas a un ritmo muy por encima de todo lo conocido anteriormente, poniendo en peligro sus vastas reservas de biodiversidad y servicios ecosistémicos de importancia planetaria. Asimismo, los científicos predicen que, dado el enorme papel de la Amazonia en el ciclo hidrológico planetario, es esperable que la deforestación a gran escala de esta región empuje a todo el sistema terrestre hasta un clima global cualitativamente diferente. El investigador Barlow, de la Universidad de Lancaster, considera que “los dos estudios muestran que la situación es increíblemente urgente y resaltan la importancia de detener una mayor deforestación y abordar la degradación para hacer que la Amazonia sea lo más resistente posible al cambio climático”. Para Lapola, de la universidad brasileña de Campinas, “de forma vergonzosa, no encontramos formas exitosas y generalizadas de vivir y utilizar el bosque tropical más grande del mundo”.

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La Unión Europea prohibirá las importaciones cuyo origen cause deforestación: puede afectar sus compras de soja, carne, café y cacao

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 06/12/2022

La nueva ley pretende garantizar que el concumo no contribuya a la destrucción y degradación de los bosques para reducir el impacto en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial El Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo en la madrugada de este martes con los gobiernos de la Unión Europea (UE) sobre una nueva ley de productos libres de deforestación que afecta, entre otros, al café, el cacao o el aceite de palma, y obligará a las empresas a verificar y emitir una declaración denominada de “diligencia debida” de que los bienes comercializados no han dado lugar a deforestación y degradación forestal en ninguna parte del mundo después del 31 de diciembre de 2020. Según el texto acordado, aunque no se prohibirá ningún país o mercancía como tal, las empresas no podrán vender sus productos en la UE sin este tipo de declaración, además de tener que verificar el cumplimiento de la legislación pertinente del país de producción, incluida la relativa a los derechos humanos y el respeto a los pueblos indígenas afectados. La nueva ley garantizará a los consumidores europeos que los productos que compran no contribuyen a la destrucción y degradación de los bosques y reduciría así la contribución de la UE al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Los productos cubiertos por la nueva legislación son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, incluidos los productos que contengan, se hayan alimentado con o se hayan fabricado utilizando estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), como en la propuesta original de la Comisión Europea. La nueva ley garantizará a los consumidores europeos que los productos que compran no contribuyen a la destrucción y degradación de los bosques y reduciría así la contribución de la UE al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. REUTERS/Amanda Perobelli Durante las conversaciones, los eurodiputados han añadido también a esta lista el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma, así como una definición más amplia de degradación forestal que incluye la conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras tierras boscosas y la conversión de bosques primarios en bosques plantados. La Comisión evaluará, a un año vista después de la entrada en vigor, si amplía el ámbito de aplicación a otras tierras boscosas y, como mucho, dos años después de la entrada en vigor, la Comisión evaluará también el ámbito de aplicación a otros ecosistemas, incluidas las tierras con elevadas reservas de carbono y con un alto valor de biodiversidad, así como a otros productos básicos. Bruselas analizará también la necesidad de obligar a las entidades financieras de la UE a prestar servicios financieros a sus clientes únicamente si consideran que existe un riesgo insignificante de que esos servicios no provoquen deforestación. La Eurocámara y el Consejo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo y la nueva ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque algunos artículos se aplicarán 18 meses después. Los productos cubiertos por la nueva legislación son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, incluidos los productos que contengan, se hayan alimentado con o se hayan fabricado utilizando estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles), como en la propuesta original de la Comisión Europea. (Andina) CONTROLES DE RIESGO Las autoridades competentes de la UE tendrán acceso a la información pertinente facilitada por las empresas, como las coordenadas de geolocalización, y realizarán controles y podrán, por ejemplo, utilizar herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos. La Comisión clasificará los países, o parte de ellos, en riesgo bajo, estándar o alto en un plazo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento, y la proporción de controles a los operadores se realizará en función del nivel de riesgo del país: 9% para riesgo alto, 3% para riesgo estándar y 1% para riesgo bajo. En el caso de los países de alto riesgo, los Estados miembro también tendrán que controlar el 9% de los volúmenes totales. Las sanciones por incumplimiento serán proporcionadas y disuasorias, y el importe máximo de la multa se fija en al menos el 4% del volumen de negocios anual total en la UE del operador o comerciante incumplidor. Fuente: Infobae

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Ecuador: abril 22, 2025