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Ecuador: junio 22, 2025

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Ecuador, junio 22, 2025

Servicios de impuestos a vehículos ya están habilitados en SRI

El Universo .- Este 15 de enero se habilitaron nuevamente los servicios que fueron suspendidos desde el 29 de diciembre para configurarlos al periodo del nuevo año. Desde este lunes, 15 de enero del 2024, el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitó de nuevo los servicios de impuestos vehiculares. La institución realizó la configuración de estos impuestos para el periodo fiscal 2024, razón por la cual los servicios y trámites relacionados con los tributos de vehículos se suspendieron desde el 29 de diciembre de 2023. Para este 15 de enero se debían reanudar en los diferentes canales presenciales y electrónicos, y así lo hizo. Estas fechas aplicaron también para los pagos en las instituciones financieras y SRI en línea, correspondientes a la matrícula y al 1 % a la compraventa de vehículos usados. (I)

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Reforma tributaria abre un amplio paraguas de perdón de intereses y multas por deudas no solo con el SRI

El Universo .- Primer informe de proyecto urgente incluye remisión de intereses, multas y recargos a deudores de los gobiernos seccionales, ANT y otras entidades. La Ley de Eficiencia Económica, cuyo primer informe ya se aprobó en el pleno de la Asamblea Nacional, abrirá un amplio paraguas de remisión tributaria, es decir el perdón de intereses, multas y recargos a los deudores tanto del Servicio de Rentas Internas (SRI) como de otras entidades: gobiernos autónomos descentralizados (GAD), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o de las que manejaron créditos educativos (Instituto de Talento Humano o IECE). En la propuesta original no se hacía precisiones sobre el alcance de esta facilidad, pero en el informe para primer debate ya tratado por la Comisión de Desarrollo Económico se establece una remisión general, prácticamente sin limitaciones. El tema preocupa a expertos, tanto por el sacrificio fiscal que puede implicar como por el mensaje contra la cultura tributaria que se estaría dando. En la disposición transitoria segunda del proyecto se indica que “los contribuyentes que paguen la totalidad de las obligaciones tributarias vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley o aquellos contribuyentes que hayan sido notificados con una comunicación de diferencias o actas borrador hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley gozarán de la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudación le correspondan al Servicio de Rentas Internas”. El pago deberá realizarse en un plazo máximo de 150 días contados a partir de la publicación de la ley. Deberán presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales nacionales y/o internacionales, previo a efectuar el pago. En el caso de deudas a los GAD los deudores se podrán acoger mediante una resolución del ejecutivo municipal, metropolitano o provincial, según corresponda, sin que sea necesaria la emisión de una ordenanza. El proyecto de ley también establece que se puedan acoger al beneficio los deudores de créditos educativos (Instituto de Talento Humano, IECE) y quienes tienen obligaciones pendientes de matriculación vehicular. Adicionalmente hay una serie de condonaciones de deudas: Se condona pago de $ 60 por concepto de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022 a los contribuyentes que hayan sido considerados Rimpe-Negocios Populares. Se condonan los valores derivados del Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Se condonan impuestos a la propiedad de vehículos motorizados, ambiental, a la contaminación vehicular y al 1 % a la compra venta de vehículos usados, administrados por el SRI sobre los ajustes, reliquidaciones, redeterminaciones o determinaciones posteriores hechas por la administración tributaria hasta por el periodo fiscal 2023, inclusive. Esta extinción no incluye a la determinación anual por los impuestos vehiculares efectuados hasta por el periodo fiscal 2023. Así, la Asamblea ha cambiado la propuesta original en el sentido de que ya no deja las precisiones para el reglamento, pero en cambio ha incorporado en la propia ley una serie de beneficios que favorece a todos, sin restricciones. “Es decir pueden beneficiarse funcionarios públicos, militares, policías y sus familiares. La remisión se extiende a todas las obligaciones del SRI: impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, IVA, entre otros, sin importar la cuantía”, dice Napoleón Santamaría, abogado tributario. Días atrás, él había insistido en que la remisión no podía ser tan general, porque al no limitar a políticos justamente se puede entender que la ley va con dedicatoria al actual Gobierno; además que militares y policías se supone que deben cumplir la ley y no deberían haber incurrido en esas faltas. También había dicho que quien percibe IVA y no lo dio al fisco a tiempo no solo ha cometido una falta tributaria, sino que ha incurrido en un fraude. El experto también había desaconsejado que la remisión sea del 100 % de intereses, por ser una concesión excesivamente generosa con los deudores. Lo que llama la atención, indica Pablo Guevara, socio de la consultora tributaria Andersen, es que el Gobierno envía un proyecto de ley para obtener ingresos que le permitan mejorar su situación fiscal, estableciendo exenciones especiales a casos puntuales, pero ahora la Asamblea le impone un mayor sacrificio fiscal. “Parece muy generoso por parte de la Asamblea, cosas que no van a afectar a ellos sino el Ejecutivo. Me imagino que lo han hablado con el Gobierno, de lo contrario están exonerando dineros ajenos”. Considera que el mensaje que se da a la sociedad con este tipo de medidas es inconveniente. Es que hay contribuyentes que son cumplidores de la ley y deben sentirse defraudados con el Estado cuando ven que los que no cumplieron y que deberían tener una consecuencia se les perdona, el mensaje que se da es que no importa si no se cumple, pues pasando pocos años hay una nueva revisión. “Las remisiones son odiosas porque aunque es necesario ajustar las cuentas con los deudores, si son tan seguidas es contraproducente”. Guevara llama la atención, además, sobre otro artículo de la ley: una reforma al Código Tributario que establece una remisión a quienes paguen en siete días después de actos de determinación que haga Rentas Internas. Para Guevara esto también es una invitación a no pagar a tiempo y esperar a que el SRI los descubra, los determine y entonces acogerse a una remisión de intereses del 75 %.

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“Estamos saliendo del hueco”. La analogía de Pablo Arosemena, al dejar Ministerio de Finanzas

¿Cómo definir la situación económica del Ecuador? Es como salir de un hueco. No hemos escalado del todo, pero al menos estamos lejos del fondo. Así se expresó el ministro de Finanzas saliente, Pablo Arosemena, en un diálogo especial con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”. El funcionario presentó ya su renuncia, pero permanecerá en el cargo hasta este jueves, en que está prevista la transición. El lunes pasado como parte de la transición ordenada se solicitó a todos los Ministros que pongan sus cargos a disposición y estén en funciones hasta el 22/11. Entregué mi renuncia el miércoles 15 de la semana pasada y acompañaré hasta el final del Gobierno, miércoles 22/11. pic.twitter.com/CePKQytzpE — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) November 21, 2023 Para Arosemena, el manejo fiscal del gobierno de Guillermo Lasso ha sido responsable. Y sí, hay muchos problemas, pero la mayoría no son culpa de la administración que termina. Por ejemplo, la Constitución vigente obliga todos los años al Estado, a incrementar el gasto en salud, educación y otros en un 0,5% del Producto Interno Bruto, actualmente en 120.000 millones de dólares. Es decir, un egreso adicional, que no siempre cuenta con el respaldo necesario. También está el problema del excesivo aparato burocrático, que no se puede reducir debido a los fallos judiciales, que obligan a reintegrar a los empleados. Arosemena precisó que, pese a todos los problemas, el gobierno saliente logró reducir el déficit fiscal. Lamentablemente, dijo, la situación política se convirtió en una traba permanente. Como ejemplo citó el aumento del Riesgo País, durante las llamadas “mesas de diálogo” con la Conaie, por la actitud beligerante que mostró esa organización. También hicieron mucho daño las decisiones de la Corte Constitucional, que frenaron las inversiones extranjeras con el argumento de las consultas ambientales. Logros fiscales Al evaluar la gestión del gobierno, recordó la eliminación de varios impuestos y la reducción de otros. Pese a ello, para este 2023 se planifica recaudar 18.193 millones de dólares brutos. Una cifra récord. A criterio del ministro, es una muestra de que el país se está recuperando. Sí se cumple con gobiernos seccionales En torno a los reclamos de los gobiernos seccionales, que denuncian atraso en las transferencias, Arosemena precisó que se han realizado pagos incluso de varios años atrás. Y en efecto, hay aportaciones pendientes, pero no en los montos denunciados. USD 4.989 MILLONES EN PAGOS REALIZADOS 🇪🇨 POR ATRASOS Y DEUDAS HISTÓRICAS DE GOBIERNOS ANTERIORES pic.twitter.com/jZzflIP2MC — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) October 3, 2023 Lo que no dicen los GADs, acotó, es que usan parte del dinero que reciben por Modelo de Equidad Territorial en sueldos y salarios, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Arosemena aclaró que muchas de las críticas tienen implicaciones políticas, como lo reconocen después los propios alcaldes. También negó que el gobierno de Lasso haya vendido bonos al IESS, como señalaron denuncias sin fundamento. Finalmente, reconoció que el nuevo gobierno entrará con poco dinero en caja. Sin embargo, aclaró que todos los días entran recursos por concepto de impuestos, venta petrolera y autogestión. Asimismo, puntualizó que se quedará en el país para responder cualquier inquietud, y anotó que “no se esconderá”, porque la gestión ha sido transparente y profesional.

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Coca-Cola pierde un nuevo asalto de su multimillonaria batalla fiscal en Estados Unidos

El País .- La compañía recurrirá la sentencia adversa en un pleito cuyo impacto potencial supera los 14.000 millones de dólares La multinacional estadounidense Coca-Cola ha sufrido un serio revés en la multimillonaria batalla fiscal que afronta contra la agencia tributaria estadounidense (el IRS, por sus siglas en inglés). El Tribunal Fiscal de Estados Unidos ha dictado este miércoles un dictamen, publicado en su página web, en el que da la razón al fisco en un caso clave. Forma parte de una disputa en la que la compañía se juega más de 14.000 millones de dólares (13.100 millones de euros), según sus propias estimaciones, de los que tendrá que pagar unos 5.600 millones a corto plazo. Coca-Cola ha anunciado que recurrirá. El nuevo fallo es complementario de otro dictado en 2020. Ambos van referidos a los precios de transferencia o la forma en que Coca-Cola asignaba los beneficios a diferentes filiales. En opinión de las autoridades, Coca-Cola trasladaba resultados en exceso a jurisdicciones extranjeras para evitar hacer frente a unos impuestos estadounidenses más altos. El IRS rechazó esa ingeniería fiscal y efectuó ajustes en las declaraciones fiscales, que la compañía recurrió. El mismo juez que ha dictado el nuevo fallo le dio la razón a la agencia tributaria en su dictamen de 2020, de 244 páginas. En aquel momento, el Tribunal Fiscal se reservó el pronunciamiento sobre el efecto de las restricciones legales brasileñas al pago de cánones por parte del licenciatario de Coca-Cola en Brasil hasta después de que se aclarase un caso parecido sobre el conglomerado 3M, que se resolvió a principios de año. Ahora, el juez ha dictado su dictamen complementario sobre Brasil en que también da la razón al IRS y admite de forma íntegra el ajuste hecho por los inspectores a la declaración de impuestos de la empresa de los años 2007 a 2009. Después de emitido el nuevo fallo, Coca-Cola y la agencia tributaria disponen de tiempo para llegar a un acuerdo sobre el impacto fiscal de ambos dictámenes, tras lo cual el Tribunal Fiscal emitirá su resolución final sobre el caso. La empresa dispondrá entonces de 90 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito y pagar la deuda tributaria y los intereses correspondientes a los ejercicios 2007 a 2009. La reclamación inicial era de 3.300 millones de dólares más intereses por esos tres ejercicios. Coca-Cola ha revisado recientemente su estimación y en su último informe trimestral registrado ante la Comisión de valores y Bolsa calcula que el pago que deberá efectuarse en ese momento por los ejercicios de 2007 a 2009, ascendería aproximadamente a 5.600 millones de dólares, incluidos los intereses hasta el 29 de septiembre de 2023, más los intereses adicionales devengados hasta el momento del pago. Una parte o la totalidad de este importe se reembolsaría si la empresa ganara el recurso. Además, si se extrapola la nueva interpretación fiscal a los ejercicios posteriores, “la compañía estima que el pasivo potencial incremental de impuestos e intereses podría ser de aproximadamente 14.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 2022″, una cifra que habría que actualizar con los intereses adicionales hasta el momento de los pagos. Y el nuevo criterio fiscal tendría un impacto permanente sobre sus cuentas. La compañía estima que el impacto de la aplicación continuada de esa metodología habría supuesto unos 1.200 millones de dólares más en los primeros nueve meses del año. Para ejercicios futuros supondría un aumento del tipo impositivo efectivo de aproximadamente un 3,5%, según su último informe trimestral. Es un impacto muy grande como para no pelearlo hasta el final, así que si el tribunal de apelaciones no le da la razón, lo más probable es que la compañía intentase llegar hasta el Supremo, como da entender el hecho de que alegue que el ajuste tributario es inconstitucional. “The Coca-Cola Company no está de acuerdo con las acciones del IRS y la última decisión del Tribunal Fiscal de Estados Unidos”, ha dicho la empresa en un comunicado. “Aunque no estamos de acuerdo con la interpretación del tribunal de los hechos y la ley en este caso, nos complace acercarnos a una resolución final del caso del Tribunal Fiscal para que podamos presentar una apelación, donde podemos hacer valer nuestras reclamaciones y defender enérgicamente la posición de la empresa. Esto incluye nuestra creencia de que es inconstitucional hacer frente a una responsabilidad fiscal retroactiva basada en el uso por parte del IRS de una metodología de cálculo que era diferente de la que se acordó y aprobó hace tiempo en las inspecciones durante más de una década”, añade. Curiosamente, en su defensa la compañía alegaba un viejo precedente de un caso de la multinacional Procter & Gamble en relación con los pagos por derechos de su filial española. El juez rechaza que ambos supuestos sean comparables y considera que Coca-Cola no ha aportado pruebas que sostengan sus argumentos. La multinacional estadounidense tuvo también problemas en España por los precios de transferencia y Hacienda levantó diversas actas a la compañía reclamando cantidades millonarias. La empresa pagó en 2013 más de 40 millones por sus discrepancias en el impuesto de sociedades.

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Analista exhorta a futuro gobierno a mejorar recaudaciones y no recargar impuestos

El futuro gobierno de Daniel Noboa debe preocuparse más de mejorar las recaudaciones tributarias, antes que de crear nuevos impuestos. Así lo señaló Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, en diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”. Para el analista, antes de comenzar su gestión, el equipo económico de Noboa debe preocuparse de mostrar al país dos documentos fundamentales: el Plan Nacional de Desarrollo, y el presupuesto del año 2024. De ese modo, dijo, los ecuatorianos conoceremos las propuestas de inversión, y, lo más importante, la forma en que el futuro gobierno conseguirá financiamiento. En este aspecto, Yumibanda señaló que a quien sea designado ministro de Finanzas, le tocará la optimización del gasto público, sin afectar aspectos sociales de tanta importancia como la educación y la salud. De ahí la importancia de combatir la evasión fiscal, y de ese modo no subir impuestos. A su criterio, eliminar subsidios será muy difícil a corto plazo, debido a que no existe un registro nacional que permita establecer, cuáles son los sectores sociales donde esta eliminación no causaría problemas. Caso contrario, terminar con ciertos subsidios, sin un análisis previo, podría traer una hecatombe. Asimismo, es partidario de rebajar las tasas de intereses de créditos productivos, en especial para los pequeños emprendedores.

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Gasto tributario creció a $ 5.150 millones en 2022, el 72 % se concentró en beneficios sociales, según el SRI

El Universo .- El rubro creció el 6,2 % con relación a lo que se generó en el 2021, según el director general del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. La estimación del gasto tributario del 2022 fue de $ 5.150 millones, lo cual representa el 6,2 % más que en el 2021, que fue de $ 4.850, indicó el director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, durante una rueda de prensa que ofreció este martes 10 octubre, en Guayaquil, en donde también presentó una actualización metodológica y los nuevos valores correspondientes a toda la serie entre 2009 y 2022. El 72 % del gasto tributario se concentra en beneficios de carácter social como el IVA 0% a alimentos, medicamentos, educación, salud, vivienda, transporte, etc.; así como deducciones por gastos personales en impuesto a la renta de personas naturales y devoluciones del IVA de tercera edad y a personas con discapacidad del año pasado. “De los $ 5.150 millones, $ 3.708 millones se concentran en beneficios de carácter social y de personas naturales. Cada vez que dicen: ‘reduce el gasto tributario’, están diciendo ponle IVA a los alimentos, medicamentos, a la educación, salud, vivienda”, afirmó el funcionario. Recordó que el gasto tributario es lo que el Estado entrega en beneficio para los contribuyentes, es decir, son impuestos que no se los cobra, porque son beneficios tributarios. “El gasto tributario son todos los beneficios tributarios que tienen la ciudadanía, las compañías para poder impulsar el consumo, la inversión, entre otras cosas y todo esto de aquí están definidos en la ley”, afirmó. Además, comentó que en promedio (2009 – 2021) el gasto tributario se ajusta en -1 % del PIB. Además, que se mantiene en torno al promedio registrado de América Latina para el 2021. Actualización metodológica Durante su presentación, el funcionario también explicó sobre la mejora metodológica que efectuaron al gasto tributario, entre 2009 y 2022, (excepto 2010), ya que así permite una comparabilidad en el tiempo, para lo cual citó cuatro puntos. El primero, la exclusión, por asistencia técnica del FMI, algunos rubros que no era considerados gastos tributarios, entre ellos, los convenios para evitar la doble tributación. En ese contexto se eliminan los rubros como: depreciación acelerada, convenios internacionales de doble tributación, amnistía, Impuestos de Renta Únicos (banano, palma y utilidad en la enajenación de acciones), entre otros marginales. Por otro lado, comentó sobre el reconocimiento de los costos y gastos asociados a los ingresos por parte de los contratos de inversión, en este punto indicó que se estaba calculando el impuesto a la renta sobre el ingreso bruto y no sobre la utilidad, pero que ahora fue corregido. En este caso dijo que producto del ajuste en el 2021 fue de $ 1.489 millones, que se estaba calculando en exceso el gasto tributario. En ese año lo publicado fue de $ 6.339 millones, pero el gasto tributario ajustado fue de $4.850 millones. Como tercer punto mencionó que realizaron una actualización de las bases de datos (con corte a julio del 2023). Finalmente, la homologación de la recaudación neta, lo que realmente ingresa en las arcas fiscales y está disponible para el presupuesto público. “Esta nueva metodología asegura la transparencia de la información porque hay una misma metodología para todos los años y porque se corrige esas inconsistencias que habían en el pasado. Acogemos las observaciones técnicas de los multilaterales, corregimos las inconsistencias y además estandarizamos la serie”, dijo Briones.

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Cambiar enfoque tradicional de persecución por el de confianza mutua, parte del análisis de foro internacional organizado por SRI y el BID

El Universo .- En el evento, que se realizó en Guayaquil, participaron administraciones tributarias de Perú, Chile, Brasil, entre otros países. La confianza mutua entre los contribuyentes y la entidad recaudadora de impuestos es la base del programa de cumplimiento cooperativo (PCC) y los desafíos y oportunidades de implementarlo en la región, sobre todo en Ecuador, fueron analizados y discutidos en el foro internacional que se desarrolló este martes 26 de septiembre, en Guayaquil. Administraciones tributarias, además de Ecuador, de Perú, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá, entre otras participaron en el evento que fue inaugurado por el subdirector general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ricardo Flores, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Carlos de la Hoz. La base del programa es la confianza mutua entre los contribuyentes y el SRI, lo que requiere la verificación del marco de control fiscal del contribuyente para generar una “confianza justificada”, indicó la institución “El cumplimiento cooperativo es una visión de la administración tributaria que nosotros en esta administración hemos querido fomentar, cuando llegamos a la administración tributaria, ya hace más de un año liderada por Francisco Briones, director general, nuestro objetivo siempre fue luchar contra la evasión, pero también crear una relación de cooperación con los contribuyentes. Cambiar esta visión de temor fiscalista hacia la administración tributaria por una nueva visión en la que los contribuyentes puedan sentir que visión tributaria es un aliado estratégico”, dijo Flores en su discurso inaugural. Por su parte, De la Hoz resaltó la importancia de aprender de entidades tributarias de otros países, pues permiten traer las mejores experiencias y además “a veces mostrar lo que se puede hacer y cuáles son todas las posibilidades”. Asimismo, indicó que la intervención de los invitados internacionales permitirá alcanzar dos metas que son muy importantes, “especialmente en momentos de turbulencia y de restricciones fiscales”: facilitar el cumplimento tributrario de las grandes empresas y mejorar el clima de inversión en Ecuador. “El cumplimiento cooperativo cambia ese enfoque tradicional de persecución y de desconfianza que hay entre las administraciones tributarias y lo sustituye más bien por otro, de socios, basados en la transparencia y en la confianza mutua”, afirmó el representante del BID. En el primer bloque del foro abordaron los elementos estructurales del cumplimiento cooperativo, marco jurídico de los PCC, ámbito de aplicación, transparencia de la administración tributaria y percepción de riesgo. Estos temas estuvieron a cargo de: Ubaldo Gonzalez (BID); Alejandro Juárez (CIAT); Alexis Carrera (Ernst & Young); Jorge Martin Girola (Deloitte España) y Cristina Trujillo (Colegio Contadores de Pichincha y Ecuador). Sobre las experiencias de la implementación de los PCC hablaron: Fransheska López (Panamá); Carlos Rojas (Perú); María Gabriela Retana (Costa Rica); Flávio Vilela Campos (Brasil); Christian Soto (Chile); y un representante de la empresa Telefónica de España. Posteriormente, trataron sobre la necesidad de construir un marco de control fiscal robusto, que permita una adecuada verificación por parte de las administraciones tributarias. Participaron: José Tostes (BID); Mauro Tejada (director nacional de Grandes Contribuyentes del SRI); Gabriela Larreátegui (exasambleísta); y Marco Rodríguez (presidente ejecutivo de Asobanca). Mientras que sobre el cumplimiento fiscal en operaciones del sector privado, el rol de los asesores fiscales, así como las expectativas del sector privado y de la sociedad respecto de los PCC fueron abordados por: María del Consuelo Naranjo (BID); Carmen Simone (Pérez Bustamante Ponce -PBP-); Elena Herrera (Pronaca); y Juan Carlos Mogrovejo (Universidad Andina Simón Bolívar). Con respecto a las necesidades de los grandes contribuyentes, como la reducción de la litigiosidad, clima de negocios y el servicio rápido y claridad hablaron: Jorge Ayala (asesor tributario); Napoleón Santamaría (asesor tributario); y Erick Blum (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador). Para concluir, Monica Calijuri (BID) analizó sobre la agenda de investigación para un posible programa regional de cumplimiento cooperativo.

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Operativos de control del SRI en agosto dejaron como resultado mercadería incautada por más $ 270.000

El Universo .- Los controles, según la entidad de recaudación tributaria, se realizó en doce ciudades del país, entre ellas, Ambato, Cuenca, Gualaceo y Guaranda. Botellas de licor, cigarrillos, celulares, aparatos electrónicos, prendas de vestir, calzado, entre otros artículos valorados en $ 273.409,37 es el resultado de las incautaciones provisionales realizadas durante agosto en doce ciudades del país, informó el Servicio de Rentas Internas (SRI). Según la entidad de recaudación tributaria, ese resultado es producto de los 29 controles de sustento documental de mercancías y de componentes físicos de seguridad en bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos que efectuaron los fedatarios fiscales en Ambato, Cuenca, Gualaceo, Guaranda, Guayaquil, La Maná, Loja, Machala, Manta, Portoviejo, Quito y Ventanas. El SRI señaló que de enero hasta agosto han ejecutado 204 controles de sustento documental de mercancías y de componentes físicos de seguridad y producto de ello han realizado incautaciones provisionales de bienes valoradas en $ 4′108.446. En agosto también los fedatarios fiscales realizaron 962 acciones disuasivas a establecimientos dedicados a actividades económicas como: centros estéticos, venta de equipos de comunicación y accesorios, prendas de vestir y calzado, venta de comida y bebidas, artículos de ferretería y otros productos. Este operativo se ejecutó en 17 provincias: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Además, desarrollaron 212 controles a la emisión y entrega de comprobantes de venta físicos o electrónicos y como resultado detectaron que el 70 % de los establecimientos no cumplieron con esta regla y como sanción aplicaron la clausura. La entidad recuerda que es importante la documentación que justifique el traslado, tenencia o posesión de la mercadería transportada, almacenada y en exhibición para su comercialización. Además, que se debe contar los sustentos documentales de los insumos o bienes terminados que se usan dentro del proceso de fabricación y/o comercialización, así como con los componentes físicos de seguridad para el caso de bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cigarrillos.  

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Recicladores exigen aprobar decreto ley sobre Impuesto a botellas plásticas

Primicias .- Asociaciones de recicladores y grupos ambientalistas se reunirán el martes 19 de septiembre de 2023 en las afueras de la Corte Constitucional para exigir que se apruebe el decreto ley para la creación del Impuesto Redimible a las Botellas de Plástico (IRBP). El pasado 18 de agosto, el presidente Guillermo Lasso envió a la Corte Constitucional este decreto ley que permitirá que los recicladores cobren USD 0,02 por cada botella plástica que recuperan y entregan a las embotelladoras o plantas recicladoras. Según la Presidencia, si se aprueba el decreto ley, 25.000 recicladores serán beneficiarios con este ingreso. En la manifestación participarán organizaciones como la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec), Perla limpia de Guayaquil, Aseplast, Vida Nueva, Asociación de recicladores 20 de junio y Reciclo. Está previsto que el grupo se reúna en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, para avanzar luego en una manifestación pacífica hasta la Corte Constitucional. Un impuesto vigente desde 2011 El Impuesto Redimible a las Botellas de Plástico es parte de la Ley de Fomento Ambiental, vigente desde 2011, que fue declarada inconstitucional en enero de 2022. Con esa decisión de la Corte Constitucional, se estableció que este impuesto y otras medidas tributarias que incorporó esa ley solo estén vigente hasta diciembre de 2023. De ahí que el Ejecutivo debía enviar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional para no dejar sin ese ingreso a los recicladores, pero eso no ocurrió hasta que se disolvió el Legislativo, por la muerte cruzada, en mayo de 2023. ¿Por qué se preocupan los recicladores? Ha pasado un mes desde que se presentó el decreto ley y la Corte Constitucional todavía no ha emitido un fallo, por lo que los recicladores están preocupados y temen dejar de recibir los USD 0,02 por botella. El pasado 12 de septiembre de 2023, se realizó la audiencia pública en la que la Corte Constitucional recibió insumos y escuchó las comparecencias de los interesados, para tomar una decisión. En promedio, el ingreso mensual que tiene un reciclador es de USD 200 o menos, por extenuantes jornadas de trabajo en las que recorren las ciudades en busca de plástico. Si no se aprueba el decreto ley, los recicladores tendrán que esperar hasta 2024, para que una vez instalada la nueva Asamblea, el nuevo Presidente envíe un proyecto de ley para restituir este impuesto. Según las asociaciones de recicladores, estos trabajadores independientes perciben cada vez menos valor por los kilogramos de plásticos de botellas recicladas que entregan a las plantas de reciclaje y embotelladoras.

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El gasto en sueldos públicos supera en nueves veces al gasto en obras y alcanzó su nivel más alto en 14 años durante agosto de 2023

La Hora .- El gasto en burocracia se ha incrementado en más de $960 millones desde 2021 hasta llegar a los $6.174 millones. Cada vez se necesita un monto mayor de impuestos para cubrirlo.   Con corte a agosto de 2023, el gasto total en la burocracia del Gobierno Central sumó $6.174 millones. Ese monto representó casi cuatro veces más que los $1.631 millones transferidos al IESS por el 40% del aporte estatal, o más de nueve veces el gasto de $677 millones hecho en el Plan Anual de Inversiones hasta agosto de este año. En términos individuales, los sueldos públicos son los desembolsos más altos dentro del presupuesto estatal. Además, durante los primeros ocho meses de 2023 se alcanzó el mayor nivel registrado de los últimos 14 años. Incluso se superó los $6.007 millones alcanzados en 2018. Así, en el país se configura una gran paradoja, de acuerdo con Norma Ramírez, economista y exconsultora de organismos internacionales, por un lado, la burocracia estatal cuesta cada vez más; pero por otro lado se multiplican los reclamos por la mala calidad de los servicios e incluso por la falta de personal en ciertas áreas y sectores. “El problema central es de eficiencia, sobre todo en inversión donde se llegó a menos del 50% de ejecución a agosto de 2023. De qué sirve tener una burocracia creciente si no está bien capacitada para cumplir sus labores”, puntualizó. Gasto creciente Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2021, fue de $5.210 millones y se necesitó el 59% de la recaudación de impuestos para cubrirlo. Dos años después, en medio de una crisis económica y de seguridad, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2023, subió $964 millones hasta los $6.174 millones. Pero, lo más importante es que se necesitó más del 61% de los impuestos recaudados a personas y empresas para cubrirlo. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), actualmente existen 636.847 personas afiliados dentro del sector público. El promedio de ingresos en la burocracia estatal fluctúa entre $970 y $1.000 mensuales; mientras que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el promedio de ingresos de un trabajador privado se ubicó en $447 mensuales con corte al 31 de agosto de 2023. Durante su discurso al asumir el poder, Lasso ofreció un sector público eficiente para “erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación, el abandono”. Para eso aseguró que haría una auditoría integral para identificar el mal gasto en nómina, entre otros destinos, y dar más financiamiento a la inversión. Esa auditoría no se concretó. El único intento de depurar la nómina estatal, al menos de manera parcial, se dio mediante la aplicación del decreto 457, emitido en junio de 2022 en medio del último paro indígena. Ese decreto, que era parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estaba enfocado en reducir el gasto administrativo y cortar buena parte de los contratos ocasionales. Sin embargo, el gasto en sueldos públicos no bajó porque por otro lado el Gobierno tuvo que pagar a los maestros (homologación salarial) y contratar más personal en áreas como seguridad y salud. El primer ministro de Economía del actual Gobierno, Simón Cueva, en su momento anunció un plan con nueve acciones para reducir y optimizar el gasto público, pero ese intento quedó guardado en una carpeta. El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, por su parte, prometió implementar el llamado presupuesto base cero; pero tampoco se han tenido resultados. (JS) Más de siete de cada diez dólares va a cuatro sectores El 74% del total de $6.174 millones gastados en burocracia estatal entre enero y agosto de 2023 se concentró en cuatro sectores. En otras palabras, más de siete de cada diez dólares se fueron a pagar funcionarios en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Policía Nacional y Ministerio de Defensa. En concreto, $1.848 millones se distribuyeron entre los maestros y otro personal educativo; $1.108,7 millones fueron a personal del sector sanitario; $848,9 millones llegaron a los policías y $768 millones fueron para los militares. En otros sectores con gran participación en los sueldos públicos se encontraron las universidades con $768 millones y la Justicia con $346,1 millones. Como ha repetido varias veces Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, uno de los mayores problemas fiscales del país es que el gasto público es inflexible, creciente y sin mayor espacio para la optimización. Evolución del gasto en sueldos públicos A agosto de cada año USD millones Año monto 2010 3.714 2011 4.053 2012 4.526 2013 4.909 2014 5.157 2015 5.489 2016 5.638 2017 5.804 2018 6.007 2019 5.923 2020 5.678 2021 5.210 2022 5.778 2023 6.174   Porcentaje de los impuestos que se va a pagar burocracia a agosto de cada año Año Porcentaje 2018 60% 2019 58% 2020 70% 2021 59% 2022 56% 2023 61%  

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Gobierno: Cierre del ITT es un duro golpe a la economía y le tomará años recuperarse

Primicias .- Petroecuador dice que acatará victoria del Sí para cerrar el ITT. Habrá que preparar un plan de abandono del bloque, dice el ministro de Energía.   El Gobierno aceptó la victoria del Sí en la consulta popular que dispone el cierre de toda actividad petrolera del bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.   Lo dice el ministro de Energía, Fernando Santos, en entrevista con PRIMICIAS, quien anuncia que la petrolera estatal Petroecuador, que está a cargo del ITT, tendrá que preparar un plan de cierre de actividades.   Ese plan será coordinado con el Ministerio del Ambiente, añadió Santos, que reconoce que será titánico y un hecho inédito en Ecuador, que tomará tiempo.   Santos anticipa que solo el diseño del plan podría tomar seis meses, “si es que no queremos causar un daño en el ambiente”.   Desde el lado ambiental, el Ministro cree que la victoria del Sí es un llamado de atención para Petroecuador y las petroleras extranjeras que operan en el país de que el valor del cuidado al ambiente está sobre los ingresos que pueda generar la actividad.   Desde lo económico, Santos dice que constituye un duro golpe para la economía, que será difícil de compensar.   Y eso no solo desde el punto de vista del Presupuesto General del Estado, que dejará de percibir USD 1.200 millones al año, sino también desde la balanza comercial de Ecuador.   Lo más preocupante, dice Santos, es que si hay menos ingresos por exportaciones petroleras, el país no tendrá dinero suficiente para pagar todas las importaciones de combustibles o de bienes de consumo o insumos para la industria.   “El impacto será no solo en lo petrolero, sino en todas las importaciones y en la economía de todos los ecuatorianos”. Fernando Santos Petroecuador acatará decisión Petroecuador informó que está a la espera de los resultados oficiales que serán proclamados por el Consejo Nacional Electoral.   En un comunicado difundido el 21 de agosto de 2023, la mayor petrolera del país dijo, además, que coordinará todas las acciones pertinentes “para acatar a cabalidad la decisión soberana del pueblo ecuatoriano en el bloque 43″.   Y que lo hará en coordinación con las instituciones del Estado con participación en los efectos futuros de la consulta popular. La producción del bloque es ahora de 58.016 barriles diarios de petróleo por día.   Cómo compensar el ITT El ministro de Energía explica que para reemplazar los 58.000 barriles diarios de petróleo que ahora produce el ITT habrá que hacer nuevas exploraciones de petróleo en la zona del suroriente de la Amazonía, pero ahí hay oposición de comunidades indígenas.   Otra opción es delegar el campo Sacha a inversionistas privados para que aumenten la producción petrolera.   Por otro lado, un plan de exploración y explotación nuevo tomará al menos una década, según Santos.   Por eso, para compensar el ITT, el próximo Gobierno deberá buscar medidas fiscales, como aumento de ingresos tributarios o una reducción a los subsidios a los combustibles.   Nadie va a quererle prestar a Ecuador USD 1.200 millones cada año, de manera constante, para compensar la pérdida por la no explotación del ITT, concluyó Santos.   Fuente: Primicias

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SRI brinda facilidades a quienes deban impuestos

El principal papel que cumple el Servicio de Rentas Internas en este gobierno, es ayudar a los contribuyentes en problemas, y en general al desarrollo del sector productivo del país. Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el director de la entidad, Francisco Briones, recordó que, durante el presente gobierno, se han eliminado 15 impuestos, y que, gracias a la Ley de Protección Familiar, se recortó el Impuesto a la Renta de la clase media de forma considerable, lo cual se sentirá ya a fines del presente mes. El funcionario también destacó el beneficio de las nuevas normas para el sector comercial, que ahora puede, por ejemplo, tributar las ventas realizadas a crédito, siempre y cuando las declare a tiempo. Briones precisó que, para todos los problemas, el SRI plantea soluciones y acuerdos de pago, combinando el objetivo de recaudar lo justo, y el necesario enfoque social de la realidad del país. Evasores ya no escapan Esta política, dijo, significa ampliar el universo de contribuyentes, con personas que antes no tributaban. Por ejemplo, deportistas, cirujanos plásticos, “influencers”, etc. Paralelamente, el avance de la tecnología permite al SRI cruzar información con otros países, para evitar que los evasores se libren de sus obligaciones. De forma recíproca, Ecuador ayuda a los demás estados con similar información. Este esfuerzo ha dado buenos resultados. Durante el primer semestre del presente año, se han recaudado 9.609 millones de dólares en impuestos, y la meta al cerrar el 2023 es llegar a 18.000 millones. Finalmente, Briones confirmó que, en efecto, se aplica ahora el IVA para espectáculos públicos. Sin embargo, para actos artísticos y culturales, avalados por el Ministerio del ramo, se mantiene el gravamen cero.

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Los impuestos en Brasil: un sistema barroco que castiga a los pobres y premia a ricos y accionistas

El País .- La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de reforma tributaria que crea un IVA para empezar a simplificar un esquema que grava más el consumo que la renta o el patrimonio Para los contribuyentes de todo el mundo pagar impuestos suele ser una tarea ingrata, un fastidio, pero para los trabajadores brasileños es un auténtico infierno. El sistema tributario de este país es barroco. Complejísimo y plagado de excepciones y exenciones. La más increíble, la que desde los noventa exime de pagar impuestos a los dividendos que las empresas reparten a sus accionistas. Y, además, es profundamente injusto. La carga tributaria se apoya mucho más en el consumo (alimentos o servicios que usan indistintamente ricos y pobres) que en la renta o el patrimonio. Conclusión, los impuestos castigan a los más miserables y, en vez de paliar la brutal desigualdad, la perpetúan y aumentan. El Congreso brasileño empezó el jueves, por enésima vez, el trámite para aprobar una reforma tributaria. Después de tres décadas de debate, la norma quedó aprobada con holgura ya entrada la noche: 382 diputados a favor, 118 en contra y tres abstenciones. Ahora debe ir al Senado.   La ambición del proyecto es escasa. Busca unificar los cinco impuestos al consumo y adoptar un IVA, en realidad dos IVAs. Sí, Brasil suele tener aversión a lo simple, aunque tiene su lógica porque es un país continental. Todas las magnitudes son gigantescas en este país de 203 millones de habitantes, según el último censo, 27 Estados (tantos como países tiene la UE) y 5.000 municipios. En consonancia, las cifras de cualquier asunto fiscal son de mareo. Por ejemplo, en ningún país del mundo una empresa necesita dedicar tantas horas a la burocracia tributaria: 2.960 horas requiere una compañía que facture unos 8 millones de euros, o sea, 123 días, según un estudio de Deloitte. Entre los asalariados, no es raro encargar la declaración de la renta a contables que prometen aprovechar hasta la más nimia de las novedades. Jefferson Nascimento, coordinador de justicia social y económica de la ONG Oxfam, advierte de que “esa complejidad del sistema enmascara la desigualdad” que genera.   Espectacular es el acelerón que han vivido en los últimos días las negociaciones sobre la reforma tributaria, un asunto al que sus señorías han dedicado en los últimos años eternos debates que han quedado nada una y otra vez por la fuerza de los lobbies. Los abogados lograron neutralizar el anterior intento, en tiempos del ahora inhabilitado Jair Bolsonaro. Esta semana, la Cámara de Diputados suspendió toda la agenda parlamentaria que no tuviera que ver con los impuestos para asegurarse de que el proyecto se votara cuanto antes en primera lectura.   Mientras parlamentarios, gobernadores y alcaldes discuten calculadora en mano, los medios intentan explicar con ejemplos sencillos los vericuetos y novedades de un sistema tributario que, según el editorialista de O Globo, es “el más opaco, complejo y caro del mundo”.   Y además, es regresivo. Nascimento, de Oxfam, una de las ONG que batalla para que los impuestos sean un instrumento de redistribución de la riqueza, explicaba al inicio de la legislatura que, “en Brasil, más de la mitad de la carga tributaria viene de los impuestos sobre el consumo, un porcentaje muy superior al de la OCDE [el club de los países más desarrollados], de manera que los pobres acaban pagando más que los ricos porque, en el otro extremo, se gravan poco la renta y el patrimonio”.   El impuesto de la renta brasileño es progresivo con un máximo del 27,5% que paga cualquier empleado que cobre un salario a partir de los 950 dólares (3,5 salarios mínimos) hasta el banquero mejor pagado del país. Pero no siempre fue así. A finales de los ochenta, el tope era del 45%.   Por eso, Brasil también tiene su versión del magnate Warren Buffet cuando se queja de que paga más impuestos que su secretaria. Es el fundador y director ejecutivo de un negocio boyante, Petz, una cadena de tiendas con todo lo que cualquier amante de las mascotas puede soñar. “Yo, como CEO de mi empresa, pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza”, protestaba Sérgio Zimerman hace unos meses en una entrevista. Añadía: “Si la gente supiera lo que paga [de impuestos] cada producto habría una revuelta”. Pero no es nada fácil saberlo porque entender los entresijos prácticamente requiere un master en fiscalidad. Para el empresario brasileño, cuya compañía cotiza en Bolsa, “es absurdo que alguien defienda que los dividendos no se deben gravar”.   Esa exención, implantada en Brasil en 1995, es casi única en el mundo. Solo dos países europeos, pequeños y sin la brutal desigualdad del país más rico de América Latina, no cobran impuestos a los beneficios que reparten las empresas, según Tax Fundation. Esa es, precisamente, explica el experto de Oxfam, la principal fuente de ingresos de los hipermegarricos: “El 0,2% de los brasileños con más renta recibe el 70% de ella a través de beneficios y dividendos”.   Las excepciones son el pan nuestro de cada día en Brasil. La presión de los lobbys es enorme, los congresistas, fáciles de convencer y cada año se incorporan toda suerte de dispensas. Entre las divertidas, aunque corrosiva para un bolsillo pobre, uno de los postres más populares del planeta, el helado. Resulta que, en su versión clásica, paga un 5% de impuestos sobre el precio de venta. Pero con un leve cambio de composición y bautizado como bebida láctea se produce la magia fiscal: cero impuestos, como bien sabe McDonalds, donde triunfa la Casquinha Baunilha, “un cucurucho supercrujiente con bebida láctea de vainilla”.   Las desgravaciones son incontables. Y el menú de exenciones tributarias, rico y variado. Conforman una larga lista que elabora la Asociación Nacional de Inspectores Fiscales de la Hacienda brasileña y no tiene desperdicio. Ellos lo presentan como el dinero que el Estado renuncia a recaudar. Solo en el capitulo de beneficios empresariales y dividendos sumó en 2022 la friolera de 15.000 millones de dólares. El Estado brasileño recaudaría otro tanto si

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Candidatos plantean renegociar la deuda y perseguir a evasores

Primicias .– Las propuestas económicas de los candidatos se concentran en reducir la evasión tributaria, y ninguno contempla un alza de impuestos.   Los ocho candidatos a la Presidencia que se inscribieron para las elecciones extraordinarias de agosto de 2023 proponen más inversión en seguridad, en salud, en educación, pero no todos justifican cómo financiarán sus promesas.     Pese a que losingresos tributarioshan caídoen el Presupuesto del Estado y la recaudación será menor con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, ningún candidato se atreve a sugerir un alza de impuestos. La mayoría de candidatos promete aumentar la recaudación a través reducción de la evasión tributaria, para lo que proponen sanciones fuertes. Y, aunque los pagos de la deuda externa comenzarán a ser más fuertes en 2025 y 2026, los candidatos desde ya prevén hacer renegociaciones de la deuda y canjes.     Yaku Pérez – alianza Claro que se puede   Para subir los ingresos tributarios, Yaku Pérez promete cobrar los impuestos que adeudan las grandes empresas.     Además, Pérez plantea reducir la evasión de impuestos, para que la recaudación por el Impuesto a la Renta equivalga a al menos el 15% del Producto Interno Bruto de Ecuador (PIB). En 2022, la recaudación de este impuesto representó el 5% del PIB.       El candidato promete “reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, aunque no especifica cuál será la nueva tarifa.   Pérez dice que realizará una auditoría a la deuda externa y también propondrá su renegociación a los acreedores.   Otra iniciativa es que los ciudadanos participen en la construcción de la proforma presupuestaria y promete que el gasto en salud, educación, seguridad y protección social no será menor al 50% del total del gasto público.   Daniel Noboa-alianza ADN Noboa promete una política de presupuesto base cero; es decir, un sistema en el que las entidades justifiquen cada año sus gastos; en lugar del sistema actual, en el que las asignaciones parten de lo presupuestado el año anterior.   También plantea crear una institución independiente para auditar la deuda pública e, incluso, advierte que tomará “acciones legales contra la corrupción y la mala gestión” en su manejo.   Como una estrategia para dinamizar la economía, Noboa plantea incentivos tributarios para el sector productivo, siempre que impulse la sostenibilidad, y exenciones de impuestos para las empresas nuevas durante sus primeros años de actividad.   Frente a la evasión tributaria, propone sanciones como penas de prisión para los casos graves.   También propone reducción de tasas de interés para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la creación de programas de garantía de crédito.   Luisa González-Revolución Ciudadana González propone una auditoría solo de la deuda pública contratada durante la pandemia de Covid-19 y buscará su renegociación.   La candidata rescata propuestas que el correísmo impulsó en el pasado como una “nueva arquitectura financiera regional” para acceder a recursos frescos, con tres componentes:   Banco del Sur. Fondo de Reservas del Sur. Sistema de pagos regional.   González también promete recuperar y profundizar “los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía“. Durante la administración de Rafael Correa, el Banco Central prestaba dinero de su liquidez al Gobierno, a través de papeles de deuda.   La candidata plantea medidas que incrementarían el gasto corriente. Por ejemplo: volver a contratar a los funcionarios del sector de la salud que han sido desvinculados, actualizar sueldos de la Policía según la inflación e invertir en nuevos programas de alimentación escolar.   Para cubrir, en parte, esos gastos, González plantea crear impuestos para las plataformas digitales e implementar un sistema de transparencia para “capturar el incremento patrimonial no justificado“.               Otto Sonnenholzner – alianza Actuemos Sonnenholzner plantea ajustar el aporte del 40% que hace el Estado para completar el pago de pensiones de los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), “para que responda a la realidad del país y permita la priorización del gasto público hacia los sectores más vulnerables”.   Además, propone un sistema integrado y abierto de contratación pública que asegure la estandarización y transparencia en los procesos.   Sonnenholzner  dice que trabajará con los gobiernos locales para el desarrollo y mantenimiento de infraestructura y la gestión de servicios públicos, a través de la repotenciación del Banco de Desarrollo de Ecuador (BDE).   En el Presupuesto del Estado, incorporaría el concepto de “presupuesto verde y con enfoque de género“. Y también propone una reforma de la Ley de Empresas Públicas para mejorar su manejo.   Otra propuesta es que el Ministerio de Finanzas otorgue garantías para que otras entidades que no son parte del Presupuesto del Estado, accedan a préstamos y hagan inversiones.   También realizará canjes de deuda por desarrollo en salud, educación y conservación.   Jan Topic-alianza Por un país sin miedo Para que el Estado tenga más ingresos, Topic dice que va a “pedir, presionar y lograr” que la empresa privada haga donaciones “de valores relacionados con las inversiones y utilidades que tienen en el Ecuador”,  a través de fideicomisos privados administrados por las mismas empresas.   También plantea cambios tributarios, como eliminar el sistema de devolución del IVA, pues lo califica de un sistema “tramposo” y “evitar las retenciones en la fuente que restan liquidez a las empresas”.   Topic continuará con el plan de Lasso de reducir a cero el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).   Otra de sus propuestas es crear una Ley de Concesiones para impulsar la obra pública en alianzas con el sector privado.   Topic dice que obtendrá de créditos en el mercado internacional a la tasa que corresponda al riesgo país.   El riesgo país de Ecuador está por encima de los 1.800 puntos, con lo que la tasa de interés para Ecuador podría ser de alrededor de 20% anual.   Además, el candidato dice que renegociará la deuda pública. Bolívar Armijos-Amigo Armijos plantea en su plan altas inversiones, sobre todo en seguridad, como comprar equipos de escuchas de conversaciones, drones, armas y crear un centro especializado en seguridad con tecnología israelí.   Para ello, dice que buscará optimizar recursos y ahorrar USD 3.000 millones al año, con medidas como prohibir durante 18 meses los gastos “innecesarios” de ministerios y gobiernos locales, entre los cuales menciona:   Consultorías. Eventos de rendición de cuentas. Compra de vehículos. Compras de activos y tecnología “innecesaria”. Armijos también plantea “un crédito a las cuatro cooperativas más grandes para que adquieran el Banco del Pacífico  “. El Estado retendría un 25% de las ganancias, dice su plan.   Otra estrategia para aumentar los ingresos será la renegociación contratos de uso del radioespectro con las empresas de Telecomunicaciones y la venta de los activos y las

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Impuesto a la Salida de Divisas baja a 3,5% desde el 1 de julio

Primicias .– El Gobierno de Guillermo Lasso comenzó a reducir el Impuesto a la Salida de Divisas en 2022. La meta era que el impuesto desaparezca hasta 2025.   La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) bajará a 3,50% a partir del 1 de julio de 2023. En la actualidad, la tarifa del ISD es de 3,75%.   En el caso de las personas naturales, estas pagan el ISD cuando:   Viajan al extranjero y llevan dinero en efectivo o usan sus tarjetas de crédito y débito para hacer compras en el exterior. Pese a estar en Ecuador, utilizan sus tarjetas de crédito y débito para pagar bienes y servicios de empresas extranjeras. Por ejemplo, para comprar en tiendas como Amazon. Envían dinero a familiares o amigos al exterior, a través de couriers de remesas o de transferencias bancarias.   ¿Por qué baja el impuesto? Se trata de la segunda de las tres reducciones previstas en la tarifa de este impuesto para 2023. La primera reducción del año fue en febrero, cuando la tarifa pasó de 4% a 3,75%.   Y la última reducción de la tarifa del impuesto para este año está prevista el 31 de diciembre, cuando bajará a 2%.   El Gobierno de Guillermo Lasso había prometido que, hasta el final de su mandato, el ISD bajaría a 0%.   Sin embargo, el escenario podría cambiar, ya que su mandato terminará antes de lo previsto, tras la muerte cruzada.   La recaudación cae El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha recaudado USD 456 millones por ISD de enero a mayo de 2023; esto es, una caída de 15,5% frente a lo reportado en igual período de 2022.   Incluso, la recaudación de este impuesto está por debajo de la meta que se había planteado el SRI para los primeros cinco meses de 2023, que era alcanzar USD 505,3 millones.   Sin embargo, el SRI está intensificando los controles de cobro de este impuesto.   El 15 de junio de 2023, la entidad informó que identificó que a unos 86.000 contribuyentes se les había cobrado menos ISD del que debían pagar por compras de 2020 y 2021. La suma que adeudaría asciende a USD 12 millones.   Según el SRI, las diferencias en el cobro del ISD se produjeron en casos de contribuyentes que utilizaron más de una tarjeta de crédito o débito.   Si el contribuyente supera el monto anual exento del pago del ISD con una tarjeta, el emisor del plástico comienza a hacer la retención del impuesto.   Pero, si la persona o empresa utiliza otras tarjetas, esos emisores no realizan la retención, porque desconocen que el contribuyente ya superó el monto límite exento del pago de ISD, añadió el SRI

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Corte Constitucional entra en sesión para tratar los decretos urgentes sobre impuestos y zonas francas, enviados por el presidente Lasso

El Universo .- Los magistrados fueron convocados, a partir de las 11:00 de este 16 de junio, por su presidente Alí Lozada El Pleno de la Corte Constitucional se encuentra reunido en estos momento en una sesión extraordinaria, a través de videoconferencia (plataforma zoom), para tratar los decretos de urgencia económica, relacionadas con los decretos ley sobre el tema tributario y sobre las zonas francas.   Ambos decretos fueron propuestos por el Ejecutivo, tras la declaración de muerte cruzada. La sesión fue convocada para este viernes 16 de junio, a las 11:00 justamente cuando se cumplen 30 días desde que el presidente de la República envió el primer decreto ley tributario con carácter de urgente en materia económica. Este plazo para el tema tributario coincide con el que se tomaba la disuelta Asamblea, para tratar temas económico urgentes.   El tema de los plazos de la Corte Constitucional para tratar los decretos urgentes, que no está definido en la ley, había sido objetivo del debate, pues se suponía que la Corte debía tratarlos en un proceso expedito en el cual su papel era verificar la constitucionalidad de los mismos. Sin embargo, la Corte se tomó un tiempo de un mes para el tratamiento que incluyó una audiencia para escuchar argumentos del ejecutivo y de varios amicus curiae que fueron convocados para aportar al debate.   La sesión fue convocada por el presidente de la Corte, Alí Lozada y en ella estaba previsto que se dé respuesta a la solicitud del presidente Guillermo Lasso para que se dé dictamen favorable respecto del “Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar”. La juez ponente del tema denominado 1-23-UE es Alejandra Cárdenas Reyes.   Enseguida se tratará el “Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo”, para lo cual la jueza ponente será Karla Andrade Quevedo.

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