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El Supremo confirma la liquidación de 2,5 millones de euros de Hacienda a Joaquín Sabina

El País .-El alto tribunal no admite a trámite el recurso presentado por el cantante contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la deuda tributaria por los ejercicios 2008, 2009 y 2010   El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso que el cantante Joaquín Sabina interpuso contra una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional de 2022, confirmando así la liquidación de 2,5 millones que le realizó Hacienda por los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 en relación con la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades.   Según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha inadmitido a trámite —es decir, ni ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, al considerar que no había motivos de peso para recurrir y que ya se había pronunciado sobre las cuestiones en discusión— el recurso de casación presentado por el cantante contra la sentencia de abril de 2022 de la Audiencia Nacional, que confirmó que las liquidaciones eran conforme a derecho.   El caso se refiere a la liquidación que hizo Hacienda de los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 sobre la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades por una cuantía de 2,5 millones de euros. Sabina había recurrido la resolución del Tribunal económico-administrativo Central (TEAC), de 2019, que a su vez confirmó la del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de 2017, sobre la reclamación interpuesta por el cantante a liquidación por el IRPF en esos tres ejercicios y contra la sanción que le fue impuesta.   Tras la sentencia de la Audiencia, el entorno del cantante señaló a EL PAÍS que la deuda tributaria ya había sido satisfecha en 2014, mediante compensaciones de oficio sobre devoluciones del impuesto de sociedades realizadas por la Agencia Tributaria por valor de 1.420.649,54 euros, además de un abono en metálico de 1.270.000 euros en noviembre de ese mismo año. Derechos de autor La sentencia de la Audiencia Nacional explicaba que Sabina era socio mayoritario y administrador solidario de la entidad Ultramarinos Finos SL, accionista mayoritario de la empresa Relatores SL y padre de una de las socias de la entidad El pan de mis niñas SL. Señaló que las cantidades percibidas de la sociedad Ultramarinos Finos SL en los periodos impositivos 2008, 2009 y 2010, como rendimientos de trabajo, eran como contraprestación por la prestación de los servicios artísticos del cantante.   Sabina había cedido a las otras dos sociedades derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna, según sus declaraciones tributarias, y el total de los ingresos de explotación de dichas entidades procedía de la explotación de los referidos derechos de autor.   Como consecuencia de la regularización practicada por Hacienda, se dictaron acuerdos de liquidación a estas tres empresas por su impuesto sobre Sociedades, al considerar que los servicios prestados por el artista a la sociedad eran un gasto relacionado con los ingresos y, por tanto, deducible de la cuenta de resultados de la sociedad. Correlativamente, se acordó incrementar la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del cantante.   Ahora, el Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso presentado por Joaquín Sabina, al apreciar que “no se fundamenta suficientemente que concurren alguno o algunos de los presupuestos” que, conforme a la ley, “permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento” del tribunal.   El alto tribunal refiere su jurisprudencia para señalar que las cuestiones que planteó el recurrente sobre los métodos de valoración en operaciones vinculadas “han de entenderse esencialmente resueltas”. En la providencia, su ponente, Isaac Merino, explica que no procede imponer las costas a la parte recurrente y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

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Los impuestos en Brasil: un sistema barroco que castiga a los pobres y premia a ricos y accionistas

El País .- La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de reforma tributaria que crea un IVA para empezar a simplificar un esquema que grava más el consumo que la renta o el patrimonio Para los contribuyentes de todo el mundo pagar impuestos suele ser una tarea ingrata, un fastidio, pero para los trabajadores brasileños es un auténtico infierno. El sistema tributario de este país es barroco. Complejísimo y plagado de excepciones y exenciones. La más increíble, la que desde los noventa exime de pagar impuestos a los dividendos que las empresas reparten a sus accionistas. Y, además, es profundamente injusto. La carga tributaria se apoya mucho más en el consumo (alimentos o servicios que usan indistintamente ricos y pobres) que en la renta o el patrimonio. Conclusión, los impuestos castigan a los más miserables y, en vez de paliar la brutal desigualdad, la perpetúan y aumentan. El Congreso brasileño empezó el jueves, por enésima vez, el trámite para aprobar una reforma tributaria. Después de tres décadas de debate, la norma quedó aprobada con holgura ya entrada la noche: 382 diputados a favor, 118 en contra y tres abstenciones. Ahora debe ir al Senado.   La ambición del proyecto es escasa. Busca unificar los cinco impuestos al consumo y adoptar un IVA, en realidad dos IVAs. Sí, Brasil suele tener aversión a lo simple, aunque tiene su lógica porque es un país continental. Todas las magnitudes son gigantescas en este país de 203 millones de habitantes, según el último censo, 27 Estados (tantos como países tiene la UE) y 5.000 municipios. En consonancia, las cifras de cualquier asunto fiscal son de mareo. Por ejemplo, en ningún país del mundo una empresa necesita dedicar tantas horas a la burocracia tributaria: 2.960 horas requiere una compañía que facture unos 8 millones de euros, o sea, 123 días, según un estudio de Deloitte. Entre los asalariados, no es raro encargar la declaración de la renta a contables que prometen aprovechar hasta la más nimia de las novedades. Jefferson Nascimento, coordinador de justicia social y económica de la ONG Oxfam, advierte de que “esa complejidad del sistema enmascara la desigualdad” que genera.   Espectacular es el acelerón que han vivido en los últimos días las negociaciones sobre la reforma tributaria, un asunto al que sus señorías han dedicado en los últimos años eternos debates que han quedado nada una y otra vez por la fuerza de los lobbies. Los abogados lograron neutralizar el anterior intento, en tiempos del ahora inhabilitado Jair Bolsonaro. Esta semana, la Cámara de Diputados suspendió toda la agenda parlamentaria que no tuviera que ver con los impuestos para asegurarse de que el proyecto se votara cuanto antes en primera lectura.   Mientras parlamentarios, gobernadores y alcaldes discuten calculadora en mano, los medios intentan explicar con ejemplos sencillos los vericuetos y novedades de un sistema tributario que, según el editorialista de O Globo, es “el más opaco, complejo y caro del mundo”.   Y además, es regresivo. Nascimento, de Oxfam, una de las ONG que batalla para que los impuestos sean un instrumento de redistribución de la riqueza, explicaba al inicio de la legislatura que, “en Brasil, más de la mitad de la carga tributaria viene de los impuestos sobre el consumo, un porcentaje muy superior al de la OCDE [el club de los países más desarrollados], de manera que los pobres acaban pagando más que los ricos porque, en el otro extremo, se gravan poco la renta y el patrimonio”.   El impuesto de la renta brasileño es progresivo con un máximo del 27,5% que paga cualquier empleado que cobre un salario a partir de los 950 dólares (3,5 salarios mínimos) hasta el banquero mejor pagado del país. Pero no siempre fue así. A finales de los ochenta, el tope era del 45%.   Por eso, Brasil también tiene su versión del magnate Warren Buffet cuando se queja de que paga más impuestos que su secretaria. Es el fundador y director ejecutivo de un negocio boyante, Petz, una cadena de tiendas con todo lo que cualquier amante de las mascotas puede soñar. “Yo, como CEO de mi empresa, pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza”, protestaba Sérgio Zimerman hace unos meses en una entrevista. Añadía: “Si la gente supiera lo que paga [de impuestos] cada producto habría una revuelta”. Pero no es nada fácil saberlo porque entender los entresijos prácticamente requiere un master en fiscalidad. Para el empresario brasileño, cuya compañía cotiza en Bolsa, “es absurdo que alguien defienda que los dividendos no se deben gravar”.   Esa exención, implantada en Brasil en 1995, es casi única en el mundo. Solo dos países europeos, pequeños y sin la brutal desigualdad del país más rico de América Latina, no cobran impuestos a los beneficios que reparten las empresas, según Tax Fundation. Esa es, precisamente, explica el experto de Oxfam, la principal fuente de ingresos de los hipermegarricos: “El 0,2% de los brasileños con más renta recibe el 70% de ella a través de beneficios y dividendos”.   Las excepciones son el pan nuestro de cada día en Brasil. La presión de los lobbys es enorme, los congresistas, fáciles de convencer y cada año se incorporan toda suerte de dispensas. Entre las divertidas, aunque corrosiva para un bolsillo pobre, uno de los postres más populares del planeta, el helado. Resulta que, en su versión clásica, paga un 5% de impuestos sobre el precio de venta. Pero con un leve cambio de composición y bautizado como bebida láctea se produce la magia fiscal: cero impuestos, como bien sabe McDonalds, donde triunfa la Casquinha Baunilha, “un cucurucho supercrujiente con bebida láctea de vainilla”.   Las desgravaciones son incontables. Y el menú de exenciones tributarias, rico y variado. Conforman una larga lista que elabora la Asociación Nacional de Inspectores Fiscales de la Hacienda brasileña y no tiene desperdicio. Ellos lo presentan como el dinero que el Estado renuncia a recaudar. Solo en el capitulo de beneficios empresariales y dividendos sumó en 2022 la friolera de 15.000 millones de dólares. El Estado brasileño recaudaría otro tanto si

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