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Ecuador: diciembre 5, 2024

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Ecuador, diciembre 05, 2024

Judicatura nombra a siete nuevos jueces especializados en Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado

Vistazo .- El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró siete jueces permanentes para la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Corrupción y el Crimen Organizado, luego de una sesión extraordinaria realizada este lunes 15 de enero. Los nuevos juzgadores fueron seleccionados del banco de elegibles del concurso público de méritos y oposición, realizado en el año 2022. Cuatro de ellos se incorporarán en la Unidad de Garantías Penales y tres conformarán un nuevo Tribunal, con sede en la provincia de Pichincha. El nombramiento se produjo con la votación unánime de los vocales Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y del Presidente de la institución Álvaro Román Márquez. Con esta designación, son 23 los administradores de justicia especializados que conocen este tipo de casos y aportarán en el procesamiento de las causas que se han iniciado en los últimos días, por la aplicación del decreto ejecutivo N° 111, mediante el cual se declaró al Ecuador en estado de «conflicto interno armado«. Hasta ayer, la Unidad especializada ha registrado 24 causas relacionadas con estos temas. Mientras que, las acciones ejecutadas como parte del Plan Fénix dejan, hasta el momento, 1.534 detenidos, de los que 158 fueron arrestados por presunto terrorismo. Por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha advertido que los jueces y fiscales que “apoyen a los grupos terroristas serán tomados como parte de estas bandas” para los procesos en la justicia. Tras la ola de violencia desencadenada a nivel nacional, el gobierno dijo que no cederá ante los grupos terroristas, por lo que se dispuso a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ejecutar operaciones militares, bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a más de 20 grupos identificados como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales, entre ellos, Choneros, ChoneKiller, Tiguerones y otros. El primer mandatario ha enfatizado: “prácticamente estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, contra los grupos terroristas en los que operan más de 20.000 personas”. Por ello, decidió que las bandas sean consideradas como ‘objetivos militares’. Para enfrentarlos, las FF. AA. emplean todas las decisiones tácticas, demostrando su patriotismo al salir a las calles para contrarrestar la ola de violencia.

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El Supremo de EE UU da una victoria a Trump y no decidirá de urgencia sobre su inmunidad

El País .- El fiscal especial, Jack Smith, había pedido una decisión rápida para mantener el calendario del juicio en Washington por el intento de expresidente alterar el resultado de las presidenciales de 2020. El fiscal especial Jack Smith había rogado a los jueces del Tribunal Supremo que se dieran prisa en decidir sobre si Donald Trump goza de inmunidad por sus intentos de subvertir el resultado electoral de las presidenciales de 2020 y por su participación en los hechos que llevaron al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando aún era presidente. Este viernes, el alto tribunal se ha negado a hacerlo, tal y como querían (y pidieron) esta semana los abogados de Trump. Cabe interpretar esa decisión como una victoria para la defensa del magnate. En un movimiento poco habitual, Smith aspiraba a que el proceso se saltara el paso del tribunal de apelaciones y fuera directamente al Supremo para poder cumplir así el plazo que se habían dado para el juicio que se sigue contra Trump en Washington por su papel después de perder ante las urnas de un modo legítimo ante Joe Biden. Tras las noticias de este viernes, es muy poco probable que se vaya a celebrar el 4 de marzo, como estaba previsto. Lo que es casi seguro es que el caso terminará en el Supremo de todas manera, aunque no inmediatamente, sino dentro de semanas o meses. El escrito de 81 páginas con el que el fiscal especial Smith pretendía pisar el acelerador decía: “Este caso presenta una cuestión fundamental en el corazón de nuestra democracia: si un expresidente tiene absoluta inmunidad contra un procesamiento federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo o si [por el contrario] está constitucionalmente protegido. (…) Estados Unidos [a quien Smith representa] reconoce que se trata de una solicitud extraordinaria. Pero este es un caso extraordinario”. Smith tiraba de memoria histórica en ese texto, al recordar que a otro presidente en apuros, Richard Nixon, sí se le apremió para que entregara las cintas con las escuchas ilegales en la Casa Blanca que provocaron su dimisión en 1974 por el caso Watergate. Trump había defendido sin éxito esa “inmunidad absoluta” ante la jueza federal que instruye su caso en Washington, Tanya S. Chutkan, que se negó tajantemente al archivo del caso. “El texto, la estructura y la historia de la Constitución no apoyan ese argumento. Ningún tribunal, ni ningún otro poder del Estado, lo ha aceptado nunca. Y este tribunal no lo hará. Cualesquiera que sean las inmunidades de que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos solo tiene un jefe del Ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto de por vida para evitar la cárcel”, indicó Chutkan en su resolución. “Interés partidista” Cuando los abogados del expresidente se dirigieron al Supremo para convencer a sus nueve magistrados, seis conservadores y tres progresistas, tres de los cuales fueron nombrados en tiempos del magnate republicano en la Casa Blanca, acusaron a Smith de confundir el interés público con el “interés partidista de asegurar que Trump será sometido a un juicio penal de un mes de duración en plena campaña presidencial en la que es el principal candidato y el único opositor serio [a Biden]”. La fecha del 4 de marzo era especialmente simbólica en un año que todo indica que Trump pasará del mitin al juzgado. Al día siguiente, se celebra el supermartes, el día clave de las primarias en las que se eligen una mayor cantidad de delegados para la designación del candidato presidencial en la convención republicana. El magnate lidera con holgura todas las encuestas, frente a sus dos principales rivales: Nikki Haley y Ron DeSantis. Hay otro juicio previsto para marzo, que en realidad es el de su primera imputación, por las falsedades mercantiles en los pagos para ocultar escándalos que temía que arruinasen su campaña de las presidenciales de 2016. Entre ellos, a la actriz porno Stormy Daniels, para silenciar una supuesta aventura extramatrimonial que él niega. Este está programado ante un tribunal del Estado de Nueva York, durante cinco semanas a partir del 25 de marzo de 2024. Luego llegaría el caso por los papeles de Mar-a-Lago, en el que está acusado por delitos contra la ley de espionaje y obstrucción a la justicia por retener en su poder de manera ilícita material clasificado tras su marcha de la Casa Blanca. La jueza del Distrito Sur de Florida ha previsto sentarlo en el banquillo durante cinco semanas desde el 20 de mayo de 2024, aunque también es probable que se retrase. Por último, está pendiente de fecha el juicio en Atlanta (Georgia) Georgia por su intento de puchero electoral en ese Estado, que le valió a Biden gran parte de su presidencia. Más o menos una hora después de conocerse la decisión del alto tribunal de este viernes, la campaña de Trump actuó fiel a sí misma: aprovechando la ocasión para pedir dinero. En un correo electrónico titulado (en mayúsculas) LA VICTORIA DEL SUPREMO, se podía leer: “La Corte Suprema acaba de NEGAR la solicitud de emergencia del fiscal Biden de ROBARME mi derecho a la inmunidad presidencial. Pero la batalla NO ha terminado… Todavía tendré que luchar por mis derechos en el Tribunal de Apelaciones, ya que el fiscal especial de Biden hará todo lo que esté a su alcance para acelerar mi juicio falso y CONDENARme erróneamente antes de las elecciones de 2024. En este momento crucial, pido humildemente tu apoyo, Patriota”.

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Se presenta pedido de ‘habeas corpus’ a favor de un juez procesado por el caso Metástasis

El Universo .- El juez en cuestión aparece mencionado en los chats de Leandro Norero. El abogado Danilo Caicedo presentó una acción de habeas corpus a favor de Emerson C., juez de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien es uno de los 16 detenidos que guardan prisión preventiva dentro del caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada. Caicedo interpuso el recurso la tarde del lunes 18 de diciembre en contra de Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien dirigió la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis, según consta en el portal de consulta de procesos judiciales E-Satje. El Tribunal que conocerá y resolverá el pedido de habeas corpus está conformado por los magistrados María Consuelo Heredia (ponente), Enma Tapia y Alejando Magno, de la Sala Especializada de lo Laboral de la CNJ. Emerson C. es uno de los nombres mencionados en los chats de los teléfonos celulares de Leandro Norero, alias el Patrón, de donde la Fiscalía extrajo conversaciones que comprometen a funcionarios judiciales con supuestas acciones ilegales para favorecer a Norero y sus familiares con decisiones judiciales y administrativas. El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas ha atendido varios casos polémicos. En noviembre de 2022 emitió la boleta de excarcelación que permitió la liberación del exvicepresidente de la República Jorge Glas, que estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito. Además, en septiembre de ese mismo año, el magistrado en cuestión fue quien ordenó la liberación de alias Madrid y alias Cuyuyuy, quienes serían integrantes de bandas criminales y protegían a Norero en la cárcel. El recurso planteado a favor de Emerson C. se suma al habeas corpus presentado por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), también procesado por el caso Metástasis.

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Caso Metástasis conecta a los actores de los casos Glas, Salcedo y Norero

Primicias .- La investigación de la Fiscalía logró llegar, por primera vez, a funcionarios de alto nivel en la Justicia y el Ejecutivo. El caso logra impulsar la figura de Diana Salazar, que enfrentará un juicio político en la Asamblea. Los operativos e investigaciones del caso Metástasis consiguieron, por primera vez, relacionar al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las indagaciones del caso han llegado a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. La revelación de este esquema, que conecta con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, llegó a funcionarios como Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional y actual presidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, general de la Policía, exdirector de Antinarcóticos y exdirector nacional del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. El caso explotó en un momento político complejo, pues la fiscal general, Diana Salazar, enfrentará un juicio político en la Asamblea, impulsado por el correísmo. Justamente horas antes de los operativos, la Comisión de Fiscalización logró archivar tres juicios políticos y apurar en algo el proceso contra Salazar. El juicio político se centra en una supuesta «selectividad» de Salazar al momento de actuar. Y justamente en esa misma línea, el correísmo cuestionó el caso Metástasis. De hecho, el expresidente Rafael Correa ya había adelantado que el operativo se ejecutaría, y dijo que este buscaba «obstruir» el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Este concurso, organizado por la Judicatura, también ha sido muy polémico, y ha generado múltiples denuncias de irregularidades, que apuntan hacia Terán. Sentencias a la medida El caso Metástasis comprueba, sobre todo, la relación entre el narcotráfico, jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, comprueba la existencia de sentencias a la medida, en coordinación entre la justicia y el crimen organizado. Nueve jueces y exjueces están siendo procesados dentro de la causa. Ellos se han encargado de manejar casos o acciones de protección que ya recibían cuestionamientos desde hace meses. Los nueve han tramitado alguno de los casos de Norero en distintas instancias, pero también aparecen en los casos de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glas. Norero y Glas además compartían el mismo abogado: Cristian Romero, que también está investigado en el caso Metástasis. Ronald Guerrero Cruz Ronald Guerrero trabajó como juez de Garantías Penales de Guayas, en la Unidad Judicial Norte número 2. Desde ese espacio, estuvo a cargo de dos casos relacionados con los detenidos en el caso Metástasis. Por ejemplo, Guerrero estuvo a cargo de uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. El exjuez es quien decidió dictar sobreseimiento a favor de Abdalá Bucaram Pulley; su esposa, Gabriela Pazmiño, y su hermano Michell Bucaram Pulley. Guerrero además fue el juez del caso por lavado de activos contra Leandro Norero, y la Fiscalía lo denunció por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos. Además aprobó la devolución de los bienes de su cuñado, y lo declaró inocente, al igual que a su madre, Betty T. Adolfo Gaibor Gaibor Adolfo Richard Gaibor Gaibor fue juez de la Corte Provincial del Guayas hasta enero de 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable, en un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Además, en manos de Gaibor recayó uno de los hábeas corpus presentados por Norero en julio de 2022. Aunque él, junto a otros dos jueces, inadmitieron la acción con el argumento de que no era de su competencia. El caso pasó a Cotopaxi, donde Norero estaba detenido. Gaibor también tuvo en sus manos la apelación a la prisión preventiva en contra de Norero y su hermano, la cual (junto con otros dos jueces) negó. Johan Marferán Medina Johan Marfetán es todavía juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Como tal, fue parte del tribunal en el que recayó la apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio de 2022. Pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marfetán. Por esto, se nombró a otro juez en su reemplazo. Como parte del tribunal de apelación, también ratificó el sobreseimiento de Betty T., madre de Leandro Norero. Mafetán de hecho fue recusado de ese caso hace poco (octubre de 2023) y separado de la causa. Glenda Ortega Marcial La actual juez de la Unidad Multicompetente de Samborondón, Glenda Ortega, fue quien, en julio de 2022, cambió la prisión preventiva de Norero por una orden de prohibición de salida del país. Esto lo hizo dentro de un proceso por tráfico de armas, distinto al proceso por lavado de activos. Además, llevó el caso en contra de funcionarios de Inmobiliar que pretendían sacar de la casa de Norero algunos bienes. Santiago Zumba Santiago Zumba Santamaría es juez de la sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi. El magistrado se encargó de tramitar uno de los hábeas corpus interpuestos por la familia de Norero. Zumba aceptó parcialmente un hábeas corpus a favor de la hermana de Norero, Johanna Zambrano. Con su decisión, dispuso al SNAI que coordine controles médicos semanales con el argumento de que la mujer sufría hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides y un proceso inflamatorio a nivel del útero, y gastritis. Además, tramitó otro hábeas corpus junto con otros dos jueces, en el que la hermana de Norero argumentaba que tenía cáncer. José Luis Segovia José Luis Segovia también es juez de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y junto a Zumba estuvo a cargo de otro hábeas corpus de la hermana de Norero, en el que argumentaba tener cáncer. En este caso, los magistrados dieron paso a que la valoración médica de Zambrano se realice de forma discrecional por un médico. Al final, se le retiró la orden de prisión preventiva. Emerson Curipallo Ulloa El juez Emerson Curipallo es juez de Garantías Penales de Santo Domingo. Él se ha encargado de una decena de casos relacionados con el narcotráfico, y fue también quien emitió la boleta de libertad a favor del ex vicepresidente Jorge Glas, en noviembre de 2022. Curipallo además ordenó la libertad de alias «Madrid» y de alias «Cuyuyuy», un mes antes de otorgar una medida cautelar a Glas. Estos dos hombres se encargaban de la seguridad

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Concurso para elegir jueces de la Corte Nacional no se anulará

El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, anunció que no se anulará el concurso para elegir a nuevos jueces de la Corte Nacional, pese a las denuncias sobre graves irregularidades. Terán aseguró que el proceso terminará en febrero del 2024, como se había planificado. El concurso es blanco de fuertes críticas. El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados presentaron una acción de protección, para suspenderlo definitivamente. Asimismo, la Misión Internacional de Observadores también lo ha criticado. Pese a todos los señalamientos, Terán defiende el proceso. Dijo que nada está oculto, y por ello ofreció a completar la renovación parcial de la Corte Nacional en febrero próximo. Siete jueces serán los elegidos y reemplazarán a jueces de salas que no tienen sus magistrados titulares, como la laboral. Estos cambios no incluirán a la Sala Penal, que se encarga de tratar casos de corrupción, ya que esta instancia sí cuenta con todos sus jueces especializados.

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Más de 4.000 automotores que estaban en patios de retención vehicular de la Policía Nacional serán destruidos

El Universo .- La chatarrización se realizará a motocicletas y autos recuperados o aprehendidos entre el 2011 y 2019. La Policía Nacional informó que desde hoy iniciará el proceso de chatarrización de 4.222 motocicletas y 129 vehículos, con un total de 4.351 automotores a nivel nacional. El proceso, adjudicado a una empresa especialista, tendrá una duración de 30 días. Estos medios de transporte se encuentran en patios de la Policía Judicial y Antinarcóticos, los que han sido recuperados o aprehendidos en diferentes delitos cometidos entre el 2011 y el 2019. Jorge Vásquez, jefe de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, señaló que todos los automotores cuentan con la respectiva orden emitida por jueces y fiscales, al demostrar que se encuentran en mal estado, obsoletos o inservibles, que han permanecido en los patios de retención sin que hayan sido reclamados por sus legítimos propietarios. Antes de disponer la chatarrización, la Policía Nacional habría publicado el listado de los automotores desde el 20 de octubre pasado y se mantuvo hasta el 3 de noviembre en la página institucional. Además, se realizó una publicación en un medio de comunicación impreso. Es decir, desde la publicación de la lista de vehículos se concedió un plazo de quince días para que sean reclamados por los dueños de acuerdo al derecho que tienen. El proceso se llevará en los patios de retención de las siguientes ciudades: San Gabriel, Ibarra, Archidona, Ambato, Riobamba, Latacunga, Portoviejo, Chone, Manta, Guaranda, Ventanas, Cañar, Azogues, Cuenca, Macas, Machala, Huaquillas, Piñas, Zamora y Zumba. Vásquez dijo que la empresa Reciclajes Nacionales F&F fue la adjudicada con el contrato de chatarrización previo al lanzamiento en un concurso público. También agregó que el proceso tiene estipulado el lapso de 30 días desde el inicio del contrato. Esta unidad de la Policía estaría realizando anualmente las órdenes de chatarrización, sin embargo, una vez que tiene un número significativo procede con el lanzamiento del proceso. La autoridad también puntualizó que la destrucción de los automotores es gratuita para la Policía, de hecho, dijo que las empresas que se adjudican el contrato pagan un porcentaje por tonelada de chatarra establecido legalmente. Santiago Garzón, jefe de coordinación operacional de esta unidad de acopio, resaltó que la importancia del proceso tiene por objeto optimizar los espacios, si no hubieran colapsado. Con esta destrucción los centros de retención vehicular tendrían un 60 % de capacidad disponible a nivel nacional.

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Fiscalía abre investigación previa ante la entrega de ‘habeas corpus’ a uno de los procesados por el asesinato de Rubén Cherres

El Universo .- Álex M y José Z. son investigados como autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y otras tres personas, ocurrido en la provincia de Santa Elena. Días después de que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas aceptó el recurso de habeas corpus planteado por Álex M., uno de los dos procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más en una vivienda ubicada en Punta Blanca (Santa Elena), la Fiscalía abre una investigación previa sobre estos hechos ante la posible existencia de un delito de acción pública. El 19 de octubre pasado se emitió la boleta de excarcelación de un hábeas corpus que fue concedido por supuestos problemas de diabetes e hipertensión y por una operación de urgencia de uno de los hombros del procesado. La decisión fue tomada por un voto de mayoría de los jueces de la Sala Laboral de la Corte del Guayas, transformados en jueces constitucionales, Gina Jácome y Jorge Lindao. El voto de minoría fue emitido por el juez Carlos Pinto. En esa línea y para arrancar la indagación, desde la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía se envió un requerimiento de información al juez ponente del Tribunal que decidió respecto al habeas corpus. Le dio cinco días para que se remita copias certificadas del expediente de la acción constitucional de habeas corpus solicitada y resuelta.   La decisión de liberar a Álex M. mediante un recurso de habeas corpus fue apelada por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) y se encuentran a la espera de que exista una audiencia en la que jueces superiores en la provincia del Guayas revisen la decisión. En lugar de la medida cautelar de prisión preventiva, con el habeas corpus otorgado Álex M. debe cumplir una presentación periódica tres veces por semana y tiene prohibido salir del país. Paralelamente a la investigación previa abierta ante un posible prevaricato de los jueces que aceptaron el hábeas corpus a Álex M., la Fiscalía informó que concluyó la instrucción fiscal por el delito de asesinato ocurrido contra Cherres y otros, hecho suscitado el 31 de marzo pasado en la provincia de Santa Elena. Ante ello pide día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Álex M y José Z. ambos detenidos en Guayaquil el 13 de julio último. Al momento del crimen, Chérres era un empresario que era requerido por la Fiscalía y buscado por la Policía, luego que fuera señalado de ser parte de una supuesta red de corrupción con empresas del Estado relacionadas con el sector eléctrico. También era investigado por mantener nexos con supuestos narcotraficantes albaneses. Según la policía, José Z. viajó en un vehículo con placas falsas junto con tres personas desde Guayaquil hasta un balneario ubicado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Allí los había estado esperando Rubén Cherres y el otro sospechoso, Álex M. En una casa ubicada en el balneario de Punta Blanca, la mañana del 31 de marzo último, fueron encontrados maniatados y con signos de tortura los cuerpos sin vida del guardia de seguridad, de Joseline R., César A. y de Rubén Cherres. 

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Tribunal niega ‘habeas corpus’ a exjuez que devolvió los derechos políticos a Jorge Glas

El Universo .- John Rodríguez, exjuez de Yaguachi, es procesado por el presunto delito de prevaricato. El exjuez de Yaguachi John Rodríguez Mindiola interpuso un recurso de habeas corpus con el que pretendía evitar la orden de prisión preventiva en su contra, medida que fue dictada la semana pasada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas dentro de la investigación que se le sigue por el presunto delito de prevaricato. Sin embargo, este miércoles, 25 octubre, el pedido fue rechazado por el Tribunal de la Sala Especializada de Familia de la Corte del Guayas, de forma unánime. El Tribunal resolvió “declarar sin lugar la demanda de habeas corpus” presentada por la defensa de Rodríguez, “por no haberse probado sus argumentos relacionados a la falta de motivación de un auto de emisión de prisión preventiva”. 🔴 | El Tribunal de la Sala Especializada de Familia de @CorteGuayas, de forma unánime, resolvió NEGAR el Hábeas Corpus en el caso del ex juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez. ➡️ Esta decisión se basa en la legalidad de la prisión preventiva ordenada por @FabiGallardoR. pic.twitter.com/50rm2MrIZq — Corte Provincial de Justicia del Guayas (@CorteGuayas) October 25, 2023   John Rodríguez es investigado por prevaricato por haber otorgado medidas cautelares y restituido los derechos políticos a favor del sentenciado exvicepresidente de la República Jorge Glas. La audiencia de formulación de cargos se instaló el 19 de octubre, luego que en tres ocasiones pasadas no se instaló debido a pedidos de la defensa. La presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, dictó prisión preventiva para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. Por otro lado, Rodríguez fue destituido de su cargo por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que concluyó que el exjuez de Yaguachi, al haber beneficiado a Glas, cometió una infracción electoral grave porque interfirió en la Función Electoral. La sentencia del TCE quedó ejecutoriada el 17 de octubre.

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Fiscalía solicita fecha para juzgar a tres jueces por prevaricato

Primicias .- La fiscal Diana Salazar informó que se solicitó fecha y hora para formular cargos en contra de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas, por su presunta participación en el delito de prevaricato. El objetivo es sentar un precedente. “El país ha sido testigo de cómo los jueces, abusando de sus competencias, aceptaban acciones de protección a delincuentes para dejarlos en libertad o reformar sentencias”, indicó la fiscal General, Diana Salazar. La Fiscalía solicitó fecha y hora para sustentar la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Provincial del Guayas: Lenín Zeta, Yessi M. y Roberto A. Se trata de magistrados que habrían incurrido en el delito de prevaricato en un caso de abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia, según informó Salazar en un video institucional compartido en redes este 11 de octubre del 2023. Esta causa se deriva de la sentencia de la Corte Constitucional que señala que se desnaturalizó una acción de protección y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía del Estado. Con fecha 7 de junio de 2023, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dejó  claro que los jueces de garantías constitucionales podían ser procesados por prevaricar, recordó la fiscal. El 1 de septiembre pasado, la Fiscalía allanó los despachos de otros tres jueces de la Corte Provincial del Guayas, además de una vivienda. En ese caso, se trató de los magistrados de la Sala Penal, Pedro O., Reinaldo C. y Henry M.

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Judicatura destituye a jueza del cantón Montecristi, quien liberó de forma ‘irregular’ a 25 personas procesadas por femicidio, sicariatos, delitos sexuales…

El Universo .- La destitución de la jueza de Montecristi (Manabí), Gina Zambrano, llegó al determinarse que en incurrió en una falta gravísima de error inexcusable. El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), de forma unánime, resolvió la noche del lunes último destituir a la jueza del cantón Montecristi (Manabí) Gina Zambrano, luego que en un informe técnico determinó que la funcionaria judicial incurrió en un error inexcusable al haber liberado de manera irregular a 25 personas privadas de la libertad con sentencias condenatorias y medidas cautelares de prisión preventiva. Además de la destitución, por moción del vocal Fausto Murillo fue enviada una copia del expediente abierto contra Zambrano a la Fiscalía General del Estado para que se dé el trámite correspondiente a lo que podría ser un delito. Como parte de la imputación registrada en el informe técnico, la jueza hoy destituida, dentro de la tramitación de tres causas de medidas cautelares constitucionales autónomas, mediante resoluciones habría resuelto aceptar la solicitud de varias personas privadas de libertad en virtud del principio inter comunis y dispuso otorgar la libertad de 25 personas con sentencias condenatorias y medidas cautelares privativas de libertad vigentes, quienes se encontraban cumpliendo dichas condenas en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de diferentes provincias, pero mayoritariamente de Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja. El análisis técnico reveló que la jueza habría actuado sin competencia conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como habría dejado sin efecto la ejecución de órdenes judiciales contenidas en sentencias condenatorias, inobservando así el artículo 27 de la ley anterior e incurriendo en un error inexcusable, infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico dela Función Judicial (COFJ). El presidente del CJ, Wilman Terán, destacó la destitución impuesta por el pleno del organismo contra una jueza que “sin competencia alguna y de forma injustificada” liberó a presos relacionados con delitos sexuales, femicidios, sicariatos, muertes violentas, etcétera. Al acoger el informe motivado del área respectiva del CJ se decidió declarar que por las actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias no Penales y Adolescentes Infractores del cantón de Montecristi, provincia de Manabí, Gina Zambrano es responsable de la infracción disciplinaria de error inexcusable en la tramitación de las causas n.° 13338-2023-00002, 13338-2023-00021 y 13338-2023-00059, que corresponden a medidas cautelares autónomas en materia constitucional. Como parte de este sumario administrativo, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, mediante auto de 31 de mayo de 2023, emitió una declaración previa por error inexcusable declarado. Sobre este caso, la Fiscalía recordó que, en marzo pasado, inició de oficio una investigación previa contra la entonces funcionaria judicial. Esto se dio luego de que la institución conoció que Zambano ordenó la libertad de dos personas sentenciadas por femicidio que se encontraban en el CPL Turi, en Azuay. Dentro de esta investigación penal se han realizado varios allanamientos, entre ellos a las oficinas de Zambrano. Ahí se habrían obtenido elementos de convicción que sirvieron de base para solicitar una audiencia de formulación de cargos por el delito de prevaricato. Inicialmente se dispuso que la diligencia se realice el 7 de septiembre pasado, pero por dos ocasiones se ha diferido su instalación. La última convocatoria está hecha para el 10 de octubre próximo. “La destitución de la jueza en el cantón Montecristi, Gina Z., anunciada esta madrugada por el pleno del CJ, como un acto administrativo adecuado que se debería repetir en todos los casos de jueces que impidan la formulación de cargos y retarden los procesos, impidiendo las acciones que eviten la impunidad”, señaló la Fiscalía mediante un comunicado público.

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La jueza del caso de Trump en Washington rechaza la recusación que pedía el expresidente

El País .- La jueza Tanya Chutkan seguirá llevando el caso por el que se procesa a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado electoral en las elecciones presidenciales de 2020. En una resolución dictada este miércoles, Chutkan rechaza la recusación planteada por los abogados del expresidente, que la acusaban de tener un sesgo contra el acusado. La jueza asegura que Trump no ha demostrado que sea “imposible“ que lleve el caso con imparcialidad. Los abogados de Trump alegaban que estaba contaminada por declaraciones que hizo en distintas vistas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En una, Chutkan dijo a un acusado condenado a más de cinco años de prisión que había señalado “muy acertadamente” que la “gente que lo exhortó” y alentó a “salir a la acción y a luchar” no había sido acusada. Chutkan añadió que ella “no tomaba decisiones sobre a quién acusar” y no “tenía influencia sobre eso”. “Tengo opiniones, pero no son pertinentes”, añadió. Según los abogados de Trump, esas declaraciones mosraban prejuicios contra el expresidente. La jueza indica en su resolución de 20 páginas que el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina muy exigente para las recusaciones y abstenciones en la que exige que la imparcialidad sea imposible para tener que apartarse de un caso. “Las declaraciones ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo —el estándar para la recusación basada en declaraciones con origen intrajudicial”, indica. “Para empezar, cabe señalar que el tribunal nunca ha tomado la posición que la defensa le atribuye: que el ‘expresidente Trump debe ser procesado y encarcelado’. Y la defensa no cita ningún caso en el que el tribunal haya pronunciado esas palabras o algo similar. En cambio, la defensa interpreta la reiteración verbal del tribunal de los argumentos de Palmer y Priola [dos de los sentenciados por ella] sobre su culpabilidad relativa como ‘sugiriendo’ una ‘opinión central’ secreta sobre la criminalidad del acusado”, añade. La jueza explica el contexto de esas declaraciones. “Ambos acusados solicitaron una condena menor alegando que su culpabilidad por el asalto del 6 de enero era menor que la de otras personas a las que consideraban instigadoras del atentado, por lo que sería injusto que recibieran una condena completa mientras esas otras personas no eran procesadas. El tribunal estaba legalmente obligado no solo a considerar en privado esos argumentos, sino también a valorarlos públicamente”, afirma. El fiscal especial Jack Smith se había opuesto a la recusación de la jueza, nombrada para el cargo por el expresidente Barack Obama, señalando que los comentarios en que se basaba la petición de los abogados de Trump estaban sacados de contexto para tratar de mostrar un falso sesgo contra el expresidente. Chutkan fijó en agosto como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día clave en las elecciones primarias para las presidenciales del ese año. Si se cumple el calendario, sería el primer juicio penal que se celebra contra Trump. La jueza impuso a Trump algunos límites a sus declaraciones a mediados de agosto, pero que no han servido para que el expresidente se contenga. Sigue haciendo declaraciones incendiarias y lanzando mensajes en Truth, su red social, sobre los casos en que está imputado, incluido el de Washington. Los fiscales consideran que se ha embarcado en una campaña de desinformación y acoso contra fiscales, testigos y posibles jurados y pidieron hace dos semanas “una restricción estrecha y bien definida” que prohibiría a Trump hacer declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos”. También solicitaron impedirle hacer “declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas e incendiarias, o intimidatorias”. Los abogados de Trump se oponen a que dicte esa medida, amparándose en su libertad de expresión. La jueza aún no se ha pronunciado. En su pliego de cargos, el fiscal acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no le acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por los actos que emprendió para alterar él el resultado e impedir la proclamación de la victoria de Joe Biden.

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La Policía hace unos 80.000 arrestos al año, pero la población carcelaria no crece

Primicias .- El 29 de junio de 2023, la Policía capturó en Quito a tres sujetos por presunta extorsión. Pero fueron liberados, ya que la justicia les otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva. Casi dos meses después, el 15 de agosto fueron detenidos otra vez por el robo de un camión. También fueron liberados. Pese a ya tener medidas alternativas, otro juez se las ratificó. El 30 de agosto de 2023, estos mismos tres sujetos fueron parte de los criminales detenidos por poner dos coches bomba en sectores del norte de Quito. Tras ese crimen fueron procesados por terrorismo y ahora, por fin, están presos. Este y otros casos similares son la base de los reiterados reclamos de la Policía Nacional y el Gobierno en contra de las decisiones judiciales.   Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre 2017 y 2023, se han hecho 87.038 detenciones anuales en el país, en promedio. Fue 2017, con 98.192 arrestos el año en el que más capturas hizo la Policía. Entre enero y julio de 2023, en cambio, hubo 44.626 detenidos. Es decir, la Policía ha hecho unos 6.375 arrestos cada mes. Si ese promedio se mantiene, hasta fin de año la cifra podría cerrar en 76.502 capturados. Pese a estos datos de la productividad policial, los arrestos no se reflejan en la población carcelaria ecuatoriana. En el mismo período de tiempo (2017-2023), según datos del SNAI, la cantidad de personas en las cárceles de Ecuador no ha superado las 38.000. Incluso, lleva varios meses a la baja. A Flourish chart Más narcotráfico, menos narcos Ecuador atraviesa la peor crisis de seguridad de la historia. Las muertes violentas se han disparado y a finales de año, la tasa por cada 100.000 habitantes podría ser una de las peores de Latinoamérica. La tesis oficial del Gobierno es que estas muertes se relacionan, sobre todo, por ajustes de cuentas entre bandas que se dedican al narcotráfico. Y que se desatan por la alta efectividad en el decomiso de drogas. Ecuador ha incautado 501 toneladas de droga durante los últimos 27 meses, periodo en el que ha gobernado el presidente Guillermo Lasso, según los datos oficiales. Sin embargo, aunque hay más narcotráfico y más incautación de estupefacientes, no hay más detenidos por estos delitos. Las cifras señalan que entre enero y julio de 2023, la Policía capturó a 6.618 personas por crímenes asociados al narcotráfico. Si el promedio se mantiene, a finales de año, este número sería de 11.345. Lo que significaría un decremento del 3% frente de 2020, del 11% frente a 2021 y del 6% frente a 2022. Los arrestos en 2023 Según los datos oficiales, de los 44.626 detenidos que hubo en Ecuador entre enero y julio de 2023, la mayoría fueron jóvenes. 21.568 personas tienen entre 18 y 30 años. Esas cifras dan cuenta de que el 93% de los arrestados son ecuatorianos. El otro 7% se divide en varias nacionalidades. Aparte de la ecuatoriana, la nacionalidad que más tiene arrestos tiene es la venezolana, con 1.555 personas. En cuanto a la localización geográfica de los arrestos, Guayas y Pichincha -por su mayoría poblacional- son las provincias con mayor cantidad de detenidos. Luego vienen Manabí, Los Ríos y El Oro.  

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Walter Macías, a espera de que la Judicatura emita la acción de personal para retomar como juez casos como Sobornos 2012-2016 o Vocales

El Universidad .- La jueza Martha Vimos aceptó la acción de protección presentada por Walter Macías y lo reintegró a sus funciones como magistrado en la Corte Nacional. La decisión de la jueza de Pichincha Martha Vimos de dejar sin efecto la resolución del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) con la que se destituyó del cargo como juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a Walter Macías, le permite al magistrado retomar todas las causas que se mantuvieron en su despacho, el cual se mantuvo por aproximadamente 26 días a cargo de la conjueza nacional Mercedes Caicedo. La resolución a la que llegó Vimos se dio a conocer al mediodía del jueves 14 de septiembre pasado, luego de dos jornadas de audiencia en las que intervino Macías y su abogado, al ser quienes plantearon una acción de protección; la defensa del CJ, entidad en cuyo pleno con solo dos votos se aprobó la destitución del juez nacional; la Procuraduría General del Estado y al menos siete amicus curiae. Pocas horas más tarde, Macías ingresó a la Corte Nacional a retomar su despacho. El presidente del órgano más alto de justicia ordinaria del país, Iván Saquicela, le dio la bienvenida al magistrado y le entregó un mallete o mazo, uno de los símbolos más importantes de la autoridad de los jueces. Destacó que es muy importante para la democracia y para la Función Judicial el que en este caso haya imperado el derecho. “Walter (Macías) bienvenido a tú casa. Nos complace que mediante una decisión de una jueza hayas podido regresar a la CNJ. Sencillamente ha imperado la razón, la justicia y el derecho”. Aunque no pudo retomar inmediatamente su cargo como juez en la CNJ e incluso hasta las 11:00 de este viernes 15 de septiembre no se cumplía desde el CJ con la orden de reintegración inmediata, Macías agradeció la bienvenida de Saquicela y el apoyo de sus compañeros magistrados. El magistrado no entiende por qué no se ha cumplido la disposición si ya los representantes del CJ conocieron de la resolución oral de la jueza y más bien piensa que el haberse delegado a las áreas técnicas respectivas el cumplimiento de este fallo no es más que una estrategia dilatoria en el que se inicia un trámite burocrático para eludir la orden inmediata.   “Se ha hecho justicia desde el ámbito constitucional. Este es un hito para la independencia judicial. Este solo es un camino para que se evidencie que no podemos dejar que el Consejo de la Judicatura en este ámbito esté actuando de esta forma y quiera vilipendiar los derechos de las juezas y los jueces”, indicó Macías a su ingreso a la Corte Nacional.   Vimos dejó sin efecto la destitución adoptada en sesión extraordinaria del pleno de la Judicatura, el 19 de agosto pasado, con solo los votos del presidente del CJ, Wilman Terán, y el vocal del organismo Xavier Muñoz. Para la jueza ha sido evidente que en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos, al principio de participación ciudadana, el debido proceso, a la seguridad jurídica y a la falta de motivación.   Una vez se formalice el retorno de Macías a su despacho, él asumirá nuevamente la competencia en casos de connotación como el denominado Vocales, en el que son procesados los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya. El lunes último, la jueza Caicedo difirió por tercera ocasión la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los tres investigados y aún no existe fecha para la instalación de la diligencia. En esta causa Macías como juez fue recusado y también denunciado administrativamente ante una supuesta manifiesta negligencia por la vocal Barreno. En el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia de su compañero.   La investigación de este caso arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.   Macías a su regreso se reincorporará al Tribunal de Apelación en el caso del asambleísta Peter Calo, quien es acusado por el delito de violación contra una joven de 19 años; al Tribunal de Apelación en el caso China CAMC, en el que por el delito de cohecho son investigados el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, dos personas naturales y una jurídica; y a la Sala de Apelación conformada para analizar el recurso presentado por el exsecretario del Agua, Walter Solís, contra la sentencia de pirmer nivel en la que se le condenó a ocho años de cárcel por el delto de peculado.   El caso Sobornos 2012-2016 es otro de los casos en el que retomará la competencia Macías. El magistrado preside el Tribunal que ejecuta la sentencia por cohecho pasivo agravado contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios públicos y empresarios. Correa y Glas fueron sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación.   También volverá Macías a asumir funciones dentro del Tribunal de Casación en el caso de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia (Senain) durante el gobierno de Rafael Correa, quien recibió una sentencia de nueve años de cárcel por el plagio (secuestro) del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá (Colombia), en 2012. A inicios de agosto pasado se resolvió una recusación interpuesta por Romero contra el presidente de la Sala de Casación, Walter Macías. La defensa del líder de la Senain recusó al magistrado cuestionando la imparcialidad del juzgador. El recurso no prosperó, pues fue declarado sin lugar

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Brasil celebra el primer juicio contra los bolsonaristas que intentaron dar un golpe a Lula

El País .- La fiscalía, que pide 30 años para cuatro acusados, busca condenas ejemplares para neutralizar a los posibles imitadores El segundo domingo de 2023 el Tribunal Supremo de Brasil, un bello edificio acristalado, fue invadido y depredado por una turba violenta de bolsonaristas que, enarbolando la bandera nacional, tomó también el Congreso y la Presidencia, en Brasilia, en el ataque más grave contra la democracia brasileña desde la dictadura. La máxima corte se ha reunido este miércoles con la solemnidad de las ocasiones importantes para celebrar el primer juicio contra los golpistas. Han empezado por cuatro acusados detenidos in fraganti el 8 de enero, parte de la tropa de choque. La fiscalía los acusa de intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que aquel día cumplía una semana en el poder. “Intentaron deponer a un Gobierno legítimamente elegido con el pretexto de un fraude electoral”, ha recordado el número dos de la Fiscalía General de la República, Carlos Federico Santos, en su alegato. Los cuatros acusados afrontan penas que suman 30 años de cárcel y una indemnización por daños morales de 100 millones de reales (19 millones de euros). Unas 1.300 personas más están imputadas en este megacaso que está en manos del Supremo y que avanza a enorme velocidad. En un país muy garantista hacia los acusados, casi 130 personas llevan ocho meses encarceladas por un ataque cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.   La Fiscalía y el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, han dejado claro que pretenden imponer a los más violentos entre la turba condenas ejemplares con la vista puesta en disuadir a cualquiera que ose emular a los bolsonaristas que imitaron a los trumpistas. “Queremos mostrar al mundo que Brasil dejó de ser una república bananera, que es un Estado de derecho serio, que los golpes de Estado son una página ya cerrada de nuestra historia”, ha dicho el representante de la Fiscalía tras advertir de que “las noticias falsas siguen circulando y tenemos que aclarar [lo ocurrido] de una vez por todas”.   No estaban en la sala los acusados en este primer juicio (un informático que era funcionario, un ingeniero forestal y dos repartidores). Tienen entre 24 y 52 años y proceden en ciudades de São Paulo y de Paraná. Los delitos que se les imputan, como a cientos de los procesados, son abolición violenta del estado de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada y daños contra el patrimonio. Tres de ellos lo han seguido por videoconferencia desde la cárcel; el primero pidió estar presente en el juicio pero no fue autorizado. El cuarto está en libertad condicional.   El expresidente Bolsonaro, que aquel día estaba en EEUU, es investigado como instigador. Aquel domingo culminó una campaña sistemática del bolsonarismo para deslegitimar a las instituciones, cuestionar el proceso electoral y sembrar dudas sobre la victoria de Lula. Durante el juicio se han exhibido los vídeos que el acusado se grabó aquel día, vestido con una camiseta con el lema “intervención militar federal” y anunciando de que defecaría en el Congreso. Había llegado hasta allí desde São Paulo en bus con un grupo denominado patriotas. Durante la vista también se han mostrado otras imágenes del asalto, incluidas algunas grabadas en esa misma sala el día de autos, cuando una multitud de bolsonaristas arrasó con el sitio donde los togados tienen la última palabra sobre la justicia en Brasil. El Supremo es el edificio que con más saña atacaron, donde más caras han salido las reparaciones.   La primera jornada no ha bastado para concluir ni siquiera el juicio al primer acusado. La sesión ha estado marcada por el cuerpo a cuerpo dialéctico entre el juez Moraes y el abogado defensor de Aécio Lucio Costa Pereira, de 51 años. Desde la tribuna, el letrado ha proclamado que este “es un juicio político” y “la corte, ilegítima”. Y, perfectamente consciente de que la vista se retransmite en directo por televisión, ha recalcado que su cliente lleva ocho meses preso sin poder ver a su esposa e hijos porque las normas carcelarias exigen la cartilla de vacunación y han decidido no inmunizarse. “Lo considero tortura psicológica”, ha dicho.   Moraes ha echado mano de la ironía para contrarrestar el relato de que el acusado iba en son de paz a defender su libertad. “Hablamos de golpistas”, ha recalcado el juez. “Porque en ese relato negacionista, parece que el 8 de enero tuvimos un domingo en el parque de una multitud que de repente dijo: ‘¡Hala, vamos a invadir un poco!”. Famoso por los superpoderes que le han sido otorgados en nombre de la defensa de la democracia y por sus métodos de shérif, Moraes quiere asegurarse de neutralizar el riesgo de que la democracia brasileña sufra un nuevo ataque. Como las deliberaciones de la máxima corte también son públicas, el voto de los dos primeros magistrados ha puesto en evidencia que no existe unanimidad en el tribunal sobre la dureza de la condena. Moraes pide para el primero 17 años, mientras uno de sus colegas solicita 2,5 años porque solo lo castiga por dañar el patrimonio y lo absuelve de los delitos golpistas. La sesión continúa este jueves con los votos restantes. Los juicios por los actos antidemocráticos han empezado con cuatro acusados de ejecutarlos. Ciudadanos de a pie que, intoxicados por una sobredosis de falsedades, muchas agitadas machaconamente por el ultraderechista Jair Bolsonaro desde la Presidencia. La idea es que, más adelante, se sienten en el banquillo los que contribuyeron a la asonada, pero sin mancharse las manos: los autores intelectuales, los financiadores y las autoridades que hicieron dejación de funciones. Recientemente, toda la cúpula de la policía militar de Brasilia fue detenida y encarcelada. Y su jefe inmediato, Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, está en libertad condicional. Oficializado el triunfo de Lula el 30 de octubre, miles de seguidores del derrotado presidente ultra acamparon ante cuarteles por todo Brasil reclamando a los militares que impidieran un tercer mandato de

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Corte Provincial aceptó apelación de Wilman Terán en contra del Gobierno

El Universo .- El presidente del Consejo de la Judicatura reclama recursos para la Función Judicial. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó parcialmente la apelación que interpuso Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en calidad de ciudadano para exigir al Gobierno que transfiera recursos para la Función Judicial.   El proceso inició en abril, cuando Terán presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, con la finalidad de que el Ejecutivo pague a $ 265,6 millones como medida de reparación integral para funcionarios, exservidores judiciales, abogados y usuarios que se han visto afectados por la falta de recursos en la Función Judicial. El monto era equivalente equivalentes al déficit presupuestario del sistema. La demanda se resolvió el 21 de abril. La jueza que atendió la causa decidió que se vulneró parcialmente el derecho de acceso a la justicia, pero no falló a favor de que el Ejecutivo transfiera el dinero. En su lugar, la magistrada dispuso que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) instalen mesas técnicas para establecer qué proyectos serán priorizados.   Ahora, casi cinco meses después, el 7 de septiembre la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia que aceptó parcialmente la apelación de Wilman Terán, también rechazó apelaciones que impulsaron el Ministerio de Economía y la Defensoría del Pueblo. Además, la Sala Penal dispuso como medida de reparación integral que la Presidencia de la República, por intermedio del MEF, en un plazo de 15 días consigne a la Judicatura el monto correspondiente al déficit del gasto corriente y de inversión para 2023. El Consejo de la Judicatura presentará informas técnicos sobre el presupuesto de la Función Judicial para 2024, los cuales serán considerados por la Presidencia y la Secretaría Nacional de Planificación.   El propósito es que se coordinen acciones para que el presupuesto cumpla con los requerimientos de la Función Judicial. Para ello, se tomará en cuenta los egresos permanentes que sean prioritario para la administración de la justicia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y la independencia judicial.   Uno de los argumentos del reclamo de Terán ha sido que en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de $ 200 millones, perjudicando el acceso gratuito a la justicia a la ciudadanía. Que esto ha provocado que existan 7.498 procesos judiciales en los cuales las partes no pueden tutelar sus derechos por falta de gestión de la diligencia de citación.

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