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Ecuador: junio 24, 2025

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Se presenta pedido de ‘habeas corpus’ a favor de un juez procesado por el caso Metástasis

El Universo .- El juez en cuestión aparece mencionado en los chats de Leandro Norero. El abogado Danilo Caicedo presentó una acción de habeas corpus a favor de Emerson C., juez de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien es uno de los 16 detenidos que guardan prisión preventiva dentro del caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada. Caicedo interpuso el recurso la tarde del lunes 18 de diciembre en contra de Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien dirigió la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis, según consta en el portal de consulta de procesos judiciales E-Satje. El Tribunal que conocerá y resolverá el pedido de habeas corpus está conformado por los magistrados María Consuelo Heredia (ponente), Enma Tapia y Alejando Magno, de la Sala Especializada de lo Laboral de la CNJ. Emerson C. es uno de los nombres mencionados en los chats de los teléfonos celulares de Leandro Norero, alias el Patrón, de donde la Fiscalía extrajo conversaciones que comprometen a funcionarios judiciales con supuestas acciones ilegales para favorecer a Norero y sus familiares con decisiones judiciales y administrativas. El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas ha atendido varios casos polémicos. En noviembre de 2022 emitió la boleta de excarcelación que permitió la liberación del exvicepresidente de la República Jorge Glas, que estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito. Además, en septiembre de ese mismo año, el magistrado en cuestión fue quien ordenó la liberación de alias Madrid y alias Cuyuyuy, quienes serían integrantes de bandas criminales y protegían a Norero en la cárcel. El recurso planteado a favor de Emerson C. se suma al habeas corpus presentado por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), también procesado por el caso Metástasis.

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Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela

El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo. La Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa y determinó una orden de reintegro por más de $ 23.000 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se suscribió en el 2013 en la administración del expresidente Rafael Correa. El 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó a Roberto Meza Niella, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño, los dos últimos como responsables subsidiarios, con una orden de reintegro por $ 23.400 que se destinaron para la contratación de una consultoría para investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela en diciembre del 2011. En esencia, se emitió un título de crédito por $ 23.400 en contra de Meza, Jaramillo y Pazmiño, quienes aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales contencioso administrativos. Este proceso surgió a raíz de que en el 2012, el exmandatario Rafael Correa creó, mediante decreto ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ese fin, esa cartera de Estado contrató, bajo la modalidad de consultoría por $ 78.000, al perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe pericial no judicial sobre la muerte de Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008. Una madrugada de diciembre del 2011, sujetos ingresaron a su hogar y le dispararon, provocando su muerte. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, insistió a Correa para que investigue el crimen, porque advertía que el hecho estaba relacionado con las denuncias de posibles actos de corrupción en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres permanecen en un hangar de la FAE. La justicia ordinaria determinó que se trató de un crimen por robo. Fue así que se contrató esta investigación que contemplaba la elaboración de tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer el móvil del crimen; y, si la hipótesis señalaba que se relacionaba con el crimen organizado, se avanzaría al tercer producto, para establecer los autores intelectuales. Sin embargo, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga informó los resultados de la pericia hecha por Meza que apuntaban a un delito común y descartó la delincuencia organizada. Meza negó que ese informe haya sido de su auditoría. La Contraloría examinó este contrato desde el 2016 y según sus conclusiones, el tercer producto que presentó el perito habría desaparecido de los archivos públicos, pues «no se evidencia la documentación que sustenta la presentación del tercer producto». Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución. Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial. El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza. El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios. Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra». Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic) Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité. La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno. Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado. De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira. 

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Sospechoso de haber coordinado el crimen de Fernando Villavicencio interpuso un ‘habeas corpus’ para cambiar de prisión

El Universo .- Para el SNAI se trata de un nuevo abuso de los instrumentos constitucionales. Es la segunda vez que el procesado busca ser trasladado por esa vía. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) alertó que el detenido Carlos A., procesado por el crimen del excandidato presidencialFernando Villavicencio, interpuso por segunda ocasión un recurso de habeas corpus con el que intenta ser trasladado a otra prisión. Según un comunicado del SNAI, el procesado “es uno de los principales implicados en el caso” que investiga el asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto, en Quito. La entidad comentó, sin brindar mayores detalles, que el procesado quiere cambiar de cárcel por intereses personales. El pasado 13 de septiembre Carlos A. presentó por primera vez un habeas corpus, pero fue rechazado una semana después, el 22 de septiembre, por la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. No obstante, insistió y presentó un nuevo recurso el viernes 13 de octubre “aduciendo hechos y pretensiones similares” al primer habeas corpus. La audiencia está prevista para el miércoles 17 de octubre. Para el SNAI, se trata de “un nuevo abuso y desnaturalización de la acción constitucional de habeas corpus”. “A través de estas acciones, la persona privada de la libertad busca ser trasladado a un Centro de Privación de Libertad conforme a sus intereses personales, hecho que, bajo ningún concepto tiene cabida a través de garantías constitucionales”, señaló la institución e hizo un exhorto a la Función Judicial a actuar en derecho y “precautelar la seguridad nacional”.   De acuerdo con las investigaciones del caso, Carlos A. se encontraba en la cárcel de El Inca, en norte de Quito, cuando ocurrió el homicidio. El habría coordinado el crimen desde aquella prisión, mediante llamadas y mensajes desde su teléfono celular. El procesado sería integrante del grupo delictivo Los Lobos, que domina la cárcel. En ese centro de rehabilitación fue detenido, como parte de las indagaciones del magnicidio, durante un operativo efectuado entre la noche del jueves 7 de septiembre y la mañana del viernes 8 de septiembre. En aquella intervención de la Fiscalía y Policía también fueron aprehendidos Laura C., Erick R. y Víctor F. El pasado 6 y 7 de octubre fueron asesinados siete de los catorce detenidos por el crimen de Villavicencio (6 en la Penitenciaría del Litoral y 1 en El Inca). Los fallecidos respondían a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. (murieron en la Penitenciaría del Litoral) y José M., (en El Inca).

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Hijas de Fernando Villavicencio anuncian una fundación en su memoria, a dos meses del asesinato

El Universo .- El miércoles 11 de octubre, al cumplirse dos meses del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial por el movimiento Construye, se realizará un festival artístico en homenaje a su natalicio y se presentará una fundación que llevará su nombre. La iniciativa es promovida por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de quien en vida se destacó por su trayectoria periodística y participación política. Los detalles sobre la Fundación Fernando Villavicencio se darán a conocer en una rueda de prensa prevista a las 17:00 del miércoles, en el salón Los Caras de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), ubicada en la avenida Amazonas y Atahualpa, en el norte de Quito. En tanto, el festival artístico se desarrollará entre las 18:00 y 21:00. Entre los artistas invitados están Gerardo Morán, Álvaro Bermeo (Guardarraya), Trova Libre, Merudanda. “Con amor y alegría llevamos en alto tu nombre”, expresó en redes sociales Amanda Villavicencio. El 7 de octubre finalizó la instrucción fiscal por la investigación del asesinato del excandidato presidencial. El día del crimen, el 9 de agosto, en Quito, la policía capturó a seis sospechosos, que luego recibieron prisión preventiva; ellos serían integrantes de una organización criminal colombiana. Un mes después, el 7 de septiembre, fueron detenidas otras siete personas en tres provincias, quienes fueron vinculadas al proceso y se les dispuso prisión preventiva; los sujetos tendrían vínculos con bandas delictivas de Ecuador. La magnitud del caso ha trascendido fronteras, tanto que el 28 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos anunció entregar dos recompensas (una de $ 5 millones y otra de $ 1 millón) a cambio de información que permita ubicar a los responsables. Para Amanda Villavicencio, el anuncio de Estados Unidos es un hecho histórico y evidencia que “hay voluntades que no permitirán que este caso quede en la impunidad”. El pasado 5 de octubre acudieron a la Fiscalía el periodista Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio y quien lo reemplazó en la contienda electoral, junto a Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, y otras personas, para entregar sus teléfonos celulares, en cumplimiento de un impulso fiscal para explotar el contenido de los dispositivos. Luego de la diligencia, Zurita señaló que se espera “que no exista ningún tipo de filtración de la información que están entregando”, ya que se pondría en riesgo a terceras personas, que en su caso son fuentes humanas que le proporcionan información. 

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Caso Villavicencio: Fiscalía solicita los teléfonos celulares de 25 personas

El Universo .– Como parte de las investigaciones por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado dispuso que 25 personas entreguen sus teléfonos celulares, con el fin de explotar la información que contienen. Los señalados deberán atender el pedido en un plazo de 48 horas. El impulso fiscal fue emitido el martes 3 de octubre y se dio en atención a un requerimiento hecho por Cristina Villavicencio, hija del excandidato presidencial. Uno de los ciudadanos que tienen que ceder su teléfono es Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, quien lo reemplazó en la carrera presidencial como candidato del movimiento Construye, lista 25. En la lista también constan de César Gonzaga, escolta y amigo personal de Villavicencio; Víctor Hugo Enríquez; Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio; Patricio Carrillo, asambleísta elector por el movimiento Construye; Boanerges Villagómez, asambleísta electo por Construye; Galo Robalino, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Antonio López Cobeña, gerente de la campaña presidencial de Fernando Villavicencio; Janeth Santos, Selva Osorio Villavicencio, Gloria López, entre otros nombres. La hija del excandidato, a través de sus abogados, presentó un escrito a la fiscal a cargo con varios pedidos. Entre otros, solicitó copias certificadas de los estudios de seguridad, incluidos los informes y entrevistas hechas a Fernando Villavicencio entre mayo de 2021 y el 9 de agosto de 2023 (día del crimen), con el fin de determinar si el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, adoptaron las medidas pertinentes para proteger la vida del político. Así mismo, pidió que se recepte las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; del comandante de la Policía, Fausto Salinas; y del teniente coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección. Que se ubique el vehículo blindado que conducía César Gonzaga el día del asesinato, para revisar el GPS. Que se remita el resultado toxicológico practicado al cuerpo de Fernando Villavicencio. También que se informe sobre el avance de la denuncia de amenaza de muerte que el excandidato presentó en la Fiscalía de El Oro, en Machala. Aquella denuncia estuvo dirigida contra José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros. Así mismo, se pidió a la fiscal que copias certificadas de la demanda que Fernando Villavicencio interpuso el 13 de abril, por tentativa de asesinato, contra los exasambleístas Pablo Muentes, Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. El pasado 18 de agosto, nueve días después del asesinato, Cristina Villavicencio junto a otros familiares presentaron una denuncia en contra del Estado. La denuncia se ampara en el ampara en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato; fue dirigida contra cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, en la demanda se desconoce el nombre. El impulso fiscal para revisar los 25 teléfonos celulares surgió cinco días después que Estados Unidos anunció pagar dos recompensas a cambio de información que ayude a dar con los responsables del crimen de Fernando Villavicencio. Una de las recompensas asciende a $ 5 millones y se entregará por información que conduzcan al arresto y/o condena de los, todavía desconocidos, co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato. La segunda oferta económica es de $ 1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio, precisó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, mediante un comunicado. (I)

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Vinculada al proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio era vigilada por la Policía por su relación con el tráfico de drogas, armas y robos

El Universo .- El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato el 9 de agosto pasado, en momentos en que él dejaba un mitin político. Los seguimientos de los que era objeto Laura C. o alias Laura desde enero último, como parte de una investigación por el delito de delincuencia organizada, ubican un carro y una motocicleta que eran usados por la hoy sospechosa en las cercanías del coliseo donde fue asesinado al estilo sicariato el candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto pasado.   Desde el viernes 8 de septiembre pasado, Laura C., Carlos A., Erick R., Víctor F. (colombiano), Alexandra Ch., José M. y Óscar F. fueron vinculados al proceso penal que investiga el ataque criminal en el que fue asesinado el presidenciable y periodista de 59 años, en momentos en que este salía de un coliseo del norte de Quito al finalizar un mitin político.   Alias Laura es identificada por la Policía como la líder de un grupo delictivo que operaba en el sur de Quito, en los distritos Eloy Alfaro y Quitumbe, y en el valle de los Chillos, en el suroriente de la capital. Mediante la intervención de teléfonos de varios integrantes de la estructura y seguimientos a Laura C. y sus escoltas se llegó a la conclusión de que esta organización comercializaba marihuana y pasta base de cocaína, sustancias que eran abastecidas supuestamente por el grupo delictivo Los Lobos.   Dentro de las pericias a videos de vigilancia dentro del caso Villavicencio se definió que el martes 8 de agosto pasado, un día antes del asesinato, un vehículo marca Kia, modelo Sportage, de color blanco, que había estado rerportado como robado, recorrió lo que sería la escena del crimen entre las 23:03 y las 23:23.   Los seguimientos previos en el caso por delincuencia organizada señalaban que el Kia blanco observado era el mismo vehículo en el que Laura C. se movilizaba horas antes del sicariato de Villavicencio, escoltada por dos motocicletas: una tipo ninja de color negro sin placas y otra de color blanco con placas ABO-88J. Esta última moto fue encontrada abandonada a pocos metros del lugar donde ocurrió el asesinato, justo junto a una panadería. Desde el 2 de septiembre pasado, Laura C. se mantiene con orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal por el delito de delincuencia organizada en el que son investigadas nueve personas. Comunicaciones interceptadas dejarían ver que alias Laura, la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos”, era quien “emitía las disposiciones para ejecutar actividades ilícitas, como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otras”. Quito 8 de septiembre 2023. Homenaje al presidenciable y periodista Fernando Villavicencio en la Unión Nacional de Periodistas a un mes de su asesinato al estilo sicariato. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API Como parte de la formulación de cargos del expediente por delincuencia organizada contra Laura C. y otros se indicó que dentro de las comunicaciones interceptadas no solo se habla del delito de sustancias sujetas a fiscalización, sino también de “una participación con el evento del 9 de agosto de 2023, en relación con la muerte del candidato Fernando Villavicencio”.   El 9 de agosto pasado, poco más de tres horas antes del asesinato de Villavicencio, Erick R. y el colombiano Víctor F. fueron detenidos por policías en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui. Ambas personas son parte de los trece procesados por el crimen del candidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye.   Agentes policiales que realizaban un operativo antidelincuencial observaron que un vehículo Kia de color blanco, el cual era escoltado por dos motos —una de color rojo y otra de color blanco con negro—, trataba de evadir el control. Luego de una persecución se pudo detener el Kia blanco, el cual estaba siendo conducido por Erick R. Ahí se comprobó que las placas del vehículo no correspondían al chasis y estaba reportado como robado. Ese era el mismo vehículo que horas antes había sido usado por alias Laura en sus recorridos.   Siguiendo con la persecución, en otro sector del valle de los Chillos se detuvo a una de las motos que iban escoltando al Kia blanco. El vehículo, también reportado como robado, estaba siendo conducido por el colombiano Víctor F. A ambos se les formularon cargos por el delito de receptación de artículos robados y se les ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplen en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, lugar en el que fueron notificados de la orden de detención en el caso Villavicencio, el pasado 8 de septiembre.   Laura C., Erick R., Víctor F. y los otros cuatro procesados guardan prisión preventiva, al igual que los seis iniciales sospechosos, los ciudadanos colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R. El 8 de octubre próximo concluirían los 60 días de instrucción fiscal fijados dentro de este caso.

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Donald Trump vende su foto en la ficha policial en camisetas, koozies y calcomanías para carros

El Universo .- El multimillonario se enfrenta a un total de 13 cargos, entre ellos el de tentativa de fraude electoral, este último caso en Georgia. El expresidente Donald Trump no desperdicia ninguna oportunidad, ni buena ni mala. Tras ser fichado ayer en el condado de Fulton, en Georgia, por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en dicho estado, la primera fotografía de Trump fue publicada de inmediato por los medios estadounidenses. Sin embargo, él también buscó sacar réditos para alimentar su campaña presidencial para el 2024.   En la foto, de primer plano, el republicano aparece con gesto serio y frunciendo el ceño, mirando a la cámara con expresión desafiante. Esa misma imagen comenzó a ser ofrecida en el sitio web del exmandatario estadounidense.   La mercancía, que incluye camisetas, tazas, koozies y calcomanías para vehículos con la fotografía policial del expresidente, estuvo a la venta unos 90 minutos después de su liberación de una cárcel de Atlanta el jueves.   Las camisetas a un costo de 34 dólares, va acompañada de las palabras “¡NUNCA TE RINDAS!”. Trump se entregó en la cárcel el jueves, fue fichado y liberado con una fianza de 200.000 dólares en una medida que su equipo legal negoció esta semana. Aunque esta muestra de mercancía no es nueva. Cuando en abril comenzaron las imputaciones del exmandatario, la campaña de Trump puso a la venta camisetas que emulaban una foto de ficha policial del republicano para recaudar fondos.   En el centro penitenciario, se le tomaron las huellas dactilares y su primera fotografía bajo arresto para su ficha judicial.   La de Georgia es la cuarta imputación penal del republicano, tras el caso del soborno a la actriz prono Stormy Daniels, el de los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y el del asalto al Capitolio. Sin embargo, es la primera vez que debe entregarse en una prisión y que se le toma una foto bajo arresto, puesto que las tres anteriores solo acudió a la lectura de cargos en los juzgados.   Resultados electorales del 2020 En Georgia, la fiscal de Fulton Fani Willis acusa al republicano de 13 delitos por haber liderado una trama mafiosa con 18 aliados para revertir los resultados electorales en el estado, donde Trump perdió por un estrecho margen contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.   De ser declarado culpable de todos los cargos, el expresidente republicano podría ser condenado a hasta 76,5 años de cárcel.   Al menos 9 de los 19 imputados en la trama ya se han entregado en la prisión de Fulton y han salido en libertad tras pagar sendas fianzas, incluido el exabogado de Trump y exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani, quien aparece muy serio en su fotografía.   La abogada Jenna Ellis sonrió en la toma de la foto para la ficha policial en la cárcel del Condado de Fulton en Atlanta. Ellis y 18 coacusados, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, han sido acusados ​​formalmente por un gran jurado de interferencia en las elecciones de 2020 en Georgia. Foto: EFE Otros en cambio, decidieron sonreír en el momento de su fichaje, como la abogada Jenna Ellis o el expresidente del Partido Republicano en Georgia David Shafer, quien incluso publicó su foto como imagen de perfil en sus redes sociales.

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Donald Trump comparecerá el jueves ante un tribunal de Georgia

El Universo .- El exmandatario apunta a que todos los cargos en su contra buscan bloquear su apuesta para otro periodo en la Casa Blanca. El expresidente estadounidense Donald Trump confirmó este lunes que comparecerá el jueves ante un tribunal de Georgia para enfrentar cargos por asociación ilícita y otros derivados de su supuesto intento por anular las elecciones de 2020. A través de su plataforma Truth Social, Tump dijo que ese día será “ARRESTADO por una fiscal de izquierda radical, Fani Willis”, la funcionaria de Georgia a cargo de la cuarta inculpación de este año contra el expresidente, de 77 años.   El juez del caso había aprobado una fianza de 200.000 dólares para Trump por el cargo de asociación ilícita que se presentó contra él en el estado sureño.   Trump y otros 18 coacusados en este caso tienen hasta el mediodía (16:00 GMT) del viernes para comparecer ante las autoridades en Georgia y quedar registrados.   En su publicación, Trump dijo que Willis actúa “en estricta coordinación con el retorcido Departamento de Justicia de [el presidente] Joe Biden” y que “se trata de INTERFERENCIA EN LAS ELECCIONES”. El exmandatario apunta a que todos los cargos en su contra buscan bloquear su apuesta para otro periodo en la Casa Blanca, en momentos en que lidera por mucho las aspiraciones republicanas a la Casa Blanca.   Aparte de la fianza, el juez de la Corte Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, impuso varias condiciones en un acuerdo aprobado por los fiscales y los abogados de Trump.   En un documento judicial de tres páginas, McAffe apuntó que “el acusado no hará ningún acto para intimidar a ninguna persona que sepa que es coacusada o testigo en este caso, ni para obstruir la administración de justicia”.   “Lo anterior incluirá, pero no se limitará a, publicaciones en redes sociales o publicaciones hechas por otro individuo en redes sociales”, dijo el juez.   McAfee fijó una fianza de 100.000 dólares para cada uno de los dos coacusados en el caso: los exabogados de la campaña de Trump John Eastman y Kenneth Chesebro.   Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, pidió al juez fijar la fecha del juicio para el 4 de marzo del próximo año.   Trump se enfrenta a cuatro juicios penales en medio de su carrera por regresar a la Casa Blanca.   Fue acusado en Georgia de crimen organizado y de una serie de delitos electorales tras una larga investigación de dos años sobre sus esfuerzos para anular su derrota electoral frente a Biden en Georgia.   Otros acusados en la presunta conspiración son el exabogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y su jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows.

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Fiscalia investiga un tráfico de influencias como parte de un supuesto ‘pacto para frenar la licitación de seguros para Petroecuador’

El Universo .- El Ministerio de Gobierno puso en conocimiento de la Fiscalía General la noticia de lo ocurrido para que realice la investigación correspondiente.   A poco de conocerse un video en el que funcionarios públicos e intermediarios de dos empresas fueron grabados en medio de una supuesta irregular negociación, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado realizó acciones, la mañana de este miércoles 16 de agosto, para investigar el presunto “pacto para frenar la licitación de seguros para Petroecuador”.   La acción en la que participaron agentes de Fiscalía y de la Policía Nacional se dio con la finalidad de recabar indicios ante la posibilidad de que existan hechos que se adecúen al delito de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, la investigación se abrió de oficio, luego de que se hiciera público un video en el que se evidencia una reunión entre funcionarios públicos y privados. Desde el fin de semana último, en redes sociales circula un video de la conversación en la que se indica aparentemente que un asesor del Ministerio de Gobierno habría concretado una coima de $ 1 millón a cambio de echar abajo la licitación de seguros de Petroecuador y una extensión de cobertura de seis meses en un presunto consenso con la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Presidencia de la República. El 14 de agosto, el Ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía General la noticia de lo ocurrido, para que realice la investigación correspondiente. Desde el Ejecutivo se anunció que se brindará su colaboración en todo el proceso y se aseguró que el proceso de contratación de las pólizas de seguro de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima de Petroecuador, que se inició el 31 de julio de 2023, sigue su curso.   Petroecuador, mediante un comunicado público, anotó que el proceso de contratación se efectúa cumpliendo con la normativa legal vigente. Y mostró el calendario de este proceso que consta en el portal de compras públicas. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia también informó las “acciones inmediatas” tomadas por el Gobierno, es decir, la remoción del cargo “del funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado en los audios”. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, refirió que no tolerará  ninguna conducta impropia en el servicio público”. Se aseguró desde la petrolera estatal que toda empresa aseguradora calificada puede presentar su oferta. Una de las incursiones planificadas fue dada en la cafetería en donde se habría realizado la reunión en donde se grabó el video del que serían parte “audios de una conversación en que participarán funcionarios públicos, en torno a un proceso de contratación relativo a pólizas de seguro que lleva adelante Petroecuador”. Desde la Fiscalía no se han dado mayores detalles de otros allanamientos o de los elementos que se habrían levantado en las acciones.

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La fiscalía suma nuevos cargos contra Trump por intentar borrar imágenes de videovigilancia en el caso de Mar-a-Lago

El País .-La oficina del fiscal especial Jack Smith amplía la imputación a una tercera persona, un empleado de mantenimiento de la mansión de Florida que mintió a los investigadores   Donald Trump se enfrenta desde este jueves a dos cargos adicionales de obstrucción a la justicia y uno de retención intencionada de información clasificada en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, por el que fue imputado el mes pasado en Florida, por ordenar el borrado de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la mansión para dificultar la investigación. Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia para este caso y el de presunta injerencia electoral en 2020, ha ampliado la acusación a Carlos de Oliveira, un trabajador del servicio de mantenimiento de la residencia de Florida. Hasta ahora los únicos imputados eran Trump y su asistente personal Walt Nauta. El anuncio de la fiscalía se produce horas después de que los abogados del republicano se entrevistaran con miembros de la misma en Washington, en una reunión calificada por el propio Trump de “productiva”.   Smith acusa al segundo empleado de supuestamente ayudar a Trump a eludir la acción de los funcionarios de Justicia que trataban de recuperar los documentos sacados de la Casa Blanca -información clasificada y sensible sobre cuestiones de seguridad nacional-, al intentar borrar, por orden de Trump, las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión y mentir a los investigadores. El inicio del juicio por este caso está previsto para el 20 de mayo. Smith ha acusado a De Oliveira de conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y destrucción de documentos, según la acusación revisada que se desvelado hoy en un tribunal federal de Florida.   Trump se declaró inocente en Miami el mes pasado de los 37 cargos federales que hasta entonces pesaban contra él, por retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021 y por obstrucción a la justicia. Los fiscales le acusan de comprometer algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles por un manejo negligente de los archivos, que fueron hallados en medio centenar de cajas repartidas por distintas estancias de la mansión, incluido un cuarto de baño.   La campaña de Trump para la reelección en 2024 ha criticado duramente los nuevos cargos, calificándolos de “continuo intento desesperado y tambaleante de la Familia del Crimen Biden y su Departamento de Justicia de acosar al presidente Trump y a quienes le rodean”. Es el argumento favorito del republicano para desacreditar a los fiscales, de quienes dice que actúan por una motivación política, la de perjudicarle y beneficiar a los demócratas. Trump ha calificado la acción de la justicia de “interferencia electoral al más alto nivel”.   Los fiscales aseguran que De Oliveira mintió durante una entrevista voluntaria con investigadores del FBI que registraron la casa, asegurando a los agentes que no participó en ningún traslado ni movimiento de pruebas y que no estaba al tanto de ningún esfuerzo de ese tipo. “Entonces ¿no sabe dónde se habrían guardado los objetos en cuanto [Trump] se trasladó de nuevo a Mar-a-Lago?”, le preguntó un agente, según la agencia Bloomberg, que ha tenido acceso al sumario. “No”, respondió De Oliveira. Justicia sostiene que el trabajador “presenció personalmente y ayudó a mover las cajas [de documentos] de Trump” cuando llegaron al complejo en enero de 2021.   Trump y su asistente personal Nauta ya fueron acusados el mes pasado por retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas.   El republicano, que está en campaña para otro mandato en la Casa Blanca, es el primer expresidente que se enfrenta a acusaciones federales de conducta delictiva. Tanto la causa de los papeles de Mar-a-Lago, como el caso que motivó la primera imputación contra él –el presunto pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio-, y un tercero, que podría valerle la tercera acusación desde abril, el del intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, se instruyen por la vía penal.

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“Estos son los papeles”: la CNN difunde una grabación de Trump clave para el caso de Mar-a-Lago

El País .- El expresidente estadounidense reconoce en la conversación que un documento sobre Irán en su poder seguía siendo “altamente confidencial”.   Son solo dos minutos que acaban con Donald Trump pidiendo unas coca-colas. Pero antes de eso da tiempo para mucho. La CNN ha difundido una grabación del expresidente en la que habla sin pudor de documentos clasificados sobre Irán en su poder y admite con claridad que siguen siendo secretos, en contra de sus afirmaciones de que había desclasificado todo y de que podía hacerlo con solo pensarlo. La grabación es una prueba clave en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 37 cargos delictivos.   Pese a que parece obvio para quien escuche la grabación que Trump tiene un documento con un plan para atacar Irán en su poder, él ha sostenido posteriormente en una entrevista en la cadena Fox que solo agitaba unos papeles que no tenían nada que ver, “historias de periódicos, de revistas y artículos”.   Aparentemente, la grabación indica que Trump era consciente de que retuvo material clasificado como confidencial después de dejar la Casa Blanca. Los comentarios del expresidente sugieren que le gustaría compartir la información, pero al tiempo admite que es consciente de que tras dejar la presidencia ya no puede desclasificar registros. La CNN ya había informado en mayo de la existencia de esta grabación, pero entonces sin difundirla.   La reunión grabada se celebró en julio de 2021 en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, así como ayudantes del expresidente, incluida la especialista en comunicaciones Margo Martin. La reunión de la grabación se produjo poco después de que The New Yorker publicara un reportaje en el que se aseguraba que, en los últimos días de la presidencia de Trump, Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, dio instrucciones a los mandos militares para que se aseguraran de que Trump no emitía órdenes ilegales.   También se decía que argumentó repetidamente en contra de atacar a Irán y que le preocupaba que Trump pudiera poner en marcha un conflicto a gran escala injustificado. El artículo sostenía que Milley y otros cargos convencieron a Trump de que no emprendiera una acción tan drástica. Trump trata de responder al reportaje con el documento, que según él procedía de Milley y que mostraría que el Pentágono tenía una actitud más agresiva y belicista hacia Irán que él.   “Estos son los papeles”, dice Trump en la grabación de audio, mientras habla de los planes de ataque a Irán del Pentágono, una cita que no se incluyó en el pliego de cargos contra Trump, en el que ya se menciona esta grabación y se transcribe parte de su contenido.   En el audio, Trump y sus ayudantes también bromean sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton después de que el expresidente diga que el documento era “información secreta”. “Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes. Sus correos electrónicos privados”, dijo una empleada de Trump. “No, ella se lo enviaría a Anthony Weiner”, un excongresista demócrata, respondió Trump, entre las risas de los presentes, un fragmento que tampoco se recoge en el pliego de cargos. La grabación comienza con Trump afirmando que “se trata de gente mala y enferma”, mientras que su ayudante asegura que se había producido un “golpe de Estado” contra Trump. “Como cuando Milley habla de: ‘Oh, van a intentar dar un golpe de Estado’. No, estaban tratando de hacer eso incluso antes de que juraras el cargo”, dice la ayudante.   “Dijo que yo quería atacar Irán, ¿no es increíble?”, dice Trump mientras se escucha el sonido de papeles revolviéndose. “Tengo una gran pila de papeles, esto solo surgió. Mirad. Esto fue él. Me presentaron esto – esto es extraoficial, pero – me presentaron esto. Era él. Este era el Departamento de Defensa y él”, añade en esta parte, ya transcrita en el pliego de cargos.   Aparentemente, Trump muestra los papeles sobre el plan de ataque y asegura que con eso se demuestra que él tiene razón, “excepto porque es altamente confidencial” y no puede hacerlo público. “Secreto. Esto es información secreta”, insiste el expresidente.   “Estos son los papeles”, continúa Trump, mientras se oye ruido de papeles. “Esto lo hicieron los militares y me lo dieron a mí”, añade, antes de indicar que el documento permaneció clasificado. Y la conversación continúa, según se puede escuchar en la grabación ahora difundida.   Trump: “Mira, como presidente, podría haberlo desclasificado” Ayudante: “Sí [risas]”. Trump: “Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”. Ayudante: “Sí [risas]. Ahora tenemos un problema”. Trump: “¿No es interesante?”. Ayudante: “Sí”. Trump: “Es tan guay. Quiero decir, es tan, mira, ella y yo, y probablemente casi no me creías, pero ahora me crees”. Escritora: “No, yo te creí”. Trump:: “Es increíble, ¿verdad?” Escritora: “No, nunca conocieron una guerra que no quisieran”. Trump: “Hey, traigan algunas… Traigan algunas coca-colas por favor”. Cita en el juzgado el 14 de julio La jueza que lleva el caso de los papeles de Mar-A-Lago ha fijado una vista previa para el 14 de julio en Fort Pierce (Florida) en la que se discutirá cómo se manejarán los materiales clasificados en el caso, una complicación al tratarse de un juicio con jurado. Es una cita para los abogados. Los acusados, Donald Trump y su ayudante Walt Nauta, no están obligados a comparecer.   La jueza Aileen Cannon, por otro lado, ha accedido a la petición de la fiscalía de nombrar a un oficial de seguridad de la información clasificada que «asistiría al Tribunal, al personal del Tribunal y a la defensa en el manejo de cualquier moción y orden». En cambio, ha denegado la petición del Departamento de Justicia de mantener bajo secreto una lista de 84 testigos. Trump, en todo caso, tiene prohibido hablar con ellos del caso.

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Trump, imputado por los documentos clasificados de Mar-a-Lago

El País .- El expresidente está citado el martes en un juzgado de Miami para la presentación de cargos federales, algo sin precedentes.   El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado por la presunta comisión de siete delitos federales por el manejo de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, y retuvo allí pese a los requerimientos para que los entregase. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha decidido dar el histórico paso tras culminar su investigación y la imputación ha sido aprobada por un gran jurado en Miami (Florida). El expresidente está citado a comparecer el martes ante el tribunal.   El propio Trump lo ha anunciado en su red social. “La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparca su Corvette, y que está ‘asegurado’ solo por una puerta de garaje que es de papel fino, y abierta la mayor parte del tiempo”.   El Departamento de Justicia no ha hecho públicas aún las acusaciones contra Trump. Los abogados de Trump han adelantado que se trata de siete cargos, entre otros por conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje. La conspiración implica que alguien más ha participado junto al expresidente. Jim Trusty, abogado de Trump, lo ha indicado en una entrevista con la CNN. Trusty ha precisado que lo que tiene no es la imputación como tal, sino una especie de sumario de cargos donde se citan algunos artículos del código penal estadounidense.   Trump ya hizo historia al ser imputado por 34 cargos de falsedad derivados de tres pagos para ocultar escándalos (uno de ellos una aventura extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels) en la campaña de las presidenciales de 2016. Un juez de Nueva York ha fijado para el 25 de marzo de 2024 el juicio del caso.   Ahora es la primera vez, de nuevo, en que un presidente o expresidente es objeto de cargos federales. Además, están relacionados con el ejercicio de su cargo. Además, su imputación se produce cuando es el favorito a la nominación en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024. De ese modo, el Departamento de Justicia de la Administración Biden persigue penalmente a quien se perfila como posible rival del actual presidente en las elecciones de noviembre del año próximo.   “He sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el martes, a las 15.00 horas. Nunca creí posible que algo así pudiera ocurrirle a un expresidente de los Estados Unidos”, ha escrito Trump en otro mensaje. “¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, ha añadido. “Este es realmente un DÍA OSCURO para los Estados Unidos de América. Somos un país en serio y rápido declive, ¡pero juntos haremos que América vuelva a ser grande!”, ha publicado en el tercer mensaje de la serie, que ha culminado con la publicación de un vídeo de algo más de cuatro minutos. En paralelo, la campaña de Trump ha empezado a enviar correos electrónicos para pedir donaciones con la imputación como excusa.   Trump ya estaba preparándose en los últimos días para una posible imputación. Los fiscales habían comunicado formalmente a sus abogados que era objetivo de la investigación y él mismo reaccionó el miércoles declarando que no había hecho nada malo, que las acusaciones eran una forma de “interferencia electoral” para que no volviese a la Casa Blanca y que todo se trataba de una “caza de brujas”.   El expresidente ha recibido la comunicación de su imputación en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde ha estado en los últimos días. Según su abogado, ha recibido la noticia con incredulidad y tristeza, pero consciente de que era un momento histórico. Tendrá que desplazarse a Florida para comparecer el martes ante el juzgado donde está citado, en lo que puede ser la reedición de la lectura de cargos que ya vivió en Nueva York a principios de abril. Aquella citación atrajo a cientos de periodistas y manifestantes a favor y en contra el expresidente, aunque no hubo nada de la “muerte y destrucción” que había vaticinado.   Algunos de sus aliados han reaccionado este jueves en Twitter a la nueva imputación calificando a Estados Unidos de “república bananera”. En cuanto a los rivales en las primarias republicanas, algunos han guardado silencio, mientras que los hay que han ofrecido apoyo a Trump y se han comprometido a indultarle llegado el caso, como el empresario Vivek Ramaswamy, y quienes le atacan abiertamente, como el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, que ha pedido que el expresidente se retire de la carrera electoral.   La imputación del expresidente es un salto cualitativo en un caso que provocó el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida). El contenido de la orden de registro ya desveló entonces que el expresidente estaba siendo investigado por posibles delitos que pueden conllevar multas o penas de cárcel: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos público y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional.   Imagen de las diligencias judiciales en que aparecen algunos de los documentos confidenciales hallados en el registro de Mar-A-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach (Florida).AP Los agentes del FBI que registraron la mansión de Trump encontraron miles de documentos que el expresidente retenía allí indebidamente, entre ellos un centenar con marcas de clasificación con diferentes grados de confidencialidad. El registro se producía después de que el expresidente se hubiese llevado ilegalmente los documentos de la Casa Blanca y de que hubiera desatendido los requerimientos para entregarlos.   Trump se llevó los documentos al cesar

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Constantes diferimientos hacen que Fiscalía lleve más de un año y medio sin dar a concer su dictamen en caso por peculado Bonos-Isspol

El Universo .– En la causa por el delito de peculado en la que son porcesadas diez personas, la etapa de instrucción fiscal se cerró en octubre de 2021. Desde hace un año y medio que se cerró la etapa de instrucción fiscal dentro del caso por peculado en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la Fiscalía aún no puede dar a concer su dictamen acusatorio contra las diez personas que son parte del proceso penal.   La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado, pero por diferentes razones no ha podido ser reinstalada en el Complejo Judicial Norte, en Quito. El jueves 20 de abril último, el nuevo abogado del procesado Carlos Carbo Cox solicitó el diferimiento de la diligencia para así conocer el expediente de la causa.   Para garantizar el derecho a la defensa que le corresponde a cada procesado, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, difirió la diligencia, ordenando que se le entregue lo solicitado al nuevo abogado y disponiendo que la reinstalación debe darse “de forma obligatoria” desde el 10 de julio próximo, a las 09:30, hasta el 21 de ese mismo mes. En la causa denominada Bonos-Isspol, la instrucción fiscal se cerró en octubre de 2021.   La primera parte, la cual versa sobre posibles nulidades existentes que afecten al proceso, ya culminó y se esperaba que el fiscal Álex Castillo dé a concer su dictamen respecto a los diez procesados, entre quienes está el empresario Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras de sus empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones.   También son procesados por peculado el general (sp) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol; Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi; el general (sp) David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente, y los empresarios Carlos Carbo Cox y Luis Álvarez. La Fiscalía sostiene que los investigados fueron parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. El actual director del Isspol, coronel Renato González, criticó que por “enésima vez” una audiencia en este caso se haya diferido. De forma irónica indicó en su cuenta de Twitter: “La audiencia se difirió para el 10 de julio de 2023, sí, para JULIO, no es broma”. González piensa que los diferimientos y suspensiones se han dado porque están disponibles una “maraña de dilaciones y sanciones de risa” para quienes abusan de los recursos que la norma establece.   Espinosa de los Monteros y Domínguez el 12 de enero de 2022 recibieron un dictamen abstentivo, el cual fue revocado un mes después por el entonces fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán. En cambio, Chérrez es buscado por la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) mediante una notificación roja publicada el 7 de septiembre pasado, pedido hecho por la Fiscalía y procesado por Noritz, jueza de la Unidad Penal Norte número 2, de Guayaquil.   El pedido de extradición apuntaría a México, pues es en ese país donde la Interpol registró un último movimiento migratorio de Chérrez. Él había ingresado a territorio mexicano en calidad de residente permanente por unidad familiar, el 16 de enero de 2021, en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá.

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Caso Encuentro: El empresario Danilo Carrera Drouet fue retenido en el aeropuerto de Guayaquil

EL UNIVERSO .- Al parecer, tenía intenciones de viajar a Nueva York. La Fiscalía solicitó la retención del empresario ecuatoriano Danilo Carrera Drouet, cuñado del primer mandatario Guillermo Lasso, quien está siendo investigado por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas.   Fiscalía pidió la retención a las 18:30 de este martes, 18 de abril de 2023, al ser notificada sobre la pretensión de Carrera Drouet para salir del país.   El empresario y también dirigente deportivo se encontraba en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil; al parecer, tenía intenciones de viajar a Nueva York (EE.UU.).   La Fiscalía indicó que la acción está establecida en el Art. 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Agregó que el investigado rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas.   En marzo pasado, Lasso pidió que la Fiscalía investigue a su cuñado. Esto luego de que una investigación de La Posta señaló a Carrera como la cabeza de una red de tráfico de influencias en las empresas públicas que supuestamente manejaba a través de su amigo Rubén Cherres. Por eso, el portal lo describió como ‘El Gran Padrino’. El caso está en manos de la Fiscalía General, que lo denominó Encuentro.

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Ecuador está ranqueado en el puesto 15 de 193 países en tener presencia de bandas delictivas, según Observatorio de Crimen Organizado

EL UNIVERSO .- Para esa organización, las sentencias judiciales ejecutoriadas deberían ser información de acceso público. Andrés Ormaza fue director de política criminal del Ministerio de Justicia de Colombia y estuvo en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.   Actualmente forma parte de la fundación Panamericana para el Desarrollo. Es director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que hizo un análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en el país y cuyo informe se presentó en días pasados.   Uno de sus hallazgos es que en 14 de las 24 provincias del Ecuador hay al menos un caso de delito de delincuencia organizada entre 2015 y 2020.   Ormaza mencionó que el observatorio es una iniciativa dentro de un proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico y esa entidad es uno de sus componentes.   El proyecto se inició en noviembre del 2019 con una suscripción de un memorando de entendimiento y financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la oficina de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley. Explicó que es un proyecto que ofrece asistencia técnica a distintos actores del sistema judicial y no judicial ecuatoriano.   ¿Qué es lo que se busca con este apoyo? Básicamente apoyar en la generación de capacidad instalada, en algunos temas específicos contra el crimen organizado, bien sea desde la perspectiva de análisis, desde la perspectiva de investigación, la formación es parte importante de este proyecto, es decir, generar gestión de conocimientos a través de capacitaciones.   ¿El observatorio empezó en el 2020? Tuvo una primera actividad de análisis de sentencias durante la pandemia, pero empezó a tomar mucha más forma en el último año. Este es un proceso, no se da de una manera espontánea sino que se va consolidando en el tiempo, y ya hemos hecho algunos estudios, y creímos que ya era oportuno un poco hacer la presentación pública a través de una página web.   ¿Cuántos estudios ha hecho el observatorio? Cerca de cinco estudios, no siempre relacionados con sentencias judiciales locales, sino que también utiliza otras fuentes.   Utilizamos como referencia el índice global de crimen organizado, que emite un organismo internacional, o una iniciativa internacional más bien, y a partir de ahí tomamos eso como referencia para ver cómo estaba ubicado el país en ese ranking, en los diferentes análisis y variables que consulta.   ¿Y en qué estado está Ecuador? Ese índice mide distintos ítems, variables, una de las más preocupantes es la presencia de estructuras internacionales.   Según ese índice, Ecuador está ranqueado como en el puesto 15 o 16 entre 193 países en tener presencia de estructuras internacionales, por supuesto, hablamos de organizaciones criminales, pero también hay otras categorías que mide ese ranking frente a ciertas expresiones de crimen organizado; también cómo está el índice de resiliencia, de gobernabilidad.   ¿Hay algunas recomendaciones y, por ejemplo, hablaban de la importancia de cambios en varias entidades?   Ese análisis es de sentencias por el tipo penal de delincuencia organizada, porque un análisis de crimen organizado implicaría hacer un análisis de un volumen mucho más amplio, de un universo de sentencias y otras fuentes que involucrarían temas de minería ilegal, trata de personas, narcotráfico.   El que presentamos es específico para el tipo penal de delincuencia organizada. Lo que sugerimos en realidad más que cambios en la estructura de las instituciones es empezar a considerar algunos cambios de paradigmas en las investigaciones, así como en la misma formulación de la política pública.   Lo que observamos es que existen algunas disposiciones del Código (Integral Penal) que en realidad se alejan de estándares internacionales como la misma Convención de Palermo, que normalmente exige cierto nivel de proporcionalidad de acuerdo a la gravedad de los delitos cuando se trata de delitos relacionados con crimen organizado, y lo que observamos, al menos en ese muestreo de sentencias, es que en ocasiones se comete un delito de cierta gravedad, pero un poco por bien instrumental del COIP al final la investigación no se da por ese delito grave, sino por el delito de delincuencia organizada, que es de alguna forma una sombrilla que permite que ciertas conductas de mayor gravedad se puedan decantar por ese tipo penal.   Eso a nosotros nos pareció un dato relevante porque finalmente cuando se surte todo el proceso judicial lo que se obtiene no es una condena por el delito grave que se cometió en su momento, sino por las penas previstas para delincuencia organizada, pero que, en la mayoría de ocasiones, se ve favorecida, de alguna forma, por la aplicación de un procedimiento abreviado y esto obviamente disminuye mucho más la pena.   Al final tenemos un proceso, una investigación, una condena y eventualmente personas privadas de la libertad o condenadas, pero en realidad no por la magnitud del delito que cometieron, sino por otras alternativas que nos parece que no son necesariamente las más adecuadas. Es ahí donde hablamos de una brecha de impunidad.   ¿Qué hacer? Hay muchas posibilidades, creemos que una es que se empiece a aplicar la figura del concurso de delitos, uno entendería y lo que dicta un poco la experiencia en otros países es que cuando dos o más personas se reúnen para cometer delitos y los cometen posteriormente, lo que se da es un concurso entre la asociación ilícita o la delincuencia organizada y ese delito que es cometido posteriormente.   Aquí no se observa como una regla general de aplicación de la figura del concurso, que es una figura de connotaciones jurídicas, procesales, diría yo complejas, pero que es necesario empezar a aplicar.   Otra cosa que veo que les llama la atención es que en provincias como Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos hay un bajo porcentaje de causas a pesar de que están en el límite con Colombia. Habría que tener en cuenta que algunas de las causas que se dan en esas provincias

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Fiscalía concluye presentación de prueba en caso Sebastián Yunda; procesados arrancan exposición de elementos para rechazar las acusaciones

Pese a que son cinco los llamados a juicio por el delito de asociación ilícita ocurrido en el Municipio de Quito, solo tres asisten a la etapa de juzgamiento.   Tres días le fueron suficientes para la fiscal Mónica Tirado presentar los diez testigos, dos peritos y la prueba documental con los que se demostraría la participación en el delito de asociación ilícita de la exfuncionaria del Municipio de Quito, Cinthya Puga; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública municipal EMSeguridad; y el exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Yinlong Wang.   La audiencia de juzgamiento a la que han asistido solo tres de los cinco procesados llamados a juicio se instaló el pasado lunes en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Sebastián Yunda, hijo del cesado alcalde de Quito y actual candidato a esa misma dignidad, Jorge Yunda, y César Yunda Pancho, tío materno de Sebastián, al no haber sido detenidos y estar fuera del país se les suspendió esta etapa.   La teoría manejada por la Fiscalía es que los procesados se habrían aprovechado de relaciones familiares y de amistad en el Municipio de Quito, el cual a ese momento estaba bajo el liderazgo de Jorge Yunda, padre de uno de los sospechosos, todo esto para gestionar contratos relacionados a temas de seguridad, entre otros.   En este caso la Fiscalía acusa por una asociación ilícita definida en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, la cual refiere que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con una pena de tres a cinco años de cárcel.   La mañana de este 19 de enero se instaló el cuarto día de audiencia de juicio y se arrancará con la presentación de pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantienen las defensas de los tres procesados para rechazar las acusaciones fiscales. Fernando King, abogado de Cinthya Puga, adelantó que usará como medio de defensa al menos 14 testigos, entre quienes estarían el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, el cesado alcalde Jorge Yunda y ciertos concejales. Para la Fiscalía Puga, Haro y Yinlong Wang son coautores del delito de asociación ilícita, mientras que Sebastián Yunda y César Yunda son autores de una asociación ilícita que supuestamente tuvo como fin el ofertar la realización de un tráfico de influencias al interior del Municipio de Quito. Fuente: El Universo

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