IVÁN SAQUICELA RODAS archivos - Centro 101.3 FM Guayas y Santa Elena

Consejo de la Judicatura condena incidentes registrados en Ecuador y dice que son ataque contra la democracia y la institucionalidad

Nacionales / Victor Gonzalez / 09/01/2024

El Universo .- La institución se comprometió en ejecutar acciones concretas y deploró el presunto intento de atentado contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura rechazó los últimos incidentes registrados en el país luego que el presidente Daniel Noboa decreto su primer estado de excepción, la tarde del lunes 8 de enero. El organismo dijo que se encuentra trabajando en medidas de resguardo personal e institucional y deploró el presunto intento de atentado registrado contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. El CJ condenó también los atentados “contra la paz, seguridad y derechos de las y los ecuatorianos, ocurridos en las últimas horas”, y dijo que “forman parte de un continuo ataque contra la democracia e institucionalidad de la República”. “La institución se compromete en la adopción de acciones concretas y urgentes; en conjunto con las demás entidades estatales, para contrarrestar los efectos de las acciones que, hasta el momento, se han generado desde el crimen organizado y asegurar que, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de la Constitución y la ley, no queden en la impunidad”, refirió en su comunicado difundido en redes sociales. El CJ expresó su solidaridad con las familias y ciudadanía “afectadas por esta grave crisis; especialmente a quienes, en el cumplimiento de su deber, han sido víctimas irreparables de los últimos acontecimientos”. “Reafirmamos nuestra misión de asegurar las mejores condiciones para que la administración de justicia: personal jurisdiccional y administrativo a nivel nacional, cuenten con las debidas garantías en el ejercicio de sus funciones”, apuntó y agregó que la Función Judicial se encuentra firme en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y “no cederá ante presiones que pongan en tela de duda su independencia”. El Consejo de la Judicatura ratificó también su compromiso institucional de trabajo permanente, en la implementación de directrices internas, con el objetivo de luchar contra la corrupción. “Velaremos por y asegurar que cada uno de los funcionarios judiciales no se distraigan de su misión legal de impartir justicia en virtud del derecho”, indicó la institución. En tanto, tras decretarse el estado de excepción por la situación de criminalidad y la crisis carcelaria, varios incidentes se han registrado en las últimas horas en localidades del país. Policías y militares se han desplazado a varios puntos ante la alerta de incidentes que podrían estar ligados a reacciones por la emisión del estado de excepción. Durante una intervención en redes sociales, el presidente Noboa dijo que ha dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Horas después se registraron explosiones, detonaciones y secuestros de policías en ciudades de la Costa y Sierra.

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Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, se suma a la alerta sobre la activación de una campaña para menoscabar la imagen de autoridades

Nacionales / streaming streaming / 21/09/2023

El Universo .- El presidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas son dos de los 20 procesados sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. A la alerta sobre la activación de una campaña que tiene como objetivo menoscabar la imagen de la fiscal general, Diana Salazar, se suma el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. La respuesta del titular del máximo órgano de justicia ordinaria del país llega ante la reciente publicación del medio argentino Página 12. Saquicela destaca que días atrás la Fiscalía General del Estado, por medio de un comunicado, ya había advertido de una campaña de desprestigio “a través del montaje de audios y videos creados utilizando inteligencia artificial”. El titular de la CNJ sostiene que ha empezado una campaña de desprestigio que busca la impunidad y sacarlos a él y Diana Salazar del cargo, al no haberlo permitido en la aplicación del derecho. “No es coincidencia que el supuesto audio sea mencionado justo cuando el juez nacional Walter Macías convocó a audiencia a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) por el presunto delito de tráfico de influencias, y cuando estamos a días de elegir al nuevo presidente de la República. Por lo demás, las actuaciones de Iván Saquicela y los demás jueces que conocieron el caso Sobornos fueron ratificadas en segunda instancia y casación, y ahí constan las razones fácticas, probatorias y jurídicas de la resolución de condena”, sostuvo Saquicela. La nota del medio argentino habla de la existencia de un audio en el que supuestamente Saquicela consideraba que el expresidente Rafael Correa, uno de los sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado, era inocente, pero —afirma Página 12— cuando llegó a la presidencia de la CNJ decidió determinar su culpabilidad. También refiere una serie de irregularidades ocurridas durante la investigación y el juzgamiento con el fin de inculpar a Correa y dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 2021. En ese contexto, Iván Saquicela aclara que formó parte del tribunal que condenó a Rafael Correa cuando era juez de la Sala Penal de la Corte Nacional, y su designación como presidente de ese organismo se dio por votación del pleno. “Fiscalía ha tenido acceso a información que da cuenta de esos burdos intentos de desprestigio, con los que ciertos sectores buscan —desesperada y nuevamente— obtener impunidad en los casos que lleva la máxima autoridad de esta institución”, refería la Fiscalía General en un comunicado en el que rechazaba las acciones. De momento, dentro del caso Sobornos se lleva adelante la fase de ejecución, la cual está en manos de un tribunal de la CNJ presidido por el juez Walter Macías, magistrado que hace poco fue reintegrado a su cargo por una acción de protección que dejó sin efecto la destitución decidida con solo los votos a favor del presidente del CJ, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz.

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Walter Macías, a espera de que la Judicatura emita la acción de personal para retomar como juez casos como Sobornos 2012-2016 o Vocales

Nacionales / streaming streaming / 15/09/2023

El Universidad .- La jueza Martha Vimos aceptó la acción de protección presentada por Walter Macías y lo reintegró a sus funciones como magistrado en la Corte Nacional. La decisión de la jueza de Pichincha Martha Vimos de dejar sin efecto la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) con la que se destituyó del cargo como juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a Walter Macías, le permite al magistrado retomar todas las causas que se mantuvieron en su despacho, el cual se mantuvo por aproximadamente 26 días a cargo de la conjueza nacional Mercedes Caicedo. La resolución a la que llegó Vimos se dio a conocer al mediodía del jueves 14 de septiembre pasado, luego de dos jornadas de audiencia en las que intervino Macías y su abogado, al ser quienes plantearon una acción de protección; la defensa del CJ, entidad en cuyo pleno con solo dos votos se aprobó la destitución del juez nacional; la Procuraduría General del Estado y al menos siete amicus curiae. Pocas horas más tarde, Macías ingresó a la Corte Nacional a retomar su despacho. El presidente del órgano más alto de justicia ordinaria del país, Iván Saquicela, le dio la bienvenida al magistrado y le entregó un mallete o mazo, uno de los símbolos más importantes de la autoridad de los jueces. Destacó que es muy importante para la democracia y para la Función Judicial el que en este caso haya imperado el derecho. “Walter (Macías) bienvenido a tú casa. Nos complace que mediante una decisión de una jueza hayas podido regresar a la CNJ. Sencillamente ha imperado la razón, la justicia y el derecho”. Aunque no pudo retomar inmediatamente su cargo como juez en la CNJ e incluso hasta las 11:00 de este viernes 15 de septiembre no se cumplía desde el CJ con la orden de reintegración inmediata, Macías agradeció la bienvenida de Saquicela y el apoyo de sus compañeros magistrados. El magistrado no entiende por qué no se ha cumplido la disposición si ya los representantes del CJ conocieron de la resolución oral de la jueza y más bien piensa que el haberse delegado a las áreas técnicas respectivas el cumplimiento de este fallo no es más que una estrategia dilatoria en el que se inicia un trámite burocrático para eludir la orden inmediata. “Se ha hecho justicia desde el ámbito constitucional. Este es un hito para la independencia judicial. Este solo es un camino para que se evidencie que no podemos dejar que el Consejo de la Judicatura en este ámbito esté actuando de esta forma y quiera vilipendiar los derechos de las juezas y los jueces”, indicó Macías a su ingreso a la Corte Nacional. Vimos dejó sin efecto la destitución adoptada en sesión extraordinaria del pleno de la Judicatura, el 19 de agosto pasado, con solo los votos del presidente del CJ, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Para la jueza ha sido evidente que en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, al principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación. Una vez se formalice el retorno de Macías a su despacho, él asumirá nuevamente la competencia en casos de connotación como el denominado Vocales, en el que son procesados los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya. El lunes último, la jueza Caicedo difirió por tercera ocasión la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los tres investigados y aún no existe fecha para la instalación de la diligencia. En esta causa Macías como juez fue recusado y también denunciado administrativamente ante una supuesta manifiesta negligencia por la vocal Barreno. En el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia de su compañero. La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Macías a su regreso se reincorporará al Tribunal de Apelación en el caso del asambleísta Peter Calo, quien es acusado por el delito de violación contra una joven de 19 años; al Tribunal de Apelación en el caso China CAMC, en el que por el delito de cohecho son investigados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, dos personas naturales y una jurídica; y a la Sala de Apelación conformada para analizar el recurso presentado por el exsecretario del Agua, Walter Solís, contra la sentencia de pirmer nivel en la que se le condenó a ocho años de cárcel por el delto de peculado. El caso Sobornos 2012-2016 es otro de los casos en el que retomará la competencia Macías. El magistrado preside el Tribunal que ejecuta la sentencia por cohecho pasivo agravado contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios públicos y empresarios. Correa y Glas fueron sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación. También volverá Macías a asumir funciones dentro del Tribunal de Casación en el caso de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Rafael Correa, quien recibió una sentencia de nueve años de cárcel por el plagio (secuestro) del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá (Colombia), en 2012. A inicios de agosto pasado se resolvió una recusación interpuesta por Romero contra el presidente de la Sala de Casación, Walter Macías. La defensa del líder de la Senain recusó al magistrado cuestionando la imparcialidad del juzgador. El recurso no prosperó, pues fue declarado sin lugar

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La Policía Nacional tiene autorizado utilizar armas decomisadas en operativos antidelicuenciales

Nacionales / streaming streaming / 12/07/2023

El Universo .- Una vez se define el comiso de armas, municiones y explosivos, el juez puede destinar esos bienes para que sean usados por la Policía o las Fuerzas Armadas. En el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aprobó, la mañana de este miércoles 12 de julio, una resolución que permitirá que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de las armas, municiones, explosivos y accesorios que la fuerza pública haya incautado en operativos contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional y que un juez, luego del comiso, declare sean de beneficio social o de interés público. Según el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, la resolución aprobada determina que una vez que los bienes han sido comisados, fundamentalmente en lo que se refiere a armas, explosivos y municiones, el juez puede declarar de beneficio social o de interés público y consecuentemente a esas armas, municiones, etcétera, el juez puede dar un destino específico, que en este caso al hablar de armas y otros objetos de ese tipo, podrían ser particularmente instituciones estatales como la Policía o las Fuerzas Armadas. El análisis partió de que existía dudas u obscuridad en la norma contenida en el artículo 69 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en la parte que preveía la posibilidad de que el juez adicionalmente al comiso de bienes que están relacionados con la infracción sancionada, pueda declarar de interés público o de beneficio social los mismos. El inciso segundo, del numeral tres, del artículo 69 del COIP, señala que “el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”. A decir de Saquicela, con esta resolución queda absolutamente claro para todos los jueces del Ecuador que pueden decretar ellos que las armas, municiones, explosivos y accesorios comisados sean de beneficio social o de interés público y a qué instancia pasarán. “Lo que aprobamos se llama resolución respecto al comiso penal de bienes que tiene que ver con armas municiones , explosivos y accesorios y que serían declarados de beneficio social o de interés público. Sobre la base del criterio pericial resuelven las juezas y jueces del Ecuador en cada proceso penal o caso concreto”, informó el titular del más alto órgano de justicia ordinaria del país. Se destacó que de ninguna manera el plano de la CNJ puede adoptar una resolución sobre el destino de la totalidad de armas que existan, sino que eso es competencia de cada juez en cada caso concreto. Anotó el presidente de la Corte Nacional que en cada proceso o caso concreto la Fiscalía debe individualizar las armas, las municiones y explosivos y el juez sobre la base de un informe pericial donde individualice estos accesorios llega a determinar el fin social que van a tener. Por ejemplo, se entregaría a las Fuerzas Armadas o la Policía para que puedan hacer uso de esas armas o municiones comisadas. La norma explica que el comiso implica una sentencia penal condenatoria en donde se ha resuelto el comiso de las armas, municiones, explosivos o accesorios. “Esta resolución de la CNJ, de su pleno, no era otra cosa que el ejercicio de sus atribuciones previstas en la Constitución y del Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, es un problema jurídico el que resuelve la CNJ. Pero sin duda además de ser un problema jurídico, sin duda tiene un interés para el país, porque se trata de armas, municiones, explosivos y accesorios que si no se llegaría a declarar de beneficio social o de interés público, sencillamente estarían estas armas sin ninguna utilidad, sin ningún uso en beneficio del país”, detalló Saquicela.

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Tribunal del caso Sobornos dispuso que Interpol Ecuador solicite la publicación de la notificación roja contra la exministra María de los Ángeles Duarte

Nacionales / streaming streaming / 29/05/2023

El Universo .- El 13 de marzo pasado, la Cancillería de Argentina comunicó a Ecuador que María de los Ángeles Duarte ya no se encontraban en su delegación diplomática. Un mes después de que la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, abandonara clandestinamente la residencia de la Embajada de Argentina en Quito, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016 dispuso que la Oficina Central de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de Ecuador alerte de la búsqueda a la oficina central de la Interpol para lograr la localización y detención a nivel internacional de la exfuncionaria del correísmo. La decisión hace parte de una providencia emitida el 12 de abril pasado por la sala presidida por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías. Este magistrado, desde el 11 de mayo pasado, está suspendido por tres meses. Con los votos a favor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Xavier Muñoz se decidió la suspensión temporal, ante actuaciones como juez penal de la CNJ y una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres. El pasado lunes 13 de marzo, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para informar que Duarte y su hijo de nacionalidad argentina, luego de 31 meses, ya no se encontraban en su delegación diplomática. Hasta donde se conoce Duarte, exministra condenada por gestionar varias empresas relacionadas con los procesados para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo, se encuentra en Venezuela. El ingreso de la exministra Duarte y su hijo a la embajada de Argentina en la capital ecuatoriana se remonta al 12 de agosto de 2020, un mes antes de que se conociera que quedaba en firme la sentencia contra ella y otras 19 personas acusadas por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos. Duarte como coautora del delito de cohecho fue condenada a ocho años de cárcel y al pago de una reparación integral al Estado de $ 778.000. En el caso Sobornos la justicia investigó la existencia de un esquema de corrupción que se mantuvo durante los períodos presidenciales de Rafael Correa. La teoría de Fiscalía señala que se utilizaron varias instituciones del Estado como plataformas para entregar contratos y convenios con empresas nacionales y extranjeras a cambio de sobornos que tenían la imagen de “donaciones”. Entre los beneficiarios de estos actos de corrupción habrían estado la organización política Alianza País y varios de sus miembros. Al expediente en marzo pasado ingresaron oficios del director General de Investigaciones de la Policía Nacional del Ecuador con el que se daba a conocer la “novedad” respecto a María de los Ángeles Duarte, señalando que la “Unidad Nacional de Interpol cuenta con las herramientas y servicios para la localización y búsqueda de fugitivos a nivel internacional”. Además el comandante General de la Policía Nacional, mediante oficio, hacía referencia a la orden de localización y captura de la sentenciada. Los jueces del Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional explican en su providencia que la Oficina Central Nacional es el organismo designado por un país para desempeñar las funciones de enlace con los diferentes servicios del país, por ello a esta instancia le correspondería solicitar a la Secretaría General la publicación de las notificaciones. Se aclara que las notificaciones rojas se utilizan para la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado, están sujetas a unas condiciones específicas y para su solicitud se debe proporcionar unos datos jurídicos mínimos. “(…) En el presente caso se cumplen las condiciones específicas que exige este tipo de notificación y a pesar de que la orden fue emitida con anterioridad, se advierte que, en la providencia de 6 de octubre de 2020, no se proporcionó los datos jurídicos que este tipo de notificación requiere. Por lo tanto, corresponde solicitar la notificación roja, consignando los datos jurídicos que determina el reglamento y que se precisan en esta providencia. Por lo manifestado, el Tribunal de Ejecución dispone que la Oficina Central de la Interpol de Ecuador solicite la publicación de la notificación roja respecto de la sentenciada María de los Ángeles Duarte Pesántes”, resalta la providencia. El presidente del Tribunal de Ejecución del caso Sobornos 2012-2016, Iván León (i), presenció el acto de descubrimiento de la placa que se ordenó colocar en el Palacio de Carondelet como parte de la sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado. (Carlos Granja) Se define en la solicitud que se deberá entregar datos jurídicos de los momentos procesales relevantes del caso por cohecho pasivo agravado que tienen que ver con Duarte, es decir, documentos oficiales con la sentencia de primero y segundo nivel, el fallo de casación, la acusación con los pormenores de los hechos y actos que se imputaron a la exministra, la sentencia de cárcel y la reparación integral definidas y la confirmación de una boleta de localización y detención. Razones humanitarias Duarte fue acogida en la embajada argentina como “huésped por razones humanitarias”. Para llegar hasta ese lugar, la exministra de Rafael Correa dejó de cumplir la presentación periódica en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete electrónico), ambas medidas ordenadas en el caso Sobornos por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho. Ese incumplimiento de medidas cautelares le valió a Duarte el inicio de otro proceso penal, pero ya no en la CNJ pues no tenía el fuero de ministra, sino en en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta vez la Fiscalía le acusó del delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Al ser este un delito que no puede ser sancionado en ausencia, la etapa de juzgamiento quedó interrumpida hasta que la

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Fausto Murillo dispone se apliquen los mecanismos para cumplir con la orden de posesionar como presidente temporal de la Judicatura a Álvaro Román Márquez

Nacionales / streaming streaming / 24/01/2023

El 3 de febrero pasado Fausto Murillo fue posesionado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura en reemplazo de María del Carmen Maldonado. Tan solo horas después de que el pleno de la Corte Constitucional (CC) ordenó que sea Álvaro Román Márquez quien presida temporalmente al Consejo de la Judicatura (CJ) hasta que el órgano competente nombre al presidente definitivo de esta instancia, Fausto Murillo, presidente temporal de la Judicatura, dispuso que se apliquen los mecanismos internos para dar cumplimiento a lo resuelto. La noche del lunes 23 de enero pasado, el pleno de la CC, luego de una sesión extraordinaria, declaró, por unanimidad, el “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia correspondiente a nombrar al presidente del CJ y decidió destituir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Dentro del auto de verificación de la sentencia de la CC, como medida de reparación se ordenó que hasta que el órgano competente, en este caso el CPCCS, nombre a uno de los candidatos de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), los actuales jueces nacionales Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, Román Márquez debía ser posesionado como presidente temporal del CJ y para ello la Judicatura emita la acción de personal correspondiente. Pese a que los candidatos Terán, Caicedo y Rivera cumplieron con los requisitos legales para participar y enfrentaron las etapas de impugnación ciudadana y presentación de sus propuestas de trabajo ante el CPCCS, el 2 de enero último, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, quien presidente del Consejo de Participación, no llegaron a un acuerdo y no eligieron a la que sería la primera autoridad del CJ. “No hubo rechazo de parte de CPCCS, simplemente no hubo un acuerdo en el acto de la deliberación. Entiendo que esto puede ser un problema, puede ser mal visto, pero nosotros como Consejo de Participación, aún estando en mayoría, tenemos nosotros la independencia y autonomía para poder decidir”, señaló Ulloa al tiempo de asegurar que existió un incumplimiento de la sentencia. Murillo, mediante su cuenta personal de Twitter, señaló que ha dispuesto que se apliquen los procedimientos internos para dar cumplimiento inmediato al acto de verificación de sentencia de la CC. Agregó además que él hará la entrega de la presidencia del CJ a Álvaro Román Márquez y presentará el respectivo informe del estado situacional de la institución, así como de sus principales proyectos. Desde el 3 de febrero pasado, el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, se desempeñó como presidente temporal del organismo. Esta designación se dio luego de que María del Carmen Maldonado renunció al cargo, debido a que no compartió una decisión de la Corte Constitucional que le retiraba competencias en el tema sancionatorio al líder del CJ. Román Márquez era el vocal suplente de Maldonado. El presidente de la CNJ, Iván Saquicela, reaccionó a la decisión tomada por la CC diciendo: “Se hizo justicia a la justicia” y explicando que la justicia le dice al país que debe respetarse la Constitución, la democracia y la institucionalidad. “Este es un precedente histórico e importante para el Ecuador, valió la pena nuestra lucha, la posesión del pleno de la Corte Nacional”. En su momento el pleno de la CNJ señaló que el CPCCS, durante este proceso que ha durado más de diez meses, ha adoptado resoluciones sin sustento técnico ni jurídico, “demostrando más bien, a través de cualquier excusa, su pretensión de mantener en acefalía al órgano administrativo de la Función Judicial, afectando el normal ejercicio de las atribuciones de este Poder del Estado, y fundamentalmente atacando la independencia judicial, principio rector de un estado democratico”. Con esta conducta, se afirmaba desde la Corte Nacional, el CPCCS incumplió con lo dispuesto por la CC en su sentencia 2019-22-EP/22 del 26 de septiembre de 2022, que ordenó nombrar a la brevedad a quien presidirá el CJ. Trascendió que el vocal Álvaro Román Márquez que acudiría al CJ para iniciar los trámites para su posesión como presidente del órgano de gobierno, administración y sanción de la Función Judicial. NO se conoce una hora específica, ni tampoco el Consejo de la Judicatura ha informado de si se dará una reunión para concretar formalmente el traspaso en la presidencia del organismo. Fuente: El Universo

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Corte Constitucional revisará de oficio el cumplimiento de su sentencia que ordenó elegir al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura

Nacionales / streaming streaming / 04/01/2023

El organismo dio 24 horas al Consejo de Participación Ciudadana para presentar un informe; la ley prevé hasta la destitución por incumplir sus fallos. La Corte Constitucional (CC) activó de oficio el mecanismo de revisión del cumplimiento de sus sentencias, luego que cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no designaron al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Un fallo de los jueces de la Corte Constitucional emitido en septiembre pasado, ordenó al Consejo de Participación Ciudadana designar de forma célere al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentó el vocal suplente Álvaro Román, quien aspiraba a principalizarse y presidir dicho organismo. Sin embargo, este 2 de enero, cuatro de los siete vocales del CPCCS, que conforman la mayoría: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, no llegaron a un acuerdo y no eligieron a la autoridad de entre los candidatos Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, pese a que cumplieron con los requisitos legales para participar y enfrentaron las etapas de impugnación ciudadana y presentación de sus propuestas de trabajo. Con ese fundamento, este martes 3 de enero, la Corte Constitucional solicitó al CPCCS que en el plazo de 24 horas le remita “un informe detallado sobre el estado de la designación” de ese vocal. Autoridades de la Corte Constitucional, que pidieron la reserva, explicaron a este Diario que dicho informe es “indispensable para verificar el cumplimiento de la obligación impuesta por la Corte”. La Corte Constitucional puede iniciar a petición de parte o por oficio la revisión del cumplimiento de sus sentencias. En el artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se determina que en el “caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, esta de oficio o a petición de parte ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión”. La misma norma, en su artículo 22 numeral 4, advierte que en el caso de que los servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, el juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el reemplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones. Asimismo, la Constitución en el artículo 436, sobre las atribuciones de la Corte Constitucional, le permite en su numeral 9 “conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales”. Esto ocurre luego que la Corte Nacional de Justicia envió una terna para que el CPCCS elija a su vocal y por ende a quien presidirá el Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. Sin embargo, los cuatro vocales no llegaron a un acuerdo por ninguno de los tres postulantes. Quito, 2 de enero del 2023.- Wilman Terán (i), Luis Rivera (c) y, Mercedes Caicedo, candidatos a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Foto: Sugey Hajjar El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, defendió la decisión con el argumento de que los consejeros no llegaron a un acuerdo, pero que ello no implicaba un incumplimiento de la sentencia de la CC y tampoco que se descalificó a los integrantes de la terna. “Aquí operó la voluntad y postura de cada uno de los consejeros y no puede ser tomado como un desacato”, manifestó Ulloa, en declaraciones de prensa este 3 de enero. Aseguró que ellos fueron responsables con este proceso de designación y que no se configuraría un incumplimiento de sentencia, porque él y sus colegas motivaron sus decisiones y se procedió con las diferentes etapas del proceso. “No tengo temor a que eso exista”, anotó la autoridad, en referencia a una posible medida de la Corte Constitucional en la revisión del cumplimiento de su fallo. El presidente del Consejo ahondó en que esto no implica una “afrenta” en contra de la Corte Nacional de Justicia y tampoco una acción deliberada de prorrogar a las autoridades. Esto debido a que el Consejo de la Judicatura se encuentra presidido desde hace once meses y bajo la figura del encargo por el consejero Fausto Murillo, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a esa vocalía y a la presidencia que la presentó en febrero del 2022. El artículo 179 de la Constitución determina que el Consejo de la Judicatura se compone de cinco vocales elegidos por el CPCCS de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado lo presidirá; de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República. Después de no elegir a ninguno de los candidatos, el CPCCS se acogió al artículo 21 del reglamento de selección que dispone que el proceso se ha agotado y se procederá con la solicitud de una nueva terna. De darse ese hecho, la CNJ deberá remitir una quinta terna, pues el presidente Iván Saquicela envió previamente dos propuestas de candidatos sobre los que no se tramitaron los procesos de designación. Luego envió una tercera que fue devuelta a la Corte, porque dos nominados incurrieron en un incumplimiento de los requisitos y se solicitó una cuarta, sobre la que los cuatro consejeros no se decidieron por ningún postulante. Wilman Terán tuvo dos votos para ser elegido: de Francisco Bravo y Hernán Ulloa. La candidata Mercedes Caicedo contó con el respaldo de María Fernanda Rivadeneira y tres abstenciones. Y Luis Rivera tuvo los votos de Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Rivadeneira, pero Ulloa se abstuvo. Fuente: El Universo

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La falta de acuerdos en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir al vocal de la Judicatura extendería la prórroga en funciones de Fausto Murillo

Nacionales / streaming streaming / 04/01/2023

El CPCCS no eligió al vocal y presidente de la terna que envió la Corte Nacional de Justicia; según Hernán Ulloa, no fue ‘deliberado’. Tres escenarios abren la posibilidad de que Fausto Murillo se mantenga de forma indefinida como presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), luego que el bloque de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no llegó a “un acuerdo” para designar al vocal principal y presidente de esa institución. El 2 de enero último, los cuatro consejeros que integraban la mayoría en el CPCCS, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, no se decidieron por ninguno de los tres candidatos de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se elija a su vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. Los otros tres vocales de minoría, David Rosero y Javier Dávalos se encontraban en uso de vacaciones y Sofía Almeida no participó de la plenaria. Esa terna la componían Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Carrillo, quienes cumplieron los requisitos para participar, no enfrentaron impugnaciones por falta de probidad y se presentaron a exponer sus planes de trabajo, como parte del proceso de designación que certificó el CPCCS. Sin embargo, ninguno satisfizo las expectativas de cuatro de los siete vocales y, por tanto, ninguno obtuvo los votos necesarios para ser electo pese a que, desde hace once meses, el organismo está presidido por Fausto Murillo, como presidente encargado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado. Quito, 2 de enero del 2023.- Wilman Terán (i), Luis Rivera (c) y Mercedes Caicedo, candidatos a ser vocal del Consejo de la Judicatura. Foto: Sugey Hajjar En su defensa, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, aseguró que no es que los tres nominados de la terna fueron descalificados, “solo no hubo consenso” para decidirse por uno de ellos. Pero eso “no quiere decir que pretendamos mantener una institución con una autoridad prorrogada, simplemente no existió consenso”, insistió Ulloa, en declaraciones de prensa dadas este 3 de enero. Como efecto de esa falta de acuerdos, el reglamento de designación establece la solicitud de una nueva terna, lo que entrará al análisis del pleno de la Corte Nacional de Justicia, que prevé reunirse en las próximas horas. No obstante, se abren tres escenarios que viabilizarían que Fausto Murillo se mantenga en la presidencia de la Judicatura y una de ellas es la decisión que tome la Corte. El pleno de los jueces nacionales resolverá la respuesta que enviarán al Consejo y si ello implicará el envío de una quinta terna, apenas sean notificados con la devolución de la cuarta. Entre esas decisiones no se descarta que la Corte Nacional plantee ante la Corte Constitucional (CC) una demanda por acción de incumplimiento de sentencia en contra del CPCCS, se informó extraoficialmente. Esto, porque la elección del vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura fue una orden que dio la Corte Constitucional en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso Álvaro Román, vocal suplente del CJ, quien aspiraba a ser principalizado y presidir dicho órgano. La CC en su fallo de septiembre pasado ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que de forma “célere” elija a la autoridad hasta que se cumpla el periodo por el cual fueron designados los vocales; es decir, hasta enero del 2025. Y, que solo elija al principal, porque Román mantendría la suplencia. Al respecto, Ulloa aseguró que el pleno dio trámite a la solicitud de la CC y que no podría considerarse como un incumplimiento. “Hemos tratado de ser responsables; es normal que no se llegue a acuerdos y no existe la intención de mantener prorrogada a una autoridad. (…) Aquí operó la voluntad y postura de cada uno y no puede ser tomado como un desacato”, anotó. QUITO (03-01-2023).- Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), durante una rueda de prensa sobre la designación del vocal del Consejo de la Judicatura y la principalización de consejeros alternos, en el quinto piso del CPCCS. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo El segundo escenario es que la Corte Nacional envíe su quinta terna, pero en el CPCCS no hay los votos suficientes para elegirlo, pues se prevé una reconfiguración del pleno debido a la incorporación de consejeros suplentes. A propósito de los comicios del 5 de febrero, cinco de los siete vocales solicitaron licencia sin sueldo para participar de la campaña electoral, pues aspiran a ser reelectos en sus cargos. De los cinco, tres hacían mayoría con Ulloa: Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. Rosero y Dávalos en conjunto con Almeida formaron la minoría. Hernán Ulloa anunció que convocará a una sesión este miércoles para continuar con las actividades institucionales y notificará a los consejeros suplentes que han sido posesionados por la Asamblea Nacional para que se sumen al pleno. Entre ellos están Mónica Moreira (quien también está de candidata al CPCCS), Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Según Ulloa, resta que la legislatura posesione como suplentes a Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama, que participaron en los comicios del 2019, para que puedan principalizarse en lugar de Rosero y Dávalos. Un tercer escenario es que no se logre designar al nuevo miembro del CJ hasta que se conozcan los resultados de los comicios de febrero próximo, en los que la ciudadanía se pronunciará por el Sí o el No por el referéndum de ocho preguntas de enmienda constitucional. La sexta pregunta propone quitarle al CPCCS la atribución de designar a autoridades, entre ellas, los vocales de la Judicatura, y en sus anexos plantea que todas las autoridades que no han sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas”, mediante el nuevo procedimiento que lo asumirá la Asamblea Nacional. Así también, los concursos públicos que están organizándose en el organismo se declararían

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Corte Nacional de Justicia tiene plazo hasta el viernes para enviar su cuarta terna para que se elija a su vocal en el Consejo de la Judicatura

Nacionales / streaming streaming / 14/12/2022

Así lo decidió el Consejo de Participación Ciudadana, que concluyó que el último listado enviado por Iván Saquicela, está «caducado». Hasta este viernes, tiene como plazo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para remitir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una nueva terna para la designación del vocal faltante y quien presidirá el Consejo de la Judicatura (CJ). La noche de este 13 de este diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó una resolución en la que dio un plazo de tres días para que la CNJ envíe una nueva terna de la que se elegirá al vocal del Consejo de la Judicatura que falta y que por disposición del artículo 179 de la Constitución, presidirá dicha entidad. La nueva terna que llegue hasta el CPCCS será la cuarta en menos de un año, sin que se avance en el proceso de designación de la autoridad: la primera fue enviada a finales de febrero y estuvo compuesta por Alberto Ordóñez, Paola Jarrín y Andrés Valencia. La segunda llegó el 19 de agosto, conformada por Maritza Romero, Antonio Tello y Fabiola Gallardo; y, la tercera terna, fue la de Marco Tello Sarmiento, Blanca Vallejo Bazante y Andrés Mogrovejo Abad. La decisión se tomó luego de que este 12 de diciembre, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela remitió una consulta al CPCCS para que se aclare si la terna que envió en un primer momento fue descalificada en su totalidad o, solo requería del cambio de dos candidatos. “El pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión extraordinaria de este 8 de diciembre, resolvió que se consulte al Consejo de Participación Ciudadana, respecto de si la decisión de devolver la terna enviada por el presidente de este Alto Tribunal para la designación del vocal presidente del Consejo de la Judicatura, involucra solamente a los postulantes Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad o incluye también a la postulante, Alexandra Vallejo Bazante”, cita el oficio suscrito por Saquicela. Esta consulta se hace luego de que el 23 de noviembre, los consejeros de mayoría del CPCCS resolvieron descalificar a los dos candidatos y devolver la terna a Saquicela para que envíe una nueva. En la revisión de sus documentos se observó que Marco Tello Sarmiento y Andrés Mogrovejo Abad incurrían en un incumplimiento, en tanto que Blanca Vallejo Bazante había cumplido los requisitos legales. Sobre los dos participantes, se concluyó que en su declaración juramentada no confirmaban no estar incursos en la prohibición contemplada en el artículo 11, literal O, del reglamento, que refiere: “Quienes hubieren sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para otras funciones”. Al contrario, la declaración juramentada de estos dos ciudadanos señalaba: “No haber sido designado por el CPCCS como miembro del Consejo de la Judicatura”. Ulloa pidió a la Secretaría General que certifique en esa plenaria si Tello y Mogrovejo completaron la información, pero no hubo registros de ello, por lo que fueron descalificados y se devolvió la terna a la CNJ. Luego de 20 días de ese hecho, Saquicela hizo esta consulta al Consejo de Participación Ciudadana, y este le dio un plazo de tres días para que envíe una nueva nómina. En la resolución se alega que la “terna caducó” y que en los próximos tres días debe enviar una nueva para proceder con la designación. Entre los consejeros, el comentario fue para exhortar a Iván Saquicela que envíe una terna compuesta por consenso del pleno de la Corte Nacional de Justicia; a la vez que el presidente, Hernán Ulloa, advirtió que el plazo de tres días empieza a correr desde este miércoles y concluirá el viernes. De forma paralela, en la Corte Nacional de Justicia hay un ambiente de preocupación entre los magistrados que integran el pleno, quienes se reunieron por dos ocasiones para escoger a los perfiles que ocuparán este cargo, sin éxito. La elección de este vocal se da debido a que en febrero pasado, María del Carmen Maldonado renunció a su consejería y por ende a la presidencia del CJ, que actualmente está en manos del consejero, Fausto Murillo. El vocal suplente de Maldonado, Álvaro Román interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) para que se reconozca su derecho a ser principalizado y asumir la presidencia. Sin embargo, la Corte negó su pedido y concluyó que Román no provenía de la terna de la CNJ para principalizarse; pero, dispuso al CPCCS que inicie de inmediato un proceso de designación del vocal de la Judicatura. Esto, porque el artículo 179 de la Constitución establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco vocales, escogidos de ternas enviadas por la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y, la Corte Nacional de Justicia, cuyo delegado lo presidirá. Fuente: El Universo

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Presidente de la Corte Nacional de Justicia llamará al pleno para armar terna de la que saldrá su delegado al Consejo de la Judicatura

Nacionales / Radio Centro 101.3 FM / 26/11/2022

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devolvió la terna que había enviado Iván Saquicela en octubre pasado. En un oficio con fecha del 25 de noviembre, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, anunció que convocará a los jueces y juezas que conforma el pleno de ese organismo a una sesión para armar la terna de aspirantes de la cual saldrá su delegado para el Consejo de la Judicatura (CJ), que legalmente es además quien lo preside. El pasado 23 de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -organismo que se halla en un lío jurídico tras la destitución de cuatro de sus siete integrantes- resolvió descalificar a Marco Antonio Tello Sarmiento y a Andrés Esteban Mogrovejo Abad, dos de los tres integrantes de la terna entregada por Saquicela el 17 de octubre pasado. La razón en ambos casos: incumplir los requisitos del artículo 11, literal O, del Reglamento para la Designación de los Vocales del CJ aprobado por el CPCCS. Como solo Blanca Alexandra Vallejo Bazante cumplió con los requisitos, se resolvió devolver la terna para que la CNJ remita una nueva para el proceso de designación del vocal principal de la Corte Nacional en el CJ. A Saquicela se lo criticó porque la terna que envió no fue aprobada por el pleno de la Corte sino que la elaboró por su cuenta, alegando que su condición de presidente del organismo lo facultaba para ello. En el oficio, el magistrado dijo: “Mis actuaciones solo se han ceñido a la norma jurídica y constituye el cumplimiento de mis atribuciones constitucionales. Aunque quiero relevar con incisiva persistencia que, por el Ecuador, por los derechos ciudadanos, y de manera especial por la Función Judicial, convocaré al pleno de la Corte Nacional de Justicia con la finalidad de que todos seamos parte del diálogo en lo relacionado con la terna para la designación de la o el presidente del Consejo de la Judicatura, lo cual además es una responsable respuesta ante la grave crisis institucional que vive el país”. Saquicela expresó que “en breve” haría llegar a los jueces y juezas la respectiva convocatoria. Fuente: El Universo

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Ecuador: diciembre 8, 2024

Consejo de la Judicatura condena incidentes registrados en Ecuador y dice que son ataque contra la democracia y la institucionalidad

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, se suma a la alerta sobre la activación de una campaña para menoscabar la imagen de autoridades

Walter Macías, a espera de que la Judicatura emita la acción de personal para retomar como juez casos como Sobornos 2012-2016 o Vocales

La Policía Nacional tiene autorizado utilizar armas decomisadas en operativos antidelicuenciales

Tribunal del caso Sobornos dispuso que Interpol Ecuador solicite la publicación de la notificación roja contra la exministra María de los Ángeles Duarte

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