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Economía argentina completa 8 meses con superávit fiscal

Internacionales / /

El plan económico que aplica el presidente argentino, Javier Milei, comienza a dar resultados. Reportes oficiales señalan que, en agosto pasado, la caja fiscal tuvo un saldo positivo primario, equivalente a 914,7 millones de dólares. LEER TAMBIÉN: Javier Milei se enfrenta a una inflación anual en Argentina del 211,4%, superior a la de Venezuela LEER TAMBIÉN: Argentina comienza a aplicar las más de 300 reformas de Milei que abren la puerta al desguace del Estado El informe agrega que este superávit se ha extendido a todo el 2024. Es decir, 8 meses con saldo a favor. Resultados del plan de ajuste Este sería el resultado del severo plan de ajuste aplicado por Milei, que estableció grandes recortes en el gasto público. El balance también señala que el resultado financiero, que incluye el pago de servicios de deuda, también fue favorable en agosto, en comparación al déficit que hubo en el mismo mes del 2023. Sumando todo el año presente, el Gobierno tiene un superávit primario que bordea los 880 millones de dólares. El año previo hubo un desfase por la mitad de ese valor. Desde el 2010 no había superávit Argentina no experimentaba una recuperación semejante desde el año 2010, puntualizó el Ministerio de Economía. A su llegada al poder, en diciembre del año pasado, Milei recordó el gasto público en un 30%, incluyendo muchos subsidios. También redujo el tamaño del Estado y suprimió muchos egresos que consideraba innecesarios. La proyección del régimen es cerrar el 2024 con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB.

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Argentina confirma que Brasil protegerá su embajada en Venezuela

Internacionales / /

El gobierno argentino confirmó el retiro total del personal, de su embajada en Venezuela. A través de sus redes sociales, el presidente argentino, Javier Milei, anunció que los diplomáticos acreditados en territorio venezolano, ya regresaron a su país de origen, tras las amenazas y ruptura de su par Nicolás Maduro, luego que lo acusaran de cometer fraude en las elecciones recientes. El gobierno de Brasil, como estaba anunciado, asumirá la custodia de la sede argentina, así como la protección de los 6 asilados venezolanos que fueron acogidos, a los cuales el chavismo no les concedió salvoconducto. Según Milei, esta protección es temporal, hasta que se supere el impasse entre su nación y Venezuela. “Hoy el personal diplomático argentino tuvo que abandonar Venezuela, como represalia del dictador Maduro por la condena que hicimos del fraude que perpetraron el domingo último”, anotó. Milei afirmó que pronto, sin duda, “reabriremos nuestra Embajada, en una Venezuela libre y democrática”. El mandatario destacó los lazos de amistad, “fuertes e históricos”, que unen a Argentina y Brasil. El gobierno brasileño dispuso izar su bandera en la embajada argentina, como ratificación de que protege el edificio.

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Secretaria de Comunicación afirma que declaraciones del presidente “fueron descontextualizadas”

Nacionales / /

La secretaria de Comunicación del Gobierno, Irene Vélez, lamentó que el diario estadounidense “The New Yorker”, que realizó una entrevista al presidente Daniel Noboa, “descontextualizara” sus expresiones. Según Vélez, el periódico fue invitado por el régimen para constatar, de primera mano, el respeto a los derechos humanos en pleno estado de excepción. Durante este acercamiento, el mandatario conversó de forma coloquial y reservada con el reportero, que difundió muchas de sus expresiones, pero de forma distorsionada. “Las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privados. En ese sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado”, subrayó la funcionaria. “The New Yorker” afirmó que Noboa, supuestamente, definió a su par salvadoreño, Nayib Bukele, como “arrogante”, y que solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. Sobre Javier Milei, mandatario argentino, Noboa habría dicho, de acuerdo al periódico, que se enorgullece de su labor, pese a que no ha conseguido nada importante. En cambio, se siente más alineado con Lula Da Silva, el presidente de Brasil, por ser un emblema de la izquierda. En la supuesta entrevista, Noboa también habría mencionado la posibilidad de construir una prisión en la Antártida, donde Ecuador tiene un sector, y analizado sus expectativas en las elecciones presidenciales del próximo año, donde señaló como su principal rival al correísmo. El expresidente Correa, señala la presunta entrevista, es el responsable del avance del narcotráfico en el Ecuador, pues dispuso la salida de una base militar estadounidense de Manta, en el año 2009. También señaló que hubo intentos por acabar con su vida, para lo cual los carteles de la droga enviaron sicarios desde Colombia. Pero fueron detectados y su plan quedó truncado.

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Oposición en Argentina y Ecuador “es destructiva”, advierte analista internacional

Nacionales / /

Solo la dolarización permitirá que Argentina estabilice su economía a mediano y largo plazo. Lo señala el analista argentino, Gabriel Gasave. Consultado por “Punto de Orden”, el experto explicó que el actual gobierno, presidido por Javier Milei, tiene clara la premisa. Sin embargo, trata de aumentar las reservas y reforzar su poder parlamentario, antes de dar el paso necesario. Hasta mientras, dijo, ha instaurado una especie de “coexistencia” del dólar y del peso, la cual es muy difícil, ya que la actual moneda argentina no está en capacidad de competir con la estadounidense. Gasave recordó que desde 1935, en que fue creado el Banco Central, su país ha pasado por 5 signos monetarios, que han significado recortar 13 “ceros” al valor, debido a las escaladas inflacionarias y a las depreciaciones. Y ninguno de estos cambios sirvió para estabilizar la economía. La lucha está ahí Al evaluar la gestión de Milei, señaló que se basa en la sinceridad. Es decir, hacer las cosas que había prometido. Una de estas decisiones ha sido respetar la libertad de los ciudadanos. La libertad, anotó, es esencial para ser humano. Y como prueba mencionó que todos los regímenes totalitarios, lo primero que eliminan es la libertad de todo tipo, incluyendo una de las más importantes: la de propiedad. Con esa premisa, puntualizó que Argentina y Ecuador tienen algo en común: la oposición es destructiva. En su país, subrayó Gasave, el peronismo trata de destruir lo que no está en sus manos. Es una amenaza latente, que no respeta el sistema republicano. La oposición, liderada por Cristina Kirchner y sus compinches, quieren tumbar al gobierno. Incluso mencionó que en su nación los conocen como “el club del helicóptero”, en referencia a la forma en que el expresidente Fernando de la Rúa huyó del poder. En Ecuador ocurre lo mismo con los seguidores de Rafael Correa, a quienes califica de “gente obstructiva”. Como ejemplo de esa actitud, hizo notar que, durante los 6 meses que lleva en el poder Milei, el Congreso no le ha aprobado ni una sola ley. Argentina se ha vuelto un “barco pirata”, que se llena cada vez de más burócratas. Una carga cada vez más insostenible, y que obliga a imprimir dinero para cubrirla, con la consiguiente inflación, argumentó el analista.

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Javier Milei dice que el tema de las islas Malvinas aún está pendiente “para futuras negociaciones diplomáticas”

Nacionales / /

El Universo .- El presidente de Argentina se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron. El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este miércoles que no habló de las Malvinas con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, con el que se reunió en el marco del Foro de Davos (Suiza), y que eso queda “para las futuras negociaciones diplomáticas”. “No hemos hablado sobre el tema de las Malvinas. Eso quedó para las futuras negociaciones diplomáticas”, dijo Milei en declaraciones a los periodistas tras pronunciar un discurso en el Foro Económico Mundial (WEF). Milei se reunió con Cameron acompañado por la canciller argentina, Diana Mondino, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, según fuentes oficiales argentinas. La cuestión sobre la soberanía de Malvinas es, hasta el momento, uno de los asuntos de Estado en la política exterior de Argentina. No obstante, durante la reciente campaña electoral que llevó a Milei a la Presidencia, su entonces referente en Relaciones Exteriores y hoy canciller, Diana Mondino, defendió que los derechos de los isleños iban “a ser respetados”, lo que desde el Gobierno de Alberto Fernández se interpretó como una falta de reconocimiento del archipiélago como territorio argentino. En los debates electorales, el entonces candidato libertario aclaró que va a “agotar todas las instancias diplomáticas para que (las islas) vuelvan a ser argentinas”, pero defendió la figura de Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la Guerra de las Malvinas (1982). Relaciones con Lula   En sus declaraciones tras su intervención en Davos, que generaron gran expectación de medios internacionales y que incluso requirieron la intervención de personal de seguridad, también fue preguntado por las relaciones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos a continuar teniendo una relación adulta”, dijo Milei, que asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre, y, aunque reconocióque “nada es fácil en la vida”, Lula y él tratarán de hacerlo lo mejor posible. Aseguró que acudió al Foro de Davos, donde debutó hoy, “a plantar las ideas de la libertad, que son las ideas que traen el progreso y que terminan con la pobreza” y a alertar “de los riesgos del socialismo, que es una máquina de empobrecer y asesinar gente”.

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Argentina comienza a aplicar las más de 300 reformas de Milei que abren la puerta al desguace del Estado

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El País .- El megadecreto impuesto por el ultraderechista con derogaciones y modificaciones normativas rige desde este viernes. El paquete de medidas aún debe sortear obstáculos en el Congreso, la Justicia y la calle La reforma del Estado argentino que pretende el presidente Javier Milei ya empieza a ser efectiva. El megadecreto que impuso el ultraderechista con más de 300 derogaciones y modificaciones normativas entró en vigor este viernes, cuando se cumplieron ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida, sin embargo, aún debe sortear obstáculos en el Congreso, donde tiene que ser aprobada, y en la Justicia, donde acumula una treintena de amparos que cuestionan su constitucionalidad. Un tercer cortafuegos está en las calles: la crisis económica es grave y el clima social, efervescente. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei deroga sin discusión parlamentaria leyes, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. El mecanismo está previsto para que el Ejecutivo dicte o modifique leyes ante algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas, sin embargo, hay consenso en que este no es el caso del decreto firmado por Milei y denuncian que el presidente se arrogó facultades legislativas. Una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados analizará en el Congreso si la “necesidad” y la “urgencia” de la medida están justificadas. La comisión cumple funciones aún durante el receso de verano del Congreso. Si el decreto es avalado por la comisión bicameral, será elevado al plenario de cada cámara, que deberá aceptar o rechazar la norma en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros. Con la aprobación de solo una de las cámaras –o si no es tratado–, el decreto será considerado válido. El voto negativo de ambas, en cambio, lo rechazaría. El partido de Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en el Congreso –cuenta solo con 38 de 257 diputados y con siete de 72 senadores–, pero cuenta con el apoyo de algunos legisladores, como los que responden al expresidente conservador Mauricio Macri. Otros sectores muestran más ambigüedad, como la Unión Cívica Radical, que asegura que el país “necesita un cambio”, pero debe hacerse “respetando las formas establecidas”. En cambio, el peronismo, ahora en la oposición, expresó un rechazo total al texto y también lo hizo la izquierda. El debate en los plenos deberá esperar, sin embargo, hasta el 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias. Mientras eso ocurre, el megadecreto está siendo cuestionado en la Justicia a través de una treintena de amparos judiciales, según el relevo hecho por la agencia de noticias Télam. Los tribunales recibieron planteos de inconstitucionalidad que muchos abogados ven con fundamento. No todos están en contra de los cambios que propone, pero muchos consideran que las formas chocan con la Constitución. Hasta este viernes al mediodía (hora local), sin embargo, la Justicia no había aceptado suspenderlo. El decreto también está encontrando resistencia en las calles, donde los sindicatos consiguieron reunir a más 20.000 personas, según sus estimaciones, contra una medida que consideran “ilegal” y “no constitucional”. Las movilizaciones contra el DNU, sin embargo, iniciaron espontáneamente tras el anuncio que hizo Milei por cadena nacional días antes. Esa misma noche, el rechazo de vecinos indignados se hizo oír desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Entre los más de 300 puntos que el DNU impone sin discusión, se modifican o derogan leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos, que favorecían la promoción industrial en zonas desfavorecidas, que regulaban los aumentos para los inquilinos, impedían la privatización de empresas públicas o ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. El paquete modifica también el sistema de salud para que los seguros privados fijen libremente los precios y desregula el mercado laboral: limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias o habilita cambios en las indemnizaciones. Además, la norma establece que los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento. En menos de 20 días, Milei ha impulsado medidas que dan señales de una deriva autoritaria y el descontento social ha crecido. Al megadecreto que modifica o deroga sin discusión parlamentaria más de 360 leyes se suma un decálogo de medidas económicas que aplican un fuerte ajuste, un protocolo contra las protestas callejeras, el despido por decreto de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y con el que el ultraderechista busca ampliar sus facultades. La iniciativa, presentada este miércoles, tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Tras esta última decisión, los sindicatos llamaron a la huelga el 24 de enero. El Gobierno se muestra confiado en que las medidas que impulsa saldrán adelante y se ampara en el respaldo que le dieron las urnas en noviembre, cuando obtuvo en segunda vuelta el 56% de los votos frente al peronista Sergio Massa. Milei aseguró que si el DNU no es avalado por el Congreso hará una consulta popular no vinculante. Además, acusó a “algunos” legisladores de corruptos por pretender debatir la gigantesca reforma que impuso. “Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, cuestionó. Con el apoyo que recibió, espera callar cualquier discrepancia. Giro en política exterior Milei ha avanzado este viernes en otro de los cambios que pretende para Argentina y ha dado un giro en política exterior. El país ha informado formalmente de que

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El ultraderechista Milei impulsa por ley hasta seis años de cárcel para los promotores de protestas sociales

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El País .- La medida forma parte de un proyecto de más de 600 artículos que otorga atribuciones legislativas al presidente en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. El ultraderechista Javier Milei ha enviado este miércoles al Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian de raíz buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. La ley ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de amplias facultades legislativas en cuestiones económicas, financieras, previsionales, fiscales, sanitarias y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias por el Congreso, incluye además un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible con hasta seis años de cárcel si impidiese el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de mes, advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. El proyecto da forma de ley al protocolo antiprotestas que firmó hace dos semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Al proyecto de ley remitido el miércoles se suman otras acciones previas que han elevado el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el decálogo de medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también anuló los contratos de al menos 5.000 empleados estatales, tras la firma de un decreto con cientos de reformas que, según la lectura del Ejecutivo, no necesitaban pasar por el Congreso. En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, llamado con pompa “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, está la facultad del Ejecutivo para privatizar medio centenar de empresas públicas, el fin de las elecciones primarias de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Diputados que facilita sumar parlamentarios a segundas y terceras fuerzas electorales, como es en este momento el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene sobre todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación; se promueve además un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos. La propuesta de Milei declara al país en situación de “emergencia pública” hasta el 31 de diciembre de 2025. Este plazo tan amplio, además, podrá prorrogarse otros dos años, con lo que abarcaría todo el mandato del presidente. Es esa situación de supuesta emergencia pública la que habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. La Constitución argentina impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Protestas sindicales La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra las reformas del ultraderechista. Sobre la mesa está la posibilidad de ir a huelga. Pero los sindicatos están “midiendo el termómetro”, según señalaron fuentes de organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Los sindicalistas consideran que tienen tres caminos para enfrentar las medidas del Gobierno: la justicia, el Congreso y las calles. En las últimas semanas, se reunieron con diputados y senadores; presentaron una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada por la justicia y el miércoles, salieron a las calles antes de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley con casi 700 artículos. La concentración, que reunió a más de 20.000 personas, según los organizadores, transcurrió sin incidentes hasta el mediodía. La CGT había pedido permiso para manifestarse, según aseguró el Gobierno, que celebró que la central pidiera autorización. La protesta estuvo contenida en los límites de la plaza Lavalle, en el centro de Buenos Aires, por un fuerte operativo que desplegó la ministra Bullrich. Fue inevitable, sin embargo, que los asistentes pisaran el pavimento por el tamaño de la convocatoria. Durante la desconcentración de la protesta hubo tensión entre un grupo pequeño de manifestantes con la Policía, que detuvo a al menos seis personas; además, un agente fue herido por un bus. Manifestación el miércoles en el centro de Buenos Aires.AMANDA COTRIM “¡Poné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó durante la concentración. La exigencia estaba dirigida a las centrales obreras, a quienes los manifestantes les reclamaban que llamen a un paro general. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, cree que es “un dato positivo” haber visto “la plaza desbordada” el miércoles. “El nivel de conflictividad crece y las condiciones para una huelga general están configuradas”, aseguró a EL PAÍS el sindicalista. Aguiar, sin embargo, pidió a los trabajadores “tener paciencia” sobre el llamado de huelga general. “Los trabajadores esperan que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, instó Aguiar, quien señaló que “el tiempo corre a favor de Milei” porque el decreto de necesidad de urgencia impuesto por el ultraderechista entra en vigor el viernes. El paquete de reformas puede ser frenado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no ocurra, las medidas serán leyes. Además, la ley ómnibus empezará a ser tratada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Manifestantes en la plaza frente al Palacio de Justicia en Buenos Aires, el miércoles.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS) Para partidos y

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

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El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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Milei anula por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales en Argentina

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El País .- La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año. El texto avisa de que se revisarán también las contrataciones previas a 2023 mientras los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles contra el desguace del Estado El presidente argentino, Javier Milei, ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta. El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días. En su primer discurso como presidente, Milei ya había anticipado que el ajuste que promete su Gobierno lo pagará el Estado y no el sector privado. El recorte empezó por el Gabinete de Ministros, cuado el ultraderechista limitó el número de carteras a nueve, la mitad de los que había en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la plantilla estatal. El decreto publicado este martes es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno y apunta a “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”. El sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, de los que una décima parte pertenecen a la Administración nacional. El gasto en personal de estos últimos representa el 2,2% del PIB, de acuerdo a un informe de la consultora Ieral – Fundación Mediterránea, un porcentaje que se ha reducido desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según ese análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “está cerca de los países escandinavos y en las antípodas de Japón y Alemania”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha calificado el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y ha considerado en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, ha avisado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado difundido por la organización, en el que se avisa que el sindicato pretende “profundizar” su “plan de lucha”. El reclamo se hará oír este miércoles en una convocatoria hecha por las centrales sindicales del país para exigir también que se frene el decreto firmado por Milei hace una semana con 300 reformas para desguazar el Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae en los sectores más vulnerables de la población, se harán en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi en simultáneo a las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre, cuando decenas de miles de personas salieron a protestar rodeados de fuertes medidas de seguridad. Presión sobre el Congreso Milei también ha oficializado este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El decreto publicado en el Boletín Oficial enumera en un anexo las iniciativas a tratar, como el proyecto de ley para reformar el Estado o el proyecto de ley para establecer la boleta única de papel en las elecciones nacionales, temas que no entraron en el decreto de necesidad y urgencia impuesto por Milei hace una semana y que serán enviados al Congreso de forma “inminente”, según el Gobierno. Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Aunque obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha lanzado este martes un mensaje a los legisladores que tratarán el temario y ha puesto presión sobre las Cámaras. “Diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio y esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”, ha dicho Adorni tras la reunión de Gabinete. El portavoz ha indicado que apela a su “buena voluntad” y a que “estén a la altura de las circunstancias”.

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Javier Milei defiende su reforma estatal y tilda de ‘sádica’ a la oposición

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El Universo .- En Argentina se han realizado protestas en contra de las reformas del nuevo presidente. Javier Milei, el recientemente posicionado presidente argentino, argumentó a favor del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que contiene más de 300 medidas para desregular la economía y que enviará al Parlamento en breve, ante el cúmulo de críticas por parte de la oposición, a algunos de cuyos miembros trató de “sádicos” y “corruptos”. “Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria”, escribió Milei en su cuenta de X (antes Twitter), parafraseando al exmandatario argentino Arturo Frondizi (1958-1962). La cita de Milei se basa en un escrito que el hoy fallecido Frondizi publicó cuando llevó a cabo reformas, mediante decretos, para nacionalizar, monopolizar y autoabastecer de petróleo a Argentina en una época en la que el país consumía más combustible del que producía. El texto citado por el actual mandatario dice: “el plan de drásticas reformas y de rápida movilización de recursos que estamos ejecutando impone el quebrantamiento de la rutina administrativa. Si no hubiéramos eludido esa rutina, todavía estaríamos discutiendo los contratos de petróleo y las radicaciones de capitales que fueron el ariete que abrió el rumbo para la transformación profunda de nuestra estructura económica”. Decreto de necesidad y urgencia El DNU de Milei pretende reformar el Estado bajo ajustes fiscales y recortes del gasto público hasta lograr un 5 % del producto bruto interno del país, algo que será acompañado por un paquete de leyes, para restituir impuestos, recalibrar funciones administrativas y acuerdos comerciales, a tratar en el Congreso a partir del martes. Los sindicatos más importantes de Argentina se han pronunciado en contra de las reformas y han anunciado una movilización para el próximo miércoles en dirección al Palacio de Justicia para exigir la derogación del ‘megadecreto’, así como una protesta conjunta con las organizaciones sociales el día siguiente. Por su lado, la Unión Cívica Radical (UCR, centro) -integrante del bloque Juntos por el Cambio (centroderecha)- se distanció de Milei al pedir que el Ejecutivo envíe un “proyecto de ley espejo” para tratarse en el Congreso. “El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza pública, los consensos y el diálogo parlamentario”, indicó la UCR en un comunicado. 

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Milei inicia el desguace del Estado argentino imponiendo 300 reformas en un solo decreto

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El País .- El presidente ultraderechista deroga leyes sin pasar por el Congreso, elimina decenas de controles estatales y habilita la privatización de empresas Javier Milei ha iniciado formalmente el desguace del Estado argentino. Rodeado de sus ministros, el Presidente de ultraderecha presentó este miércoles un decreto que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. Las nuevas normativas estarán vigentes al menos hasta que el decreto sea revisado por el Congreso, donde el oficialismo está en minoría. Para rechazarlo es necesario el voto negativo de ambas Cámaras. En un discurso leído de 15 minutos, Milei enumeró 30 de las cerca de 300 reformas que contiene el texto que se publicará en el boletín oficial. Entre ellas está la derogación de las leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos y a los supermercados a señalizar los precios más bajos de algunos productos básicos. También elimina las normativas de promoción industrial en zonas desfavorecidas, la ley de alquileres que fijaba aumentos semestrales para los inquilinos y la legislación que impide la privatización de empresas públicas. Desde hoy, los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas, los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento alguno. El sistema de salud sufrirá también cambios importantes. Los seguros privados podrán fijar libremente los precios a partir de ahora, mientras que los seguros vinculados a los sindicatos (conocidos como obras sociales) tendrán un marco regulatorio más flexible. Además, se establece la receta médica electrónica con el objetivo de agilizar trámites y reducir costos. El decreto abre el protegido mercado argentino al mundo al eliminar muchas de las reglas que ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. La industria argentina, que ha gozado durante años de escasa competencia interna, será uno de los sectores más perjudicados, como ya ocurrió durante la década neoliberal de Carlos Menem (1989-1999). Milei inició su discurso, retransmitido por cadena nacional de radio y televisión en horario de máxima audiencia, con una larga diatriba contra los políticos —a los que tildó de ser una “casta” endiosada— y la izquierda, a la que volvió a acusar de provocar millones de muertos en todo el mundo. El ultraderechista enviará además al Congreso una serie de leyes con cambios que no pueden hacerse por decreto presidencial. “Los diputados deberán elegir entre ser parte del cambio u obstruir el proceso de reformas más ambicioso de los últimos 40 años para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial”, amenazó. No esperará a marzo, cuando comienza el año legislativo, sino que convocará a sesiones extraordinarias. Uno de los caballitos de batalla de Milei es la desregulación del mercado laboral argentino, que mantiene normas muy beneficiosas para los trabajadores en blanco, el 30% del total. Varios Gobiernos han intentado reformar la legislación laboral y han fracasado, pero el nuevo presidente quiere volver a probarlo. El decreto ataca aquellos flancos de la normativa que no necesitan pasar por el Congreso, como el aumento del período de prueba antes de las nuevas contrataciones y mecanismos de indemnización alternativos a los actuales. Cacerolazos Milei llegó a la presidencia con el voto récord del 56% de los argentinos y usa ese respaldo para pedir a los legisladores que aprueben el cambio de rumbo “que la gente votó”. Pero gobierna en una sociedad muy polarizada y con sindicatos y organizaciones poderosas que están dispuestos a plantar cara en las calles a cualquier recorte de derechos. La primera manifestación tuvo lugar en la tarde de miércoles, cuando más de diez mil personas tomaron el centro de Buenos Aires en medio de un enorme despliegue policial para protestar contra el gran recorte del gasto público anunciado, de unos 20.000 millones de dólares. Horas después, tras escuchar la lectura del decreto presidencial, la protesta se reavivó entre la clase media urbana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas desde los balcones de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. De a poco, los manifestantes se reunieron en las avenidas principales de cada barrio y cientos de ellos decidieron marchar juntos hasta las puertas del Congreso, donde muchos conductores tocaban la bocina en señal de apoyo. Este tipo de manifestaciones se popularizaron en 2001, cuando estalló la peor crisis económica y social de la historia reciente de Argentina. La oposición condenó con dureza un decreto que busca transformar de la noche a la mañana a Argentina en un estado liberal. Desde el peronismo, una de las voces más críticas fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof: “[Milei] se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”, señaló. La izquierda pidió a los sindicatos que convoquen a una huelga general. El Congreso puede rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Milei con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Mientras esto ocurre, las nuevas normativas tienen vigencia.

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Decenas de miles de argentinos protestan contra Milei rodeados de fuertes medidas de seguridad

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El País .- Las calles del centro de Buenos Aires por donde discurría la marcha amanecieron blindadas, con especial énfasis en la Plaza de Mayo Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Los alrededores de Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. Fracasaron en ese objetivo radical. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como quería el Gobierno. Avanzaron con pancartas y bombos por todo lo ancho de las dos avenidas que desembocan en la plaza de Mayo, epicentro de la protesta, y el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas. “Unidad de los trabajadores”, cantaba la multitud, mientras algunos se acercaban al cordón policial para insultar a los antidisturbios y silbaban al paso de los furgones preparados por si había detenidos. La manifestación se celebró en un ambiente tenso, pero sin violencia. Hubo sólo dos detenidos en un enfrentamiento aislado, en medio de una gran marcha pacífica convocada por más de un centenar de organizaciones. La idea original era recordar, como todos los 20 de diciembre, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante protestas multitudinarias. Sin embargo, la marcha se resignificó tras el recorte del gasto anunciado por Milei y se convirtió en la primera protesta contra su administración, a sólo diez días de haber asumido como presidente de Argentina. “Milei estafador. Prometiste ajustar a la casta política y ajustaste al pueblo”, podía leerse en una pancarta”. “Plata para educación, no para el FMI”, podía leerse en otra que levantaba Catalina, una maestra de la Matanza, la mayor ciudad de la periferia bonaerense. “La situación en las escuelas públicas es desesperada. Hay chicos que pasan hambre, a veces llegan al aula sin comer, y con Milei va a empeorar porque los precios de los alimentos se dispararon tras la devaluación”, augura esta docente. Alberto Fernández dejó el Gobierno con una inflación interanual del 160%, pero las estimaciones oficiales para 2024 son de cuatro cifras, récord mundial. El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los manifestantes ocuparon hoy algunas calles, pero no cortaron las principales arterias de circulación, un punto medio que dejó contentas a las dos partes. Tanto las organizaciones como el Gobierno consideraron un éxito la jornada. La actitud del Gobierno ultraderechista no ha sido una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no están entre sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público. Sin niños en la protesta En los últimos días, el Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales. Muchos de los presentes este miércoles en la plaza se rebelaban contra el estereotipo de que son forzados a protestar. “Quería venir a la marcha porque no me alcanza para comer. Nos dicen vagos, planeros, pero yo trabajo más que nadie. Cobro un plan y trabajo en un comercio que me paga una miseria mientras la dueña vacaciona en Uruguay”, dice Fátima Flores, quien sostiene un bebé de un año en brazos, uno de los pocos niños presentes en una manifestación que muchos tenían miedo que terminase con graves enfrentamientos y represión policial. “El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba horas antes Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no. A día de hoy paga 40.000 pesos (50 dólares) por una habitación, un tercio de su jubilación, pero la decisión de Milei de recortar las pensiones le hace temer que tenga que abandonarla en cuestión de meses. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.

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A un año de ganar en Qatar, Argentina conmemora la fiesta colectiva más grande de su historia

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El País .- Millones de personas se lanzaron a las calles de Buenos Aires el 20 de diciembre del año pasado para celebrar la tercera estrella. El aniversario coincide con la primera protesta contra Milei La Argentina actual, con más del 40% de su población por debajo de la línea de la pobreza, una inflación anual que en 2023 superará el 170% y con la presidencia recién estrenada del ultraderechista Javier Milei, tiene mayores necesidades y urgencias que recurrir a las efemérides, esa rama del árbol de la nostalgia. Pero hay una excepción: que el aniversario implique el recordatorio de los días más felices del país en las últimas décadas. Si la nación futbolera, o sea una porción grande de la sociedad, celebró este lunes el primer año de la final del Mundial Qatar 2022 —los canales deportivos retransmitieron el partido contra Francia en el que la “Albiceleste” ganó su tercera Copa del Mundo y los jugadores, con Lionel Messi a la cabeza, escribieron posteos evocatorios en sus redes sociales—, la conmemoración de este miércoles será por el primer aniversario de un suceso aun más extraordinario. El 20 de diciembre de 2022, dos días después de que Messi entrara en Doha al panteón de semidioses argentinos, una multitud imposible de calcular pero estimada en cinco millones de personas se lanzó a las calles de Buenos Aires y su periferia para intentar ver, aunque sea a la distancia, al ómnibus descapotable en el que los campeones se desplazaban tras su regreso al país. En la Argentina no se recuerdan congregaciones similares, al menos para festejar un triunfo deportivo, eso que en el significado de América Latina se acerca mucho a una reivindicación nacional. El 20 de diciembre podría pasar a ser una fecha declarada “Día del hincha argentino” si en los próximos meses prospera una reciente idea de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La moción ya fue presentada en el Congreso nacional —cada club festeja su propio “Día del hincha”— y espera tratamiento. Aquella explosión de endorfinas colectivas actúa, además, como una burbuja de felicidad en un país con los pelos de punta. El primer aniversario de la movilización más festiva, este miércoles, tendrá un contraste enorme en las calles. Esta vez, las movilizaciones sobre el asfalto céntrico de Buenos Aires no serán de festejos sino de protestas. “El 20 de diciembre comienza la lucha contra el ajuste de la motosierra contra el hambre”, advirtieron dirigentes piqueteros, sindicales y de Derechos Humanos que marcharán hoy en contra de las flamantes medidas económicas de Milei, el presidente que enfrentará su primer desafío callejero. La tensión es tal que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo que prohíbe los cortes de calles que coarten la libre circulación. Si hace un año la Plaza de Mayo, uno de los centros de reunión icónicos de los argentinos frente a la Casa Rosada, se colmó de hinchas que esperaron —en vano— la llegada de los campeones del mundo, para este miércoles se esperan miles de personas en el mismo lugar. La fecha parece señalada en rojo para grabar la historia reciente del país. Otro 20 de diciembre, pero de 2001, la represión policial y el asesinato de decenas de manifestantes en el resto del centro porteño marcaron con sangre el final de la presidencia de Fernando De la Rúa, que escapó de la Casa de Gobierno en helicóptero. En 2022, en cambio, los helicópteros que volaron por encima de la multitud celebratoria transportaban a los futbolistas que no habían podido llegar por tierra a la Plaza de Mayo ni al Obelisco porque les resultaba imposible. Con las calles copadas por los hinchas, la solución fue que la selección dejara el ómnibus y ensayara una vuelta olímpica por aire. La relación entre Argentina y el fútbol es umbilical desde comienzos del siglo XX pero nunca había tenido —ni posiblemente tendrá— un día tan excepcional como hoy hace un año. Si la “Albiceleste” lleva cosidas tres estrellas en su camiseta, las Copas del Mundo son una competencia cuatrienual y los estadios se convirtieron en escenarios cada vez más exclusivos, el 20 de diciembre de 2022 marcó el regreso del fútbol a la calle, al llano, sin divisiones económicas, sociales ni políticas: los jugadores y los hinchas unidos al final de un Mundial que pareció haber tenido dos sedes, jugado en Qatar y vivido en Argentina. Tras el primer título de la Albiceleste en el Mundial 1978, organizado en una Argentina en dictadura, la segunda estrella llegó en 1986. Al día siguiente de que Diego Maradona levantara la Copa en México, una multitud se agolpó para recibir a los campeones en el aeropuerto de Ezeiza, a 30 kilómetros de Buenos Aires. El ómnibus que debía trasladar a los jugadores hacia la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, en donde el presidente Raúl Alfonsín los esperaba, demoró siete horas para cumplir un trayecto que suele hacerse en 40 minutos. Incluso, ante la aglomeración popular, el vehículo debió cambiar de ruta y avanzó por un camino alternativo, pero finalmente llegó a su destino. En 2022 no hubo forma. El valor deportivo de las tres estrellas es el mismo pero un cúmulo de factores se alinearon para que la de 2022 haya convergido en la mayor comunión entre jugadores e hinchas. Un fútbol menos masculino que en las décadas anteriores —todavía machista, pero con más participación de mujeres y de niños que entonces—, un Mundial con temperaturas calurosas que invitaban a salir a la calle —una atipicidad para los países del hemisferio sur—, una generación de jóvenes que al fin consagró a los héroes de su tiempo, la canonización de Messi, los dispositivos electrónicos que ayudaron a contagiar la alegría y desperdigarla por todo el país con la multiplicación de virales y de memes y, por supuesto, la necesidad de festejar de un país en crisis. La Copa América ganada en Brasil en 2021 ya había actuado como un final simbólico para una pandemia larga y dolorosa: el primer título de Argentina en 28

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Milei amenaza con quitar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar

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El País .- La ministra de Capital Humano pide a las madres que no asistan con sus hijos a las protestas porque es “innecesario exponerlos al calor y a la violencia”. La izquierda denuncia al Gobierno ante la justicia La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público y lo que consideran una “criminalización de la protesta”. Tras anunciar que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, el Gobierno ultraderechista redobló este lunes las amenazas: retirará toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia. “El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales del Ejecutivo. Sus palabras buscan amedrentar a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, e inauguran una nueva diferencia según la clase social: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos. Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud. En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina. El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito. Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que los que protestan respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día internacional de la mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura en el aniversario del último golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos advierten que el nuevo protocolo de seguridad ataca el derecho a la protesta y persigue la organización social y política. “Más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, denuncia el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS). Más del 40% de pobres Desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre, Milei ha reiterado que se mantendrá firme en su plan para transformar Argentina. “Se van a encontrar un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, señaló en su discurso de investidura. La cabeza visible de la represión de las protestas será Bullrich, quien ya encabezó la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Su trabajo será más fácil cuanta menos gente participe en las marchas, por lo que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en amenazas como la de este lunes. El 40,1% de la población argentina es pobre y uno de cada dos habitantes del país recibe algún tipo de asistencia estatal, ya sea de forma directa o a través de una organización, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Gobierno de Milei eliminará esa intermediación para restar poder a las organizaciones. Hasta entonces, refuerza uno de los estereotipos más extendidos sobre los beneficiarios de ayudas: que son acarreados a la fuerza a las manifestaciones. De lo contrario, creen, no protestarían. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan”, señaló la ministra. Para asegurarse de que es así, suspenderán el control de los certificados de presencialidad que presentan las organizaciones sociales, una decisión contraria a la exigencia de presencialidad plena para todos los empleados públicos. La ministra de Capital Humano usó el miedo para desalentar la participación de niños en las protestas. “Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar”, advirtió. Para el CELS, el Gobierno de Milei “criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado”. Denuncias anónimas El mensaje de Pettovello se reprodujo en canales y redes sociales del Gobierno y, de forma abreviada, también en la aplicación oficial de Mi Argentina. “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte”, comienza la comunicación gubernamental en la app. Desde allí, el Ejecutivo anima a denunciar de forma anónima al 134 a cualquier persona a la que amenacen con retirarle la ayuda si

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Gobierno argentino advierte contra cortes de calle en vísperas de manifestación

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Primicias .- La ministra de Capital Humano advirtió con retirar ayuda a beneficiarios de asistencia social, si cortan carreteras. El gobierno de Argentina anunció este 18 de diciembre de 2023 que se les quitarán los programas de asistencia social a quienes participen en protestas con cortes de calle, en vísperas de la primera manifestación en la presidencia de Javier Milei. «Los únicos que no van a cobrar (los programas de ayuda) son los que vayan a la marcha y corten la calle», advirtió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, en una alocución. Su declaración fue hecha dos días antes de una tradicional manifestación que conmemora a los 39 muertos en las protestas del 19 y 20 de diciembre en 2001, año de la peor crisis económica, social y política que vivió el país. Pettovello también apuntó contra los organizadores de las manifestaciones. «Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán el diálogo con el ministerio de Capital Humano», un nuevo despacho que engloba los anteriores de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social. «El que corta no cobra», enfatizó al repetir el enunciado de Milei en su discurso de investidura el pasado 10 de diciembre. En Argentina existe una gran cantidad de planes de asistencia social. Algunos de estos se cobran de forma directa, en la cuenta bancaria del beneficiario. Otros se reciben a través de una organización que funciona de intermediaria entre el Estado y el ciudadano. La ministra anunció que comenzarán a auditar a las organizaciones sociales y que se irá hacia un proceso que elimine la intermediación. Además, como ya lo había hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se duplicará la ayuda para las familias con hijos menores de edad y aumentará un 50% el auxilio para compra de alimentos, dos asignaciones destinadas a la población más vulnerable. Los anuncios de Pettovello se dan luego de que la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara el Protocolo de Orden Público, conocido como «Protocolo Antipiquetes», que tiene como objetivo impedir que se corte el tránsito por manifestaciones. Además de prever el uso de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el protocolo contempla que los convocantes de las manifestaciones paguen los costos del operativo.

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Milei lanza un plan para reprimir las protestas: “Si se toman las calles, habrá consecuencias”

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El País .- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un nuevo protocolo contra los cortes de calles mientras aumenta la tensión por los recortes económicos anunciados esta semana Después de encender la motosierra en la economía, el Gobierno de Javier Milei ha anunciado su plan de mano dura contra las protestas en Argentina. La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves un nuevo protocolo contra las manifestaciones callejeras. “Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz. Las calles no se toman. Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, ha dicho Bullrich en conferencia de prensa. El anuncio ha sido un baldazo de agua fría en el país, que atraviesa una disparada de precios y una devaluación del 50% de la moneda en la primera semana de Gobierno del ultraderechista. El nuevo protocolo contra las manifestaciones tiene previsto convocar a las cuatro fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad –la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria– para disolver protestas callejeras que bloqueen calles y rutas. “Se va a actuar hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”, ha amenazado Bullrich. “Las fuerzas emplearán la fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia”. La ministra y excandidata presidencial de la derecha tradicional que se alió a Milei tras su derrota, ha apelado a una de las quejas de sus votantes: la idea de que los cortes de calles generan un desorden que no deja que “la gente pueda vivir con normalidad y en paz”. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto”, ha dicho Bullrich. “Es hora de terminar con esta metodología, con la extorsión que sufren los ciudadanos”. Las fuerzas federales tendrán la potestad de arrestar a quienes “cometan delitos” durante las protestas, podrán actuar en el transporte público para incautar “material” de protestas “como palos” e indagar a “encapuchados” o a personas que se dirijan a protestas “intentando no ser reconocidas”. Bullrich ha afirmado que se creará un registro de organizaciones sociales –gremios, sindicatos y asociaciones– que “instiguen” las protestas y que “enviará la factura” de “los gastos” de la represión a los responsables. “El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones con personería o los individuos”, ha dicho la ministra, que también ha anunciado que se denunciará ante la agencia de Migraciones a los extranjeros radicados en el país con un permiso temporal que participen de las protestas. “Se pueden manifestar en la vereda. No queremos cortes de calles ni de rutas”, ha dicho la ministra. “Este no es un problema de ideologías, es un problema de entender de una vez por todas que el país debe vivir en paz y en orden”. El anuncio ha llegado mientras la temperatura sube en Buenos Aires por el plan de ajuste económico que presentó el ministerio de Economía este martes. El Gobierno subió el valor del dólar de 400 a 800 pesos, prometió no renovar los contratos de los empleados públicos que lleven menos de un año en sus puestos, y ha anunciado aumentos en las tarifas de servicios básicos y del transporte público. Los aumentos impulsados por el Gobierno no se conocerán hasta febrero, según dijo el ministro de Economía Luis Caputo, pero Argentina está acostumbrada a remarcar precios en la calle ante los sismos políticos. Esta semana los precios en los supermercados han subido hasta un 40% tras el fin del congelamiento de la canasta básica impulsado por el peronismo y el precio de los combustibles ha aumentado al menos un 30%. “Hemos encontrado a un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera”, había defendido el miércoles el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, y los sindicatos y gremios respondieron con convocatorias urgentes para buscar respuestas. Los ojos están puestos en el próximo miércoles, en un nuevo aniversario de la crisis del corralito de 2001, cuando se espera que haya manifestaciones conmemorativas en Buenos Aires en recuerdo de la represión policial que dejó 38 muertos en las calles en medio de la peor crisis económica de la historia reciente del país. El fin de un paradigma “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré”, afirmó Bullrich al final de la conferencia de prensa de este miércoles. Se refería a las reglas de actuación de la policía ante las protestas que fue impulsado en durante el Gobierno de Cristina Kirchner en 2011. El protocolo de Nilda Garré, entonces ministra de Seguridad, establecía algunas reglas básicas de actuación durante las manifestaciones, como que la intervención policial se desarrolle de manera “progresiva”, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta. El protocolo Garré estableció también la prohibición de portar armas de fuego a los agentes que pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes, que las pistolas que disparan balas de goma solo podrían usarse “para fines defensivos”, que todos los agentes y sus vehículos deberían estar visiblemente identificados y que la policía debería garantizar la libre cobertura informativa de las protestas, sin impedir que los periodistas tomen testimonios y fotografías. Lo que implique la derogación de este protocolo todavía no está claro.

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