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Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final

Nacionales / Victor Gonzalez / 08/11/2023

El Universo .- En el 2012, Rafael Correa creó un comité para investigar el asesinato del oficial. En 2015 se informaron sus conclusiones, pero el tercer producto desapareció. Después de siete años de la aprobación de un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa en la contratación de una consultoría para identificar e investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, que la hizo el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la administración del exmandatario Rafael Correa. Los sancionados fueron el perito de nacionalidad argentina Roberto Meza Niella y dos exfuncionarios del ministerio, Jéssica Jaramillo y Jorge Granizo, los dos últimos como responsables subsidiarios. En el 2013, el desaparecido Ministerio de Justicia, que creó Rafael Correa, contrató los servicios de Roberto Meza para que elabore una investigación forense no judicial, relacionada con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno, ocurrida en diciembre del 2010. Gabela denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008. La justicia ordinaria concluyó que se trató de un delito común y sentenció a los autores materiales. Pero su viuda, Patricia Ochoa, exigió al régimen de Correa una investigación del asesinato, porque estaría relacionado con las denuncias de su esposo. Correa creó un Comité Interinstitucional de varios ministerios y secretarías para que investiguen el suceso y el Ministerio de Justicia contrató los servicios de Roberto Meza con ese propósito. El presidente Rafael Correa (d) y el general Jorge Gabela se saludan en una ceremonia militar por el aniversario de la FAE, en septiembre del 2007. Atrás observa la esposa del fallecido oficial, Patricia Ochoa. El contrato se adjudicó el 10 de abril de 2013 por $ 78. 000 para realizarse en un plazo de 90 días. La pericia se planificó en tres momentos. El primer producto contempló un primer producto que contenía el cronograma de trabajo y por ello se pagaron $ 23.400. El segundo producto debía establecer el móvil, respecto de si era delito común o crimen organizado y por él se pagaron $ 31.200, pues correspondía el 40 % del contrato. Al descartarse que se trataba de un delito común, avanzó al tercer producto. En este último momento, el consultor debía determinar el móvil y los presuntos autores intelectuales y por este expediente se pagaron $ 23.400. Roberto Meza asegura que entregó los tres productos para conocimiento del Comité Interinstitucional; pero, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga dio lectura a un conjunto de conclusiones en las que se atribuía que el crimen de Gabela fue por delito común. Meza elevó su reclamo de que esa conclusión no era parte de su informe y que su documento contenía su firma y el sello de su consultora; mientras que Patricia Ochoa expuso que el informe estaba incompleto y no contenía firmas ni sumillas. Desde entonces, este tercer producto se considera desaparecido de los registros y archivos públicos. Es así como la Contraloría señaló en su informe -aprobado el 31 de octubre de 2016- que «no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto» y predeterminó una orden de reintegro por $ 23.400 en contra del perito Meza, porque además en la parte de las conclusiones «no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad». A poco de cumplirse siete años de la aprobación del examen especial, el 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó al perito Meza, a Jéssica Jaramillo y a Jorge Pazmiño que se confirmaba una responsabilidad civil culposa y a la par emitió una orden de reintegro por $ 23.400. La notificación de reintegro se emitió en contra de Roberto Meza, que como consultor se le cancelaron $ 23.400 por el tercer producto, que según el organismo de control, «no se evidenció la documentación que sustente su emisión» y en la parte de las conclusiones «no tiene firma de responsabilidad, por lo que ocasionó un perjuicio económico» al Estado. A Jéssica Jaramillo, como excoordinadora jurídica del ministerio, por suscribir el acta de entrega y recepción del informe final y solicitar la cancelación de $ 23.400 y a Jorge Pazmiño por suscribir el acta de entrega y recepción y solicitar la cancelación de $ 23.400. A este valor se dispone sumar los intereses, que serán calculados a partir del 31 de diciembre de 2013, señala el documento. La institución aclaró que los sancionados pueden presentar recursos legales ante los tribunales contenciosos administrativos en contra de la orden de reintegro. El perito Roberto Meza informó que dispuso a su abogado defensor en Ecuador (pues él vive en Brasil) que inicie las acciones legales que correspondan para impugnar esta decisión, pues a su criterio el caso se cerró en el 2018. Tras la denuncia de que el tercer producto estaría desaparecido de los archivos, la Corte Constitucional (CC) ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que este sea reconstruido por el perito Meza. Su decisión fue el resultado del trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe reconstruido se entregó en julio pasado y los mismos jueces de la Corte observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se relacionó con delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto Comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común» (sic). El organismo dispuso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría

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Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela

Nacionales / Victor Gonzalez / 06/11/2023

El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo. La Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa y determinó una orden de reintegro por más de $ 23.000 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se suscribió en el 2013 en la administración del expresidente Rafael Correa. El 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó a Roberto Meza Niella, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño, los dos últimos como responsables subsidiarios, con una orden de reintegro por $ 23.400 que se destinaron para la contratación de una consultoría para investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela en diciembre del 2011. En esencia, se emitió un título de crédito por $ 23.400 en contra de Meza, Jaramillo y Pazmiño, quienes aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales contencioso administrativos. Este proceso surgió a raíz de que en el 2012, el exmandatario Rafael Correa creó, mediante decreto ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ese fin, esa cartera de Estado contrató, bajo la modalidad de consultoría por $ 78.000, al perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe pericial no judicial sobre la muerte de Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008. Una madrugada de diciembre del 2011, sujetos ingresaron a su hogar y le dispararon, provocando su muerte. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, insistió a Correa para que investigue el crimen, porque advertía que el hecho estaba relacionado con las denuncias de posibles actos de corrupción en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres permanecen en un hangar de la FAE. La justicia ordinaria determinó que se trató de un crimen por robo. Fue así que se contrató esta investigación que contemplaba la elaboración de tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer el móvil del crimen; y, si la hipótesis señalaba que se relacionaba con el crimen organizado, se avanzaría al tercer producto, para establecer los autores intelectuales. Sin embargo, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga informó los resultados de la pericia hecha por Meza que apuntaban a un delito común y descartó la delincuencia organizada. Meza negó que ese informe haya sido de su auditoría. La Contraloría examinó este contrato desde el 2016 y según sus conclusiones, el tercer producto que presentó el perito habría desaparecido de los archivos públicos, pues «no se evidencia la documentación que sustenta la presentación del tercer producto». Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución. Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial. El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza. El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios. Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra». Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic) Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité. La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno. Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado. De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira.

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A cuatro meses del sobreseimiento de los 18 procesados por peculado en el caso Dhruv, un tribunal de la Corte Nacional convoca a audiencia de apelación

Nacionales / streaming streaming / 09/10/2023

El Universo .- El 19 de junio pasado, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, emitió un sobreseimiento que favoreció a 18 personas procesadas por el delito de peculado. El próximo martes 10 de octubre, desde las 10:00, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Byron Guillén, conocerán en audiencia la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría General del Estado contra el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India. La apelación por parte de Fiscalía se la hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, de la misma manera que lo hizo la Procuraduría, después de la decisión adoptada por el juez nacional Luis Rivera, el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo único que restaba era conocer la decisión de Rivera de si llamaba o no a juicio. La fiscal Salazar no estuvo de acuerdo con la resolución y el mismo día de la audiencia anunció oralmente su apelación al auto de sobreseimiento. Dijo que existían los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de Fiscalía. Pero Rivera tuvo un análisis distante al de la líder de la Fiscalía. Desde la perspectiva del juez nacional dentro de la audiencia no se evidenció que existen los elementos del tipo penal de peculado. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicó en su sentencia oral el juez nacional. El magistrado de la Corte Nacional resaltó en su decisión que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado Ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) asesinado en diciembre de 2010 y quien fue uno de los principales opositores a la compra de los helicópteros Dhruv, denuncia que ha pasado el máximo de tiempo de 60 días que existente en la norma para resolver el recurso y podría ser archivado definitivamente el caso. Aparentemente ese sería el fundamento de los investigados para pedir que se deseche la apelación y se confirme el sobreseimiento inicial. “Con esa argucia dirán que el caso quedó ahí y no pasó nada. Es lamentable que esto nunca vaya a llegar a la verdad, principalmente por todas las personas que están de detrás, por todo lo que hay detrás del caso Gabela (investigación del asesianato del general Jorge Gabela). (…) Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia y mucho menos ahora”, anotó Ochoa. Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C.A. También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortéz, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres Generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Durante estos cuatro meses que han pasado, las medidas cautelares dispuestas sobre los 18 investigados han ido desapareciendo una a una, pues fue orden del juez Rivera que se levanten todas las medidas cautelares de carácter real y personal que mantenían los ahora sobreseídos.

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Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto

Nacionales / streaming streaming / 18/07/2023

El Universo .– La Fiscalía informó a la Corte Constitucional las acciones emprendidas alrededor de la contratación de una consultoría que hizo un Comité Interinstitucional. Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010. La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018. Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación. Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio. Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública». Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado. Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional. El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar. De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos: Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana). César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional). José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional). Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro). También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades. Fernando Cordero (i) también fue exministro de Defensa y César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad. (Foto: Cortesía. Tomada del Ministerio de Defensa) La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana». Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos. Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza. La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros. Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión. Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad. Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico». Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela. La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela. En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a

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Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa

Nacionales / streaming streaming / 13/07/2023

El Universo .- Hasta el 18 de julio tendrían como plazo la Fiscalía y Contraloría para que informen sobre las ‘medidas y sanciones’ por el manejo de ese expediente forense. Luego que la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella presentaron un tercer producto reconstruido de los hechos que rodearon el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, aún está pendiente determinar qué manejo tuvo ese mismo tercer producto que resultó de una primera investigación que llevó a cabo el extinto Comité Interinstitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa. La reconstrucción de este tercer producto la ordenó la Corte Constitucional (CC) en febrero pasado, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que la presentó la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, en el 2018, tras no tener acceso a ese documento mediante una acción de acceso a la información pública. La consecuencia de este suceso surge en el 2012, cuando el expresidente de la República Rafael Correa constituyó un Comité Interinstitucional que integró a varios ministerios de Estado para que investiguen el asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010. Ello, a propósito de que en el 2008, Jorge Gabela, excomandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para uso de la institución castrense. De esas siete aeronaves, cuatro se accidentaron y las tres que quedaron no están operativas. Ese comité lo lideró el extinto Ministerio de Justicia que contrató, bajo la figura de consultoría, los servicios del perito Roberto Meza para que investigue el hecho. La adjudicación ascendió a $ 78.000. En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga divulgó los resultados de la investigación, señaló que el asesinato se habría relacionado con un delito común y descartó el crimen organizado en el marco de las denuncias del general Gabela. La contratación contemplaba un primer producto, que era un cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer si fue un delito común o la posible relación con el crimen organizado. Y un tercer informe avanzaría únicamente si, en el segundo producto, se concluía que la muerte no fue por delito común. Este último tercer producto debía señalar los presuntos autores intelectuales, el móvil del crimen y si fue consecuencia de las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv. Su viuda, Patricia Ochoa, denunció que no tuvo acceso al informe íntegro, pues los documentos que le entregó el Ministerio de Justicia no estaban completos, que no tenían firmas de autenticidad o sumillas y que tenían inconsistencias. En el fallo de la Corte se recoge, por ejemplo, que hubo un primer producto, que tenía seis hojas sumilladas y la firma del perito; el segundo producto, que constaba de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito y en este constaba: “Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”. Así se confirmó que hubo un tercer producto que, según conocieron los jueces, “consta de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto -en la que se encuentran las conclusiones- no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello”. Los jueces notaron inconsistencias como que, pese a que el segundo producto concluyó que el crimen se trató de “delincuencia organizada” y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común” (sic). Esta hipótesis llevó a la Corte a determinar que “las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública” y dispuso que ese tercer producto vuelva a hacerse. La noche del 11 de julio de 2023, los miembros de la comisión, el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, entregaron a Ochoa el informe que elaboró Meza y que develó la presunta participación de dos generales en servicio pasivo de la FAE en el crimen de Gabela. Ochoa tiene un término de 20 días para hacer observaciones a este informe no judicial y Meza tendría otros 30 días para responderlas. Pero aún queda pendiente la investigación de cuál fue el manejo de los documentos de este tercer informe. El presidente de la Comisión de Coordinación, Arturo Moscoso, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar lo que sería la desaparición de ese documento que se elaboró hace diez años. “Deben responder por la desaparición de ese informe, por la que los ecuatorianos pagamos dinero y eso sí constituye peculado. Deben investigarse las responsabilidades por esta desaparición y la Fiscalía tiene una orden directa de la Corte que cumplir”, comentó Moscoso. Por su parte, la comisionada Jeannine Cruz relató que en las gestiones para recuperar documentación que le permita al perito reconstruir este tercer informe vieron con sorpresa que los papeles provenían de los archivos de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que les entregaron tres versiones del tercer producto. “Cómo es posible que encontremos tres versiones del tercer producto. Una de ellas era una copia del primer y segundo producto; uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas y el tercero 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. En una primera versión, se mencionó que

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Tercer producto pericial sobre el asesinato de Jorge Gabela pasa a la observación de Patricia Ochoa

Nacionales / streaming streaming / 12/07/2023

El Universo .- Su abogado Ramiro Román no desestima que pueda solicitarse asistencia internacional si observan trabas en la investigación. Hay 20 días para pedir aclaraciones. Una vez que Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, recibió el «tercer producto» pericial, ella en conjunto con su equipo de defensa técnica empezarán su revisión y determinar si se harán observaciones, sin descartar la posibilidad de solicitar la intervención de organismos internacionales para que avance la investigación. Ramiro Román, abogado defensor de Patricia Ochoa, contó que ahora que recibieron ese tercer producto, la primera tarea será revisarlo y analizar si se requerirán observaciones que podrán hacerlas en los próximos 20 días, o incluso, antes, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional (CC), que ordenó la reconstrucción de este documento. Román resaltó la importancia de este reciente informe, porque da «más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos» en la Fiscalía General del Estado que indaga una posible ejecución extrajudicial del general Gabela. Aunque, no desestima que se solicite la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de llegar a observar que la justicia ecuatoriana no da respuestas. El jurista reconoce que deben agotarse los recursos judiciales en el Ecuador, pero cree que se puede solicitar una intervención internacional cuando se considere necesario. Como por ejemplo, después de lo que sucedió con la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera, que dictó sobreseimiento a 18 personas que fueron procesadas en el caso de peculado por la compra de los siete helicópteros Dhruv para uso de la FAE en el 2008. «Es importante este tercer producto porque nos da más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos. Pero se puede pedir una intervención internacional cuando se considere necesario. Si en la Corte Nacional de Justicia se está empezando a hacer resoluciones como las del juez Luis Rivera en el caso Dhruv, los organismos internacionales deben intervenir para que se tomen los correctivos», opinó Román y recordó que hay jurisprudencia para Ecuador sobre procesos legales resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como con el caso Restrepo, Benavides, entre otros. La noche de este 11 de julio de 2023, la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella entregaron a Patricia Ochoa el denominado tercer producto, que fue parte de una pericia elaborada entre el 2012 y 2013, que recogía varias hipótesis que rodearon el asesinato del general y excomandante de la FAE, Jorge Gabela Bueno, en diciembre del 2010. Gabela denunció la existencia de posibles anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el 2008, transacción que impulsó el Ministerio de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Ese documento, tercer producto, fue parte de una investigación no judicial que contrató en el 2012 el extinto Ministerio de Justicia que lideró un Comité Interinstitucional que creó Correa. En 2015 se divulgaron los resultados de esa pericia, en la que la exministra de Justicia Lady Zúñiga informó que la muerte de Gabela se relacionaba con un delito común y se desestimó el crimen organizado. Patricia Ochoa cuestionó que dicho informe contenía inconsistencias y solicitó la entrega del documento íntegro, sin éxito. En el 2018, Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon una acción de acceso a la información pública ante la justicia ordinaria que avanzó hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección. En febrero de 2023, los jueces de la Corte Constitucional fallaron a favor de Ochoa y ordenó al Gobierno nacional -de Guillermo Lasso- a que se conforme una Comisión de Coordinación que contacte al perito Roberto Meza y reconstruya ese tercer producto, al considerarse que desapareció de los archivos estatales. En mayo pasado, Roberto Meza regresó al Ecuador para cumplir el fallo y entregó este 11 de julio y, en un acto público que se realizó en el Consejo de Comunicación en Quito, el tercer producto a Ochoa con la presencia de un notario y de la Comisión, que está integrada por Arturo Moscoso, catedrático y presidente; Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación; y Sebastián Palacios, ministro del Deporte. La Corte Constitucional otorgó un término de 20 días para que Ochoa y la Defensoría del Pueblo hagan las observaciones que consideren necesarias al documento elaborado por Meza y, este a su vez, tendrá otros 30 días para que las absuelva, según recoge la sentencia. Ramiro Román detalló que a propósito de la estancia de su defendida, Patricia Ochoa en Quito (pues vive en Guayaquil), la invitará a reunirse y revisar el expediente para hacer las observaciones en los siguientes días. Este último tercer producto aún se mantiene en reserva, pero de las principales conclusiones que Meza expuso el martes último, señaló que «existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno». También, que la muerte de Gabela «terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv». Sobre la relación de mandos en las instituciones, refirió que el «expresidente Correa, los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv»; y, que «existió por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional».

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Para Pierina Correa, informe de perito Meza no involucra a su hermano en Caso Gabela

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 12/07/2023

Para Pierina Correa, candidata a la Asamblea Nacional y hermana de Rafael Correa, el informe del perito Roberto Meza descarta responsabilidad del expresidente en el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, precisó que el reporte señala específicamente a dos ex oficiales, como presuntos autores intelectuales del crimen. Por tanto, dijo, el sistema de justicia debe actuar, siempre y cuando existan las evidencias que confirmen la responsabilidad. A criterio de la ex legisladora, ese mismo reporte de Meza considera que no hay indicios de culpabilidad, ni intelectual ni material, que apunten a su hermano, simplemente porque no tuvo nada que ver. Proyectos en salud y protección familiar Por otra parte, Pierina Correa anticipó que, de llegar nuevamente al Parlamento, continuará su trabajo en diversos ámbitos sociales. Especialmente en salud y protección familiar. Correa anotó que, durante su anterior periodo, en su calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, impulsó importantes reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. En total fueron 26 cambios, incluyendo una hoja de ruta para quienes retomen la tarea en la futura Asamblea Nacional. Adicionalmente, dijo, presentó 9 proyectos de leyes y reformas, incluyendo temas de salud mental comunitaria, Ley del Deporte, Deporte Paralímpico, etc. Asimismo, impulsó 11 normativas para seguridad.

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Fiscalía debe procesar a implicados en Caso Gabela, según periodista de investigación

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 12/07/2023

La lectura del denominado “tercer producto”, del informe sobre el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, estableció que otros dos generales, Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, serían los autores intelectuales del crimen. Bohórquez también fue comandante de la FAE, mientras que Espinosa lideró el Ala de Combate 22 de la institución. Para la periodista de investigación, María Belén Arroyo, el reporte del perito argentino Roberto Meza tiene dos conclusiones: la primera, la implicación de los citados oficiales en el homicidio; y la segunda, igual de importante, que las sospechas existían hace 10 años, cuando se elaboró el informe inicial. Por tanto, consideró que desde entonces, en el 2013, se escondieron las pistas, a sabiendas que conducirían al mismo resultado de hoy. Un elemento que hace presumir responsabilidad política del gobierno de entonces. Arroyo recordó que Gabela se volvió incómodo para altos oficiales, debido a su oposición a la compra de los 7 helicópteros hindúes DHRUV, por considerarlos de mala calidad. Incluso el 1 de abril del 2008 se reunió con el entonces presidente Rafael Correa, como consta en la bitácora del Palacio de Gobierno, para entregarle información sobre las deficiencias de las naves. Esos documentos nunca aparecieron. Lo que sí hubo, recordó, fue un permanente acoso contra Gabela, quien fue seguido por agentes de inteligencia militar, e incluso amenazado por el propio general Bohórquez, uno de los dos señalados. Arroyo lamentó que, a pesar de los percances sufridos por 4 de los helicópteros, y que causaron la muerte de 3 tripulantes, el dictamen judicial sobreseyó a los 18 participantes en la compra, al considerar que “no hubo perjuicio para el Estado”, toda vez que el seguro pagó el valor de las naves siniestradas. La periodista considera que, con este “tercer producto”, considerado “noticia del delito”, la Fiscalía puede actuar de oficio e iniciar una nueva investigación, incluyendo la posibilidad de “crimen de Estado”, pues quedó totalmente descartado que la muerte de Gabela fuera causada por “delincuencia común”. Arroyo recalcó que, al margen del crimen, hay indicios de otros delitos también graves, como falsedad procesal, adulteración de documentos públicos, etc.

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Perito Meza señala a generales Bohórquez y Espinosa como autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela

Nacionales / Fernando Castilla Fassio / 11/07/2023

Los generales Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, ex comandante de la Fuerza Aérea y ex comandante del Ala de Combate 22 de la institución, respectivamente, serían los autores intelectuales del asesinato del también general Jorge Gabela. Así lo señaló el perito argentino, Roberto Meza, al presentar el denominado “tercer producto” de su investigación, que descarta totalmente que el ataque, perpetrado la madrugada del 19 de diciembre del 2010 en una ciudadela de Samborondón, proviniera de delincuencia común. El reporte, de 73 páginas, fue entregado oficialmente ayer a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ante la presencia de la comisión que conformó el gobierno, por disposición de la Corte Constitucional. Ochoa tiene 20 días para analizarlo y presentar cualquier inquietud, y de ahí el experto forense cuenta con 30 días para responder. En su larga exposición, Meza estableció los parámetros contemplados en su investigación, y que apuntan a Bohórquez y Espinosa como presuntos promotores del crimen. El móvil del asesinato, señaló, fue la oposición del general Gabela a la compra de los 7 helicópteros hindúes DHRUV. Más aún cuando acentuó sus denuncias, a raíz de los accidentes que sufrían las naves, debido a sus deficientes condiciones. Durante el acto, el perito mostró un video, en el cual Bohórquez parece amenazar a Gabela antes del asesinato. También expuso la orden que había para que agentes de inteligencia lo siguieran. Asesino material estaría vivo Meza explicó que el autor material del asesinato fue un sicario, identificado como Francisco Israel Cruz Vargas, alias “Francis”. En ese entonces surgió la tesis de que el pistolero fue realmente otro sujeto, llamado Derlys David Salazar Vargas, pero las investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de la misma persona, que usaba dos identidades para ocultar sus actividades. En el año 2013, Alias “Francis” supuestamente fue asesinado a tiros en la ciudadela Sauces, norte de Guayaquil. Sin embargo, nuevas pistas revelan que el sujeto está vivo, al punto que en apariencia sufragó en las elecciones del 2021, y hasta estuvo involucrado en otros hechos ilícitos. Alias “Francis” le habría confesado a sus cómplices, que un general le pagó una fuerte suma por matar a Gabela, pero nunca dio nombres ni las motivaciones. “Nunca me dieron la cara” Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del ex comandante de la FAE, agradeció las investigaciones de Meza, y lamentó que durante el gobierno de Rafael Correa pretendieran ocultar la conspiración, con la mentira de que fue un caso de “delincuencia común”. Ochoa recordó que cuando le presentaron el informe la primera vez, quien acudió fue la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. En cambio, Correa no se atrevió a hacerlo, y más bien puso trabas. También fustigó la forma en que pretendieron ocultar la verdad, como lo demuestra la cantidad de informes falsos, mutilados y tergiversados que dejaron, para ocultar lo que se sospechaba: que el asesinato fue planeado por los responsables de la compra de los helicópteros DHRUV.

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Viuda del general Gabela ya sabe quiénes ordenaron asesinar a su esposo

Nacionales, Política / Fernando Castilla Fassio / 21/06/2023

Patricia Ochoa, esposa del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gabela, y quien fue asesinado en el año 2010, afirma ya saber quiénes ordenaron el crimen. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, Ochoa explicó que en el año 2018 se reunió con el perito argentino, Roberto Meza, quien tuvo el encargado de investigar el caso. En ese encuentro, dijo, Meza le reveló con total claridad los nombres de los autores intelectuales de la muerte de su esposo. Sin embargo, por ahora no puede dar esos nombres, debido a que carece de las evidencias respectivas, y además porque debe respetar la conclusión del nuevo informe que elabora el experto. Ochoa está convencida que Meza, en su “tercer producto”, dará esos nombres, y al fin el país conocerá la verdad. Es por ello, anotó, que ciertos personajes “están preocupadísimos”, porque les falló el plan de decir que Gabela fue asesinado por delincuencia común. Tanto así, que cuando la nueva comisión, creada por este gobierno, pidió el reporte original, aparecieron varios documentos forjados, sin firma de responsabilidad, con diferentes cantidades de páginas, pero con una conclusión similar: delincuencia común. Además, advirtió que desde entonces han tratado de intimidarla. Sin embargo, se mantendrá firme hasta que el caso sea aclarado, pues está segura que a su esposo lo mataron por denunciar las irregularidades, en la compra de los helicópteros DHRUV. Dictamen es absurdo Sobre este punto, expresó su extrañeza por el fallo del juez Luis Rivera, que absolvió a todos los implicados en la compra irregular de las aeronaves hindúes. Ochoa explicó que el argumento del magistrado, de que “Ecuador no perdió plata”, es sospechosamente similar al del ex presidente Rafael Correa. Y claro que lo es, agregó, pues Rivera fue abogado investigador de la Secretaría de Transparencia de Gestión, que durante el gobierno correísta fue parte de la comisión que investigó el asesinato de su esposo. Ochoa afirmó que el peculado es notorio, pues el Estado recibió naves de mala calidad, sin certificaciones universales, y que, durante las inspecciones técnicas, mostraron ser viejas, inclusive con pernos rotos. Además, más allá del dinero invertido y supuestamente recuperado, dan a entender que no tienen valor los ecuatorianos que murieron en los percances sufridos por los DHRUV. Entrevista

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Dos exministros de Defensa de Rafael Correa y otros 16 procesados conocerán, el próximo 19 de mayo, si son o no llamados a juicio por peculado en el caso Dhruv

Nacionales / streaming streaming / 12/05/2023

El Universo .– La Fiscalía solicitó que sean llamados a etapa de juzgamiento los 18 acusados del delito de peculado ocurrido en la compra de siete helicópteros Dhruv. Diez meses después de que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso Dhruv se suspendió para que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, entre a deliberar la decisión de si llama o no a juicio a los 18 acusados del delito de peculado, el magistrado define para el próximo 19 de mayo, a las 16:00, la reinstalación de la diligencia. Esta diligencia se suspendió el 30 de julio de 2022 y desde ese momento lo único que esperan los sujetos procesales es que se cierre la fase preparatoria de juicio, conociendo si la decisión del juez es llamar a juicio a todos a varios o a ninguno. En cinco días de diligencia participaron entregando sus alegatos la fiscal general, Diana Salazar, la Procuraduría General (acusadora particular) y los abogados de los 18 acusados, en mayoría, integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en servicio pasivo (sp). Los 18 procesados son acusados por la Fiscalía de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, ocurrido en 2008. La investigación comprende hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de estos helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa, y la HAL, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A. La fecha para la reinstalación se concreta luego que el 8 de mayo pasado, la fiscal Salazar envió un escrito al juez Rivera señalando que en el caso, desde julio de 2022 hasta la presente fecha, “ha transcurrido el tiempo suficiente y razonable para que su señoría se pronuncie conforme al numeral 5 del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Dos días después el juez responde el escrito definiendo la fecha para la audiencia. “Uno de los derechos garantizados en la Constitución y que igualmente es garantía de los ciudadanos sometidos a controversia judicial es la tutela judicial efectiva, derecho y garantía que además exige se observe los principios procesales de legalidad, oportunidad y debida diligencia. Su inobservancia reviste una responsabilidad conforme establece el artículo 9 del ordenamiento constitucional”, señaló la fiscal en su escrito. En su momento, Diego Chimbo, abogado del procesado brigadier general (sp) de la FAE Jorge Mejía, aseguró que el tiempo que se ha tomado para deliberar supera todo plazo razonable dentro de un proceso judicial. En esa línea, el defensor cree que es un derecho que tienen los procesados a conocer en un “tiempo prudente” cuál es la situación jurídica que enfrentan. Además de Mejía, por peculado son procesados los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval. También hacen parte de los investigados Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE, Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; al exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; y Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE. Finalmente completan la lista de sospechosos Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp), Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre, Francisco Torres. Para Salazar, los funcionarios públicos investigados infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública. Ellos arbitrariamente, explicó, haciendo uso de su función en sus diferentes roles, quebrantando sus obligaciones establecidas en la Ley y la Constitución, terminaron beneficiando a la empresa HAL con la adjudicación del contrato con el que se adquirió los helicópteros Dhruv. El proceso de compra de los helicópteros se formalizó mediante un contrato suscrito el 5 de agosto de 2008. Según la Fiscalía, el peculado investigado causó un perjuicio al Estado ecuatoriano de $ 66,4 millones. El abogado Chimbo espera que la decisión que está por dar el juez Rivera no se vea influenciada por lo sucedido en febrero pasado, cuando la Corte Constitucional (CC) aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general de la FAE, Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. De una parte se habla que el asesinato del general Gabela se dio durante el asalto que se produjo en su casa; mientras que la familia del uniformado sostiene que la muerte está relacionada con las denuncias que él hizo sobre la compra de los siete helicópteros Dhruv. El artículo 278 del COIP señala que cometen la figura de peculado los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo. Quienes sean encontrados culpables del delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Gobierno crea comisión de apoyo a investigación de muerte del general Gabela

Nacionales / streaming streaming / 15/03/2023

VISTAZO .- El Gobierno creó el martes una comisión que apoyará el estudio de un perito que indagó sobre la muerte de un general de la Fuerza Aérea en 2010, durante el Gobierno de Rafael Correa, y cuya esposa considera que se trató de una «ejecución extrajudicial». El presidente Guillermo Lasso, mediante un decreto ejecutivo, creó la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza en torno al caso de la muerte del general Jorge Gabela, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La creación de dicha Comisión es una orden de la Corte Constitucional que obligó al Estado a que apoye la reelaboración del tercer cuerpo de una investigación que desapareció y que se considera fundamental en el proceso. En principio, las investigaciones condujeron a la hipótesis que Gabela había sido asesinado por delincuentes, aunque el informe desaparecido del perito Meza advertía de sospechas sobre móviles relacionados con denuncias sobre irregularidades en la compra de helicópteros militares durante el Gobierno de Correa. «Mi Gobierno colaborará en todo sentido», dijo Lasso en la ceremonia de creación de la Comisión, en la que el Estado también presentó disculpas por las consecuencias generadas por la desaparición del informe del perito Meza. La Comisión estará integrada por Jeannine Cruz, Arturo Moscoso y Juan Sebastián Palacios, quienes coordinarán con el perito Meza para la entrega de un nuevo ejemplar del «Tercer Producto Pericial» referente a este caso. El nuevo informe deberá ser entregado a la esposa de Gabela, Patricia Ochoa, y a la Defensoría del Pueblo hasta el próximo 17 de mayo. (Archivo) La Comisión se extinguirá cuando haya cumplido el objeto para el que fue creada, se precisó en el decreto ejecutivo. El general Gabela fue asesinado en el vestíbulo de su domicilio de la ciudad de Guayaquil en diciembre de 2010, homicidio que las autoridades de entonces apuntaron a que fue obra de la delincuencia común. Sin embargo, su viuda denunció entonces que se trató de un asesinato relacionado con las denuncias que hizo Gabela sobre la compra por parte de Ecuador de helicópteros indios Dhruv defectuosos.

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Ecuador: julio 12, 2025