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Guerra contra las pandillas en El Salvador | “Hemos encarcelado a más de 65.000 personas, y cuando manejas una operación de estas dimensiones podría haber un error”

BBC .-“Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quieren que se extienda», dice le vicepresidente de El Salvador. Así de tajante se muestra el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Se jacta de estar ganando la guerra contra las pandillas «sin derramamiento de sangre» y niega que las fuerzas del orden estén deteniendo a ciudadanos solo por tener tatuajes o por una llamada anónima. Aunque reconoce que, con una operación de esas dimensiones en marcha y cuando los encarcelados en un año superan los 65.000, es posible que se haya cometido algún error y arrestado a algunas personas sin vínculos con la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. «Pero lo perfecto es el enemigo de lo bueno», insiste. El estado de excepción en El Salvador ya cumplió un año. Pero como su nombre indica, se supone que iba a ser excepcional, temporal. ¿Cuánto tiempo deben esperar los salvadoreños que dure esta situación en la que se le otorgan poderes especiales a la Policía? Como dices, de excepción significa que es temporal. De acuerdo a nuestra Constitución, se puede dictar un régimen de excepción por 30 días. Pero si las condiciones continúan, la Asamblea tiene el derecho de extenderlo por otro periodo exactamente igual. Hasta este momento lo hemos extendido hasta un año, y si la condición que lo generó sigue, el estado de excepción continuará. No se puede establecer una fecha límite, dependerá de las condiciones en el terreno. Suena a que su fin sigue totalmente abierto: podría durar otra semana, un año más, otros cinco años… En los 80 en El Salvador vivimos bajo un estado de excepción por más de seis años, porque estábamos en una guerra civil. Y el gobierno lo fue extendiendo cada mes hasta que firmamos los Acuerdos de Paz. Ahora llevamos un año y si las condiciones siguen, lo extenderemos. Mis expectativas son que antes o después ganaremos esta guerra contra las pandillas y que ya no lo necesitaremos, que volveremos a la normalidad. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,El estado de excepción seguirá mientras continúen las condiciones que lo generaron, dice el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. Pero hay algo que hay que aclarar aquí: el estado de excepción no implica la restricción de las libertades públicas. No está restringido el derecho a la libre circulación, a la libertad de expresión ni nada por el estilo. Solo hay dos garantías que han sido suspendidas, y son garantías personales de quien ha sido procesado. De acuerdo a nuestra Constitución, una vez que has sido capturado tienes el derecho de ser enviado ante un juez en un plazo de tres días, en 72 horas. Bajo el estado de excepción tenemos el derecho de tener a esa persona en detención preventiva por 15 días. Esa es una de las garantías que han sido suspendidas. Y la segunda es el derecho a la privacidad. Es decir, que ni la Policía ni ninguna autoridad tiene el derecho a intervenir tus comunicaciones o dispositivos personales como el teléfono o la computadora. Pero bajo el estado de excepción esta garantía está suspendida, porque la Policía, el juez y el representante del fiscal general necesitan revisar las computadoras de los miembros de las pandillas. Estas son las dos únicas garantías constitucionales que están siendo afectadas, y tengo que aclararlo porque en Europa, en Estados Unidos, la percepción sobre el estado de excepción es que El Salvador vive bajo una especie de toque de queda. Una vez, en un país europeo, me dijeron que estaban preocupados por el confinamiento de la población salvadoreña, porque, decían, a partir de las diez de la noche nadie podía circular por las calles. Esa es una percepción errónea del estado de excepción. Lo hace sonar muy inocente, ligero. Pero la verdad del asunto es que otorga poderes extremadamente draconianos a la Policía, que puede arrestarte casi por una llamada anónima, casi por llevar tatuajes, casi por sospechar que estás vinculado a la actividad ilícita de las pandillas Esa es otra percepción errónea de lo que está pasando aquí. Lo que has dicho no es verdad. La policía no ha acudido a las comunidades a capturar a la gente porque tiene tatuajes o porque ha habido una llamada anónima. Esa es una mentira que ha sido difundida por la oposición política en El Salvador y que los medios y otra gente en el extranjero han dado por sentada. La verdad es que cuando la policía acude a capturar a una persona en una comunidad es porque tiene el perfil. Te voy a poner un ejemplo: cuando establecimos aquel cerco en el mayor municipio de El Salvador, en Soyapango, desplegamos 10.000 miembros de la Policía y el Ejército. Tenían una lista de 1.231 personas que debían ser capturadas y casi lo consiguieron. Fueron a capturar a gente que tenía un historial. Hay una base de datos, así que cuando se va a capturar a una persona es porque se tiene el perfil. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y muchos otros, incluidas los familiares de muchos de los que han sido arrestados, dicen que hay miles de detenidos sin ningún vínculo con las pandillas en la cárcel Podría ser. Cuando manejas una operación de estas dimensiones —y hasta ahora hemos encarcelado a más de 65.000 personas—, podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,Organizaciones, periodistas y familiares de detenidos aseguran que muchos arrestados en El Salvador durante el estado de excepción son inocentes. Está reconociendo que puede haber miles de personas potencialmente inocentes detenidas Miles de personas han sido liberadas. La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos declaró que más de 3.000 personas han sido liberadas porque, tras revisarlo siguiendo el debido proceso legal en los tribunales, se ha probado que no han tenido vínculo alguno con las pandillas. ¿Cuántos cree que siguen adentro? No puedo hacer conjeturas en ese sentido porque

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Más de mil menores de entre 12 y 17 años fueron apresados en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele

Infobae .- El gobierno fuerza a la policía a mantener cuotas diarias de capturas. A los jóvenes los acusan de “asociación ilícita” con las maras casi siempre sin prueba alguna, “alcanza con una mala mirada”, cuenta una madre a Infobae   Los cinco hijos de Gladys están presos. La policía, amparada en el régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo de 2022, se los llevó a todos y los repartió en tres cárceles del país. Al menor, Kevin, de 17 años, lo soltaron el nueve de junio del año pasado, después de que había estado preso cinco semanas: ni la policía ni la fiscalía salvadoreña tenían pruebas de las asociaciones ilícitas con pandillas que le achacaban. Kevin casi no habla desde que volvió a casa y, cuando lo hace, es para contarle a su madre, sin demasiados detalles, que sus carceleros le pegaban casi a diario y apenas le daban agua.   Kevin (los nombres de los protagonistas de esta nota se han cambiado por su seguridad y a petición de ellos) es uno de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Bukele metió presos entre el 27 de marzo, cuando se decretó por primera vez el régimen de excepción en El Salvador, y el 31 de agosto de 2022, de acuerdo con una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Entre los menores encarcelados hay 21 niños de entre 12 y 13 años, a los cuales la PNC de Bukele pudo meter presos gracias a una reforma de marzo del año pasado que redujo la edad de encarcelamiento de 16 a 12 años.   Kevin, como la mayoría de los menores arrestados, fue acusado de asociaciones ilícitas, un delito que, por las reformas que el gabinete de seguridad de Bukele promovió con el régimen de excepción, es castigado desde marzo con penas en prisión de 9 a 45 años. La estrategia de aplicar este delito de asociaciones ilícitas a centenares de jóvenes arrestados ha sido común en los últimos meses: según HRW, unas 39.000 de las 61.000 personas arrestadas desde que empezó el régimen de excepción están en la cárcel acusadas de asociaciones ilícitas.   Dos abogadas consultadas por Infobae en El Salvador, que han defendido a menores como Kevin y quienes accedieron a opinar desde el anonimato por temor a represalias de la Fiscalía General de El Salvador (FGR), aseguran que en la mayoría de audiencias iniciales, en las que de acuerdo con la legislación salvadoreña el gobierno debe demostrar que hay indicio suficiente de prueba para continuar con el proceso judicial, las evidencias que presentan los fiscales son vagas, incluso inventadas y no cumplen con uno de los requisitos de la ley nacional: individualizar la participación de los imputados en los hechos.   Una de las abogadas detalló que hay audiencias en que la fiscalía reúne hasta a 100 imputados ante un juez, la mayoría de los cuales no cuenta con recursos apropiados para defenderse. Amnistía Internacional se hizo eco de esto en un reporte publicado en junio de 2022, en el que advertía que los tribunales salvadoreños hacían audiencias masivas o en forma virtual a través de videollamadas con los reos en los centros penales, en las que se silenciaba los micrófonos para que los imputados no pudiesen hablar.   “Los juzgadores no intiman adecuadamente a las personas imputadas para darles a conocer los cargos que enfrentan; estas no comparecen personalmente a las audiencias, sino que lo hacen de forma virtual y en grupos numerosos; en la mayoría de estas audiencias se ha generado la práctica de silenciar el micrófono desde los centros penales, por lo que las personas que comparecen virtualmente no pueden tomar la palabra y ejercer su defensa material”, confirmó un informe de la organización salvadoreña Cristosal, una de las que mejor ha documentado los abusos durante el régimen de excepción.   Kevin, el hijo de Gladys, como los otros centenares de menores arrestados, tuvo que pasar preso 15 días antes de ver a un juez, pero él corrió mejor suerte que los otros que, después de alguna de esas audiencias masivas o sin micrófono, se quedaron presos. Gracias al régimen de excepción, y en última instancia a las reformas aprobadas por el congreso bukelista, pueden pasar meses, incluso años, antes de que la situación jurídica de estas personas se resuelva. Copia de un informe policial que detalla las cuotas de arrestos exigidos a agentes durante el régimen de excepcion impuesto por el gobierno de Bukele en El Salvador. La imagen corresponde a la zona metropolitana de San Salvador. La autenticidad del documento fue confirmada a Infobae por oficiales de la Policía. Zaira Navas, abogada de Cristosal, asegura que el régimen de excepción y las reformas legales están diseñados para mantener llenas las cárceles y que el gobierno ha establecido a la PNC cuotas diarias de capturas. “El régimen se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos, al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Esto ha generado más arbitrariedades entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas”, dice Navas.   Gladys, la madre de Kevin, está convencida de que a sus hijos se los llevaron por eso, para cumplir una cuota. “Mis hijos son sanos trabajadores, pero la policía tenía que cumplir su meta”, dice la mujer a Infobae por mensajería electrónica.   Oficiales consultados en la PNC confirman que, al menos entre marzo y agosto de 2022, el gobierno de Bukele impuso cuotas de hasta mil capturas diarias en todo el país, sin importar si los detenidos tenían antecedentes o si había alguna investigación previa; bastaba una denuncia anónima o incluso, en algunos casos, que los agentes captores se inventaran excusas para justificar los arrestos.   “Todo esto provocó graves desaciertos, provocó

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