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Ecuador: abril 20, 2025

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Ecuador, abril 20, 2025

Lasso plantea eliminar intereses de la deuda del Estado con el IESS

Primicias .- Además, el nuevo decreto ley, que reforma el Código Orgánico de Planificación, busca hacer ajustes que podrían resultar una reducción de presupuesto para la salud y la educación. El nuevo decreto ley que el presidente Guillermo Lasso firmó el 5 de septiembre de 2023 plantea medidas que permitirían al siguiente Gobierno recortar gastos en el Presupuesto General del Estado.   Se trata del decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que contempla reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).   Las medidas incluyen remisión de intereses por deudas a la seguridad social y con otras entidades públicas, así como ajustes metodológicos que podrían resultar en menos recursos para educación y salud.   Desde que Lasso decretó la muerte cruzada, el 17 de mayo de 2023, y disolvió la Asamblea Nacional, ha presentado siete propuestas de decreto ley a la Corte Constitucional. Hasta ahora, el único que logró superar el filtro de la Corte fue la reforma tributaria o Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, que entró en vigencia en junio de 2023. Estos son cinco de los principales cambios que propone Lasso en el decreto ley para las finanzas públicas: Asignaciones para salud y educación Lasso propone cambiar la fórmula de cálculo para el incremento de las asignaciones para salud pública y educación básica. La fórmula de cálculo de esas asignaciones ya provocó roces entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, durante el análisis del Presupuesto del Estado de 2023. Según la Constitución, cada año, se debe incrementar un valor equivalente a 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a los presupuestos para educación y salud. En el caso de educación, los incrementos deben darse hasta que el presupuesto a este sector sea igual al 6% del PIB. Y los aumentos en el sector de salud deben darse hasta que la asignación sea igual al 4% del PIB. A Flourish chart El nuevo decreto ley plantea que para calcular esos incrementos, se compare la nueva asignación con el presupuesto que fue efectivamente utilizado por las entidades hasta el final del año anterior. Así, por ejemplo, si en 2023 el presupuesto que en la práctica utilizó el sector de la salud fue de USD 3.602 millones hasta diciembre, la asignación para 2024 debería ser de USD 3.746 millones, para cumplir con lo que dicta la Constitución. A Flourish chart Pero esta medida podría derivar en menores asignaciones para estos sectores prioritarios, dice el exministro de Finanzas Fausto Ortiz. “Si mañana tenemos un Ministerio de Educación o Salud sumamente ineficiente que no ejecuta hasta el final del año todo lo asignado, el incremento al año siguiente va a ser nulo“, agrega Juan Pablo Jaramillo, exasesor de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Pero el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, dice que el cambio no implicaría una menor asignación e insiste en que sí se incrementará cada año un 0,5% del PIB. “Lo que dice la Constitución es el piso mínimo y eso se tiene que incrementar. Si el siguiente Gobierno tiene recursos, puede asignar más del 0,5%”, dijo. En la norma actual, el cálculo se hace comparando el presupuesto inicial del año anterior o el presupuesto ajustado (codificado) a lo largo de ese año, dependiendo de cuál sea mayor. Cambios en la seguridad social Lasso propone que se eliminen los intereses de la deuda que tiene el Estado por el 40% del aporte que tiene que hacer a las pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Desde 2012, los gobiernos de turno han arrastrado atrasos en esos pagos. Incluso, entre 2015 y 2018, el expresidente Correa eliminó la obligación del aporte, pero la Corte Constitucional dispuso que se restituya en 2019. Según Lemus, la deuda del Estado con el IESS por el 40% de aporte a las pensiones suma unos USD 2.000 millones. El monto de intereses todavía no ha sido auditado por Finanzas, dice Lemus, pero el IESS calcula unos USD 1.000 millones. A Flourish chart Además, el decreto establece que el Estado contribuirá con el 33,3% del aporte para el fondo tripartito del IESS para el tratamiento de enfermedades catastróficas. La abogada especialista en seguridad social, Patricia Borja, explica que la Constitución establece que el Estado es el encargado de cubrir los gastos por enfermedades catastróficas. De ahí que, al fijar un porcentaje de 33,3% de aporte del Estado, se estaría obligando a que los empleadores y afilados se hagan cargo del porcentaje restante.   Más deuda interna El Coplafip establece que el Gobierno solo puede emitir Notas del Tesoro hasta por un valor equivalente al 8% de los gastos del Presupuesto del Estado ese año. Se trata de un instrumento de endeudamiento que tiene vencimiento de corto plazo, de menos de 360 días. Pero el decreto plantea que se podrían emitir Notas del Tesoro por un valor mayor al 8% cuando existan emergencias o falta de recursos. Además, el decreto plantea que la emisión de deuda interna no será exclusivamente dentro de alguna de las bolsas de valores, sino también podría ser “mediante plataformas de negociaciones”. No se especifica de qué tipo. Lasso también propone que el Estado pague algunas de sus deudas a través de papeles. El mecanismo consistiría en que el Estado entregue el dinero en efectivo al acreedor, pero este se compromete a invertir el dinero en papeles de deuda interna. Eliminación de intereses por deudas Si se aprueba el decreto, ya no se podría cobrar intereses y multas por retrasos en pagos entre las entidades públicas que forman parte del Presupuesto del Estado. Además, los intereses y multas que se hayan acumulado en el pasado entre entidades públicas se eliminarían, pero solo cuando la deuda se haya originado por falta de liquidez en el contexto de la pandemia de Covid-19.   Más ingresos de las empresas públicas   El Gobierno también plantea que las empresas públicas ya no puedan crear fideicomisos. También se elimina la posibilidad de que las empresas públicas incluyan en el cálculo de los excedentes las obligaciones por pagar. El Gobierno cuestiona que, al incluir estas deudas en los cálculos, se reduce el porcentaje de excedentes que se termina transfiriendo al Presupuesto del Estado.

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Candidatos plantean renegociar la deuda y perseguir a evasores

Primicias .– Las propuestas económicas de los candidatos se concentran en reducir la evasión tributaria, y ninguno contempla un alza de impuestos.   Los ocho candidatos a la Presidencia que se inscribieron para las elecciones extraordinarias de agosto de 2023 proponen más inversión en seguridad, en salud, en educación, pero no todos justifican cómo financiarán sus promesas.     Pese a que losingresos tributarioshan caídoen el Presupuesto del Estado y la recaudación será menor con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, ningún candidato se atreve a sugerir un alza de impuestos. La mayoría de candidatos promete aumentar la recaudación a través reducción de la evasión tributaria, para lo que proponen sanciones fuertes. Y, aunque los pagos de la deuda externa comenzarán a ser más fuertes en 2025 y 2026, los candidatos desde ya prevén hacer renegociaciones de la deuda y canjes.     Yaku Pérez – alianza Claro que se puede   Para subir los ingresos tributarios, Yaku Pérez promete cobrar los impuestos que adeudan las grandes empresas.     Además, Pérez plantea reducir la evasión de impuestos, para que la recaudación por el Impuesto a la Renta equivalga a al menos el 15% del Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB). En 2022, la recaudación de este impuesto representó el 5% del PIB.       El candidato promete “reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, aunque no especifica cuál será la nueva tarifa.   Pérez dice que realizará una auditoría a la deuda externa y también propondrá su renegociación a los acreedores.   Otra iniciativa es que los ciudadanos participen en la construcción de la proforma presupuestaria y promete que el gasto en salud, educación, seguridad y protección social no será menor al 50% del total del gasto público.   Daniel Noboa-alianza ADN Noboa promete una política de presupuesto base cero; es decir, un sistema en el que las entidades justifiquen cada año sus gastos; en lugar del sistema actual, en el que las asignaciones parten de lo presupuestado el año anterior.   También plantea crear una institución independiente para auditar la deuda pública e, incluso, advierte que tomará “acciones legales contra la corrupción y la mala gestión” en su manejo.   Como una estrategia para dinamizar la economía, Noboa plantea incentivos tributarios para el sector productivo, siempre que impulse la sostenibilidad, y exenciones de impuestos para las empresas nuevas durante sus primeros años de actividad.   Frente a la evasión tributaria, propone sanciones como penas de prisión para los casos graves.   También propone reducción de tasas de interés para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la creación de programas de garantía de crédito.   Luisa González-Revolución Ciudadana González propone una auditoría solo de la deuda pública contratada durante la pandemia de Covid-19 y buscará su renegociación.   La candidata rescata propuestas que el correísmo impulsó en el pasado como una “nueva arquitectura financiera regional” para acceder a recursos frescos, con tres componentes:   Banco del Sur. Fondo de Reservas del Sur. Sistema de pagos regional.   González también promete recuperar y profundizar “los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía“. Durante la administración de Rafael Correa, el Banco Central prestaba dinero de su liquidez al Gobierno, a través de papeles de deuda.   La candidata plantea medidas que incrementarían el gasto corriente. Por ejemplo: volver a contratar a los funcionarios del sector de la salud que han sido desvinculados, actualizar sueldos de la Policía según la inflación e invertir en nuevos programas de alimentación escolar.   Para cubrir, en parte, esos gastos, González plantea crear impuestos para las plataformas digitales e implementar un sistema de transparencia para “capturar el incremento patrimonial no justificado“.               Otto Sonnenholzner – alianza Actuemos Sonnenholzner plantea ajustar el aporte del 40% que hace el Estado para completar el pago de pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), “para que responda a la realidad del país y permita la priorización del gasto público hacia los sectores más vulnerables”.   Además, propone un sistema integrado y abierto de contratación pública que asegure la estandarización y transparencia en los procesos.   Sonnenholzner  dice que trabajará con los gobiernos locales para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura y la gestión de servicios públicos, a través de la repotenciación del Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE).   En el Presupuesto del Estado, incorporaría el concepto de “presupuesto verde y con enfoque de género“. Y también propone una reforma de la Ley de Empresas Públicas para mejorar su manejo.   Otra propuesta es que el Ministerio de Finanzas otorgue garantías para que otras entidades que no son parte del Presupuesto del Estado, accedan a préstamos y hagan inversiones.   También realizará canjes de deuda por desarrollo en salud, educación y conservación.   Jan Topic-alianza Por un país sin miedo Para que el Estado tenga más ingresos, Topic dice que va a “pedir, presionar y lograr” que la empresa privada haga donaciones “de valores relacionados con las inversiones y utilidades que tienen en el Ecuador”,  a través de fideicomisos privados administrados por las mismas empresas.   También plantea cambios tributarios, como eliminar el sistema de devolución del IVA, pues lo califica de un sistema “tramposo” y “evitar las retenciones en la fuente que restan liquidez a las empresas”.   Topic continuará con el plan de Lasso de reducir a cero el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).   Otra de sus propuestas es crear una Ley de Concesiones para impulsar la obra pública en alianzas con el sector privado.   Topic dice que obtendrá de créditos en el mercado internacional a la tasa que corresponda al riesgo país.   El riesgo país de Ecuador está por encima de los 1.800 puntos, con lo que la tasa de interés para Ecuador podría ser de alrededor de 20% anual.   Además, el candidato dice que renegociará la deuda pública. Bolívar Armijos-Amigo Armijos plantea en su plan altas inversiones, sobre todo en seguridad, como comprar equipos de escuchas de conversaciones, drones, armas y crear un centro especializado en seguridad con tecnología israelí.   Para ello, dice que buscará optimizar recursos y ahorrar USD 3.000 millones al año, con medidas como prohibir durante 18 meses los gastos “innecesarios” de ministerios y gobiernos locales, entre los cuales menciona:   Consultorías. Eventos de rendición de cuentas. Compra de vehículos. Compras de activos y tecnología “innecesaria”. Armijos también plantea “un crédito a las cuatro cooperativas más grandes para que adquieran el Banco del Pacífico  “. El Estado retendría un 25% de las ganancias, dice su plan.   Otra estrategia para aumentar los ingresos será la renegociación contratos de uso del radioespectro con las empresas de Telecomunicaciones y la venta de los activos y las

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El Senado de Estados Unidos aprueba la ley sobre el techo de deuda y evita que el país entre en impago

El País .- El presidente Biden podrá firmar la ley este mismo viernes, solo tres días antes de que el Gobierno se quede sin dinero   Desde que Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, acordó en 1790 pagar los bonos de la Guerra de Independencia al 100%, aunque cotizaban muy por debajo de su valor, Estados Unidos se ha ganado la reputación de país fiable y nunca ha declarado el impago de su deuda, aunque alguna vez se haya asomado al borde del precipicio. Esta vez, el Senado ha aprobado suspender el techo de deuda con solo unos días de margen sobre la fecha prevista para que al Gobierno federal se le acabase el dinero, el 5 de junio. El presidente, Joe Biden, podrá firmar la ley este mismo viernes para evitar el impago.   “Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y cumple sus obligaciones, y siempre lo será”, ha dicho Biden en un comunicado que ha enviado la Casa Blanca instantes después de la votación definitiva. En la nota destaca que senadores de ambos partidos han votado a favor de proteger el progreso económico e impedir el primer impago de la historia de Estados Unidos.   El Senado ha aprobado el mismo texto legal que salió de la Cámara de Representantes el miércoles, sin tocar una coma, pese al enfado de algunos senadores. Cualquier enmienda habría implicado que la ley tuviera que volver a ser votada por la Cámara baja, dilatando el proceso en un momento de máxima urgencia.   Los senadores han ido rechazando una a una todas las enmiendas en una sesión maratoniana hasta que cerca de las 23.00 horas de Washington (las 5.00 de la mañana del viernes en la España peninsular) el pleno ha votado definitivamente a favor de la norma. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha dicho que la aprobación del proyecto significa que “Estados Unidos puede respirar aliviado”. “Estamos evitando el impago”, añadió.   La ley entrará en vigor al ser firmada por Biden. Suspende el límite de deuda (fijado hasta ahora en 31,38 billones de dólares) hasta enero de 2025, es decir, durante todo lo que queda de presidencia de Biden, a cambio de recortes en algunas partidas de gasto y otras medidas. Una vez firmada, el Tesoro tendrá vía libre para lanzar emisiones de letras para captar dinero con el que financiar los multimillonarios pagos por importe de 92.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) previstos para la semana próxima.   La votación definitiva ha sido de 63 votos a favor de la norma y 36 en contra. Los más radicales de ambos partidos rechazan la norma por razones opuestas. Los recortes son escasos, según el ala dura republicana, y excesivos, según algunos demócratas. El acuerdo ha sido forjado por Biden y por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.   “Nadie consigue todo lo que quiere en una negociación, pero no se equivoquen: este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía y para el pueblo estadounidense”, ha dicho Biden en su comunicado de este jueves. “Nuestro trabajo está lejos de haber terminado, pero este acuerdo es un paso crítico hacia adelante, y un recordatorio de lo que es posible cuando actuamos en el mejor interés de nuestro país. Estoy deseando firmar este proyecto de ley lo antes posible y dirigirme directamente al pueblo estadounidense mañana”.   Discurso a la nación La Casa Blanca ha introducido en la agenda de Biden de este viernes una intervención desde el Despacho Oval de la Casa Blanca a las 19.00 de Washington. En la agenda no se especifica en qué momento va a firmar la ley. Lo que anuncia es que “se dirigirá a la nación” en horario de máxima audiencia sobre el acuerdo presupuestario y el haber evitado el impago. De alguna forma, está en marcha la batalla política por imponer el relato más favorable tras una solución intermedia.   La ley cambia algunas políticas, incluyendo la imposición de nuevos requisitos de trabajo para algunos estadounidenses que reciben ayuda alimentaria y la luz verde a un gasoducto en los Apalaches, al que muchos demócratas se oponen. La norma refuerza los fondos para defensa y veteranos, recorta nuevos fondos para la agencia tributaria e impone recortes automáticos del 1% si el Congreso no aprueba anualmente sus presupuestos. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, lideró a un grupo de representantes que se quejaron de que el aumento del gasto militar contemplado en el acuerdo no era suficiente para seguir el ritmo de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta el gasto extra por la guerra de Ucrania. Los halcones de la defensa lograron arrancar al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, una declaración según la cual el acuerdo no limita la capacidad del Senado de aprobar otros fondos suplementarios de emergencia para la seguridad nacional, incluida Ucrania, o para ayuda en caso de catástrofes y otros asuntos de importancia nacional.   La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, señaló que las restricciones de gasto del paquete reducirían el déficit en 1,5 billones de dólares a lo largo de la década, uno de los principales objetivos de los republicanos que tratan de frenar la carga de la deuda.   Un impago habría tenido consecuencias catastróficas para la economía. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó un informe según el cual la amenaza de bloqueo ya estaba teniendo efectos; un episodio de impago, por corto que fuera, habría dejado una costosa factura y un impago prolongado habría hecho caer el producto interior bruto un 1,5% en el tercer trimestre (a una tasa trimestral anualizada del 6,1%) y subir la tasa de paro cinco puntos, destruyendo 8,3 millones de puestos de trabajo.   “Un impago habría causado graves dificultades a las familias estadounidenses, pudiendo provocar la pérdida de millones de puestos de trabajo y billones en riqueza familiar, así como mayores costes de financiación para los

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Estados Unidos se arriesga a una rebaja de calificación por la crisis de deuda

El País .- La agencia Fitch pone bajo vigilancia la nota del Tesoro ante el bloqueo para elevar el techo de endeudamiento La crisis de la deuda de Estados Unidos se deja sentir cada vez más en los mercados. Los tipos de interés, las cotizaciones bursátiles y otros títulos se mueven condicionados por el riesgo de que el Tesoro no sea capaz de hacer frente a todas sus obligaciones a principios de junio. Las dudas se trasladan a las agencias de calificación. En la crisis gemela de 2011, Standard & Poor’s retiró la calificación de máxima solvencia a Estados Unidos. Ahora es Fitch, otra de las tres grandes, la que ha puesto en revisión la máxima nota, según ha anunciado este miércoles. Las negociaciones siguen sin culminar y la cuenta atrás avanza. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar todas las facturas. Yellen ha comunicado por carta al Congreso que es altamente probable que eso ocurra a principios de junio y “potencialmente tan pronto como el 1 de junio”, aunque dejando la puerta abierta a que la llamada fecha X (cuando el Tesoro agota su posición de tesorería y su capacidad para adoptar medidas extraordinarias sin incurrir en nueva deuda) llegue más adelante.   Este miércoles Yellen ha señalado que si llegase ese momento no sería sencillo priorizar unos gastos y facturas frente a otros, porque el sistema no está diseñado para ello. Los analistas creen que lo más dañino para la economía sería dejar de atender algún pago de intereses o vencimiento de deuda pública, pero Yellen puede maniobrar y evitarlo. Es decir, se puede rebasar la fecha X, incumplir algunas obligaciones y no entrar en impago de las emisiones de deuda.   En cualquier caso, a medida que se acerca la fecha, los riesgos aumentan. Este miércoles Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de representantes, se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo, pero a la vez ha responsabilizado al presidente Joe Biden, de la posibilidad de que no lo haya.   En ese contexto, Fitch Ratings ha situado la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos en vigilancia negativa. La decisión, según ha explicado la agencia en un comunicado, refleja el aumento del partidismo político que está impidiendo alcanzar una resolución para elevar o suspender el límite de deuda a pesar de la proximidad de la fecha X. Fitch sigue esperando una resolución sobre el límite de deuda antes de esa fecha. Sin embargo, considera que han aumentado los riesgos de que no sea así y, en consecuencia, de que el Gobierno pueda empezar a incumplir los pagos de algunas de sus obligaciones.   Fechas de alto riesgo “Las tensiones en torno al techo de la deuda, el hecho de que las autoridades estadounidenses no aborden de manera significativa los retos fiscales a medio plazo, que conducirán a un aumento de los déficits presupuestarios y a una creciente carga de la deuda, señalan riesgos a la baja para la solvencia crediticia de Estados Unidos”, explica la agencia en un comunicado.   Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 31,381 billones de dólares el 19 de enero pasado. El Tesoro comenzó a tomar medidas extraordinarias para evitar rebasar el techo, pero el margen se agota. El saldo de caja del Tesoro alcanzó los 76.500 millones de dólares el 23 de mayo y hay pagos importantes vencen el 1 y 2 de junio, las primeras fechas de alto riesgo.   La priorización de los pagos a los títulos de deuda sobre otras facturas evitaría un impago en términos financieros, pero no parece apropiado para una calificación AAA. Del mismo modo, evitar el impago por medios no convencionales como acuñar una moneda de un billón de dólares o invocar la 14ª enmienda es poco probable que sea coherente con la máxima calificación y también podría ser objeto de impugnaciones legales, explica Fitch.   “Creemos que el incumplimiento de los pagos completos y puntuales de los títulos de deuda es menos probable que llegar a la fecha X y es un evento de muy baja probabilidad”. Tal incumplimiento llevaría a rebajar la calificación a Impago Restringido (RD). Los títulos de deuda afectados se rebajarían a D, de default, impago. Además, otros títulos de deuda a largo plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a CCC, y las letras del Tesoro a corto plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a C, calificaciones de bonos basura.   Los demás títulos de deuda con vencimiento superior a 30 días probablemente se rebajarían a la calificación posterior al impago y Fitch apunta a una posible calificación de AA-, tres escalones por debajo de la máxima. “Fitch esperaría que cualquier impago de la deuda fuera relativamente breve. Sin embargo, un escenario de impago más prolongado podría tener implicaciones más graves para la calificación del país tras el impago”, añade.   En 2011, con Barack Obama como presidente, un acuerdo parlamentario con recortes de gasto salvó a Estados Unidos del impago, cuando quedaban 72 horas para que se agotase el dinero. En el camino, Obama se dejó crédito político y la agencia de calificación Standard & Poor’s retiró al Tesoro su calificación AAA. En plena crisis de la deuda europea, hubo sacudidas en los mercados y daño a la economía. En 2013, Obama rechazó negociar y el Congreso acabó subiendo el techo de deuda sin condiciones.  

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Biden cancela parte de su gira por Asia-Pacífico para centrarse en las negociaciones sobre el techo de la deuda

El País .- Tras una reunión entre el presidente y los líderes del Congreso, los republicanos apuntan que podría llegarse a un acuerdo esta misma semana La necesidad de encontrar una solución al problema del techo de la deuda estadounidense apremia. Tanto, que el presidente Joe Biden ha optado por acortar la gira de una semana que tenía prevista por Asia Pacífico, según ha confirmado este martes la Casa Blanca de manera oficial. Llegará, como estaba previsto, el jueves a Japón para participar en la cumbre del G7 en Hiroshima este fin de semana, donde la guerra en Ucrania tendrá un papel destacado. Pero ha cancelado las etapas que tenía previstas inmediatamente después, a Australia y una histórica visita a Papúa Nueva Guinea, para regresar a Washington y continuar las negociaciones económicas. Biden viajará de regreso el domingo tras la clausura de la cumbre “para reuniones con los líderes del Congreso que garanticen que el Congreso toma medidas dentro del plazo para evitar impagos”, ha indicado la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. El anuncio confirma lo que se venía rumoreando desde hacía días y pone de relieve la urgencia de evitar una quiebra técnica de consecuencias potencialmente catastróficas para la economía de Estados Unidos y de todo el mundo. Los economistas advierten de pérdidas de puestas de trabajo y del fantasma de una recesión en el país si no se encuentra una solución. La Administración ya llegó al límite de gasto que tiene autorizado por el Congreso, 31,4 billones de dólares, en enero y desde entonces funciona con medidas extraordinarias. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advierte que el Gobierno podría quedarse sin dinero para hacer frente a sus pagos el día 1 de junio. En una comparecencia pública este martes, indicaba que la falta de un acuerdo ya comienza a notarse en los mercados financieros. La declaración de Jean-Pierre se ha publicado inmediatamente después de una nueva reunión de Biden con los dirigentes del Congreso: el líder del Senado, el demócrata Michael Schumer; el jefe de la minoría republicana en ese foro, Mitch McConnell; el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y el cabeza de los congresistas demócratas, Hakeem Jeffries. Era la segunda en una semana y no ha habido fumata blanca, ni se la esperaba. Demócratas y republicanos mantienen posiciones aún muy distantes, según insisten ambos partidos. Pero comienzan a entreverse rendijas en las posturas de unos y otros por las que podría llegarse a un pacto que permita evitar el desastre. Biden ha venido insistiendo en que “podremos lograrlo”. En una comparecencia ante la prensa tras el encuentro, McCarthy apuntaba que “es posible llegar a un acuerdo para el fin de semana”. Una de las novedades, según McCarthy, es que Biden ha “cambiado el alcance” de quiénes intervienen en las negociaciones de los respectivos equipos para tratar de llegar a un acuerdo, que habían avanzado con gran lentitud en la última semana. Ambas partes contarán con negociadores específicos para continuar las conversaciones. “La estructura de cómo negociamos ha mejorado”, según el presidente de la Cámara de Representantes. Los republicanos reclaman drásticos recortes en el gasto público, entre ellos en apartados de asistencia social, para dar el visto bueno a una suspensión del límite de la deuda o su ampliación. La Casa Blanca exigía una aprobación sin ningún tipo de condiciones, aunque ha flexibilizado un tanto su postura. Los demócratas ahora apuntan que será necesaria legislación con el respaldo de ambos partidos para evitar los impagos, y el propio Schumer ha expresado su compromiso y el de Jeffries para conseguir ese tipo de medida. La cancelación de la segunda parte del viaje presidencial a Asia- Pacífico es algo que algunos republicanos habían venido reclamando ante el escaso margen de tiempo que queda para la negociación. “Una vez que se alcance un acuerdo todavía quedará mucho trabajo por hacer”, advertía este martes el senador John Cornyn, republicano de Texas. Pero la renuncia a las etapas de Australia y Papúa Nueva Guinea representa un golpe para la estrategia geopolítica de la Administración Biden, que ha hecho una prioridad del desarrollo de una tupida red de alianzas en la región para responder al auge de China. En Sídney, el inquilino de la Casa Blanca iba a participar en una cumbre del Quad, el grupo informal constituido por EE UU, Japón, Australia e India. En Port Moresby iba a reunirse con los líderes de las naciones isleñas del Pacífico, un grupo de países de gran valor estratégico con el que Washington ha intensificado sus lazos de modo exponencial en el último año. También planeaba firmar un acuerdo de cooperación en materia de Defensa con el Gobierno de Papúa Nueva Guinea, en lo que hubiera sido la primera visita de un presidente estadounidense a ese país oceánico en la Historia. “Revitalizar y reforzar nuestras alianzas y hacer progresar asociaciones como el Quad siguen siendo una prioridad clave para el presidente”, asegura Jean-Pierre, que promete que su Gobierno encontrará “otras vías” para impulsar sus lazos con Australia, Papúa Nueva Guinea y las islas del Pacífico a lo largo del próximo año.

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La mitad de la deuda externa de Ecuador es con los multilaterales

Primicias .- El Gobierno no descarta un nuevo crédito del Fondo Monetario, pero el juicio político contra Lasso en la Asamblea es una traba y puede ahuyentar al resto de multilaterales. Por primera vez en varios años, los organismos multilaterales de crédito se han convertido en los principales acreedores de Ecuador: la mitad de la deuda externa del Estado es con ellos. La deuda externa de Ecuador alcanzó los USD 48.129 millones en febrero de 2023. Ecuador le debe USD 24.268 millones a multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF. El peso de los préstamos de los multilaterales no había sido tan elevado desde 2008, cuando representaba cerca del 44% de la deuda externa. ¿A quién le debemos más? El mayor acreedor de Ecuador es el FMI al que le debemos USD 8.100 millones o el equivalente al 33,3% del total de la deuda con multilaterales. Capital que debe ser pagado de aquí a 2032. Si cada ecuatoriano tuviera que contribuir para pagar la cuenta con el FMI, tendría que poner unos USD 439. Así, Ecuador es el segundo país de América Latina que le debe más dinero al FMI, luego de Argentina. Mientras que los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) representan el 49% de la deuda con multilaterales. En lugar de los chinos El saldo de la deuda externa con los multilaterales creció desde 2020. Antes de la pandemia de Covid-19, las obligaciones con multilaterales representaban solo el 10% de la deuda externa de Ecuador. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, destaca que estos préstamos han ido ganando el espacio que antes tenía la deuda con China, que era más costosa. La característica de la deuda con multilaterales es que tiene las tasas de interés bajas. En febrero de 2023, la tasa de interés promedio de los créditos multilaterales fue de 4,38%, mientras que la tasa de interés de los créditos con China era del 6 % y 7% anual. Sin contar con que varios de los créditos con China se hicieron con garantía soberana (los activos del Estado) o estuvieron respaldados por embarques de petróleo ecuatoriano. Normalmente, los países emiten bonos de la deuda externa en el mercado internacional para financiarse, pero esa opción es inviable para Ecuador, dada la incertidumbre que domina el escenario político del país. Ecuador no ha salido al mercado internacional con nuevas emisiones de bonos desde 2017. De manera que los multilaterales han sido un salvavidas durante el Gobierno de Guillermo Lasso. Con el riesgo que tiene, si Ecuador emitiera bonos de deuda en el exterior, tendría que pagar una tasa de interés anual de más de 20%. Pero los intereses promedio de la deuda con multilaterales también ha crecido, como lo muestra el siguiente gráfico:   Coletazo del juicio político El Gobierno prevé recibir USD 4.012 millones de desembolsos de préstamos de los organismos multilaterales en 2023; esto es USD 481 millones menos que en 2022. Esto a pesar de que las necesidades de financiamiento podrían ser mayores por el fuerte invierno y la amenaza del Fenómeno de El Niño. Juan Carlos de la Hoz, representante del BID en Ecuador, explica que el organismo desembolsará USD 403 millones en 2023; esto es la mitad frente a los USD 849,9 millones que el BID le prestó a Ecuador en 2022. El BID ya activó un préstamo contingente para Emergencia por Desastres Naturales, por USD 60 millones, tras el terremoto del 18 de marzo de 2023 en el sur de Ecuador. De la Hoz agregó que dialoga con el Ministerio de Finanzas para activar un crédito adicional en otra línea, destinada a atender las inundaciones. Aunque el Gobierno no ha descartado buscar un nuevo préstamo del FMI, el juicio político contra Lasso en la Asamblea, que podría derivar en la destitución del Presidente o en elecciones adelantadas, es una traba para concretar un nuevo acuerdo, dice Acosta. “Es posible que, incluso, los otros multilaterales mantengan en ‘stand by’ nuevos desembolsos hasta que el juicio político tenga un desenlace”, concluye Acosta.

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Yellen advierte de que Estados Unidos puede quedarse sin dinero desde el 1 de junio

El País .-La secretaria del Tesoro urge al Congreso a suspender o elevar cuanto antes el techo de deuda La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Yellen envió el lunes una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes urgiéndoles a que aprueben o suspendan el techo de deuda. Si no lo hacen, el Gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio. La batalla política está servida. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, quieren imponer al Gobierno de Joe Biden recortes a cambio de aumentar el techo de deuda, pero sin cargar con la impopularidad de decir cuáles. Además, exigen que Biden derogue algunas de sus medidas estrella de la mitad de su mandato. Han aprobado una proposición de ley en ese sentido, aunque no tiene ningún futuro en el Senado, controlado por los demócratas. La Casa Blanca, además, lo considera un chantaje y pide que se eleve el techo de deuda sin condiciones. Biden ha llamado este lunes a los líderes del Congreso destinatarios de la carta de Yellen para convocarles a una reunión el martes de la semana próxima, 9 de mayo, en la Casa Blanca. Se trata de Kavin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes; Hakeen Jeffries, líder demócrata en dicha Cámara; Chuck Schummer, líder de los demócratas en el Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la Cámara alta. El límite de deuda se alcanzó en enero y el Tesoro consiguió un poco de colchón con medidas extraordinarias. La batalla no tenía plazo hasta el lunes, con la nueva carta de Yellen. “Tras revisar los ingresos fiscales federales recientes, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir satisfaciendo todas las obligaciones del Gobierno a principios de junio, y potencialmente ya el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esa fecha”, indica. Yellen explica que esa estimación se basa en los datos actualmente disponibles, ya que los ingresos y desembolsos federales son inherentemente variables, y precisa que la fecha real en que el Tesoro agote las medidas extraordinarias podría ser varias semanas posterior. “Es imposible predecir con certeza la fecha exacta en que el Tesoro no podrá pagar las facturas del Gobierno”, añade. La secretaria del Tesoro avisa de que es necesario tomar medidas cuanto antes: “Hemos aprendido de anteriores estancamientos del límite de deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de deuda puede causar graves daños a la confianza de las empresas y los consumidores, elevar los costes de los préstamos a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente a la calificación crediticia de Estados Unidos”, dice. En el pasado, incluso las amenazas de que el Gobierno de Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones han causado daños reales, incluyendo la única rebaja de la calificación crediticia en la historia de Estados Unidos en 2011, cuando perdió la AAA. El límite de la deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para hacer frente a sus obligaciones legales existentes, incluidas las prestaciones de la Seguridad Social y Medicare, los salarios militares, los intereses de la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos. Está fijado en la actualidad en 31,381 billones de dólares. “Si el Congreso no aumenta el límite de deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, perjudicaría nuestra posición de liderazgo mundial y plantearía dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional”, señala en su carta la secretaria del Tesoro. En un caso extremo, la imposibilidad del Gobierno federal para endeudarse podría conducir a una suspensión del pago de la deuda, algo sin precedentes que sacudiría los mercados y arrastraría al país a una recesión. Antes que alcanzar la suspensión de pagos de la deuda, Estados Unidos podría tratar de poner en marcha soluciones creativas para no superar el límite. Por ejemplo, emitir deuda con un valor nominal bajo pero tipos de interés muy altos. Con ella podría obtener más recursos sin superar el valor nominal de deuda en circulación. También se ha barajado como hipótesis teórica la posibilidad de emitir un billete o moneda multimillonario con el que hacer frente a los gastos. Todas esas alternativas tienen contraindicaciones, pero no tantas como la suspensión del pago de la deuda. El Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias en enero, pero sigue actuando para tratar de ganar tiempo. Yellen ha anunciado que suspende la emisión de valores del Tesoro de la Serie de Gobiernos Estatales y Locales (SLGS, por sus siglas en inglés). Los SLGS son valores del Tesoro con fines especiales emitidos a Estados y municipios para ayudarles a cumplir determinadas normas fiscales. Cuando el Tesoro emite SLGS, se descuentan del límite de deuda. El Tesoro señala que toma esta medida para gestionar los riesgos asociados al límite de deuda, “pero no está exenta de costes, ya que privará a los gobiernos estatales y locales de una importante herramienta para gestionar sus finanzas”, dice.

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BID plantea prudencia en manejo de la deuda pública de Latinoamérica y Caribe

EXPRESO .– Los países deberían reducir su porcentaje de deuda de un promedio de 70 % a un rango prudente de 46-55 % del PIB Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuso este martes 18 de abril de 2023 en Lima un manejo prudente de la deuda pública y el fortalecimiento de las instituciones fiscales en América Latina para lograr el crecimiento económico, después de que la deuda total de la región se duplicó hasta 5.800 millones de dólares y la deuda pública creció al 72 % del PIB por la pandemia. El BID presentó este martes en Lima el informe «Lidiar con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe» tomando como ejemplo el caso de Perú, que ha destacado por su «estabilidad macroeconómica y fortaleza fiscal», en los años previos a la pandemia, en palabras del representante del BID en Perú, Tomás Bermúdez. Los planes de consolidación fiscal de Perú de mediano plazo son coherentes con los niveles prudentes de deuda, los cuales oscilan entre el 28 y 33 %, indicó el BID. El informe sostiene que los países de América Latina y el Caribe deberían reducir su porcentaje de deuda de un promedio de 70 % a un rango prudente de 46-55 % del PIB. Uno de los coautores del informe y especialista líder sectorial del BID, Oscar Valencia, explicó que «uno de los grandes retos que tiene la región son los incrementos en la deuda que no solo se dan por el COVID sino previo a la pandemia». En el estudio presentan cinco recomendaciones a los Estados de la región para «atacar estos incrementos», el primero de los cuales es el fortalecimiento de las instituciones fiscales. Perú como modelo de disciplina  «Perú es una muestra de esto, tiene instituciones fiscales muy fuertes que involucran reglas fiscales de calidad, marcos presupuestarios y vincular las estrategias de deuda con los marcos presupuestarios», indicó Valencia, pero «siempre manteniendo niveles de deuda prudentes» para contener los eventos negativos. Un segundo aspecto fundamental es «cómo utilizamos esto para crecer más», porque «crecer más es necesario para realizar procesos de consolidación fiscal exitosos», anotó. Asimismo, el tercer aspecto son los «mecanismos de focalización» para atender a la población vulnerable y también «para reducir las fricciones de financiamiento en nuestras empresas», agregó Valencia. Otras recomendaciones del informe son mejorar la gestión de deuda en colaboración con multilaterales para converger a niveles prudentes de endeudamiento y también la creación de un foro regional para debatir asuntos relacionado con la deuda. El experto afirmó que «necesitamos que el rendimiento de cada recurso tenga un retorno en términos de crecimiento y no solo en crecimiento, sino en reducir las brechas sociales», que se profundizaron en la región con la pandemia. Gasto acelerado de ahorros El viceministro peruano de Economía, Juan Pichihua, comentó durante la presentación del informe que el manejo de las finanzas públicas implica un trabajo de largo plazo, dado que el país mantuvo ahorros fiscales de sus años de bonanza. A raíz de la pandemia, «tuvimos que utilizar (los ahorros acumulados) sin reparo para salir adelante», recordó Pichihua. Sin embargo, anotó que «es muy fácil salir de una situación compleja gastando cuando no puede ser sostenida en el mediano plazo» y reiteró el manejo responsable del Estado en este campo. Por su parte, la exministra de Desarrollo Social e integrante del Consejo Fiscal de Perú, Carolina Trivelli, opinó que Perú es un caso «atípico», que no se salva de enfrentar un conjunto de riesgos, como la ralentización del crecimiento. Además, subrayó que la política fiscal tiene que impulsar el proceso de crecimiento y evitar las presiones por mayor gasto corriente, procedentes de Ejecutivo y Legislativo, que son «un riesgo importante». Trivelli alertó que este es un año «muy difícil» por los fenómenos climáticos en Perú y que «hay presión para generar nuevos formatos de ayuda» y el tema primordial es ver «cómo logramos que ese financiamiento de ayuda, sea promotor de crecimiento».

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