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Ecuador: abril 15, 2025

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Ecuador, abril 15, 2025

Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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Con acción de protección, algunas nacionalidades indígenas buscan dejar sin efecto a la consulta popular del Yasuní ITT

El Universo .- Coordinador de seis provincias amazónicas anunció medida porque comunidades directamente involucradas se pronunciaron por mantener producción. Cristóbal Kasent, coordinador regional de seis provincias amazónicas, y perteneciente a la nacionalidad shuar, anunció que presentará una acción de protección a fin de evitar que se detenga la producción petrolera en el bloque ITT. Lo anunció al indicar que los resultados de la consulta popular del 20 de agosto reflejaron el rechazo a la propuesta de dejar el crudo en tierra por parte de los pobladores de Orellana y Sucumbíos, que son las comunidades directamente involucradas en el tema. Las declaraciones las hizo en el programa Vis a Vis con Janeth Hinostroza. El líder indígena dijo que el cierre de la producción petrolera del bloque representaría la pérdida de unas 150.000 plazas de trabajo, entre directas e indirectas. Además a su parecer, el colectivo Yasunidos no tenía por qué presentar esta consulta a nivel nacional y aseguró que estas comunidades no necesitan portavoces, sino que les consulten directamente. Consideró que Yasunidos no conoce la realidad de las comunidades aledañas que viven del trabajo que se desprende de esta actividad extractivista. Pero además aseguró que se ha visto que la explotación petrolera se la ha hecho de manera responsable y cumpliendo estándares ambientales. Explicó que las comunidades indígenas shuar, kichwa y waorani tienen opciones de trabajo, acceso a servicios, y por ello respaldan la actividad petrolera. Ven que sin esta actividad se afectaría toda la población: proveedores, hoteleros, entre otros. Además aseguró que ellos sí protegen la naturaleza. Y por ello, por ejemplo, están opuestos a la minería ilegal, pero no a la minería responsable que puede generar riqueza. “Queremos convivir y tener los mismos derechos”. A la par indicó que la ley debe ser reformada para que se garantice que los pronunciamientos sobre estos temas se los haga en las comunidades directamente afectadas. El 20 de agosto pasado se realizó la consulta popular en la que se preguntó a todos los ecuatorianos si estaban de acuerdo con dejar el crudo en tierra en el Yasuní. Los resultados fueron: Opción sí: 5′541.585 votos (58,95 %) Opción no: 3′859.507 votos (41,05 %) Sin embargo, en la provincia de Orellana ganó el No con un 58 % y en Sucumbíos con el 52 %. Al momento se continúa con la explotación petrolera que asciende a 58.000 barriles diarios. La consulta popular da un año a Petroecuador para desmantelar la millonaria infraestructura que se ha levantado en el sitio y que costó unos $ 1.900 millones. Además, se ha dicho que el costo de abandono sería cercano a los $ 500 millones. Además se dejaría de percibir el ingreso anual que en 2022 fue de $ 1.200 millones.

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“Toda la minería en Ecuador es ilegal”, afirma el presidente de la Conaie

Primicias .- El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, se reúne con un grupo de indígenas en Quito, previo a la marcha convocada para este martes, en contra de la minería.   Cuando se recuerda un año de la movilización indígena de 2022, la Conaie ratifica una nueva marcha y esta vez en contra de la explotación minera.   Según la Conaie, este martes presentan el Mandato Frente al Despojo Minero en Ecuador, un documento con el que piden el fin de la extracción minera en territorios indígenas y áreas protegidas.   En Quito, los indígenas se reúnen en el parque El Arbolito, aunque con mucha menos concurrencia de personas que en manifestaciones anteriores.   Antes de la marcha, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, convocó a todas las bases a movilizarse en cada una de sus provincias.   “Toda la minería en Ecuador es ilegal, porque no han respetado la Constitución, porque en todas sus etapas están obligados a una consulta previa”, dijo Iza, este martes en Quito.   Agregó que junto a Yasunidos presentará una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 754, emitido el 31 de mayo.   Y mencionó que de ser necesario “defenderán el territorio indígena con sus vidas”.     ¿Qué más pide la Conaie? Además del fin de la extracción minera, la organización tiene al menos nueve peticiones para el presidente Guillermo Lasso.   Le exige, por ejemplo, la derogatoria del decreto 151, demandado en junio de 2022, sobre la política minera. También pide derogar el decreto 707 sobre el libre porte de armas.   Mientras que a los Gobiernos Autónomos y Descentralizados (GAD), la Conaie demanda una declaratoria, para que sus territorios sean libres de minería metálica, a nivel parroquial, cantonal y provincial.   Incluso tienen peticiones para los candidatos a la Presidencia, a quienes solicitan nuevamente declarar al país “libre de minería”. Finalmente, la Conaie en su comunicado reitera que apoyará “decididamente las consultas populares a nivel nacional por el Yasuní y la local, de Quito Sin Minería”.

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Colombia suspende cese al fuego con disidencia de las FARC

Primicias .- La suspensión de manera unilateral el cese el fuego bilateral con las FARC ocurre luego del asesinato de cuatro jóvenes indígenas.   El Gobierno colombiano suspendió de manera unilateral el cese el fuego con la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC).   La decisión de urgencia ocurre luego del asesinato de cuatro jóvenes indígenas, que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez.   Como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz” definió el Gobierno en un comunicado la matanza de los cuatro jóvenes.   Y añadió que, “en consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas“.

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Con parámetros acordados con indígenas, el subsidio a combustibles se mantendría para el 85 % del sector automotor

EL UNIVERSO .- Distribuidores de combustibles piden flexibilidad al sector indígena, pues de lo contrario focalización fracasaría. El proceso de focalización de combustibles, con todos los parámetros acordados en el acta de paz, tiene visos de estar destinado al fracaso pues mantendría el subsidio al 85 % del parque automotor, lo cual no constituiría un verdadero proceso de focalización, ni representaría un verdadero ahorro para el fisco.   Esa fue una de las conclusiones que sacaron los representantes de los distribuidores de combustibles que acudieron hace pocos días a una mesa técnica de focalización de subsidios en el Ministerio de Energía. “Esto sería una barbaridad, porque el 85 % es prácticamente todo el país”, dice Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe).   El representante gremial explica que más bien ellos han planteado una alternativa que esperan sea tomada en cuenta por las autoridades que han dicho que están ya elaborando un borrador del plan de focalización, que será previo a que el presidente de la República, Guillermo Lasso, emita el respectivo decreto ejecutivo.   El acuerdo con el sector indígena establece crear unos sistemas tecnológicos complejos, por placa, por ingreso, por propiedad de vehículos, por cilindraje, para establecer a quiénes se les quita el subsidio. Lo ideal sería incrementar el precio de los combustibles y establecer, más bien, quiénes sí requieren el subsidio, considera Rosero. Este modelo acordado, agrega, no puede funcionar por varias razones.   La primera es que el 50 % de estaciones de servicio no tiene sistema de facturación automática, que es indispensable para llevar adelante un tema de focalización. Adicionalmente, se necesita internet de alta velocidad, que no existe en el país, para que se pueda validar los datos de cuatro entidades en nano segundos: Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Civil, Agencia Nacional de Tránsito y Agencia de Regulación y Control de Energía.   El tema se vuelve inclusive más difícil en una estación remota, que por ejemplo esté ubicada en la Amazonía.   Adicionalmente las estaciones tendrían un problema de liquidez, si se les vende a precio sin subsidio y ellos deben vender con subsidio. Ellos necesitarían que se les devuelva pronto el dinero, pero eso muchas veces no sucede con el Estado.   También comenta que hay ciertos sectores que manejan software de combustibles interesados en hacerse de este negocio. En este sentido advierte que se debe tener cuidado con las ofertas. Recuerda que como Cámara les han llegado ciertas ofertas para llevar adelante los procesos tecnológicos con costos de hasta $ 300 millones, cuando en realidad podrían costar máximo $ 20 millones.   Para Rosero, no valdría sortear todos estos problemas para al final terminar con un resultado poco eficaz al mantener un 85 % del subsidio.   La solución propuesta por el sector de distribuidores es utilizar una tarjeta de débito, emitida -por ejemplo- por el Banco del Pacífico de un valor fijo, para compensar el valor del actual subsidio a quienes lo necesiten. Explica que logísticamente es posible, pues el data fast sí funciona en todos los rincones del país. “Sería a cero costo y con implementación inmediata”, opina.   También dice que se podría entregar los recursos a través de una billetera electrónica con la que los diversos sectores beneficiados puedan tener su subsidio.   En este sentido Rosero hace un llamado al sector indígena para que flexibilice su postura: “ellos se han puesto una camisa de fuerza, con los parámetros acordados, lo que hace que se dificulte la puesta en marcha”.   Recalca que es complejo que se instale el sistema automático y que se visualicen dos precios (uno con y otro sin subsidio). “La solución es simple”, asegura, ya que con la tarjeta o con recursos en billetera electrónica, que en ambos casos representan dólares, pueden comprar el combustible. Se les debe entregar un subsidio equivalente a la diferencia que pagarán por el precio de mercado. Rosero considera que si se llegara a consenso para tomar esta medida rápida y eficaz puede incluso abonar a pacificar el país.   Para Rosero, los indígenas han sido mal asesorados, pues con los parámetros planteados se está beneficiando a la clase media alta y alta y no a quienes en realidad lo necesitan. Recuerda que hay vehículos Mercedes Benz C200 de altísima gama 1.600 cc. y la mayoría de SUV que no encajan en un perfil de personas que realmente necesiten dicho subsidio.   De otro lado, en la reunión técnica las autoridades y los representantes gremiales trataron el tema del margen de comercialización (que actualmente permanece congelado desde hace 20 años), que ellos han pedido sea incrementado en cinco centavos. Indica que ha habido apertura por parte del Gobierno. Sin embargo, se les ha dicho que este incremento será posible en conjunto con el incremento de precios de los combustibles que vendría con la focalización.   Rosero ratifica los pedidos que han hecho al Gobierno de militarizar las estaciones, sobre todo en sitios “calientes” para disuadir a la delincuencia de nuevos atentados. También que se haga cumplir las sanciones a quienes incumplan la prohibición de que viajen dos personas en motocicleta.

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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La protección de la Amazonía ecuatoriana requiere USD 19 000 millones, según ONG

La protección de la Amazonía de Ecuador requerirá fondos por valor de USD 19 000 millones en los próximos 10 años, según estimaron este jueves 1 de diciembre de 2022 un grupo de organizaciones ambientalistas que reclamaron la inclusión de los pueblos indígenas en la planificación y ejecución de esas inversiones para el clima. En una valoración de las conclusiones que deja la COP27, que se celebró en Egipto, este conjunto de organizaciones ecuatorianas resaltó en rueda de prensa la necesidad de aumentar el financiamiento para mitigación y adaptación a la crisis climática, en especial en la conservación de los bosques y de la biodiversidad. Entre los colectivos integrantes en el proyecto «Acciones por la Amazonía» que participaron el pronunciamiento estuvo la Fundación Pachamama, la Fundación EcoCiencia, Naturaleza y Cultura Internacional, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie). La presidenta de la Fundación Pachamama y secretaria general de la iniciativa Cuencas Sagradas, Belén Páez, señaló que son urgentes USD 70 millones para poner en marcha un plan que permita pasar de un modelo económico basado en el extractivismo a otro enfocado en los bosques en pie y la biodiversidad. «El Estado debería ser quien ponga el 95% de este presupuesto, y las agencias de cooperación y las organizaciones complementan estos esfuerzos del Estado para llegar a esta meta de los 10 años», comentó Páez a EFE. «Hay datos interesantes de las nuevas inversiones que podrían lograrse a través de mercados voluntarios de carbono y de otros sistemas de compensación en torno a la biodiversidad», agregó. Poco dinero llega a comunidades Rossana Manosalvas, de la Fundación EcoCiencia, que coordina el proyecto Acciones por la Amazonía, con la financiación de la Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (Norad), lamentó que el porcentaje de los fondos para contrarrestar la crisis climática que llega a las comunidades indígenas es muy bajo. Manosalvas señaló que sólo el 14% en promedio del financiamiento climático de Ecuador llega a las comunidades indígenas, y reconoció que se abre una oportunidad con las compensaciones propuestas por el Gobierno, que serán parte del referéndum que impulsa en materia de seguridad, instituciones y ambiente. En ese sentido, Jaime Toro, técnico de Naturaleza y Cultura Internacional, consideró interesante que se puedan establecer mecanismos de financiación y de compensaciones a los que las comunidades puedan acceder a través de los Gobiernos provinciales y los municipios, y no solo mediante el Gobierno nacional. Más inclusión de indígenas A su turno, la vicepresidenta de la Confenaie, Lola Piaguaje, reclamó poder de decisión para los pueblos indígenas en la manera en la que se invierten los fondos para el clima y recordó que los territorios indígenas registran menos deforestación que aquellos bosques que no están en sus manos. Asimismo, estas organizaciones enfatizaron que «es urgente establecer medidas especiales de protección para los ríos con valores naturales y culturales excepcionales en Ecuador, como una estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad acuática». En ese aspecto, la iniciativa Cuencas Sagradas busca proteger permanentemente al menos 35 millones de hectáreas, que son casi en su totalidad bosques tropicales en las cabeceras de las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Marañón de Ecuador y Perú. Fuente: El Comercio

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