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La jueza del caso de Trump en Washington rechaza la recusación que pedía el expresidente

El País .- La jueza Tanya Chutkan seguirá llevando el caso por el que se procesa a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado electoral en las elecciones presidenciales de 2020. En una resolución dictada este miércoles, Chutkan rechaza la recusación planteada por los abogados del expresidente, que la acusaban de tener un sesgo contra el acusado. La jueza asegura que Trump no ha demostrado que sea “imposible“ que lleve el caso con imparcialidad. Los abogados de Trump alegaban que estaba contaminada por declaraciones que hizo en distintas vistas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En una, Chutkan dijo a un acusado condenado a más de cinco años de prisión que había señalado “muy acertadamente” que la “gente que lo exhortó” y alentó a “salir a la acción y a luchar” no había sido acusada. Chutkan añadió que ella “no tomaba decisiones sobre a quién acusar” y no “tenía influencia sobre eso”. “Tengo opiniones, pero no son pertinentes”, añadió. Según los abogados de Trump, esas declaraciones mosraban prejuicios contra el expresidente. La jueza indica en su resolución de 20 páginas que el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina muy exigente para las recusaciones y abstenciones en la que exige que la imparcialidad sea imposible para tener que apartarse de un caso. “Las declaraciones ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo —el estándar para la recusación basada en declaraciones con origen intrajudicial”, indica. “Para empezar, cabe señalar que el tribunal nunca ha tomado la posición que la defensa le atribuye: que el ‘expresidente Trump debe ser procesado y encarcelado’. Y la defensa no cita ningún caso en el que el tribunal haya pronunciado esas palabras o algo similar. En cambio, la defensa interpreta la reiteración verbal del tribunal de los argumentos de Palmer y Priola [dos de los sentenciados por ella] sobre su culpabilidad relativa como ‘sugiriendo’ una ‘opinión central’ secreta sobre la criminalidad del acusado”, añade. La jueza explica el contexto de esas declaraciones. “Ambos acusados solicitaron una condena menor alegando que su culpabilidad por el asalto del 6 de enero era menor que la de otras personas a las que consideraban instigadoras del atentado, por lo que sería injusto que recibieran una condena completa mientras esas otras personas no eran procesadas. El tribunal estaba legalmente obligado no solo a considerar en privado esos argumentos, sino también a valorarlos públicamente”, afirma. El fiscal especial Jack Smith se había opuesto a la recusación de la jueza, nombrada para el cargo por el expresidente Barack Obama, señalando que los comentarios en que se basaba la petición de los abogados de Trump estaban sacados de contexto para tratar de mostrar un falso sesgo contra el expresidente. Chutkan fijó en agosto como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día clave en las elecciones primarias para las presidenciales del ese año. Si se cumple el calendario, sería el primer juicio penal que se celebra contra Trump. La jueza impuso a Trump algunos límites a sus declaraciones a mediados de agosto, pero que no han servido para que el expresidente se contenga. Sigue haciendo declaraciones incendiarias y lanzando mensajes en Truth, su red social, sobre los casos en que está imputado, incluido el de Washington. Los fiscales consideran que se ha embarcado en una campaña de desinformación y acoso contra fiscales, testigos y posibles jurados y pidieron hace dos semanas “una restricción estrecha y bien definida” que prohibiría a Trump hacer declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos”. También solicitaron impedirle hacer “declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas e incendiarias, o intimidatorias”. Los abogados de Trump se oponen a que dicte esa medida, amparándose en su libertad de expresión. La jueza aún no se ha pronunciado. En su pliego de cargos, el fiscal acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no le acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por los actos que emprendió para alterar él el resultado e impedir la proclamación de la victoria de Joe Biden.

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La fiscalía suma nuevos cargos contra Trump por intentar borrar imágenes de videovigilancia en el caso de Mar-a-Lago

El País .-La oficina del fiscal especial Jack Smith amplía la imputación a una tercera persona, un empleado de mantenimiento de la mansión de Florida que mintió a los investigadores   Donald Trump se enfrenta desde este jueves a dos cargos adicionales de obstrucción a la justicia y uno de retención intencionada de información clasificada en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, por el que fue imputado el mes pasado en Florida, por ordenar el borrado de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la mansión para dificultar la investigación. Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia para este caso y el de presunta injerencia electoral en 2020, ha ampliado la acusación a Carlos de Oliveira, un trabajador del servicio de mantenimiento de la residencia de Florida. Hasta ahora los únicos imputados eran Trump y su asistente personal Walt Nauta. El anuncio de la fiscalía se produce horas después de que los abogados del republicano se entrevistaran con miembros de la misma en Washington, en una reunión calificada por el propio Trump de “productiva”.   Smith acusa al segundo empleado de supuestamente ayudar a Trump a eludir la acción de los funcionarios de Justicia que trataban de recuperar los documentos sacados de la Casa Blanca -información clasificada y sensible sobre cuestiones de seguridad nacional-, al intentar borrar, por orden de Trump, las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión y mentir a los investigadores. El inicio del juicio por este caso está previsto para el 20 de mayo. Smith ha acusado a De Oliveira de conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y destrucción de documentos, según la acusación revisada que se desvelado hoy en un tribunal federal de Florida.   Trump se declaró inocente en Miami el mes pasado de los 37 cargos federales que hasta entonces pesaban contra él, por retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021 y por obstrucción a la justicia. Los fiscales le acusan de comprometer algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles por un manejo negligente de los archivos, que fueron hallados en medio centenar de cajas repartidas por distintas estancias de la mansión, incluido un cuarto de baño.   La campaña de Trump para la reelección en 2024 ha criticado duramente los nuevos cargos, calificándolos de “continuo intento desesperado y tambaleante de la Familia del Crimen Biden y su Departamento de Justicia de acosar al presidente Trump y a quienes le rodean”. Es el argumento favorito del republicano para desacreditar a los fiscales, de quienes dice que actúan por una motivación política, la de perjudicarle y beneficiar a los demócratas. Trump ha calificado la acción de la justicia de “interferencia electoral al más alto nivel”.   Los fiscales aseguran que De Oliveira mintió durante una entrevista voluntaria con investigadores del FBI que registraron la casa, asegurando a los agentes que no participó en ningún traslado ni movimiento de pruebas y que no estaba al tanto de ningún esfuerzo de ese tipo. “Entonces ¿no sabe dónde se habrían guardado los objetos en cuanto [Trump] se trasladó de nuevo a Mar-a-Lago?”, le preguntó un agente, según la agencia Bloomberg, que ha tenido acceso al sumario. “No”, respondió De Oliveira. Justicia sostiene que el trabajador “presenció personalmente y ayudó a mover las cajas [de documentos] de Trump” cuando llegaron al complejo en enero de 2021.   Trump y su asistente personal Nauta ya fueron acusados el mes pasado por retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas.   El republicano, que está en campaña para otro mandato en la Casa Blanca, es el primer expresidente que se enfrenta a acusaciones federales de conducta delictiva. Tanto la causa de los papeles de Mar-a-Lago, como el caso que motivó la primera imputación contra él –el presunto pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio-, y un tercero, que podría valerle la tercera acusación desde abril, el del intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, se instruyen por la vía penal.

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