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Ecuador: junio 24, 2025

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Ecuador, junio 24, 2025

Miles de migrantes, a la intemperie en Eagle Pass en plena crisis migratoria entre México y EE UU

El País .- La ciudad texana retiene a unas 5.000 personas que esperan ser procesadas por las autoridades. Biden y López Obrador acuerdan endurecer el control en la frontera La crisis humanitaria que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos ha encontrado un nuevo foco. Miles de migrantes —entre 3.000 y 5.000 de acuerdo con estimaciones no oficiales— duermen a la intemperie este jueves en la ciudad texana de Eagle Pass, que conecta a través de un puente internacional con Piedras Negras, Coahuila, en el lado mexicano. El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EE UU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos. La imagen, una estampa más de la desprotección y vulnerabilidad de la población migrante que viaja entre México y EE UU, llega el mismo día en que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han mantenido una llamada telefónica en la que han acordado endurecer el control en la frontera. El anuncio se produce después de que el mandatario mexicano reconociera un aumento inusual de cruces irregulares, que han crecido un 31%, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). Una delegación encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado en EE UU, visitará México en los próximos días para trazar una nueva estrategia de contención. La crisis migratoria tiene dos caras. Por un lado, las decisiones políticas tomadas entre ambos Ejecutivos, siempre orientadas a apretar el puño para repeler la migración. La estrategia no es nueva, responde a la tónica general de los últimos años, denunciada hasta la saciedad por vulnerar los derechos humanos de los migrantes por innumerables oenegés y organizaciones humanitarias. Del otro lado, están los rostros que sufren las medidas: más de 250.000 personas solo este diciembre —según CBP—, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica y el mismo México, que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural, para encontrarse en la frontera estadounidense con un muro de contención, además de un recorrido por territorio mexicano plagado de asaltos, violaciones, secuestros o abusos de poder de la policía. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha calificado la situación de insostenible y acusa el total descontrol en el cruce fronterizo. Salinas ha denunciado repetidamente a la Administración Biden de “abandonar” la comunidad a su suerte. Este septiembre, declaró el Estado de emergencia después de la entrada de 5.000 migrantes. A finales de noviembre, bloqueó el paso de vehículos desde Piedras Negras, una medida que buscaba reasignar a los agentes de tráfico a tareas de control migratorio para descongestionar el flujo irregular. Este jueves, la circulación continuaba cortada en el Puente Internacional 1 y reducida a un carril en el Puente Internacional 2, con filas de coches de ocho kilómetros, de acuerdo con Univision. El municipio también suspendió el movimiento de trenes. El recorrido infernal de los migrantes por México Imágenes de hacinamiento como las que se ven este jueves en Texas se repiten cada pocas semanas en los puntos calientes de la frontera, desbordada por un flujo constante que no consigue frenar ninguna de las políticas oficiales. Los centros de detención de migrantes en EE UU se encuentran colapsados muy por encima de sus capacidades. Solo el del sector El Río, que incluye Eagle Pass, mantiene retenidos en estos momentos a 5.200 personas, un 256% por encima de sus capacidades, según el canal de televisión NewsNation. Entre Texas y Arizona suman al menos 18.500 migrantes arrestados. En la tarde del jueves, después de la llamada con López Obrador, Biden ha hecho un llamamiento en la red social X (antes Twitter). “Se necesitan urgentemente más medidas para reabrir los puertos de entrada claves en nuestra frontera compartida”, declaró el mandatario, presionado por el impacto de los cierres fronterizos en algunos sectores de la economía estadounidense —una erosión que también acusan los empresarios mexicanos—. Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace tres años con la intención de “humanizar” la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario, Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Biden se encontró, sin embargo, con una crisis de magnitudes inesperadas, y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y Estados como Texas, que recrudece las leyes antimigración cada poco. México, por su parte, se encuentra en un delicado equilibrio, obligado a maniobrar entre las exigencias estadounidenses de un control más férreo y las constantes denuncias de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes. El Gobierno prometió una reforma humanizadora de la estrategia migratoria, después del incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 personas. Además de Blinken, varios funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, viajarán a México en los próximos días para reunirse con López Obrador y abordar el problema. Mientras tanto, ajenos a las conversaciones políticas, el flujo migratorio continúa creciendo en la frontera, a la espera de un hipotético visado o un despiste de las patrullas.

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Texas promulga una ley que permite a las autoridades locales deportar personas a México

El País .- La norma entrará en vigor en marzo de 2024 y es considerada una de las más duras contra la inmigración en Estados Unidos Sus críticos la han calificado como la más dura ley anti inmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad en Texas, el segundo Estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México. Sea o no nacional de este país. La ley, conocida como la SB4, entrará en vigor en marzo del próximo año. “La deliberada falta de acción del Gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo. Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno federal dejaba desatendido a los Estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”, ha asegurado Abbott frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El gobernador afirma que el estado actual de la frontera representa “un riesgo a la seguridad nacional” de Estados Unidos. Ha citado, como ejemplo, que el año pasado intentaron entrar por aquí, de manera ilegal, 24.000 ciudadanos de China. Según Abbott, la SB4 ayudará a frenar “la oleada” de inmigrantes irregulares que han llegado a Texas. Esta ley, aprobada en noviembre por la mayoría republicana del Congreso local, forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a cortar el flujo que ha dejado cifras récord en la frontera este año. La ley convierte los cruces ilegales en un delito que puede ser penado por las autoridades estatales. Esto permite a policías y jueces locales dar luz verde a las deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales. “Para los inmigrantes reincidentes crea una ofensa que puede castigar una nueva entrada ilegal con una potencial sentencia de prisión de hasta 20 años”, añadió el gobernador. El mandatario ha señalado que la ley crea un mecanismo que permite deportar a los inmigrantes al país desde donde hicieron el cruce irregular. Abbott no mencionó en su discurso a México, pero es este país con quien el estado comparte miles de kilómetros de frontera común. El Gobierno mexicano ha rechazado esta ley. La cancillería mexicana lanzó un mensaje en noviembre en el que advertía que la criminalización de los inmigrantes “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial”. México repudia también que la medida permita a autoridades estatales detener y retornar a nacionales o a extranjeros a territorio mexicano, indica el comunicado fechado en noviembre. Texas tiene 10 millones de habitantes de origen mexicano. Organizaciones de derechos humanos han amenazado con demandar al Gobierno de Texas para frenar la ley. “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”, ha señalado Oni Blair, la directora de ACLU en Texas. Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que Donald Trump prometiera en un mitin la mayor deportación de inmigrantes si vuelve a la Casa Blanca en 2025. El expresidente también aseguró en New Hampshire que los indocumentados “envenenan la sangre de Estados Unidos”. El mes pasado, el gobernador acompañó a Trump en una visita a la frontera. “Necesitamos que vuelva a la presidencia de Estados Unidos”, afirmó el gobernador. Este ha respaldado al candidato republicano en su camino a la Casa Blanca en 2024 porque podrá “devolver la ley y el orden a la frontera”. Trump, en cambio, aplaudió los métodos que Abbott ha utilizado en su Estado para frenar el flujo migratorio. Entre estas tácticas está el enviar autobuses de inmigrantes a ciudades demócratas o instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo. Para ser aprobada, la SB4 provocó días de tensión en la Cámara de Representantes local. El sí definitivo llegó un jueves de finales de octubre a las cuatro de la madrugada. La mayoría republicana se impuso a los intentos de los políticos demócratas de descarrilar la propuesta del congresista David Spiller, que permite detener a cualquiera bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a Texas. El gobernador también ha firmado una ley para inyectar 1.500 millones de dólares a las autoridades locales para reforzar la vigilancia en la frontera. El gobernador continuará la construcción del muro migratorio e instalará otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan. Sus medidas han sido consideradas inhumanas y han provocado muertes en un año donde han repuntado los fallecimientos de inmigrantes. Sus iniciativas también han provocado varias demandas en los tribunales. A principios de este mes, un juez federal ordenó a Texas mover las boyas que Abbott mandó a instalar en el río Bravo. Este muro flotante que también ha provocado disputas diplomáticas con México. La tercera ley endurece las penas para los traficantes de personas. Abbott aseguró que en 2017 se detuvo a unas 317 personas acusadas de tráfico de personas. Este año se han hecho más de 3.000, un incremento de más del 2.000%. La norma que signó eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea una de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el Estado. Este tipo de residencias son utilizadas por los cárteles y las bandas dedicadas a cruzar personas por las fronteras como centros de distribución de los migrantes. Estos esperan en estas casas ilegales a que las familias de quienes emprendieron el viaje cubran sus adeudos. Después de esto, son liberados.

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México ordena suspender las deportaciones de migrantes por falta de presupuesto

El País.- El director del Instituto Nacional de Migración ordena interrumpir los traslados y devoluciones, de acuerdo con información de la agencia AP El Instituto Nacional de Migración (INM) ha ordenado suspender este mes las deportaciones de migrantes debido a “la falta de liquidez para cubrir los compromisos adquiridos”, señala un documento interno de la dependencia publicado por la agencia AP, que no se había divulgado de manera pública. Según la circular de Migración, la secretaría de Hacienda suspendió los pagos el mes de noviembre a causa de ajustes en el presupuesto para finales de año, lo que habría dejado al Instituto sin liquidez para cubrir los traslados y devoluciones de personas migrantes hasta el año que viene. La suspensión temporal de estas actividades significa que Migración no llevará a cabo ninguna deportación a los países de origen de las personas detenidas desde ningún punto del país. Esto incluye a la frontera con Estados Unidos, punto desde el que se suele trasladar a un gran número de personas al centro y sur del país, para descongestionar uno de los lugares donde más personas se congregan. “Con el fuerte recorte del presupuesto del INM durante el último mes del año, es probable que México dependa en mayor medida de la Guardia Nacional para la gestión de la migración, una misión para la que apenas están preparados”, indicó a AP, Adam Isacson, analista de inmigración de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Las deportaciones aumentaron durante octubre, justo después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivara el retorno obligatorio de ciudadanos de Cuba y Venezuela. De enero a noviembre de 2023 se batió un récord en las solicitudes de asilo en el país. Casi 137.000 personas pidieron quedarse en México a la espera de poder cruzar a Estados Unidos. La cifra más alta registrada era 2021, cuando las peticiones de asilo no llegaron a las 130.000.

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Nicolás Maduro ordena conceder licencias de explotación de recursos en zona de disputa con Guyana

El Universo .- La controversia por Esequibo data del siglo XIX. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y dónde Georgetown ha autorizado que petroleras extranjeras y locales operen. Que se proceda “a crear la división PDVSA-Esequibo”, y que de “inmediato procedamos a conceder la licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área”, dijo el mandatario. Esta media forma parte de un conjunto de anuncios que el mandatario hizo el martes tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que buscó el apoyo popular para seguir con su reclamo sobre la región en disputa. En el referéndum participaron más de 10,4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral de Venezuela, y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más del país. El mandatario propuso, también el martes, elaborar una ley especial para que se discuta “con todos los sectores” establecer “una norma muy firme para prohibir” la contratación con empresas que trabajen en la zona bajo las concesiones otorgadas por Guyana en “el mar por delimitar”. “Propongo (que se le den) tres meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar, tres meses”, dijo. “Estamos abiertos a conversar”. Guyana dio luz verde el pasado octubre a seis empresas petroleras, entre ellas la estadounidense Exxon y la francesa TotalEnergy, para explorar sus costas, lo que provocó una protesta de Venezuela debido a que son “aguas pendientes por delimitar”, y en respuesta convocó al referendo. Maduro dijo que ahora ejercerá el “poder” que le otorgó el pueblo y propuso también una ley para “la creación de la Guayana Esequiba”, una provincia en la zona disputada con Guyana. Ordenó además la creación de una “zona de defensa integral de la Guayana Esequiba”, sin explicar mayores detalles, pero que estará ubicada en la población de Tumeremo, estado Bolívar (sur) y fronterizo con la zona en disputa. Asimismo, pidió poner en marchar un plan de “atención social” para la población de la zona en disputa, “así como la realización de un censo y la entrega de cédulas de identidad a sus habitantes”.

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Trata de personas y narcotráfico, entre los delitos que se atribuyen al Tren de Aragua en frontera colombo-ecuatoriana

El Universo .- El ministro Juan Zapata aseguró este fin de semana que esta banda no opera en Ecuador y que se han tomado medidas para evitar ingreso del ‘Niño Guerrero’. Tulcán El nombre de la organización criminal venezolana Tren de Aragua no es ajeno a las poblaciones fronterizas de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador), así como en otras localidades de países de América Latina. Hace más de un lustro, en medio de la diáspora venezolana, integrantes de esta banda delictiva habrían ingresado en ambas poblaciones (Ipiales y Tulcán), donde se dedicarían al tráfico de migrantes, microtráfico, narcotráfico, extorsiones, contrabando de mercancías, entre otros delitos. Así lo cree Diego Fung, periodista venezolano residente en Tulcán, quien señaló que esta banda ha logrado expandirse no solo hacia Ecuador y Colombia, sino también a Brasil, Perú, Bolivia y Chile. No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, aseguró este domingo 24 de septiembre a este Diario que esta banda no opera en Ecuador. Indicó, además, que han tomado las medidas en cuanto a inteligencia policial para evitar la incursión en territorio nacional de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua. Pero el funcionario remarcó que la Ley de Movilidad no es restrictiva para el ingreso de personas y no permite controlar por completo las fronteras. Los venezolanos residentes en varias ciudades de Carchi hablan con cierto temor sobre esta banda que tiene su centro de operaciones en la prisión de Tocorón, conocida como la Casa Grande, en el estado de Aragua, Venezuela. Los migrantes radicados en la frontera comentaron que en ese centro de reclusión hay piscina, discoteca, casino, restaurantes, bares y licorerías, y que todo es controlado por el Tren de Aragua. “En un principio creíamos que podría tratarse de un mito urbano, pero reportajes de prestigiosos periodistas dan cuenta de que es una suerte de pequeña ciudad con todos los servicios para la diversión, financiados con dinero de las actividades criminales”, mencionó John Blanco, oriundo de Valencia. Este migrante considera que la ciudadanía universal y libre movilidad humana en Ecuador serían factores que facilitarían la incursión de miembros de la citada banda a suelo nacional. En Ipiales, los casos de sicariato o ajustes de cuentas son atribuidos al Tren de Aragua, organización que ha logrado imponer cierto dominio. Un informe de la Policía de Ipiales reveló que en este año hasta julio iban diez casos de muertes violentas, en los que estaría vinculado este grupo delincuencial. Rumichaca sería centro de operaciones El puente internacional de Rumichaca, en la frontera colombo-ecuatoriana, sería el epicentro de las operaciones que realiza esta organización. En inteligencia policial de Tulcán e Ipiales presumen que personas extranjeras utilizan la fachada de trabajadores informales para convertirse en informantes de grupos delincuenciales organizados que operan en ambos países. Las informaciones estarían dirigidas a estos grupos dedicados a la trata de personas, tráfico de estupefacientes, armas, moneda falsa, boleteo, extorsión, robo de vehículos y delitos conexos, según han coincidido los mandos policiales de Carchi y Nariño, en encuentros binacionales. Muertes al estilo sicariato se han registrado en estos dos últimos años en los alrededores del viaducto binacional, delitos que son imputados al Tren de Aragua. La revista colombiana Semana reportó meses atrás que los principales centros de operaciones del Tren de Aragua en esta parte de la línea fronteriza son las terminales terrestres de Ipiales y Tulcán. En la capital carchense, en tres operativos realizados en los dos últimos años en el centro de movilidad (terminal), han sido desarticuladas aparentes células de esta organización, acusadas de varios delitos, incluso de amedrentar a trabajadores de las boleterías, conductores y maleteros. Una investigación de la revista ‘Cromos’ de Colombia indica que las terminales terrestres de Tulcán e Ipiales son lugares donde opera el Tren de Aragua. Foto: Ricardo Cabezas Asimismo, cinco asesinatos en Tulcán que incluyen desmembramientos de cuerpos o cadáveres enterrados en terrenos de viviendas particulares han sido atribuidos a esta banda venezolana, que se caracteriza por asesinatos despiadados. En Rumichaca, el pasado 25 de julio se registró el más reciente hecho violento. Dos personas llegaron en motocicleta desde Ipiales hasta la playa de estacionamiento de vehículos de servicio público, vieron a dos individuos y les dispararon sin mediar nada. Uno de ellos fue asesinado y el otro quedó herido. Luis Lasso, comandante de Policía de Ipiales, informó que fue aprehendida una persona venezolana y capturada una moto. Desde entonces no ha existido más información. La víctima era originaria de Venezuela, los investigadores no descartaron que pudo tratarse de una rencilla, ajuste de cuentas o disputa de territorio entre bandas. “Estamos en constante comunicación con nuestros similares ecuatorianos para coordinar acciones e intercambiar información en temas investigativos”, sostuvo en ese entonces el oficial colombiano, quien comentó que tomaron contacto con la Subzona de Policía Carchi para cercar a los delincuentes si cruzaban hacia el Ecuador. La Policía colombiana intensifica las investigaciones para determinar el modus operandi del Tren de Aragua en el puente internacional y la terminal terrestre de la vecina ciudad colombiana, así como para identificar a los integrantes de esta banda que operaría en las dos localidades (incluyendo Tulcán). Alerta por actos delictivos Los actos delincuenciales encendieron las alertas en territorio ecuatoriano. La Policía intensificó los controles en el ducto binacional las 24 horas, no obstante, existen 35 pasos informales que son utilizados también por los grupos irregulares armados. Javier Realpe, jefe de Migración en Carchi, reconoció que existen mafias que están movilizando ciudadanos asiáticos, africanos, haitianos, ecuatorianos y venezolanos a través de los denominados coyotes, usando la frontera común, con cobros que van desde $ 7.000 hasta $ 16.000. Operaciones lideradas por Patricio Villarreal, exintendente de Carchi, identificaron varias irregularidades en la terminal terrestre administrada por el Sindicato de Choferes de Carchi, donde confirmaron que allí se desarrollan actividades relacionadas con un presunto tráfico de migrantes. En el interior estarían operando supuestas agencias de viaje dedicadas a movilizar a extranjeros, pero no contarían con la documentación correspondiente. En los exteriores, en cambio, impera el miedo porque este lugar se

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EE UU detiene a cuatro mexicanos por la muerte de 53 migrantes en un tráiler

El País .- El Departamento de Justicia informa de que las detenciones de los presuntos responsables de la tragedia ocurrida en junio de 2022 se realizaron en San Antonio, Houston y Marshall. Estados Unidos ha arrestado a cuatro mexicanos vinculados con la muerte de 53 migrantes ocurrida en junio del año pasado. El Departamento de Justicia ha informado este martes de la detención, llevada a cabo el lunes en las ciudades texanas de San Antonio, Houston y Marshall, de presuntos integrantes de una red de tráfico de personas. El hallazgo de medio centenar de cuerpos en una caja de un tráiler abandonado conmocionó a varios países hace un año y recordó al mundo lo mortífero que es la ruta que recorren miles de personas para llegar a este país.   Los detenidos, todos de nacionalidad mexicana, son Riley Covarrubias Ponce, de 30 años; Felipe Orduña Torres, de 28; Luis Alberto Rivera Leal, de 37 y Armando González Ortega de 53. Todos ellos formaban parte de una organización criminal que traficaba con personas originarias de Guatemala, Honduras y México, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La Fiscalía los ha acusado de sendos delitos de tráfico de personas, en diferentes grados. De ser declarados culpables tras un juicio, pueden ser sentenciados a cadena perpetua. Los arrestos de esta semana se suman a los de otros cuatro sospechosos hechos en 2022.   Los presuntos responsables de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2023 habían discutido “cómo consolidar costos, reducir riesgos y maximizar ganancias” sobre las rutas, guías, casas de seguridad, transportes por las que moverían a los ciudadanos de las naciones mencionadas. “La organización tenía una variedad de tractores y tráileres para sus operaciones de tráfico de personas, algunos de estos estaban almacenados en un estacionamiento privado de San Antonio”, señala la Fiscalía en un comunicado.   “Los traficantes abusan de la esperanza de los migrantes por encontrar una mejor vida, pero su única prioridad es enriquecerse”, ha dicho el fiscal general Merrick Garland. El funcionario asegura que el arresto de los implicados en el atroz crimen es una muestra de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de los más vulnerables. “Los traficantes que ponen en riesgo la vida de personas por ganancias no podrán ocultarse por mucho tiempo: los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, ha añadido. Este martes, un hombre camina entre las 53 cruces del memorial improvisado en el sitio donde fueron encontrados los migrantes.ERIC GAY (AP) Las pesquisas de la Fiscalía afirman que días antes del macabro hallazgo, Covarrubias, Orduña y otros intercambiaron entre ellos los nombres de las personas que transportarían. El grupo consiguió la caja del tráiler y la entregó al conductor del vehículo, Homero Zamorano, quien fue detenido por las autoridades en julio de 2022 junto a Christian Martínez. Orduna le proporcionó a Zamorano una dirección en Laredo, donde tendría que recoger a los 66 migrantes, entre los cuales había ocho menores y una mujer embarazada.   Los fiscales que llevan el caso aseguran que los acusados sabían que el aire acondicionado de la caja no estaba funcionando adecuadamente, por lo que los migrantes no tenían aire frío en el encierro. Cuando los supuestos integrantes de la organización criminal abrieron las puertas de la caja, después de tres horas de trayecto desde Laredo a San Antonio y dos controles, se encontraron con que 48 de las personas que iban a bordo habían fallecido. Todos huyeron de allí. Las autoridades encontraron el tráiler y trasladaron a otros 16 a hospitales de la región. Cinco migrantes fallecieron allí.   “Decenas de hombres, mujeres y niños desesperados y vulnerables depositaron su confianza en traficantes que los abandonaron en un tráiler cerrado hasta que murieron en el inclemente verano de Texas”, ha dicho Jaime Esparza, uno de los fiscales jefes del caso. La tragedia sigue siendo investigada por un cuerpo especial compuesto por elementos de diversas áreas como el Departamento de Seguridad Interior, la Patrulla Fronteriza, la policía de Inmigración (ICE), el FBI, la Oficina de Tabaco y Armas de fuego, el Departamento de policía de San Antonio, la oficina del sheriff del condado de Bexar y otras fuerzas de seguridad locales.   Como parte de su esfuerzo por reducir las históricas cifras de inmigración, la Administración del presidente Joe Biden lanzó en abril del año pasado un gran operativo para desarticular las redes de trata de personas. Los primeros seis meses de este esfuerzo coordinado entre varias agencias de seguridad resultaron en la detención de más de 5.000 integrantes de estas bandas criminales que operan en centro y Norteamérica. Algunos de los detenidos fueron aprehendidos en Guatemala y México, países donde han sido incautados también más de 200 teléfonos móviles, armas y municiones y 240.000 dólares.

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Los laboratorios de cocaína colombiana se detectan cada vez más cerca de la frontera norte de Ecuador

El Universo .– La producción de sustancias ilícitas tiene como epicentros a Tumaco, en Nariño, frente a Esmeraldas, y Putumayo, frente a Sucumbíos.   Tulcán Recientes investigaciones y el intercambio de información de inteligencia policial entre Ecuador y Colombia dan cuenta de que la droga colombiana ya no viene desde el departamento (provincia) del Cauca sino desde varias poblaciones fronterizas.   Según las indagaciones, los alcaloides ahora son elaborados en laboratorios de Ipiales, es decir, están más cerca de la línea de frontera. Además, la producción tiene como epicentros a Tumaco, en Nariño, frente a Esmeraldas, y Putumayo, frente a Sucumbíos.   El objetivo es acortar tiempos, distancias y evitar los controles en el sector del suroccidente colombiano, acercando este producto prohibido a territorio ecuatoriano, que es el país de tránsito y desde donde se envía la droga a los mercados internacionales.   En esta actividad irregular estarían vinculadas las organizaciones delictivas de Los Lobos, Lagartos y Los Choneros, que tendrían cierta relación con contrabandistas que operan en la frontera colombo-ecuatoriana.   Una hipótesis que también toma fuerza en la frontera es que los cargamentos de cocaína o marihuana, una vez que superan la línea fronteriza, llegan a Julio Andrade, población ubicada a 20 km de Tulcán, donde son acopiados temporalmente para luego buscar el momento apropiado para trasladarlos a Quito, Guayaquil y zona costera.   El jueves 15 de junio se realizó a nivel nacional un operativo conjunto antidrogas dirigido por Pablo Ramírez, director nacional Antinarcóticos, que dio importantes resultados en Sucumbíos, Carchi e Imbabura. En menos de 24 horas se inmovilizó más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.   Operativos en Napo, Carchi e Imbabura Ese mismo día en el sector de Piquiucho, en el límite interprovincial de Carchi e Imbabura, fue interceptado un camión que circulaba con gavetas vacías.   El nerviosismo del conductor hizo que los agentes antinarcóticos detuvieran el automotor, en cuyo interior fueron detectados 100 kilos de cocaína de origen colombiano.   Nilo R., chofer del vehículo, fue aprehendido. No tiene antecedentes judiciales y la Policía Antinarcóticos ahora averigua a quién pertenecía el alcaloide.   Mientras, en la parroquia rural La Carolina, en Imbabura, la Operación Centinela aprehendió 271 kilos de cocaína que estaban encaletados detrás de la cabina del conductor, quien terminó en prisión.   En otro caso, en la estructura del cajón de madera de otro camión que circulaba por Pungarayacu, en la provincia del Napo, fue capturada una tonelada de clorhidrato de cocaína y detenido el conductor.   Pablo Ramírez informó que técnicas de perfilamiento en los ejes viales permitieron ejecutar estos operativos simultáneos. Operativos simultáneos ejecutados hace días permitieron el decomiso de varias drogas. Cortesía Antinarcóticos Carchi. Foto: El Universo En Carchi van más de 2 toneladas de drogas aprehendidas   En lo que va del 2023, en Carchi han sido aprehendidas 2 toneladas 433 kilos de sustancias sujetas a fiscalización y detenidas 200 personas (77 colombianos, 78 ecuatorianos y 46 venezolanos).   El clorhidrato de cocaína es la droga colombiana con mayor demanda en los carteles ecuatorianos, que utilizan 86 vías de primer, segundo y tercer orden para transportar los cargamentos.   En los últimos cinco meses 15 días, la Jefatura Antinarcóticos de Carchi ha inmovilizado 1 tonelada con 375 kilos de coca, 48 kilos de base de cocaína, 12 kilos de heroína, 996 kilos de marihuana y 584 de drogas sintéticas.   En el 2022, en cambio, fueron inmovilizadas 9 toneladas con 24 kilos de diferentes drogas, año en el que resultaron aprehendidas 368 personas (144 colombianos, 137 ecuatorianos, 82 venezolanos y 5 cubanos).   Fabricio Pozo, jefe subrogante de Antinarcóticos Carchi, refirió que cada vez son más ingeniosos los sistemas para burlar los controles, tanto en la línea de frontera como en los puestos fijos combinados (policías-militares), ubicados en la E35 entre Tulcán y Quito.   Los investigadores contaron que los dobles fondos o caletas en las carrocerías de camiones o volquetas son los sistemas más utilizados. Han sido, además, descubiertas cargas ilícitas en papas o vegetales.   Pozo sostuvo que estas organizaciones narcodelictivas utilizan nuevas rutas, especialmente caminos de tercer orden, alternos a la E35 o que son abiertos por estas bandas dedicadas a estas actividades ilegales.   Las estadísticas determinan que el número de venezolanos detenidos con droga, utilizados como “mulas”, decreció frente al 2020, año en el que la diáspora migratoria fue alta.   El oficial comentó que las carreteras de la zona nororiental carchense que conectan a varias comunidades colombianas con las parroquias de Julio Andrade y El Carmelo, conocidas como las del contrabando y narcotráfico, son las más utilizadas.   Serpenteadas, asfaltadas y distribuidas en una suerte de red, esa malla vial rural en la parroquia de Julio Andrade, a 20 km de Tulcán, permite burlar los operativos policiales y militares. Durante las persecuciones los conductores intercambian carreteras a grandes velocidades sin mediar peligro en el afán de huir.   Los infractores descienden por estas vías a 100 y 120 km/h, custodiados con dos o tres vehículos livianos llenos de hombres dispuestos a enfrentarse a la fuerza pública para evitar que sean detenidos y revisados, registrándose más de un uniformado o supuesto custodio heridos y más de 20 carros particulares que transitan por esas vías son golpeados, mientras huyen.   Los comuneros del sector contaron con cierta discreción que vecinos hacen de “campaneros” o informantes y son los encargados de avisar a través de celulares o radios de comunicación sobre la presencia de uniformados, colaborando con contrabandistas y narcotraficantes.   Frente a este auge del paso de drogas colombianas, la Policía Antinarcóticos ha redoblado las operaciones que se realizan durante las 24 horas del día, mencionó Pozo.

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La frontera sur de México se convierte en un tapón para miles de migrantes: “¡Aquí ya no caben más!”

El País .- El fin de la norma que negaba la entrada a EE UU por motivos sanitarios provoca un ‘efecto llamada’ en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Es de noche en Tapachula y una estampida de migrantes irrumpe a empujones en uno de los accesos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración instaladas en el parque Ecológico, en los suburbios de la ciudad mexicana fronteriza con Guatemala. Dos agentes de la Guardia Nacional que cuidan la entrada sostienen con todo lo que dan la barda metálica que han colocado para intentar controlar el flujo de migrantes hacia el interior. Tras la barda, unos 2.000 migrantes se apiñan esperando su turno. La multitud entra sin control y los agentes intentan detenerla a gritos. “¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!”, grita uno de ellos. Ante el caos, un grupo de venezolanos migrantes se apiada de los agentes y ayuda empujar las bardas y a cortar el flujo. Los policías se recomponen y uno de ellos grita a los agentes de Migración que intentan controlar al grupo tras la barda: “¡Aquí ya no caben más! ¡Ya no caben más!”, dice exasperado. Todos los días, desde hace dos semanas, miles de migrantes forman kilométricas colas frente a estas oficinas de migración en la ciudad más grande de toda la frontera que divide México de Guatemala y que es la principal vía de entrada en la frontera sur de México. Su objetivo es solicitar al Gobierno mexicano un permiso temporal para poder avanzar legalmente hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría de ellos tiene la esperanza de cruzar a territorio estadounidense ante el inminente fin del Título 42, la política migratoria impulsada por Donald Trump para expulsar de forma exprés a los migrantes con argumentos sanitarios. Los migrantes, venezolanos, haitianos, centroamericanos y hasta africanos, llevan horas e incluso días esperando su turno. Están desesperados. Este lunes han aguantado el implacable sol y temperaturas de hasta 35 grados. Por la tarde, el cielo empezó también a escupir lluvia sobre sus cabezas. La noticia del fin de esta política de Trump vinculada a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que expirará el 11 de mayo, ha provocado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde el Gobierno ha apostado a 1,500 soldados para reforzar la seguridad e impedir el paso de decenas de miles de migrantes que avanzan hacia ese país. Unos 3,500 kilómetros más al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otra crisis. Los miles de migrantes que consiguen llegar a suelo mexicano se acumulan mientras esperan un permiso para poder transitar legalmente hasta el norte. Sin embargo, otros deciden seguir su camino por rutas alternativas donde no puedan ser detenidos por agentes migratorios y ser deportados, arriesgándose a ser víctimas de robos, secuestros, extorsión o hasta la muerte. Esperar el trámite para seguir avanzando también es un proceso doloroso. “Hermano, yo llevo cuatro días haciendo cola aquí. No me voy a mover ni un centímetro”, dice un venezolano de 37 años, mientras soporta la lluvia al lado de su esposa. Personas discuten en Tapachula mientras esperan en la fila para tramitar sus papeles, el 8 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) La acumulación en la frontera sur no es nueva. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno calculan que en Tapachula hay entre 40.000 y 50.000 migrantes atrapados en esta ciudad. Muchos de ellos han llegado aquí buscando tramitar una visa humanitaria o el estatus de refugiados, pero la lentitud de la burocracia obliga a muchos a regresar o los deja varados aquí durante meses. El pasado 23 de abril, una caravana de cerca de 3.000 migrantes salió de Tapachula rumbo a Ciudad de México, a casi 1.200 kilómetros de distancia. El líder de la caravana, Irineo Mujica, activista de la organización Pueblo sin Fronteras, logró un acuerdo con el Gobierno mexicano para que se otorgue un permiso temporal de 45 días a los migrantes a cambio de disolver la marcha que buscaba generar una protesta en la ciudad. En Tapachula, Migración abrió una oficina ambulante en el parque Ecológico y empezó a otorgar permisos exprés a cientos y luego a miles de migrantes. Algunos periódicos locales informan de que las autoridades entregan más de 1.000 permisos diarios. Sin embargo, la cola parece que no termina nunca. Los que allí aguardan aseguran que los agentes migratorios trabajan hasta la madrugada para reducir las aglomeraciones. Pero a media mañana del día siguiente la cola vuelve a incrementarse. Aunque Migración emite permisos temporales sin parar, el flujo de las últimas semanas supera por mucho su capacidad de gestión. El caos entre los migrantes y la falta de organización por parte de las autoridades provoca que muchos pasen días esperando bajo el intempestivo clima y durmiendo en las calles aledañas. Un grupo de migrantes se resguarda del sol y del calor junto a las oficinas del Inami, el 5 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) El Instituto Nacional de Información informó este martes que entre el 23 de noviembre del año pasado y el 6 de mayo emitió 81.245 permisos temporales a personas de 103 países de los cinco continentes del mundo. Muchos migrantes vienen de países que antes era impensable escuchar en esta región como Kirguistán, Burkina Faso, Djibouti, Estonia, Eritrea, Sri Lanka e Islas Reunión, entre otros. Los países que encabezan la lista de solicitantes son Venezuela, Ecuador, Haití, Honduras y Angola. Nadie sabe qué pasará después del jueves, cuando el Título 42 haya finalizado. Sin embargo, la crisis se sigue agravando en ambas fronteras de México, al norte y al sur. “Esto no se va a acabar. Detrás de nosotros vienen más y más. Dicen que Estados Unidos va a abrir las puertas y nosotros lo único que queremos es que nos dejen pasar”, dice Óscar, un joven hondureño que lleva tres meses atrapado en Tapachula y desde hace tres días pendiente del papel que le permitirá avanzar hacia su destino: el norte, Estados Unidos.

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Helicóptero militar ecuatoriano fue atacado por subversivos del ELN en el límite fronterizo

EL UNIVERSO .- Los uniformados sobrevolaban el río que separa Ecuador con Colombia; hacían un reconocimiento de la zona. Un helicóptero Lama del Ejército ecuatoriano fue atacado la mañana del miércoles 1 de marzo, cerca de las 11:00, por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el límite internacional Ecuador-Colombia, parroquia de Chical, a 100 km de Tulcán, en la provincia de Carchi. La aeronave realizaba un patrullaje en la frontera cuando recibió cinco disparos de fusil desde tierra.   Los atacantes serían subversivos que operan y dominan esa zona del territorio colombiano. Ventajosamente los disparos no afectaron al helicóptero.   Octavio Rosales, comandante de la Brigada Andes, asentada en Tulcán, informó sobre este incidente.   Dijo que es la primera vez que sucede un ataque de este tipo en el noroccidente carchense. El oficial confirmó que los disparos habrían sido de miembros del ELN.   Moradores de Chical comentaron que el helicóptero, con capacidad para cinco pasajeros, fue atacado desde cuatro sectores, entre ellos La Unión y Tallambí (pertenecen al territorio colombiano), cuando sobrevolaba sobre el río internacional que divide a ambos países.   Rosales refirió que se escucharon entre cuatro y seis disparos, según información de Inteligencia Militar.   Los disparos se realizaron con fusiles que tienen un alcance de hasta 800 metros. Los pilotos, al ser alertados sobre el ataque, realizaron las correspondientes maniobras aéreas y se alejaron. El oficial explicó que realizaban en ese momento un sobrevuelo de reconocimiento por el límite político internacional.   Dentro de estas operaciones militares se constataba el trabajo que realizan las tropas en estos lugares inhóspitos donde no hay carreteras.   Iván Rosero, presidente del gobierno parroquial de Chical, manifestó que se trató de un hecho fortuito; sin embargo, aseguró que hay tranquilidad en la población y las actividades se desarrollan con normalidad.   No obstante, en Tallambí (Colombia), frente a Chical, hay preocupación porque tropas móviles del Ejército de Colombia están en el sector, a 20 km de esta comunidad (Tallambí).   Maestros de planteles educativos colombianos advirtieron que el arribo de los uniformados colombianos a Tallambí podría provocar enfrentamientos entre las fuerzas regulares y columnas del ELN, algo que movilizaría a las familias hacia Chical y otras poblaciones en Ecuador.   Octavio Rosales ratificó que patrullas móviles avanzan hasta Tallambí, donde en esta semana volvió a flamear una bandera del ELN y existen grandes plantaciones de coca.   Mientras, Iván Rosero informó que ante un posible desplazamiento de habitantes colombianos producto de eventuales enfrentamientos entre militares de Colombia y subversivos de ese país, la tarde de este jueves se reunirá el Comité Parroquial de Emergencias de Chical (Copae) para coordinar acciones.   Preocupa que haya un éxodo temporal de comuneros colombianos a esta parroquia huyendo del conflicto. Tallambí y Chical están comunicadas por un puente peatonal.

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Militares de Ecuador y Colombia plantean acciones de seguridad en la frontera

Plan se ejecutará a inicios del 2023, en un acuerdo entre las dos naciones. Ipiales, COLOMBIA En medio de estrictas medidas de seguridad se realizó el encuentro de mandos militares de Ecuador y Colombia en Ipiales, ciudad fronteriza del vecino país situada frente a Tulcán. La cita se dio en el marco del Plan de Protección de Fronteras.   En el fuerte militar Grupo de Caballería Cabal, Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) del Ecuador y Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de su similar de Colombia, con sus equipos de trabajo e inteligencia de ambos países, intercambiaron información sobre temas de seguridad fronteriza.   Según las autoridades, se coordinan operaciones combinadas para lograr un eficaz control a zonas consideradas de alto riesgo en la frontera común, para neutralizar enfrentamientos entre grupos irregulares armados dedicados al tráfico y custodia de sustancias sujetas a fiscalización, acciones de violencia y criminalidad.   El general Giraldo destacó que los dos países unen esfuerzos militares “contra las diferentes amenazas internacionales que delinquen en nuestras fronteras, las cuales están haciendo daño a la población civil y la contaminación de los ríos, fauna y flora”. El propósito es fijar a mediano y corto plazo planes para enfrentar estos problemas y que permitan llevan ante la justicia a los cabecillas de las organizaciones criminales, añadió el comandante.   Indicó que se ejercerán controles estrictos a lo largo de los 586 kilómetros de frontera en los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, así como en las provincias ecuatorianas de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas.   Por su parte, Nelson Proaño agregó que durante el encuentro se delinearon estrategias para combatir las amenazas que interrumpen la vida normal de la sociedad. Los planes de acción están en proceso de elaboración y se buscará el apoyo de las instituciones estatales para lograr los objetivos planteados, precisó.   Al finalizar la reunión bilateral, los altos mandos militares firmaron un acta con los compromisos acordados para la implementación táctica y operativa del Plan de Protección de Fronteras, informó el Ministerio de Defensa.   Las estrategias fueron dispuestas por los presidentes de Ecuador y Colombia, Guillermo Lasso y Gustavo Petro, respectivamente.   Este plan se ejecutará a inicios del 2023, en un acuerdo entre las dos naciones, en cumplimiento de la misión constitucional, de defender la soberanía e integridad territorial, así como la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.   Una de las precupaciones de Ecuador es el control y presencia militar y policial en poblaciones colombianas, frente a Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, donde los cultivos de coca son evidentes y existe cierto predominio de los grupos alzados en armas y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fuente: El Universo

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