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Ecuador: febrero 6, 2025

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Ecuador, febrero 06, 2025
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Ecuador, febrero 06, 2025

La frontera de México y Estados Unidos cierra uno de sus años más mortales

El País .- El número de muertes en el cruce terrestre más peligroso del mundo amenaza con superar los 560 fallecimientos documentados el año pasado El viaje al norte de una mujer de 20 años terminó de forma trágica en septiembre. Los agentes de la Patrulla Fronteriza la encontraron “boca abajo sobre la arena” a las 10.00 cerca de una autopista de Nuevo México. Los coyotes (los traficantes de personas) que la habían cruzado a Estados Unidos la habían abandonado la noche anterior. La mujer fue trasladada a un hospital, donde murió tres días después en el área de cuidados intensivos. En agosto, el intenso calor de Texas deshidrató a un hombre, ciudadano mexicano, hasta el punto de provocarle convulsiones y problemas para respirar. Falleció horas después. Un hondureño de 20 años se ahogó en el río Bravo en verano, cerca de donde las autoridades de Texas instalaron un polémico muro flotante de boyas para reducir el flujo de inmigrantes. Estas son solo algunas de las muertes de inmigrantes documentadas recientemente. Los sucesos son recogidos discretamente por la prensa local, muchas veces con muertos anónimos. Los cuerpos son difíciles de identificar porque los migrantes hacen el último tramo del viaje sin papeles. El chico ahogado en el río fue identificado por sus tatuajes. Su madre, quien aguardaba noticias en un albergue de México, fue quien los reconoció cuando agentes le mostraron fotografías. Estas historias llegan a cuentagotas, pero conforman un mar de víctimas en la frontera de México y Estados Unidos durante 2023, que amenaza con convertirse en uno de los más mortales. El sector de El Paso de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo aseguró hace algunas semanas que se habían registrado 148 muertes durante el año fiscal 2023, que va de octubre de 2022 al último día de septiembre de 2023. La cifra casi duplica los 71 fallecimientos en el año fiscal 2022, que ya había tenido un importante flujo migratorio. De acuerdo a las autoridades, la mayoría de las muertes ocurrieron entre mayo y septiembre, cuando se registran altas temperaturas en una inmensa zona semidesértica que se extiende desde El Paso, en el oeste de Texas, hasta los límites de nuevo México y Arizona. Las 148 muertes no suman las que se registran en otros sectores de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, como son Tucson (Arizona), San Diego (California) y el del Valle del río, otra zona de Texas de intenso flujo migratorio. Ha sido un año cruento para un sector que documentó seis muertes en 2017. La crisis de 2023 ha dejado también un importante incremento en el número de mujeres fallecidas, con 84. En 2021, en cambio, fueron 35. Las cifras pueden aumentar, pues son preliminares. Los fallecimientos contabilizados en el sector de El Paso representan un considerable porcentaje respecto a los de 2021, las cifras oficiales más recientes. La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo informó aquel año de 560 muertes ocurridas en ese año fiscal en los más de 3.000 kilómetros de frontera común. Con más de 2,4 millones de encuentros registrados en 2023, el año ha fijado récords de cruces irregulares. El incremento del flujo migratorio ha provocado un tira y afloja entre Washington y México que los gobiernos discutirán este miércoles en una nueva reunión de alto nivel. La crisis ha generado también una preocupante situación humanitaria que sigue deteriorándose. La ONU calificó la ruta terrestre de México a Estados Unidos como la más mortal para los migrantes. Naciones Unidas afirmó que el año pasado 686 inmigrantes fallecieron o desaparecieron en su intento de llegar a la potencia de Norteamérica. Casi la mitad de estos fallecimientos están vinculados a cruces que utilizan caminos en los desiertos de Sonora y Chihuahua, rutas cada vez más peligrosas en un mundo cada vez más caliente. Cuando se suman las muertes de otros tramos, como el paso por la selva del Darién y rutas marítimas por el Caribe, la cifra se eleva a 1.457 muertos, para hacer de 2022 el año más mortal en los registros de la organización. La agencia internacional advierte de que el número real de víctimas puede ser superior. “El número de 2022 puede ser más alto de lo que sugiere la información disponible porque hacen falta datos oficiales, incluidos informes de los forenses de condados fronterizos de Texas y de la agencia mexicana encargada de búsqueda y rescate de desaparecidos”, afirmó en septiembre la Organización internacional para las migraciones (OIM). La Universidad de Texas coincidía en 2020 con la OIM, al afirmar que los datos en manos de la Patrulla Fronteriza estaban incompletos, pues no incluyen las muertes de quienes se ahogan en el río Bravo y cuyos cuerpos terminan del lado mexicano. El informe académico asegura que más de 3.200 migrantes han muerto intentando cruzar al sur de Texas desde 1990. A la espera de cifras oficiales más recientes, los antecedentes son preocupantes. A lo largo de 2022, el consulado de México en San Diego documentó 42 muertes de mexicanos que intentaban cruzar por Tijuana. Dos años antes, solo se habían registrado 16 en esa zona. Los accidentes y muertes crecieron en esa zona junto al muro fronterizo de Donald Trump. La muralla pasó en esa Administración de 5,1 metros de altura a 9,1, lo que disparó los ingresos hospitalarios por fracturas, lesiones y golpes. Ocho de cada 10 migrantes que llegaban al hospital culpaban a la obra trumpista.

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Miles de migrantes, a la intemperie en Eagle Pass en plena crisis migratoria entre México y EE UU

El País .- La ciudad texana retiene a unas 5.000 personas que esperan ser procesadas por las autoridades. Biden y López Obrador acuerdan endurecer el control en la frontera La crisis humanitaria que se vive día a día en la frontera entre México y Estados Unidos ha encontrado un nuevo foco. Miles de migrantes —entre 3.000 y 5.000 de acuerdo con estimaciones no oficiales— duermen a la intemperie este jueves en la ciudad texana de Eagle Pass, que conecta a través de un puente internacional con Piedras Negras, Coahuila, en el lado mexicano. El cruce es uno de los puntos calientes de la línea y, en los últimos días, ha visto aumentar el flujo de personas que tratan de llegar a EE UU. Las autoridades estadounidenses están concentrando en un terreno baldío a las afueras del municipio a los migrantes, que pasan la noche con el único abrigo de una manta térmica a la espera de ser procesados por los agentes fronterizos. La imagen, una estampa más de la desprotección y vulnerabilidad de la población migrante que viaja entre México y EE UU, llega el mismo día en que los presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, han mantenido una llamada telefónica en la que han acordado endurecer el control en la frontera. El anuncio se produce después de que el mandatario mexicano reconociera un aumento inusual de cruces irregulares, que han crecido un 31%, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadounidense (CBP, por sus siglas en inglés). Una delegación encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado en EE UU, visitará México en los próximos días para trazar una nueva estrategia de contención. La crisis migratoria tiene dos caras. Por un lado, las decisiones políticas tomadas entre ambos Ejecutivos, siempre orientadas a apretar el puño para repeler la migración. La estrategia no es nueva, responde a la tónica general de los últimos años, denunciada hasta la saciedad por vulnerar los derechos humanos de los migrantes por innumerables oenegés y organizaciones humanitarias. Del otro lado, están los rostros que sufren las medidas: más de 250.000 personas solo este diciembre —según CBP—, la mayoría originarios de Centroamérica, Sudamérica y el mismo México, que huyen de la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural, para encontrarse en la frontera estadounidense con un muro de contención, además de un recorrido por territorio mexicano plagado de asaltos, violaciones, secuestros o abusos de poder de la policía. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, ha calificado la situación de insostenible y acusa el total descontrol en el cruce fronterizo. Salinas ha denunciado repetidamente a la Administración Biden de “abandonar” la comunidad a su suerte. Este septiembre, declaró el Estado de emergencia después de la entrada de 5.000 migrantes. A finales de noviembre, bloqueó el paso de vehículos desde Piedras Negras, una medida que buscaba reasignar a los agentes de tráfico a tareas de control migratorio para descongestionar el flujo irregular. Este jueves, la circulación continuaba cortada en el Puente Internacional 1 y reducida a un carril en el Puente Internacional 2, con filas de coches de ocho kilómetros, de acuerdo con Univision. El municipio también suspendió el movimiento de trenes. El recorrido infernal de los migrantes por México Imágenes de hacinamiento como las que se ven este jueves en Texas se repiten cada pocas semanas en los puntos calientes de la frontera, desbordada por un flujo constante que no consigue frenar ninguna de las políticas oficiales. Los centros de detención de migrantes en EE UU se encuentran colapsados muy por encima de sus capacidades. Solo el del sector El Río, que incluye Eagle Pass, mantiene retenidos en estos momentos a 5.200 personas, un 256% por encima de sus capacidades, según el canal de televisión NewsNation. Entre Texas y Arizona suman al menos 18.500 migrantes arrestados. En la tarde del jueves, después de la llamada con López Obrador, Biden ha hecho un llamamiento en la red social X (antes Twitter). “Se necesitan urgentemente más medidas para reabrir los puertos de entrada claves en nuestra frontera compartida”, declaró el mandatario, presionado por el impacto de los cierres fronterizos en algunos sectores de la economía estadounidense —una erosión que también acusan los empresarios mexicanos—. Biden, que busca la reelección en 2024, llegó al cargo hace tres años con la intención de “humanizar” la gestión en la frontera. El discurso se contraponía al del anterior mandatario, Donald Trump, que criminalizó sistemáticamente los procesos migratorios. Biden se encontró, sin embargo, con una crisis de magnitudes inesperadas, y ha acabado endureciendo las medidas de Trump ante los fuertes ataques de la oposición y Estados como Texas, que recrudece las leyes antimigración cada poco. México, por su parte, se encuentra en un delicado equilibrio, obligado a maniobrar entre las exigencias estadounidenses de un control más férreo y las constantes denuncias de las asociaciones de derechos humanos por su trato a los migrantes. El Gobierno prometió una reforma humanizadora de la estrategia migratoria, después del incendio de una cárcel para extranjeros del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que murieron 40 personas. Además de Blinken, varios funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, viajarán a México en los próximos días para reunirse con López Obrador y abordar el problema. Mientras tanto, ajenos a las conversaciones políticas, el flujo migratorio continúa creciendo en la frontera, a la espera de un hipotético visado o un despiste de las patrullas.

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Texas promulga una ley que permite a las autoridades locales deportar personas a México

El País .- La norma entrará en vigor en marzo de 2024 y es considerada una de las más duras contra la inmigración en Estados Unidos Sus críticos la han calificado como la más dura ley anti inmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad en Texas, el segundo Estado más poblado y compuesto por un 40% de hispanos. El gobernador Greg Abbott ha firmado esta tarde en Brownsville y promulgado tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten a las autoridades locales preguntar por papeles en cualquier parte de la entidad. De no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México. Sea o no nacional de este país. La ley, conocida como la SB4, entrará en vigor en marzo del próximo año. “La deliberada falta de acción del Gobierno de Joe Biden ha hecho que Texas deba defenderse a sí mismo. Los autores de nuestra Constitución previeron una situación donde el Gobierno federal dejaba desatendido a los Estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras”, ha asegurado Abbott frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El gobernador afirma que el estado actual de la frontera representa “un riesgo a la seguridad nacional” de Estados Unidos. Ha citado, como ejemplo, que el año pasado intentaron entrar por aquí, de manera ilegal, 24.000 ciudadanos de China. Según Abbott, la SB4 ayudará a frenar “la oleada” de inmigrantes irregulares que han llegado a Texas. Esta ley, aprobada en noviembre por la mayoría republicana del Congreso local, forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a cortar el flujo que ha dejado cifras récord en la frontera este año. La ley convierte los cruces ilegales en un delito que puede ser penado por las autoridades estatales. Esto permite a policías y jueces locales dar luz verde a las deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales. “Para los inmigrantes reincidentes crea una ofensa que puede castigar una nueva entrada ilegal con una potencial sentencia de prisión de hasta 20 años”, añadió el gobernador. El mandatario ha señalado que la ley crea un mecanismo que permite deportar a los inmigrantes al país desde donde hicieron el cruce irregular. Abbott no mencionó en su discurso a México, pero es este país con quien el estado comparte miles de kilómetros de frontera común. El Gobierno mexicano ha rechazado esta ley. La cancillería mexicana lanzó un mensaje en noviembre en el que advertía que la criminalización de los inmigrantes “resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial”. México repudia también que la medida permita a autoridades estatales detener y retornar a nacionales o a extranjeros a territorio mexicano, indica el comunicado fechado en noviembre. Texas tiene 10 millones de habitantes de origen mexicano. Organizaciones de derechos humanos han amenazado con demandar al Gobierno de Texas para frenar la ley. “La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin debido proceso, sin importar si los inmigrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias”, ha señalado Oni Blair, la directora de ACLU en Texas. Abbott ha promulgado las leyes dos días después de que Donald Trump prometiera en un mitin la mayor deportación de inmigrantes si vuelve a la Casa Blanca en 2025. El expresidente también aseguró en New Hampshire que los indocumentados “envenenan la sangre de Estados Unidos”. El mes pasado, el gobernador acompañó a Trump en una visita a la frontera. “Necesitamos que vuelva a la presidencia de Estados Unidos”, afirmó el gobernador. Este ha respaldado al candidato republicano en su camino a la Casa Blanca en 2024 porque podrá “devolver la ley y el orden a la frontera”. Trump, en cambio, aplaudió los métodos que Abbott ha utilizado en su Estado para frenar el flujo migratorio. Entre estas tácticas está el enviar autobuses de inmigrantes a ciudades demócratas o instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo. Para ser aprobada, la SB4 provocó días de tensión en la Cámara de Representantes local. El sí definitivo llegó un jueves de finales de octubre a las cuatro de la madrugada. La mayoría republicana se impuso a los intentos de los políticos demócratas de descarrilar la propuesta del congresista David Spiller, que permite detener a cualquiera bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a Texas. El gobernador también ha firmado una ley para inyectar 1.500 millones de dólares a las autoridades locales para reforzar la vigilancia en la frontera. El gobernador continuará la construcción del muro migratorio e instalará otras barreras que puedan cortar el flujo de las personas que llegan. Sus medidas han sido consideradas inhumanas y han provocado muertes en un año donde han repuntado los fallecimientos de inmigrantes. Sus iniciativas también han provocado varias demandas en los tribunales. A principios de este mes, un juez federal ordenó a Texas mover las boyas que Abbott mandó a instalar en el río Bravo. Este muro flotante que también ha provocado disputas diplomáticas con México. La tercera ley endurece las penas para los traficantes de personas. Abbott aseguró que en 2017 se detuvo a unas 317 personas acusadas de tráfico de personas. Este año se han hecho más de 3.000, un incremento de más del 2.000%. La norma que signó eleva las penas a 10 años para la trata de personas y crea una de cinco años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el Estado. Este tipo de residencias son utilizadas por los cárteles y las bandas dedicadas a cruzar personas por las fronteras como centros de distribución de los migrantes. Estos esperan en estas casas ilegales a que las familias de quienes emprendieron el viaje cubran sus adeudos. Después de esto, son liberados.

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Biden amplía a casi medio millón de venezolanos la protección contra deportaciones

El País .- La Administración de Joe Biden ha anunciado este miércoles medidas para agilizar el tapón que el sistema migratorio ha creado en muchas ciudades de Estados Unidos. El Gobierno ha revelado la segunda extensión del estatus de protección otorgado a los venezolanos, conocido popularmente como TPS (Temporary Protected Status). Esto permitirá que 470.000 ciudadanos del país sudamericano que hayan cruzado la frontera obtengan permisos laborales y estén blindados de ser deportados durante 18 meses. El programa fue anunciado hace un par de años por Biden y ampliado el verano pasado por Alejandro Mayorkas, el titular de Seguridad Interior. La medida favorecerá solo a los venezolanos que hayan llegado a la nación norteamericana antes del 31 de julio de 2023. Una fuente del Departamento de Seguridad Interior ha señalado que la decisión de Biden se da porque existen “condiciones extraordinarias” que no permiten la devolución segura de los venezolanos a su país. Por ello, el Ejecutivo estadounidense ha otorgado una nueva extensión para el TPS, que se extinguía en marzo de 2024 y ahora lo hará 18 meses más tarde. El Gobierno expeditará, desde el 1 de octubre, los trámites de permisos de trabajo para los inmigrantes que cuenten con una cita ante las autoridades de inmigración. Ese era uno de los reclamos de varios alcaldes del país, quienes han recibido en sus ciudades a numerosos inmigrantes que han saturado los albergues. Los regidores, especialmente los demócratas de Nueva York, Denver y algunas ciudades de California, habían pedido agilizar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y así seguir su camino dentro del país. Biden alivia con una mano la presión de la inmigración dentro de su territorio. Con la otra, no obstante, ha endurecido la vigilancia de la frontera con el año electoral a la vista. La Administración ha informado esta tarde que acelerará la expulsión de familias que hayan llegado a Estados Unidos de forma irregular. Washington responde de esta manera a los números récord de cruces ilegales que el Departamento de Seguridad Interior documentó en agosto. Las autoridades detuvieron entonces a 91.000 inmigrantes que hicieron el viaje con algún miembro de su familia. Fue la cifra más alta registrada en cuatro años. Las autoridades ya han deportado a unas 1.600 personas integrantes de una misma familia y promete incrementar el ritmo en las próximas semanas. El Gobierno también reforzará la presencia de autoridades enviando a 800 militares a la frontera común con México. Con el anuncio de esta tarde, la presencia de elementos de fuerzas de seguridad asciende a 3.300. El Ejecutivo ya había desplegado a 2.500 elementos de la Guardia Nacional por varios puntos calientes de la línea. La movilización coincide con un incremento del flujo de inmigrantes que están llegando, especialmente por Texas. Medios estadounidenses han mostrado recientemente imágenes de cientos de personas llegadas en los últimos días a la espera de ser procesadas en comunidades del bastión republicano. Algunos canales indican que hasta 8.000 personas cruzan diariamente. Las autoridades no han confirmado la cifra, pero admiten que hay un incremento importante. Aseguran que los números oficiales serán dados a conocer pronto. Seguridad Interior, no obstante, ha confirmado que se ha ampliado a 23.000 personas la capacidad de los centros de detención. Estas grandes carpas blancas repartidas a lo largo de la frontera podrán recibir desde hoy a 3.250 personas más. Estados Unidos ha deportado a 250.000 personas desde el 12 de mayo, cuando se levantó el Título 42, una medida sanitaria que Biden heredó de Donald Trump de tiempos de la pandemia. La norma permitía expulsar rápidamente a los inmigrantes que llegaban de manera ilegal. El Gobierno demócrata dejó la medida en vigor durante dos años y la usó como una herramienta para agilizar la gestión de la frontera. Con su extinción se preparó para una invasión inminente. Esta no llegó en los días siguientes, pero las cifras revelan que el flujo migratorio ha crecido a un ritmo constante desde entonces. El año fiscal 2022 (octubre 1 de 2022 a septiembre 30 de 2023) amenaza con convertirse en uno de los que más cruces ilegales ha registrado en los últimos años. Desde Washington afirman que las condiciones que han llevado a un incremento de la migración no han cambiado en los últimos años. Se citan los efectos económicos que dejó la contingencia sanitaria del coronavirus en el hemisferio norte, el cambio climático y los regímenes autoritarios de algunas naciones de la región. El control migratorio es una de las prioridades de los votantes republicanos y uno de los temas principales de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido conservador. Es la carta fuerte de Donald Trump, quien durante su presidencia separó a las familias migrantes en la frontera con la esperanza de que esto disminuyera el número de cruces. El Gobierno de Biden, sin embargo, reclama a la oposición el bloqueo en el Congreso de una petición especial de 4.000 millones de dólares destinados al control fronterizo y a otras medidas de combate a los cruces ilegales. Sin este dinero, la Administración admite que seguirán enfrentando duros retos en la frontera con México.

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Gobernador de Florida promete “fuerza letal” en la frontera (EE.UU. – México) y acabar con la ciudadanía por nacimiento

El País .- El gobernador de Florida, quien lucha con Donald Trump por la nominación republicana a la Casa Blanca, endurece su discurso en su segunda visita a la frontera en menos de un mes.   Ron DeSantis ha visitado este lunes la frontera de Estados Unidos y México para compartir su visión de política migratoria de llegar a la Casa Blanca en 2024. El gobernador de Florida busca remontar en las encuestas y recortar la distancia de quien va en cabeza, el expresidente Donald Trump. En plena campaña de conquista de los núcleos más duros de la derecha, el aspirante criticó por blanda la política del exmandatario en la frontera y prometió una estrategia más agresiva, que incluye la “fuerza letal” de las autoridades locales, para poner freno a la inmigración irregular que cruza desde México.   “Esta frontera está controlada por los cárteles de la droga”, aseguró DeSantis en una conferencia de prensa desde Eagle Pass, en Texas. Detrás de él tenía el río Bravo, el límite natural que separa a Estados Unidos de México y el último escollo para miles de personas que inician su viaje al norte desde decenas de países de América Latina.     El gobernador de Florida ha prometido este lunes detener “sin excusas” el flujo migratorio de llegar a Washington tras las presidenciales de noviembre del próximo año. Resume su estrategia en tres puntos: Asegurar la frontera, continuar la construcción del muro y “detener la invasión”. Lo primero que haría sería decretar una “emergencia nacional”, establecer una ley marcial en algunos puntos de los más de 3.000 kilómetros de línea y acabar con las “falsedad del asilo”.   El político ultraconservador se ha sumado a otros aspirantes republicanos, como el propio Trump, que han prometido eliminar incentivos para los inmigrantes que han llegado ilegalmente, como “empleo, beneficios sociales pagados por los impuestos” y la ciudadanía estadounidense por nacimiento. “Me refiero a esta idea de que puedes cruzar la frontera y dos días después tener un hijo que, de alguna manera, es un ciudadano estadounidense. Ese no fue el propósito original de la decimocuarta enmienda [el texto de 1868 sobre protección igualitaria]. Está mal que la gente utilice a nuestro país para turismo de partos”, ha dicho DeSantis.     El mandatario local llegó la noche del domingo a Texas. Ha prometido elevar el uso de la fuerza en el combate de la inmigración irregular. “Vamos a redefinir las reglas para un enfrentamiento. Si alguien se está metiendo a tu casa para hacer algo malo, responderías con fuerza. ¿Por qué no lo hacemos en la frontera sur? Si los carteles están haciendo huecos al muro, terminarán muertos tras esa decisión”, ha señalado el gobernador, quien dijo que la Administración de Trump no hizo nada por erradicar a las organizaciones criminales mexicanas.     El gobernador encabezó dos eventos en la comunidad fronteriza, una región que ha sufrido ante el incremento de inmigrantes que han arribado desde que inició la era de Joe Biden en Washington. Una encuesta de la agencia AP señala que el 60% de los estadounidenses reprueban la política migratoria del Ejecutivo. DeSantis, quien enfrenta problemas en Florida por su retórica anti inmigrante, se ha visto obligado a endurecer su discurso como estrategia de crecimiento en las encuestas.   Esta es su segunda visita a la frontera con México en menos de un mes. A principios de junio, DeSantis viajó a Arizona, un Estado vital para los intereses de los republicanos, para criticar las decisiones adoptadas por los demócratas. Se reunió con autoridades del condado de Cochise, quienes han mostrado preocupación por el aumento de persecuciones de alta velocidad a traficantes de personas.   DeSantis ha aprovechado sus eventos en Texas y Arizona para prometer una reforma legal que permitiría a las policías estatales y algunas oficinas del sheriff de entidades fronterizas deportar a quienes llegan por la línea, una tarea que hoy está en manos exclusivamente del Departamento de Seguridad Interior y la Patrulla Fronteriza.   Críticas a Trump Los periodistas que han cubierto el recorrido de DeSantis por la frontera le preguntaron qué lo hacía diferente de Trump, quien se popularizó gracias a su política de mano dura contra la inmigración. “Me sorprendí cuando me dijeron que hubo más deportaciones los primeros cuatro años de Obama que en la Administración de Trump, lo que me pareció increíble”, señaló el gobernador de Florida a manera de crítica de su principal rival.   “Se construyó algo del muro, pero ni siquiera se acerca a lo que se necesita”, continúo el político. DeSantis admitió que comparte mucho de la visión que Trump tiene de la frontera, pero ha asegurado que mucho de lo prometido por el expresidente en 2016 no se hizo. “Donde diferimos es que seremos más agresivos respecto a lo que él hizo en lo que se refiere a dar poder a las autoridades locales”, ha añadido.   Donald Trump no se quedó callado ante la visita de su rival a Texas. “El presidente Trump hizo más segura la frontera de Estados Unidos. Solo pregúntenle a Ron DeSantis”, afirmaba un comunicado enviado por su campaña. Trump dijo que le había parecido “muy aburrido” el evento de DeSantis en Eagle Pass, donde se reunió apenas con un centenar de personas.   El aspirante emprende una gira por la línea fronteriza en la que promete cerrar el grifo a la inmigración ilegal “sin excusas”. No obstante, no ha explicado cómo logrará mucho de lo que adelanta, acciones que necesitan del Legislativo e incluso reformas constitucionales, improbables en los tiempos de polarización en el Capitolio. “No vamos a tener una segunda oportunidad. O ganamos la elección o jamás vamos a poder arreglar esto”, dijo DeSantis mientras señalaba a sus espaldas, al caudaloso río Bravo.

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La frontera sur de México se convierte en un tapón para miles de migrantes: “¡Aquí ya no caben más!”

El País .- El fin de la norma que negaba la entrada a EE UU por motivos sanitarios provoca un ‘efecto llamada’ en la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala. Es de noche en Tapachula y una estampida de migrantes irrumpe a empujones en uno de los accesos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración instaladas en el parque Ecológico, en los suburbios de la ciudad mexicana fronteriza con Guatemala. Dos agentes de la Guardia Nacional que cuidan la entrada sostienen con todo lo que dan la barda metálica que han colocado para intentar controlar el flujo de migrantes hacia el interior. Tras la barda, unos 2.000 migrantes se apiñan esperando su turno. La multitud entra sin control y los agentes intentan detenerla a gritos. “¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!”, grita uno de ellos. Ante el caos, un grupo de venezolanos migrantes se apiada de los agentes y ayuda empujar las bardas y a cortar el flujo. Los policías se recomponen y uno de ellos grita a los agentes de Migración que intentan controlar al grupo tras la barda: “¡Aquí ya no caben más! ¡Ya no caben más!”, dice exasperado. Todos los días, desde hace dos semanas, miles de migrantes forman kilométricas colas frente a estas oficinas de migración en la ciudad más grande de toda la frontera que divide México de Guatemala y que es la principal vía de entrada en la frontera sur de México. Su objetivo es solicitar al Gobierno mexicano un permiso temporal para poder avanzar legalmente hacia la frontera con Estados Unidos. La mayoría de ellos tiene la esperanza de cruzar a territorio estadounidense ante el inminente fin del Título 42, la política migratoria impulsada por Donald Trump para expulsar de forma exprés a los migrantes con argumentos sanitarios. Los migrantes, venezolanos, haitianos, centroamericanos y hasta africanos, llevan horas e incluso días esperando su turno. Están desesperados. Este lunes han aguantado el implacable sol y temperaturas de hasta 35 grados. Por la tarde, el cielo empezó también a escupir lluvia sobre sus cabezas. La noticia del fin de esta política de Trump vinculada a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, que expirará el 11 de mayo, ha provocado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, donde el Gobierno ha apostado a 1,500 soldados para reforzar la seguridad e impedir el paso de decenas de miles de migrantes que avanzan hacia ese país. Unos 3,500 kilómetros más al sur, en la frontera de México con Guatemala, hay otra crisis. Los miles de migrantes que consiguen llegar a suelo mexicano se acumulan mientras esperan un permiso para poder transitar legalmente hasta el norte. Sin embargo, otros deciden seguir su camino por rutas alternativas donde no puedan ser detenidos por agentes migratorios y ser deportados, arriesgándose a ser víctimas de robos, secuestros, extorsión o hasta la muerte. Esperar el trámite para seguir avanzando también es un proceso doloroso. “Hermano, yo llevo cuatro días haciendo cola aquí. No me voy a mover ni un centímetro”, dice un venezolano de 37 años, mientras soporta la lluvia al lado de su esposa. Personas discuten en Tapachula mientras esperan en la fila para tramitar sus papeles, el 8 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) La acumulación en la frontera sur no es nueva. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno calculan que en Tapachula hay entre 40.000 y 50.000 migrantes atrapados en esta ciudad. Muchos de ellos han llegado aquí buscando tramitar una visa humanitaria o el estatus de refugiados, pero la lentitud de la burocracia obliga a muchos a regresar o los deja varados aquí durante meses. El pasado 23 de abril, una caravana de cerca de 3.000 migrantes salió de Tapachula rumbo a Ciudad de México, a casi 1.200 kilómetros de distancia. El líder de la caravana, Irineo Mujica, activista de la organización Pueblo sin Fronteras, logró un acuerdo con el Gobierno mexicano para que se otorgue un permiso temporal de 45 días a los migrantes a cambio de disolver la marcha que buscaba generar una protesta en la ciudad. En Tapachula, Migración abrió una oficina ambulante en el parque Ecológico y empezó a otorgar permisos exprés a cientos y luego a miles de migrantes. Algunos periódicos locales informan de que las autoridades entregan más de 1.000 permisos diarios. Sin embargo, la cola parece que no termina nunca. Los que allí aguardan aseguran que los agentes migratorios trabajan hasta la madrugada para reducir las aglomeraciones. Pero a media mañana del día siguiente la cola vuelve a incrementarse. Aunque Migración emite permisos temporales sin parar, el flujo de las últimas semanas supera por mucho su capacidad de gestión. El caos entre los migrantes y la falta de organización por parte de las autoridades provoca que muchos pasen días esperando bajo el intempestivo clima y durmiendo en las calles aledañas. Un grupo de migrantes se resguarda del sol y del calor junto a las oficinas del Inami, el 5 de mayo.JUAN MANUEL BLANCO (EFE) El Instituto Nacional de Información informó este martes que entre el 23 de noviembre del año pasado y el 6 de mayo emitió 81.245 permisos temporales a personas de 103 países de los cinco continentes del mundo. Muchos migrantes vienen de países que antes era impensable escuchar en esta región como Kirguistán, Burkina Faso, Djibouti, Estonia, Eritrea, Sri Lanka e Islas Reunión, entre otros. Los países que encabezan la lista de solicitantes son Venezuela, Ecuador, Haití, Honduras y Angola. Nadie sabe qué pasará después del jueves, cuando el Título 42 haya finalizado. Sin embargo, la crisis se sigue agravando en ambas fronteras de México, al norte y al sur. “Esto no se va a acabar. Detrás de nosotros vienen más y más. Dicen que Estados Unidos va a abrir las puertas y nosotros lo único que queremos es que nos dejen pasar”, dice Óscar, un joven hondureño que lleva tres meses atrapado en Tapachula y desde hace tres días pendiente del papel que le permitirá avanzar hacia su destino: el norte, Estados Unidos.

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