Infobae .- A través de un informe la ONU advirtió una escalada de la represión por parte de Daniel Ortega El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó confiscar la vivienda de opositores nicaragüenses a los que desterró, entre ellos la escritora y poeta Gioconda Belli, de nacionalidad chilena. “La poesía me abraza esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura. Pienso en Becquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”, denunció la escritora en la red social X. Belli indicó que el régimen sandinista en Nicaragua, sumido en “la paranoia y la mentira”, ha “perdido sus valores, su historia”. “Convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”, dijo, agregando en otro mensaje que su casa será “la huella” de sus libros y “el recuerdo” de su “energía creativa”. La escritora, Gioconda Belli, ahora con nacionalidad chilena. (EFE/Olaf Malzahn) La medida también afectó al hijo de la escritora, Camilo de Castro, así como a otros críticos con el régimen de Ortega, como el escritor Gonzalo Carrión, la cineasta Leonor Zúniga, el defensor de Derechos Humanos, Moisés Hassán, o el ex canciller Norman Caldera, según informó el diario La Prensa. “La dictadura Ortega Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto”, comentó De Castro en la red social X. Te puede interesar:Petro se despachó contra la dictadura en Nicaragua por persecución contra Gioconda Belli: “Ortega hace lo mismo que Pinochet” Y Zúniga también confirmó en la citada red social que el régimen confiscó su casa. “Rieguen las plantas y no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación”, aseguró, agregando con ironía que “tanto drama” da para una película. Escalada de represión Por otra parte, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció este martes una “escalada” de la persecución a la disidencia y la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del régimen de Daniel Ortega. Recientemente, el régimen de Nicaragua incautó la sede de la Universidad Centroamericana. (EFE/Jorge Torres) Un informe del Grupo presentado por su director, el alemán Jan- Michael Simon, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra registró “una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses”, la cual “ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución”. Se trata de la última actualización del Grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos “enfrentan severas presiones” para abandonar Nicaragua “a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados”, así como “criminalización continua” y “detenciones arbitrarias”. Te puede interesar:“Petro traicionó a la guerrilla y Boric es un ‘pinochetito’ ”: así respondió Ortega las críticas a su régimen en Nicaragua También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia católica, “son cada vez más el blanco de ataques”. Agregó que “una vez en el extranjero, (los perseguidos por el gobierno) se han enfrentado a la privación arbitraria de su nacionalidad, la confiscación de bienes y sus familiares en Nicaragua han sido expuestos a intimidación”. Destacó igualmente que el gobierno “ha intensificado su persecución de las universidades” y ha cancelado la personalidad jurídica de 27 instituciones de educación superior, cuyos bienes ha confiscado. “Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes”, alertó. Los expertos pidieron al régimen de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros “donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos”. Nicaragüenses protestan frente a la Organización de los Estados Americanos en Washington pidiendo que los presos políticos sean liberados el 23 de junio de 2021 (AP Foto/Jose Luis Magana) La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados en los meses posteriores a la rebelión. En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer el Grupo por un período de un año para emprender investigaciones independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde 2018. En abril de este año, durante una sesión del Consejo, se renovó el mandato del Grupo por dos años más. Los integrantes del Grupo son Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y la uruguaya Ariela Peralta Diestéfano. Previamente, en la misma sesión, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe de 16 páginas en el cual destacó que la situación en Nicaragua “ha continuado deteriorándose gravemente”. Indicó que las personas percibidas como opositoras al gobierno son perseguidas y sometidas a diversas “medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos”, entre las que mencionó condenas sin juicios previos y privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales ilegales. El informe también se refirió a la situación de las poblaciones indígenas, que “siguen sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos” —agricultores mestizos armados—, lo cual las coloca “bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida”. La actual crisis política en Nicaragua se inició tras las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos. (AP/Arnulfo Franco) También cuestionó la eliminación progresiva de las asociaciones independientes —más de 3.500 a la fecha, según opositores—, así como el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición. “El gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, agregó el documento, que también expresó preocupación por temas como la