El País .- La Fiscalía de la corte rechaza los alegatos de los representantes de Maduro, que dicen no haber recibido el detalle de los delitos. Los jueces del TPI autorizaron la investigación ante la falta de avances judiciales en Caracas Los representantes legales del Gobierno de Venezuela se han opuesto este martes en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) a que la Fiscalía de la institución reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017, y que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido información detallada por parte del fiscal, Karim Khan, sobre los delitos en cuestión, perpetrados durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en el país sudamericano entre abril y julio de ese año y que causaron más de un centenar de muertos. La Fiscalía del TPI abrió una investigación formal en 2021 y firmó un acuerdo de colaboración con Maduro. Un año después, Caracas dijo que los jueces venezolanos estaban trabajando en el caso y, por lo tanto, el TPI debía retirarse porque solo puede actuar si el país en cuestión no puede o no quiere hacerlo por su cuenta. En 2022, sin embargo, el fiscal jefe, Karim Khan, pidió que se reanudaran las indagaciones ante la falta de avances en el país. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y fueron perpetrados durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país caribeño entre abril y julio de 2017. En ese periodo, el Tribunal Supremo había bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que contaba mayoría opositora, y los venezolanos se lanzaron a la calle. Más de siete millones de ciudadanos han salido de su país desde 2015 huyendo de la crisis económica y la represión gubernamental, según Naciones Unidas. Al principio de la sesión de este martes, Ben Emmerson, uno de los abogados del Gobierno venezolano, aseguró que la Fiscalía “nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no había edades, fechas o ubicaciones específicas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos”. Debido a que la información recibida era tan general, ha advertido de que “no se pudo responder de forma práctica como estaba previsto y era requerido”. En respuesta, la fiscal Nivedha Thiru dijo que su oficina no estaba obligada a entrar en detalles al principio de la investigación, pero los documentos remitidos a Caracas eran “específicos y suficientes para que el Estado [venezolano] conteste y el fiscal [del TPI] tenga flexibilidad para proteger a las víctimas y testigos dado el contexto”. Para reforzar sus argumentos, ha indicado que en las notificaciones remitidas a Caracas había “calendarios, el ámbito geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos”. A partir de ese momento, la sesión ha sido un continuo ir y venir de argumentos técnicos rebatidos por ambas partes, con especial énfasis rerspecto a la traducción al español de una serie de documentos considerados esenciales, pero desestimados. Venezuela hizo un envío en español para que fuesen tenidos en cuenta en lugar de hacerlo en francés o inglés, las lenguas de trabajo del TPI. El letrado Emmerson ha recordado que el español es una de las lenguas oficiales de este tribunal y “no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas presentadas”. La Fiscalía ha respondido que Venezuela sabía que debía traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no erró al no pedir la traducción, “porque los Estados deben aportar la información requerida en una de las lenguas en las que se trabaja”. Por otro lado, “la información sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco específica y no permite al Tribunal señalar que las investigaciones nacionales avancen”. La apelación incluye a la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés), y su jefa, Paolina Massida, ha resumido así la postura de colectivo: “Les parece que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”. Para sus representados, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, “y si no se integra la investigación nacional no se puede decir que estén siendo analizados”. En septiembre de 2018, varios países pidieron al TPI la apertura de una investigación por supuestos crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela desde febrero de 2014. El grupo estaba formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y la solicitud iba acompañada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). En ese escrito se documentaban los delitos que investiga la Fiscalía. La entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, al frente de los exámenes preliminares de este caso, dijo en 2020 que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte”. En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, resolvió abrir una investigación para dirimir los crímenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Khan y Maduro firmaron un acuerdo de colaboración en Caracas, y el líder chavista advirtió de que “no compartimos la decisión, pero la respetamos”. Un año después, la Fiscalía recibió una solicitud venezolana para que la labor del TPI fuese aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. El principio de complementariedad, que convierte al tribunal en uno de último recurso si el país que puede ser investigado actúa por su cuenta, ha sido invocado también durante la apelación. “Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI”, ha afirmado el propio Emmerson. Desde 2017, unos 200 miembros de la policía y el Ejército han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, según anunció el Gobierno venezolano el abril de 2022. Según la oposición, se hizo para evitar precisamente una investigación de la justicia internacional. En junio de 2023, y a la vista