Ni el Consejo de la Judicatura ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tienen atribuciones para juzgar, y peor aún destituir, a la fiscal general, Diana Salazar. Así lo advirtió el analista constitucional, José Chalco, consultado por “Punto de Orden”. El jurista advirtió que estamos ante un “intento visceral”, de hacer a un lado a la fiscal, pues al parecer incomoda a ciertos intereses. Chalco precisó que, gracias a los conceptos de constitucionalistas serios, se logró que el Consejo de la Judicatura diera marcha atrás en su afán de destituir a Salazar, con el pretexto de un supuesto plagio en su tesis profesional. Y más aún porque dicho organismo carece de semejantes atribuciones. En su opinión, los integrantes de ese consejo que, de seguir en su intentona, habrían caído en “usurpación de funciones”, un delito muy grave, castigado incluso con prisión. Chalco consideró que corresponde ahora a la fiscal, si lo estima conveniente, iniciar las acciones penales respectivas. ¿Qué autoridad académica, administrativa o judicial ha establecido que hubo plagio? ¿Dónde está el informe que señala a Salazar como responsable de esa falta?, se preguntó el reconocido jurisconsulto. Chalco recordó que solo la Asamblea Nacional, y mediante un juicio político debidamente motivado y respaldo con pruebas, podría censurar y destituir a la fiscal. Ni la Judicatura, ni el Consejo de Participación, tienen esa potestad. En el caso de este último, al que calificó de “engendro constitucional”, anotó que en los pasados comicios de febrero, 4,5 millones de ecuatorianos votaron nulo a la hora de elegir a los consejeros. Prueba de que no hay confianza alguna en su trabajo o en su lineamiento. En resumen, carecen de legitimidad. De ahí que la fiscal, con justo derecho, no tiene obligación alguna en acudir a sus llamados, pues no está obligada. A su criterio, el afán de tomarse la Fiscalía es evidente, pues se trata de un organismo que persigue a los responsables de delitos.