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Ecuador: enero 22, 2025

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La deforestación de la Amazonia cae un 22% en el primer balance anual desde el regreso de Lula al poder

El País .- La mayor selva tropical del mundo perdió 9.001 kilómetros cuadrados, el equivalente a Chipre La medición más precisa y fiable ha confirmado la tendencia apuntada por los datos preliminares en los últimos meses. La deforestación en la Amazonia cayó un 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023, según el último balance anual realizado por el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) y divulgado este jueves. Es decir, la mayor selva tropical del mundo, un ecosistema clave para mitigar el calentamiento global, perdió en ese periodo 9.001 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente al tamaño de Chipre. El dato es una buena noticia para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde su regreso al poder ha colocado la protección de la Amazonia y el medioambiente entre sus prioridades. Durante el mandato de Jair Bolsonaro la tala ilegal aumentó de manera acelerada y solo en su último año cambió la tendencia para empezar a disminuir. Fue considerado un villano ambiental planetario. El dato de deforestación anual en la Amazonia es una especie de examen de fin de curso para los gobernantes brasileños de cara al exterior. Todos ellos son conscientes de que, desde hace más de dos décadas, el mundo mide el desempeño de su país en materia ambiental por el porcentaje de aumento o disminución. Durante la campaña electoral, Lula prometió deforestación cero para 2030, un objetivo de lo más ambicioso. Al presentar los resultados, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, declaró: “Este resultado es fruto del trabajo de todos nosotros. Es un trabajo para el que ya teníamos know-how [conocimientos técnicos] de nuestra gestión anterior. Ahora lo hemos actualizado y estamos viendo estos resultados”, ha explicado la veterana política que ya ostentó ese mismo cargo hace dos décadas, también con Lula. Fue el periodo en el que la deforestación de la Amazonia cayó de manera más abrupta. Durante sus cinco años como ministra en aquella primera etapa, la tala ilegal se redujo a la mitad hasta los 12.900 kilómetros cuadrados. Los estragos del cambio climático también se notan en la Amazonia. El rio Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo, sufre una sequía histórica agravada por El Niño mientras Manaos y otras ciudades de la región llevan semanas envueltas en un humo asfixiante que procede de los incendios ilegales. Lula tiene previsto viajar a la COP28, que empieza a finales de mes en Dubái. Sin duda, el mandatario brasileño esgrimirá en la cumbre climática de la ONU esta caída del 22,3% en la deforestación en la Amazonia como baza negociadora. También es de esperar que la utilice en las complejas negociaciones que Mercosur mantiene con la Unión Europea para intentar cerrar de una vez por todas el acuerdo comercial, atascado por exigencias medioambientales. Uruguay ha dado un ultimátum para cerrarlo antes de fin de año. Y tanto Lula como el presidente de España, Pedro Sánchez, se han comprometido ha reforzar los esfuerzos para esa fecha ahora que Brasil preside Mercosur y España, la UE. El Instituto de Investigaciones Espaciales elabora este balance anual de la deforestación en base a las mediciones hechas por satélite con un sistema llamado Prodes, que es mucho más preciso para calcular la superficie arbórea desaparecida que el sistema Deter, que ofrece datos semanales pero basados en las alertas que usan los equipos de agentes medioambientales para movilizar a los inspectores. El presidente Lula y Marina Silva aparcaron sus diferencias para unirse en la campaña electoral con la misión compartida de derrotar a Bolsonaro en las urnas. La exigencia de la antigua recolectora de caucho para apoyar al líder de la izquierda brasileña fue que la política de protección medioambiental fuera transversal. Exigía voluntad política y medios. La ministra Silva se ha felicitado de que los inspectores ambientales se hayan duplicado con este Gobierno. Bolsonaro llegó al poder en 2018 con un discurso de desprecio de las políticas ambientales y de negación de la emergencia climática que envalentonó a todo tipo de delincuentes que explotan ilegalmente la Amazonia. Para el antiguo militar, la vía más eficaz de combatir la miseria en esa región, la más pobre de Brasil, era explotar las riquezas de la selva tropical.  

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Detenidos en Brasil dos agentes del servicio secreto en una operación contra el espionaje ilegal a rivales de Bolsonaro

El País .- El ‘número tres’ de la agencia de inteligencia, apartado del cargo por la supuesta intervención de teléfonos móviles sin permiso judicial La policía federal brasileña ha detenido este viernes a dos agentes de la Agencia de Inteligencia Brasileña (ABIN) en una amplia operación en la que el número tres de la institución ha sido apartado del cargo y se han realizado registros en la sede del servicio de espionaje interno, en Brasilia. El motivo es la sospecha de que miembros del ABIN espiaron sin orden judicial los teléfonos móviles de políticos, abogados, jueces y periodistas críticos con el entonces residente Jair Bolsonaro. La herramienta utilizada fue un software de fabricación israelí llamado FirstMile, distinto al famoso Pegasus utilizado en varios países para espiar a adversarios públicos, activistas de derechos humanos o presidentes y ministros. El uso ilegal del sistema de escuchas y geolocalización fue revelado hace meses por el diario O Globo, lo que llevó a la agencia de espionaje a abrir una investigación interna. No ha trascendido quiénes ni cuántas fueron las personas supuestamente espiadas, pero el citado periódico ha informado de que se usó 30.000 veces de manera ilegal y, de esas, en 1.800 ocasiones fue contra adversarios del presidente ultraderechista. La operación policial incluye también registros en 25 ubicaciones repartidas por cinco estados. El software llamado FirstMile sirve para rastrear los datos GPS de cualquier usuario de un celular a través de los datos que el aparato transfiere a las torres de comunicación. En Brasil, lo vende la empresa israelí Cognyte. La agencia de espionaje interno brasileña, ABIN, ha informado de que compró el programa de escuchas en 2018, cuando era presidente Michel Temer, y que dejó de usarlo en 2021, es decir, cuando a Bolsonaro aún le quedaba más de un año de mandato. Según la prensa brasileña, el software fue adquirido durante la intervención militar de la seguridad pública de Río de Janeiro con el argumento de espiar al crimen organizado. Pero la policía ha descubierto ahora que la herramienta informática que permite entrar en los teléfonos móviles además de localizar su ubicación física se hizo durante el mandato de Bolsonaro, un militar retirado de extrema derecha. Los dos agentes del ABIN detenidos no están acusados de usar irregularmente el sistema de escuchas, informa Folha de S. Paulo, sino de utilizar su existencia para chantajear a la agencia e impedir ser despedidos a consecuencia de un expediente disciplinario por otro asunto.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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El secretario de Bolsonaro le acusa de consultar a la cúpula militar sobre un golpe tras perder las elecciones

El País .- El teniente coronel brasileño Mauro Cid, que durante cuatro años fue secretario particular de Jair Bolsonaro, ha declarado a la policía que, tras la derrota electoral, el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de Estado, según ha publicado este jueves el medio digital UOL. La información sostiene también que el entonces mandatario recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que esbozaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. Estas confesiones, que por ahora la policía no ha confirmado, serían parte del acuerdo de colaboración con la justicia alcanzado recientemente por el militar. Bolsonaro ha emitido una nota en la que repite su mantra de que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, pero no se refiere a estas acusaciones concretas. La información de UOL sostiene que Cid le dijo a la policía que fue testigo tanto de la reunión con el asesor que entregó el decreto golpista como del encuentro con los jefes militares. Añade también que el comandante de la Armada fue el único entre los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas presentes que expresó abiertamente su apoyo a las maniobras para impedir que gobernara el legítimo vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones en los próximos ocho años, un fallo que ha apelado. La vista para analizar el recurso comienza este viernes. En paralelo, es investigado en una larga ristra de casos. En la investigación abierta por la intentona golpista del 8 de enero está señalado como supuesto instigador del ataque contra las sedes de los tres poderes protagonizado por miles de sus seguidores. Los primeros juicios, celebrados la semana pasada, acabaron en condenas de entre 17 y 14 años de prisión. El antiguo secretario particular es el flanco más débil del expresidente Bolsonaro. Convivió con él de manera cotidiana durante todo el mandato, era el hombre encargado de acompañarlo a todas horas y de llevarle el teléfono móvil. Cid aceptó firmar una delacão premiada —un polémico instrumento de colaboración con la justicia— después de pasar cuatro meses encarcelado acusado de falsificar las cartillas de vacunación de su familia y la del presidente Bolsonaro. Al día siguiente de que el juez aceptara el acuerdo de colaboración, Cid fue excarcelado. Obligado a usar una tobillera electrónica y otras restricciones, se ha instalado en una residencia de militares en Brasilia y sigue cobrando su salario de 5.000 euros mensuales. El militar estaba entre el puñado de colaboracores que acompañaron al expresidente durante la estancia de tres meses en Florida una vez concluido el mandato. Cid también está acusado de complicidad en los tejemanejes de su antiguo jefe para, primero, quedarse con unas joyas carísimas regaladas por la familia real de Arabia Saudí en una visita oficial y para, después, venderlas. Según el relato del secretario particular de Bolsonaro, este recibió un borrador de decreto para perpetrar una ruptura del orden constitucional en una reunión con su principal asesor en cuestiones internacionales, Felipe Martins, que acudió con un abogado constitucionalista y con un sacerdote.

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Brasil celebra el primer juicio contra los bolsonaristas que intentaron dar un golpe a Lula

El País .- La fiscalía, que pide 30 años para cuatro acusados, busca condenas ejemplares para neutralizar a los posibles imitadores El segundo domingo de 2023 el Tribunal Supremo de Brasil, un bello edificio acristalado, fue invadido y depredado por una turba violenta de bolsonaristas que, enarbolando la bandera nacional, tomó también el Congreso y la Presidencia, en Brasilia, en el ataque más grave contra la democracia brasileña desde la dictadura. La máxima corte se ha reunido este miércoles con la solemnidad de las ocasiones importantes para celebrar el primer juicio contra los golpistas. Han empezado por cuatro acusados detenidos in fraganti el 8 de enero, parte de la tropa de choque. La fiscalía los acusa de intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que aquel día cumplía una semana en el poder. “Intentaron deponer a un Gobierno legítimamente elegido con el pretexto de un fraude electoral”, ha recordado el número dos de la Fiscalía General de la República, Carlos Federico Santos, en su alegato. Los cuatros acusados afrontan penas que suman 30 años de cárcel y una indemnización por daños morales de 100 millones de reales (19 millones de euros). Unas 1.300 personas más están imputadas en este megacaso que está en manos del Supremo y que avanza a enorme velocidad. En un país muy garantista hacia los acusados, casi 130 personas llevan ocho meses encarceladas por un ataque cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.   La Fiscalía y el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, han dejado claro que pretenden imponer a los más violentos entre la turba condenas ejemplares con la vista puesta en disuadir a cualquiera que ose emular a los bolsonaristas que imitaron a los trumpistas. “Queremos mostrar al mundo que Brasil dejó de ser una república bananera, que es un Estado de derecho serio, que los golpes de Estado son una página ya cerrada de nuestra historia”, ha dicho el representante de la Fiscalía tras advertir de que “las noticias falsas siguen circulando y tenemos que aclarar [lo ocurrido] de una vez por todas”.   No estaban en la sala los acusados en este primer juicio (un informático que era funcionario, un ingeniero forestal y dos repartidores). Tienen entre 24 y 52 años y proceden en ciudades de São Paulo y de Paraná. Los delitos que se les imputan, como a cientos de los procesados, son abolición violenta del estado de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y daños contra el patrimonio. Tres de ellos lo han seguido por videoconferencia desde la cárcel; el primero pidió estar presente en el juicio pero no fue autorizado. El cuarto está en libertad condicional.   El expresidente Bolsonaro, que aquel día estaba en EEUU, es investigado como instigador. Aquel domingo culminó una campaña sistemática del bolsonarismo para deslegitimar a las instituciones, cuestionar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la victoria de Lula. Durante el juicio se han exhibido los vídeos que el acusado se grabó aquel día, vestido con una camiseta con el lema “intervención militar federal” y anunciando de que defecaría en el Congreso. Había llegado hasta allí desde São Paulo en bus con un grupo denominado patriotas. Durante la vista también se han mostrado otras imágenes del asalto, incluidas algunas grabadas en esa misma sala el día de autos, cuando una multitud de bolsonaristas arrasó con el sitio donde los togados tienen la última palabra sobre la justicia en Brasil. El Supremo es el edificio que con más saña atacaron, donde más caras han salido las reparaciones.   La primera jornada no ha bastado para concluir ni siquiera el juicio al primer acusado. La sesión ha estado marcada por el cuerpo a cuerpo dialéctico entre el juez Moraes y el abogado defensor de Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años. Desde la tribuna, el letrado ha proclamado que este “es un juicio político” y “la corte, ilegítima”. Y, perfectamente consciente de que la vista se retransmite en directo por televisión, ha recalcado que su cliente lleva ocho meses preso sin poder ver a su esposa e hijos porque las normas carcelarias exigen la cartilla de vacunación y han decidido no inmunizarse. “Lo considero tortura psicológica”, ha dicho.   Moraes ha echado mano de la ironía para contrarrestar el relato de que el acusado iba en son de paz a defender su libertad. “Hablamos de golpistas”, ha recalcado el juez. “Porque en ese relato negacionista, parece que el 8 de enero tuvimos un domingo en el parque de una multitud que de repente dijo: ‘¡Hala, vamos a invadir un poco!”. Famoso por los superpoderes que le han sido otorgados en nombre de la defensa de la democracia y por sus métodos de shérif, Moraes quiere asegurarse de neutralizar el riesgo de que la democracia brasileña sufra un nuevo ataque. Como las deliberaciones de la máxima corte también son públicas, el voto de los dos primeros magistrados ha puesto en evidencia que no existe unanimidad en el tribunal sobre la dureza de la condena. Moraes pide para el primero 17 años, mientras uno de sus colegas solicita 2,5 años porque solo lo castiga por dañar el patrimonio y lo absuelve de los delitos golpistas. La sesión continúa este jueves con los votos restantes. Los juicios por los actos antidemocráticos han empezado con cuatro acusados de ejecutarlos. Ciudadanos de a pie que, intoxicados por una sobredosis de falsedades, muchas agitadas machaconamente por el ultraderechista Jair Bolsonaro desde la Presidencia. La idea es que, más adelante, se sienten en el banquillo los que contribuyeron a la asonada, pero sin mancharse las manos: los autores intelectuales, los financiadores y las autoridades que hicieron dejación de funciones. Recientemente, toda la cúpula de la policía militar de Brasilia fue detenida y encarcelada. Y su jefe inmediato, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, está en libertad condicional. Oficializado el triunfo de Lula el 30 de octubre, miles de seguidores del derrotado presidente ultra acamparon ante cuarteles por todo Brasil reclamando a los militares que impidieran un tercer mandato de

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La Justicia de Brasil ordenó levantar el secreto bancario de Bolsonaro por apropiación y venta ilegal de joyas

Infobae .- De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, el ex presidente se quedó con varios obsequios de lujo que recibió durante su gobierno y que debió entregar al Estado al término de su mandato.   La Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves levantar el secreto bancario y fiscal del ex presidente Jair Bolsonaro y su esposa Michelle, en el marco de una investigación por la presunta apropiación y venta ilegal de un conjunto de joyas que recibieron durante su mandato (2019-2022). La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes y es extensible a la esposa del ex mandatario, Michelle Bolsonaro. Según las autoridades, el líder ultraderechista se quedó con varios obsequios de lujo que debía entregar al acervo del Estado y los vendió en Estados Unidos a través de intermediarios. La Policía Federal busca rastrear las transacciones sospechosas y determinar si el dinero llegó hasta el ex gobernante, quien niega cualquier irregularidad. Algunos de sus colaboradores han asegurado que las joyas fueron recompradas cuando el Estado exigió su devolución. Los elementos de la investigación policial fueron publicados en una sentencia del juez de la Corte Suprema, para justificar las órdenes de allanamiento realizadas la semana pasada en las casas de los ex ayudantes de Bolsonaro. La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes y es extensible a la esposa del ex mandatario, Michelle Bolsonaro. (REUTERS) “Las pruebas recabadas demostraron que durante la presidencia de Jair Bolsonaro fue creada una estructura para desviar bienes de alto valor que le fueron obsequiados (…) con el fin de enriquecimiento ilícito”, dice la sentencia del magistrado. Cooperación con EEUU El magistrado Alexandre de Moraes también autorizó a la Policía Federal a solicitar a Estados Unidos el levantamiento del secreto bancario de los investigados que tengan cuentas en ese país, donde se habrían realizado las ventas de las joyas. Entre los implicados está el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien anunció un cambio de estrategia en su defensa y adelantó que apuntará directamente al ex mandatario como principal responsable de la trama. El abogado Cezar Bitencour afirmó que su cliente confesará a la Policía que vendió en Estados Unidos las joyas recibidas por Bolsonaro en diversos viajes oficiales y que le entregó el dinero en efectivo. “Órdenes directas” de Bolsonaro El letrado le aseguró a la revista “Veja” que Cid asumirá los hechos, pero alegará que cumplió “órdenes directas del entonces presidente de la República, quien sería el líder” de la trama de las joyas. Esas órdenes incluían vender las joyas que recibió en el extranjero como regalos y enviarle el dinero obtenido, de acuerdo con Bitencourt, quien cita que, por ejemplo, por la venta de dos relojes de lujo, un “Rolex” y un “Patek Philippe”, obtuvieron “68.000 dólares”. Entre los implicados está el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien anunció un cambio de estrategia en su defensa y adelantó que apuntará directamente al ex mandatario como principal responsable de la trama. (EFE) Su confesión puede complicar aún más la ya delicada situación jurídica de Bolsonaro, investigado en varias causas civiles y penales, entre ellas por la asonada golpista del 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento por derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todo ello coincide además con el testimonio dado por un hacker en un comisión parlamentaria y que también aumentó las sospechas en torno al capitán retirado del Ejército, a quien acusó de buscar sus servicios para intentar invadir los sistemas electrónicos de votación. Walter Delgatti, conocido por pinchar teléfonos de autoridades y otros delitos, dijo ante una comisión parlamentaria, que investiga la asonada del 8 de enero, que Bolsonaro le pidió invadir las redes de la Justicia electoral y hasta le prometió un indulto en caso de que tuviera problemas con la Justicia.

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La Justicia inhabilita a Bolsonaro durante ocho años por abusos de poder en las elecciones

Vistazo .- El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) fue despojado este viernes de sus derechos políticos por la Justicia electoral, que lo declaró culpable de «abusos de poder» durante la campaña que el año pasado llevó a la Presidencia al progresista Luiz Inácio Lula da Silva. Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral (TSE), el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula. El último voto fue proferido por el presidente del TSE, el juez Alexandre de Moraes, quien fue objeto de virulentos y permanentes ataques del bolsonarismo antes y durante la campaña electoral, en la que fue acusado, sin prueba alguna, de «maniobrar» para «favorecer» a Lula. Según De Moraes, la sentencia es una respuesta al «degradante populismo nacido en los discursos de odio y antidemocráticos, que propagan una asquerosa desinformación» no sólo en Brasil, sino en «todo el mundo», con el «único objetivo» de «engañar» a los electores. Cinco de los siete miembros del TSE respaldaron la posición del relator del proceso, Benedito Gonçalves, quien consideró a Bolsonaro culpable de «abusos de poder» durante la campaña para las elecciones de octubre del año pasado. La acusación tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia. Ese hecho, según dice la sentencia, configuró un «abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo» y también un «uso indebido de predios públicos y medios de comunicación», pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento. Las consideraciones de la mayoría de los jueces fueron incluso más allá y enmarcaron esa reunión en una «sistemática campaña de desinformación» que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y todas las instituciones democráticas del país. «No eran opiniones personales», como sostuvo la defensa, dijo el juez De Moraes, quien enfatizó que se trató de «mentiras permanentes y fraudulentas» que apuntaban a «subvertir y pervertir» el proceso electoral y con eso, «a la propia democracia». Agregó que «libertad de expresión» no es «libertad de agresión», de «mentira», de «desinformación» y de «fraude», ni una herramienta para que «líderes populistas y extremistas conquisten al elector» con «discursos de odio y antidemocráticos» difundidos en las redes sociales «con un barniz falso de veracidad». Esa campaña incluyó sembrar dudas sobre el sistema de votación electrónica que Brasil utiliza desde 1996 sin que desde entonces se haya comprobado un solo fraude, e insultos de todo calibre lanzados durante meses contra el TSE, sobre el cual Bolsonaro dijo una y otra vez que había decidido «convertir a Lula en presidente». El discurso de Bolsonaro, según dijeron algunos jueces, hasta pudo incitar el asalto a las sedes de los tres poderes del pasado 8 de enero, cuando una horda de bolsonaristas sembró el caos con la intención de llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar a Lula. De hecho, el expresidente todavía responde ante la Justicia en una decena de causas, una de las cuales, que tramita en la Corte Suprema, lo tiene como «sospechoso» de haber alentado ese fracasada intentona golpista.

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Jueces de tribunal prohíben a Jair Bolsonaro presentarse a elecciones en Brasil hasta 2030

El Universo .- Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco compareció este viernes. La corte electoral brasileña alcanzó este viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por “abuso de poder”, por lo que quedará inelegible durante ocho años.   La inhabilitación política dejará a Jair Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026 y puede abrir una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.   El Tribunal Superior Electoral (TSE) alcanzó una mayoría de 4 votos a 1 en favor de condenar a Bolsonaro por haber cuestionado la confiabilidad del sistema de urnas electrónicas con informaciones “falsas” durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de su derrota ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.   La cuarta sesión del juicio se inició el viernes con el quinto voto, el de la magistrada Carmen Lúcia. Hasta entonces, tres de los siete jueces de la corte habían votado a favor de la condena, y uno en contra.   El de Lúcia fue decisivo, ya que el veredicto se define por mayoría del pleno (al menos 4 de 7 votos). Resta ahora el parecer de dos jueces, que podrían pedir un aplazamiento del fin del juicio.   Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco compareció este viernes.   El excapitán se halla en Belo Horizonte (Minas Gerais, sureste), donde tiene previsto almorzar con miembros de su Partido Liberal (PL), informó la agrupación.   Bolsonaro, que perdió la elección en octubre ante Lula por estrecho margen, defiende su inocencia.   “No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable”, dijo el jueves a periodistas.   El abogado de Bolsonaro, Tarcisio Vieira, anticipó que en caso de condena, recurrirá la decisión ante el Supremo Tribunal Federal.   Qué sucedió El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba “corregir fallas” del sistema de urnas electrónicas con la “participación de las Fuerzas Armadas”.   En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral contra Lula.   Los cuatro jueces que ya votaron para condenarlo criticaron duramente su conducta.   El instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un “discurso violento y mentiras” que pusieron “en jaque la credibilidad de la justicia electoral”, y dijo que la reunión con los diplomáticos “sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva” sobre el sistema electoral.   El discurso de Bolsonaro se convirtió en una “narrativa delirante con efectos nefastos para la democracia”, y no se trató de un acto aislado, sino de algo “concatenado estratégicamente a lo largo del tiempo, con fines electoreros”, apuntó por su parte el juez André Ramos Tavares.   “¿Qué puede ser más grave para un jefe de Estado que, con objetivos electorales, movilizar el aparato de la República para transmitir intencionadamente la idea de que las elecciones brasileñas no son limpias?”, agregó el magistrado Floriano Marques, al justificar su voto condenatorio.   El único parecer hasta ahora favorable a Bolsonaro fue de Raul Araújo, para quien “la intensidad del comportamiento no fue tal para justificar la medida extrema de la inelegibilidad”.   Bolsonaro enfrentará otras investigaciones Tras la derrota de su líder en octubre (por 50,9% frente a 49,1% de los votos), bolsonaristas radicales cortaron carreteras y acamparon frente a cuarteles de todo el país pidiendo una intervención militar.   El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la corte suprema en Brasilia.   El ultraderechista enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la corte suprema, con penas susceptibles de prisión

Jueces de tribunal prohíben a Jair Bolsonaro presentarse a elecciones en Brasil hasta 2030 Leer más »

El juez instructor vota a favor de inhabilitar a Bolsonaro y excluirlo de las próximas elecciones

El País .- El expresidente de Brasil está acusado de abuso de poder y difundir noticias falsas en un juicio que se retomará el jueves para que voten los seis magistrados restantes   El expresidente de Brasil está más cerca de ser apartado de las próximas contiendas electorales después de que el juez instructor del caso más maduro contra él votara este martes por la noche, en el Tribunal Superior Electoral, a favor de que sea inhabilitado durante ocho años, hasta 2030. El magistrado Benedito Gonçalves considera probado que el político de extrema derecha usó su cargo como jefe del Estado para, en una reunión con los embajadores extranjeros acreditados ante las autoridades brasileñas “degradar el ambiente electoral” a tres meses de las elecciones, “incitar un estado de paranoia colectiva” y fabricar “teorías de la conspiración” con “informaciones falsas y mentiras atroces”. El juez ha llegado a acusar al anterior mandatario de “flirteo nada discreto con el golpismo”.   Esta es la más avanzada de las 16 investigaciones abiertas contra Bolsonaro, que también está en la mira de la justicia por el asalto golpista de Brasilia, las joyas regaladas por Arabia Saudí que intentó quedarse, la pandemia o su trato a los indígenas.   Tras el voto del juez instructor, la segunda sesión del juicio contra Bolsonaro ha concluido. Será retomada este jueves, pues todavía deben votar otros seis magistrados del TSE. El voto del ponente señala un camino que podrían seguir el resto de los miembros del tribunal. Incluso Bolsonaro reconoce que las probabilidades de ser condenado son altas. Él, de todos modos, confía en que alguno de los jueces pida una pausa para estudiar el caso con más detalle —algo frecuente— y de esa manera ganar tiempo.   Benedito Gonçalves, ministro de la corte electoral de Brasil, durante el juicio de este martes en Brasilia.ADRIANO MACHADO (REUTERS) El juez instructor ha recalcado, al leer un resumen de unos argumentos que ocupan casi 400 páginas, que “no es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la justicia electoral”. El pasado julio quedaban tres meses para los comicios presidenciales cuando Bolsonaro, en su calidad de presidente de la República, convocó al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia. Les dio un discurso, retransmitido en directo por la televisión pública, plagado de ataques al proceso electoral en general y al Tribunal Superior Electoral en particular. Era un episodio de su campaña sistemática para sembrar dudas sobre la seguridad y legitimidad del sistema de votación.   Consumada la derrota electoral, los partidarios de Bolsonaro acamparon ante cuarteles por todo Brasil para reclamar a los militares que dieran un paso al frente e impidieran la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Una semana después de que este asumiera el poder el día de Año Nuevo, miles de bolsonaristas protagonizaron un asalto violento a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Bolsonaro está siendo investigado por alentar aquella intentona golpista.   Si Bolsonaro es declarado culpable en este caso e inhabilitado hasta 2030 puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que de todos modos preside un juez que también es miembro del Tribunal Electoral que le juzga ahora y que ha emprendido una cruzada en defensa de la democracia para neutralizar los tics autoritarios del ultraderechista.   Si Bolsonaro quedara definitivamente apartado de las elecciones, el nombre que asoma con más fuerza como posible sucesor al frente de la derecha brasileña es el del gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un militar retirado que ha hecho carrera en la administración. También suena el de la ex primera dama Michele Bolsonaro, una mujer con buena oratoria y evangélica, o podría ser alguno de los tres hijos políticos del patriarca Bolsonaro aunque nunca han sido tan atractivos para el electorado como su padre.  

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Lula acusa a Bolsonaro de coordinar el supuesto golpe de Estado en su contra

La Hora .- Jair Bolsonaro niega participación en el supuesto golpe de Estado. Lula dice que su participación está «probada». a sus opositores los califico de «fascistas».    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que las últimas revelaciones sobre lo ocurrido el 8 de enero, cuando miles de radicales asaltaron las sedes de los tres poderes, demostraron que su antecesor, Jair Bolsonaro, «coordinó» un intento de golpe de Estado en Brasil.   «Ya está probado que (los fascistas) intentaron dar un golpe coordinado por el expresidente que ahora intenta negarlo, pero que, cuando perdió las elecciones, se encerró en casa para preparar el golpe«, afirmó el líder progresista en la edición de este lunes de su transmisión al vivo en redes sociales.   El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) agregó que la Justicia seguirá investigando los hechos y que todo el mundo tendrá posibilidades de defenderse, pero que los responsables serán sancionados ejemplarmente.   «Vamos a investigar y quien tenga culpa, va a pagar, va a ser juzgado por la justicia común e irá a la cárcel si ha cometido crimen. Pero no vamos a aceptar que las personas intenten dar un golpe y destruyan la democracia de nuestro país», dijo.   Lula insistió en la responsabilidad de Bolsonaro luego de que la defensa del líder conservador tuviera que salir en su defensa el pasado viernes en un comunicado para afirmar que «jamás» participó en intentos de golpe.   La nota fue divulgada en medio de las crecientes sospechas de la participación del capitán de la reserva del Ejército en posibles conspiraciones golpistas, especialmente luego de que la Corte Suprema divulgara comprometedores documentos. Se trata de los mensajes hallados por la Policía en el teléfono móvil del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro y detenido por presuntos fraudes con vacunas anticovid, sobre la posibilidad de que el Gobierno declarara un estado de sitio con el argumento de hacer frente a «un orden constitucional desvirtuado por los altos tribunales».   Uno de los mensajes parece una especie de borrador de un decreto que invocaría una intervención militar. «Para asegurar la necesaria restauración del Estado Democrático de Derecho» y «con base en disposiciones expresas de la Constitución, se declara el estado de sitio», dice el texto hallado en el teléfono del exedecán.   Documentos similares ya habían sido encontrados en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, también del entorno íntimo de Bolsonaro y quien está en prisión domiciliaria por su presunta participación en la trama que condujo a los sucesos del 8 de enero, cuando una horda bolsonarista asaltó los tres poderes de la Nación.   Lula afirmó en su transmisión que estaba acostumbrado a continuar su vida tras una derrota en las elecciones pero que parece que sus adversario no lo están. «Ahora tenemos a un ciudadano que no conversa con nadie y que no quiere conversar. Sólo quiere transmitir mentiras y falsas noticias (en las redes) y decir bobadas y agredir a los otros. Y eso tiene que acabar», dijo.

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Tribunal confirma condena a expresidente brasileño Jair Bolsonaro por asedio a periodistas

El Universo .- No obstante, la Cámara redujo la indemnización fijada en primera instancia como pena al expresidente. La 4º Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Sao Paulo confirmó este jueves una sentencia contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), acusado de daño moral colectivo contra periodistas. De esta manera, el tribunal mantuvo la decisión de primera instancia que, en junio de 2022, falló a favor de una acción del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SJSP) contra Bolsonaro.   Durante su administración, Bolsonaro tuvo a la prensa como blanco de críticas, acusándola constantemente de divulgar noticias falsas en su contra para perjudicarlo, indica Afp. El exmandatario atacó verbalmente a medios de comunicación y a periodistas, especialmente mujeres, en varias oportunidades.   “La victoria es un gran paso de toda la categoría (colectivo de periodistas), que durante todo el mandato de Jair Bolsonaro sufrió recurrentes ataques”, indicó el sindicato. No obstante, la Cámara redujo la indemnización fijada en primera instancia como pena al expresidente, de 100.000 reales (unos 20.000 dólares, al cambio actual) a 50.000 reales (10.000 dólares).

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La Policía brasileña allana la casa de Jair Bolsonaro en una causa por datos falsos sobre vacunas contra el Covid

Infobae .- Fue detenido el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, ex asesor del mandatario. Se investiga a un grupo que supuestamente ingresó información errónea a los sistemas del Ministerio de Salud durante la pandemia de coronavirus.   La Policía brasileña allana la vivienda del ex presidente Jair Bolsonaro en una causa por datos falsos sobre vacunas. Un ex asesor del mandatario, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, fue detenido en la misma acción que investiga a un grupo que supuestamente ingresó datos falsos de vacunación contra el COVID-19 a los sistemas del Ministerio de Salud, informó el periódico local O Globo. Los efectivos están ejecutando este miércoles 16 órdenes de allanamiento y secuestro, y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro, además de analizar el material incautado y realizar entrevistas con personas que tienen información sobre los hechos, agregó el periódico citado. La Policía Federal indicó que las medidas forman parte de una investigación sobre una “supuesta asociación delictiva formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra el coronavirus en los sistemas SI-PNI y RNDS del Ministerio de Salud”. Y agregó: “La investigación indica que el objetivo del grupo sería mantener cohesionado el elemento identitario en relación a sus lineamientos ideológicos, en este caso, para apoyar el discurso dirigido a los ataques a la vacunación contra el COVID-19”. Según la Policía Federal, los objetivos de la investigación habrían realizado las inserciones falsas entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 para que los beneficiarios pudieran emitir un certificado de vacunación para viajar a Estados Unidos. El teniente coronel Mauro Cid, ex asesor de Bolsonaro, fue detenido De acuerdo a G1, esta supuesta falsificación tendría el objetivo de garantizar la entrada de Bolsonaro, familiares y allegados en Estados Unidos, eludiendo la regla de vacunación obligatoria. La Policía aún investiga la situación de otros miembros de la comitiva, como la ex primera dama Michelle Bolsonaro. La fuerza informó que las diligencias se realizan dentro de la investigación de las llamadas “milicias digitales”, que tramita el Supremo Tribunal Federal y cuyo ponente es el ministro de la Corte Alexandre de Moraes. “Los hechos investigados teóricamente constituyen delitos de infracción de medida preventiva de salud, asociación delictuosa, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores”, concluyó la Policía brasileña. Además del teniente coronel Cid, la lista de objetivos también incluye al policía militar Max Guilherme y al soldado del Ejército Sérgio Cordeiro, ambos guardaespaldas cercanos a Bolsonaro y que actuaron en su protección durante su mandato presidencial.

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Renuncia jefe de seguridad de Lula da Silva tras revelación de videos de incursión a edificios oficiales por manifestantes bolsonaristas

EL UNIVERSO .- Se convierte en el primer ministro que pierde el mandatario brasileño Marco Edson Gonçalves Dias se convirtió en el primer ministro del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en dejar el cargo. Esto tras revelarse a través de CNN videos del día de incursión de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro a edificios oficiales.   Gonçalves Dias se desempeñaba como jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia de Brasil y presentó su renuncia el miércoles tras la divulgación de los videos en los que se lo observa en el Palacio del Planalto durante los eventos. Él circuló por los corredores del edificio y hasta interactúa con manifestantes indicándoles dónde es la salida.   “Coloqué mi cargo a disposición del presidente de la República para que toda la investigación se lleve adelante”, dijo en una entrevista al canal GloboNews en la que defendió su proceder. Los videos también muestran a al menos dos funcionarios del GSI saludando con un apretón de manos y dando botellas de agua a los invasores, de acuerdo con CNN.   “Entré en el Palacio del Planalto después que fue invadido y estaba retirando a las personas del tercer y cuarto piso, para que los detuvieran (…) En la sala contigua al despacho del presidente, retiré tres personas y les ordené que bajaran”, justificó Gonçalves Dias en la entrevista. El GSI, formado en su mayoría por militares, asesora al jefe de Estado en temas de seguridad nacional y defensa, y es responsable por la seguridad personal del presidente, el vicepresidente y sus familias.   Durante la incrusión había “muchos equipos remanentes de la gestión anterior, inclusive en el GSI, que fueron apartados en los días siguientes”, informó la Presidencia este miércoles en un comunicado.   “Todos los militares involucrados en el 8 de enero están siendo identificados e investigados”, añadió el gobierno.

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Lula acusó a Bolsonaro de ser el autor intelectual del intento de golpe de Estado en Brasil

El senador Marcos do Val aseguró haber participado en diciembre en una supuesta reunión con el ex presidente, en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que Jair Bolsonaro está involucrado en el asalto a edificios gubernamentales perpetrado por sus partidarios el 8 de enero, y que buscaba dar un supuesto golpe de Estado. “Hoy soy consciente y lo diré fuerte y claro: ese ciudadano [el ex presidente Bolsonaro] preparó el golpe”, dijo Lula en una entrevista con la emisora RedeTV! Una semana después del traspaso de mando el 1º de enero, miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, disconformes con su derrota en las presidenciales de octubre. “Tengo certeza de que Bolsonaro participó activamente de eso y todavía está intentando participar”, añadió Lula, al ser cuestionado sobre el papel del ex presidente en los disturbios, que está siendo investigado por la justicia. “Querían armar ese lío el 1º de enero, pero se dieron cuenta de que no podían porque había mucha policía y mucha gente en la calle”, añadió Lula. Sus declaraciones llegan el mismo día en que un senador expresó ante los medios de comunicación brasileños haber participado en diciembre en una supuesta reunión con Bolsonaro y un ex diputado, en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula. “Tengo certeza de que Bolsonaro participó activamente de eso y todavía está intentando participar”, añadió Lula, al ser cuestionado sobre el papel del ex presidente en los disturbios, que está siendo investigado por la justicia. (REUTERS) El supuesto plan, según el senador Marcos do Val, ex aliado de Bolsonaro, consistía en forzar a decir algo comprometedor y grabar en secreto al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, para incriminarlo. Los bolsonaristas acusan al magistrado de interferir a favor de Lula en la campaña electoral. Do Val indicó en la revista Veja que fue Bolsonaro quien le presentó el plan, pero cambió su versión más tarde, afirmando que el ex mandatario se mantuvo “en silencio” durante la reunión. Estas declaraciones dominaron los noticieros locales durante este jueves y Do Val fue llamado a prestar declaraciones a la Policía Federal. Bolsonaro salió de Brasil el 30 de diciembre y se instaló en una casa en Orlando, Estados Unidos. Según indicaron esta semana sus abogados, solicitó una visa de seis meses para permanecer en el país norteamericano. La justicia incluyó a Bolsonaro en la investigación para determinar quién instigó el asalto a los poderes públicos. El ex mandatario negó tener vínculo con los ataques. Lula, de 77 años, ganó la elección por un estrecho margen, de 50,9% contra 49,1%. Una semana después del traspaso de mando el 1º de enero, miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, disconformes con su derrota en las presidenciales de octubre. (REUTERS) “Derrotamos a Bolsonaro, pero todavía es preciso derrotar al bolsonarismo”, dijo Lula en otra parte de la entrevista. Tras reiterar en la campaña que no pensaba disputar la reelección en 2026, este jueves admitió que no lo descarta completamente “Hoy, diría que no (…), [pero] llegado el momento, si la situación es delicada y yo me encuentro bien de salud… sólo podría ser candidato estando con la salud perfecta. Con 81 años de edad, pero la energía de 40 y las ganas de 30″, dijo Lula. Por su parte, Bolsonaro afirmó su intención de permanecer activo en la política de su país y sostuvo que el Gobierno de Lula da Silva “no durará mucho”, todo ello en su primer evento público en Orlando, Florida (sur de EEUU), durante un homenaje que le rindieron sus compatriotas. Bolsonaro también aseguró que tiene esperanza en el nuevo Parlamento brasileño instalado recientemente. En un evento organizado en Florida por el grupo Yes Brazil USA en el que acudieron simpatizantes del ex mandatario, Bolsonaro puso la mira en las elecciones municipales de 2024, las cuales calificó de “muy importante”. “No podemos abandonar la política. La política es parte de nuestras vidas. Tengo 67 años y tengo la intención de permanecer activo en la política brasileña”, remarcó Bolsonaro durante su intervención, según Folha de S.Paulo. Bolsonaro afirmó su intención de permanecer activo en la política de su país y sostuvo que el Gobierno de Lula da Silva “no durará mucho”. (REUTERS) Indicó que el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva “no durará mucho”. “Pueden estar seguros, en poco tiempo tendremos noticias. Por sí solo, si este gobierno continúa en la línea que ha demostrado en estos primeros 30 días, no durará mucho”, afirmó. El ex presidente criticó a los autores del asalto a la sede de los tres poderes en Brasilia y especificó que hubo injusticias. “Lamentamos lo que hicieron unos intrascendentes el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho. No es nuestra gente”, manifestó, antes de resaltar que se han detenido a muchas personas. “Eso no es terrorismo por nuestra legislación. Hay gente a la que hay que individualizar por invasión o depredación. Cada uno paga por lo que ha hecho”, sentenció. Fuente: Infobae

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Lula da Silva aparta de sus funciones a 40 militares que vigilaban el palacio presidencial el día del asalto en Brasilia

El mandatario aseguró que el personal de la residencia sería profundamente investigado.   El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció su decisión de separar a 40 militares que resguardaban la residencia presidencial el 8 de enero, el día de los ataques de seguidores bolsonaristas.   Según el mandatario, se abrirán investigaciones profundas del personal por sospechas de “complicidad interna”. Lula, de 77 años, expresó desconfianza sobre algunos militares que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno.   “Alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo el presidente el jueves, en referencia a los desmanes en Planalto. “No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, afirmó.   El domingo 8 de enero, miles de simpatizantes del expresidente de derecha, Jair Bolsonaro, irrumpieron en el Palacio de Planalto, el Congreso y la Corte Suprema, buscando la caída de Lula y destruyendo parte de la infraestructura.   A pesar de que Bolsonaro negó cualquier relación con los ataques, está siendo investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de haber instigado el asalto al corazón político de Brasil. Fuente: El Universo

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Lula y su Gobierno proyectan normalidad en la resaca del asalto a la democracia

El presidente despacha con varios ministros mientras los equipos de limpieza trabajan a fondo y se evalúan los daños.   El presidente de Brasil quiere que la resaca del brutal ataque perpetrado el domingo por bolsonaristas contra los poderes institucionales no distraiga a su Gobierno de la misión que le encomendó el electorado. Luiz Inácio Lula da Silva dedicó este martes, décimo día de su mandato, a despachar con varios ministros en la sede de la Presidencia, donde los daños aún son evidentes. “Bom dia. Trabajando en el palacio de Planalto”, ha tuiteado el mandatario que pretende embarcarse ya a todo vapor en elaborar “medidas de reconstrucción del país”. En paralelo, los jueces y la policía se ocupan de los detenidos por participar en la invasión mientras investigan quién más está tras el ataque.   El mensaje que el mandatario ha querido enviar este martes venía a ser “volvemos al trabajo, que este Gobierno tiene una tarea ingente por delante. Además de la crisis institucional abierta por el asalto y del desgaste que supone la polarización, están otros asuntos urgentes para millones de brasileños: el hambre, la miseria, el desempleo, las deudas de las familias…’. Lula quiere que su Gabinete no se obsesione con las dificultades en el horizonte y que se centre en ofrecer resultados tangibles cuanto antes. Ganó por la mínima y sabe que le miran con lupa.   Entre sus primeras citas de este martes, las que ha mantenido con la ministra de Salud, Nisia Trindade, de 64 años, y con el de Educación, el exgobernador Camilo Santana, de 55. Titulares ambos, según ha destacado Lula, de sendas áreas “destruidas y negligenciadas en los últimos años”. Inmediatamente ha anunciado el aumento de las meriendas escolares —cruciales para niños en hogares donde falta comida— y la reanudación de las campañas de vacunación.   Lula, durante una reunión con gobernadores, este lunes en el palacio de Planalto, en Brasília.ANDRÉ BORGES (EFE) Mientras el jefe del Estado recibía a los ministros, los equipos de limpieza se afanaban en los edificios atacados por hordas de bolsonaristas. Buena parte de la fachada acristalada de la planta baja del palacio de Planalto ha desaparecido, así como la galería con las imágenes de todos los presidentes. Las señoras de la limpieza pasaban esta mañana la escoba mientras las cámaras hacían guardia a la espera de algún ministro o el presidente.   El lunes por la noche el mandatario brasileño conversó con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y le confirmó que viajará a Washington a principios de febrero. Es decir, después de visitar Buenos Aires y antes de ir a Pekín. Las llamadas de solidaridad y apoyo al Gobierno salido de las urnas y a las instituciones se suceden. Este martes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha transmitido por teléfono al ministro de Exteriores, Mauro Vieira, la plena confianza de las instituciones europeas hacia la fortaleza de las instituciones brasileñas y el deseo de reactivar plenamente la alianza estratégica.   Si el mensaje del martes era normalidad; el del lunes fue, unidad tras el ataque más grave sufrido por la democracia brasileña en casi cuatro décadas, desde la redemocratización. Lula dedicó la jornada completa a proyectar una imagen de institucionalidad republicana. Para ello, recibió a los jefes del Poder Judicial, del Legislativo, a los jefes de las Fuerzas Armadas y a los 27 gobernadores. Entre los presentes, también estaban los que son más estrechos aliados del expresidente Bolsonaro, los gobernadores de São Paulo, Paraná y Minas Gerais. En su discurso, el mandatario les dijo: “En nombre de la defensa de la democracia no vamos a ser autoritarios con nadie, pero tampoco vamos a ser, como diría yo, tibios. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió (…) Y lo vamos a descubrir porque fue muy difícil para ustedes y para mí conquistar la democracia en este país”.   Concluida la reunión, Lula invitó a los representantes de los poderes político y judicial a dar un corto pero simbólico paseo. Juntos cruzaron la plaza de los Tres Poderes desde la sede de la Presidencia hasta la sede del Supremo.   Fuente: El País

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