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Ecuador: diciembre 14, 2024

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Ecuador, diciembre 14, 2024
Ecuador Continental: 17:37
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Ecuador, diciembre 14, 2024

Juez de Guayas concede acción de protección a Agunsa por el Puerto de Manta

Primicias .- La Autoridad Portuaria de Manta deberá realizar una publicación donde aclare que «no existió incumplimiento alguno por parte del accionante» en la concesión del puerto manabita. El juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil, Oswaldo Dávila, concedió la acción de protección con medidas cautelares que la multinacional chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), operador del Terminal Portuario Manta (TPM), interpuso contra la Autoridad Portuaria de Manta (APM) y otras entidades del Estado ecuatoriano. La audiencia se instaló en un tercer intento, este 1 de diciembre de 2023, a las 09:00. Agunsa interpuso esta acción, alegando que los inversionistas extranjeros no sienten seguridad jurídica. Esto, luego de que Autoridad Portuaria denunciara presuntas irregularidades en el contrato de Delegación del Puerto de Manta. Es decir, con la medida concedida a la chilena Agunsa, APM no podrá continuar con cualquier procedimiento administrativo interno que permita ejercer la facultad de control sobre el contrato suscrito entre las partes. Además, como medida de reparación, APM deberá realizar una publicación de prensa donde aclare que «no existió incumplimiento alguno por parte del accionante«. La Autoridad Portuaria apeló la decisión. La medida fue interpuesta por Agunsa, luego de que la Autoridad Portuaria de Manta denunciara presuntas irregularidades en el contrato de Delegación del Puerto, relacionadas con la transferencia del paquete accionario. La institución señaló que la delegación a la multinacional chilena genera pérdidas al Estado por inequidad en la distribución de recursos.

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TCE ejecuta sentencia contra juez que restituyó derechos políticos a Jorge Glas

Primicias .- Además de ser destituido del cargo, el juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez, debe pagar una multa y pierde sus derechos de participación por cuatro años. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el 17 de octubre del 2023 la ejecución de la sentencia en contra del juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez Mindiola, quien restituyó derechos políticos a Jorge Glas, el exvicepresidente condenado por corrupción. En la providencia, el juez Joaquín Viteri concedió un plazo de cinco días hábiles al Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que procedan a la aplicación de las sanciones contra el exjuez. Además de la destitución del cargo, Rodríguez Mindiola deberá pagar una multa de USD 31.500 y tendrá suspendidos por cuatro años sus derechos de participación política. El juez fue denunciado por presunta infracción electoral «muy grave» el 10 de junio de 2023, un día después de haber restituido los derechos a Jorge Glas. La denuncia fue presentada por el Néstor Marroquín, del colectivo Defiende Tu Voto, quien fue notificado el 17 de octubre de 2023 sobre la ejecución de la sentencia. El juez fue sentenciado por interferir en el funcionamiento de la Función Electoral, tipificada en el artículo 279, numeral 7, de la Ley Orgánica Electoral. Esto representa una infracción muy grave, por lo que recibió la máxima sanción permitida por la Ley.

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Juan J. Morillo acepta su inhabilidad para seguir en la Judicatura

Primicias .- El juez nacional Walter Macías llamó a juicio por supuesto tráfico de influencias a Ruth Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura, el 28 de septiembre de 2023. La decisión la tomó después de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que por más de 12 horas tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia. El proceso incluye al juez de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, quien también será juzgado. El llamamiento a juicio contra los tres procesados implica que no podrán seguir actuando como vocales de la Judicatura y como juez, respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal. Para esto, Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, registre la prohibición de ejercer cargos. Esto se desprende del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), donde estipula las inhabilidades para que una persona pueda ser nombrado o desempañar un cargo en la Función Judicial. La tercera inhabilidad se configura si el funcionario “hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto”. Esto aplica para tráfico de influencias. Los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno (derecha), junto al presidente Wilman Terán, durante una reunión con la Federación Latinoamericana de Magistrados, el 16 de febrero de 2023, en Quito. Twitter / @CJudicaturaEc Además, sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el juez Walter Macías dio paso a la orden de prisión preventiva en contra de la vocal de Ruth Barreno, ya que hay indicios de que las medidas alternativas no son suficientes y es necesario su arresto para que se garantice su presencia en el juicio. También, el magistrado dictó medidas de protección en favor de Wilson Toainga y Jefferson Aquieta, porque son los fiscales que están actuando en el caso y están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Judicatura y Morillo acatan el fallo Casi 11 horas después de que el juez Walter Macías dictara el auto de llamamiento a juicio en contra de Morillo, Barreno y Jhayya, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado oficial. La entidad informó que ha sido notificada por Macías con el contenido de la decisión. El oficio fue enviado a las 02:02 del mismo 28 de septiembre de 2023. En tal razón, la Judicatura informó que la Dirección General “cumplirá en su integralidad y de manera inmediata, de conformidad con los procedimientos administrativos de rigor, la orden judicial de la autoridad competente”. La institución agregó que las áreas técnicas están encargadas de instrumentar las diferentes acciones. Minutos después de conocerse que la Judicatura cumpliría integralmente y de inmediato el fallo de Macías. Además, en horas de la tarde del 28 de septiembre, Juan José Morillo difundió un comunicado. El funcionario explicó que, sin que signifique que renuncia a su cargo, acatará la decisión del juez Macías respecto a la inhabilidad para ejercerlo temporalmente. También, Morillo adelantó que en el juicio intentará probar que no existió ningún delito en sus acciones. Hasta el momento, Barreno no se ha pronunciado. Tampoco se ha ejecutado la orden de captura en su contra. La audiencia En la audiencia, los abogados de Barreno y Morillo solicitaron la nulidad de todo lo actuado, quienes argumentaron falencias en el proceso de investigación, lo que fue rechazado por el juez Macías, que declaró “la validez procesal de todo lo actuado hasta este momento”. En su intervención, la fiscal General, Diana Salazar, adujo que existen motivos suficientes para llamar a juicio a los implicados. Los responsabilizó de haber buscado impedir la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Lori, con la colaboración del juez Jhayya. “Ejercieron influencia para obtener una resolución que genere un beneficio inmaterial, favorable y célere, dentro de la acción de protección”, dijo la Fiscal. Esta nota se publicó originalmente a las 1:03 del 28 de septiembre de 2023 y se actualizó a las 16:23 del mismo día con el comunicado de Morillo.

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Dos vocales de Judicatura van a juicio y no podrán seguir en sus puestos

Primicias .- La decisión se tomó al concluir la audiencia preparatoria de juicio. El Ministerio de Trabajo debe ejecutar la destitución del Consejo de la Judicatura de Juan José Morillo y Ruth Barreno, de sus cargos de vocales. Barreno además deberá cumplir prisión preventiva. El juez nacional Walter Macías llamó a juicio por supuesto tráfico de influencias a Ruth Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura, el 28 de septiembre de 2023. La decisión la tomó después de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que por más de 12 horas tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia. El proceso incluye al juez de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, quien también será juzgado. El llamamiento a juicio contra los tres procesados implica que no podrán seguir actuando como vocales de la Judicatura y como juez, respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal. Para esto Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, la prohibición de ejercer cargos. Esto se desprende del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), donde estipula las inhabilidades para que una persona pueda ser nombrado o desempañar un cargo en la Función Judicial. La tercera inhabilidad se configura si el funcionario “hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto”. Esto aplica para tráfico de influencias. Los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno (derecha), junto al presidente Wilman Terán, durante una reunión con la Federación Latinoamericana de Magistrados, el 16 de febrero de 2023, en Quito. Twitter / @CJudicaturaEc Además, sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el juez Walter Macías dio paso a la orden de prisión preventiva en contra de la vocal de Ruth Barreno, ya que hay indicios de que las medidas alternativas no son suficientes y es necesario su arresto para que se garantice su presencia en el juicio. También, el magistrado dictó medidas de protección en favor de Wilson Toainga y Jefferson Aquieta, porque son los fiscales que están actuando en el caso y están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura. La audiencia En la audiencia, los abogados de Barreno y Morillo solicitaron la nulidad de todo lo actuado, quienes argumentaron falencias en el proceso de investigación, lo que fue rechazado por el juez Macías, que declaró “la validez procesal de todo lo actuado hasta este momento”. En su intervención, la fiscal General, Diana Salazar, adujo que existen motivos suficientes para llamar a juicio a los implicados. Los responsabilizó de haber buscado impedir la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Lori, con la colaboración del juez Jhayya. “Ejercieron influencia para obtener una resolución que genere un beneficio inmaterial, favorable y célere, dentro de la acción de protección”, dijo la Fiscal.  

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Juez Walter Macías contraataca y denuncia a titular de Judicatura

Primicias .- El magistrado, removido por dos de los cinco vocales del órgano de gobierno de la Función Judicial, aduce que hay una «persecución administrativa» en su contra. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, a quien dos de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura lo destituyeron del cargo, recurrió a la Fiscalía General del Estado este 7 de septiembre del 2023. Macías pidió a la Fiscalía que investigue una “persecución administrativa” en su contra por parte de funcionarios de la Judicatura, entre los que aludió al presidente de este organismo, Wilman Terán. Según el juez, los pronunciamientos de Terán “evidencian actos que atentan al ordenamiento jurídico, los cuales son dirigidos de forma sistemática” para afectarlo “y denotan conductas que deben ser investigadas en el ámbito penal”. Lo sucedido con este juez ha derivado en un enfrentamiento institucional entre la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, que reprochan las actuaciones de Terán. Macías tramitaba un proceso penal en contra de dos vocales de la Judicatura por supuesto tráfico de influencias. A su juicio, detrás de todo esto hay un afán de echar abajo el caso Las Torres, que involucra al excontralor, Pablo Celi, y otros exaltos cargos del Gobierno pasado.

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Allanan despachos de jueces de la Corte de Guayas por presunto prevaricato

Primicias .- Junto a la Policía Nacional, la Fiscalía allanó los despachos de tres jueces de la Corte Provincial de Guayas, por su presunta participación en el delito de prevaricato.   La Fiscalía investiga un caso de prevaricato y como parte de las indagaciones, se realizaron varios allanamientos en los despachos de tres jueces de la Corte Provincial del Guayas, y en la vivienda de uno de los magistrados, desde la madrugada del 1 de septiembre.   Según indicó la Fiscalía, las oficinas allanadas en la Corte, en Guayaquil, pertenecen a los jueces de la Sala Penal, Pedro Ortega, Reinaldo Cevallos y Henry Morán. Además, el canal Teleamazonas informó sobre otro allanamiento en el mismo caso, en el domicilio de uno de los magistrados, ubicado en la parroquia La Aurora, en Daule.   En este operativo, dos guardias de seguridad privada de la urbanización fueron retenidos por tratar de impedir el ingreso de policías y agentes fiscales.   Pero los jueces involucrados en el presunto prevaricato no son desconocidos, porque integran la Sala Penal que el 24 de agosto falló a favor del juez Diego Poma.   Este último prohibió el traslado de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, desde la cárcel Regional, en Guayaquil, a cualquier otro centro carcelario, en octubre de 2021.   Con base a esta decisión, será Poma quien deberá decidir si Macías continúa en la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca’ o regresa a la Regional.

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Fiscalía formulará cargos al exjuez que restituyó los derechos políticos de Glas

Primicias .- El exjuez Jhon Rodríguez Mindiola es investigado por el presunto delito de prevaricato, tras haber restituido los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas.   La Fiscalía solicitó este lunes 28 de agosto de 2023, a la presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra el exjuez Jhon Rodríguez Mindiola, quien restituyó los derechos políticos del exvicepresidente Jorge Glas.   Jhon Rodríguez Mindiola era juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi (Guayas) y es investigado por el presunto delito de prevaricato.   Según la Fiscalía, el exmagistrado “habría otorgado –de forma irregular– medidas cautelares en favor del exvicepresidente de la República”, el 9 de junio 2023, con las que se le restituyeron los derechos políticos de participación en asuntos de interés público. Rodríguez había otorgado una medida cautelar a favor de Glas, para revertir la pérdida de los derechos políticos después de haber sido sentenciado por corrupción.   Esa acción llevó a que el Tribunal Contencioso Electoral lo destituya de su cargo el pasado 24 de agosto, por “interferir en el funcionamiento de la Función Electoral”, tipificada en el artículo 279, numeral 7, de la Ley Orgánica Electoral.

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Helicópteros Dhruv: los cuestionamientos al juez Luis Rivera no cesan

Expreso .- Abogados, exjueces y exfiscales analizan la actuación al dictar sobreseimiento a 18 procesados. El judicial dijo que no hubo peculado en el caso.   El ‘principio sagrado’ en la administración de justicia que los abogados esperan que se cumpla es tener un juez independiente. Eso quiere decir que no tenga ningún prejuicio, que no haya conocido nada del caso anteriormente y que resuelva con lo que le actuaron en el proceso y aplicando la ley. Es el criterio de la penalista y catedrática universitaria Paulina Araujo al analizar la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera, quien el lunes 19 de junio sobreseyó a 18 procesados por posible peculado en el caso de la compra de los helicópteros Dhruv que se hizo durante el correísmo. Y eso, al parecer, no habría ocurrido en el caso de los Dhruv. ¿La razón? El mismo día en el que Rivera mencionó que como la aseguradora pagó el siniestro de cuatro de siete aeronaves no hubo perjuicio para el Estado y tampoco peculado Patricia Ochoa, viuda de Gabela, mostró que no era un juez imparcial. Ella afirmó que en el 2013 el actual juez fue abogado de la Secretaría de Transparencia de Gestión cuando aún formaba parte del Comité Interinstitucional que creó Rafael Correa para investigar el caso Gabela. Por esta circunstancia y hasta para no dejar ninguna huella o alguna duda de sus actuaciones Araujo piensa que Rivera debió excusarse porque ya tenía algún conocimiento del caso. Ni en la época correísta fallaban tanto como lo hacen ahora. Nunca se fueron. Boicotearon todo. Parece que los 10 meses no fueron de gana, viene todo calculado.   Paulina Araujo, penalista Aunque el fallo no se ha notificado, uno de los argumentos para llegar a la conclusión de que no hubo perjuicio para el Estado fue porque el seguro cubrió el valor de los Dhruv “eso es ya llegar al absurdo”, señala. Añadió: “decir que no hay delito eso es un desconocimiento penal profundo de lo que implica el delito de peculado”. Concluye que el verbo rector del peculado es abusar de fondos públicos y en el caso de la compra de los Dhruv hubo un vicio completo en una contratación de objetos inservibles y que el general Jorge Gabela alertó que tenía anomalías. Para el jurista Miguel Revelo los militares involucrados distrajeron dineros públicos a su beneficio, los elementos de convicción los tiene la Fiscalía y por lo tanto había que llevar los hechos a juzgamiento. Revelo espera que como la Fiscalía apeló la resolución un nuevo juez conozca y resuelva y se dicte el auto de llamamiento a juicio. Pero está consciente que “todos sabemos que en el Ecuador los tiempos de la justicia se manejan con los tiempos electorales”. En eso coincidió Araujo en que fue extraño que al juez le tome más de 10 meses analizar el caso y emitir la resolución. Para el exjuez Luis Fernández el fallo de Rivera “solo denota la descomposición ética y moral que impera en la justicia ecuatoriana”. Indicó que se ha observado que la compra de los Dhruv, donde murieron personas, hubo lesionados y tres están inservibles demuestran que compraron completa chatarra. El exmagistrado Mauro Terán de la Corte cree que es muy grave y peligrosa la tesis del juez Rivera, “porque es torpe señalar que no hubo peculado porque el seguro cubrió las pérdidas. El peculado está en los sobreprecios y en el enriquecimiento de los actores, compradores. La ley no condiciona la existencia del delito a la existencia de un seguro”. Esta es una grave apología del delito, porque está diciendo que si el bien está asegurado, robe nomás que el seguro paga. Esta es una flagrante apología de la impunidad.   Mauro Terán, exmagistrado de la Corte Un exfiscal general que pidió la reserva de su nombre manifestó que normalmente este tipo de expedientes que tienen exposición mediática son complejos de abordar, porque existen muchos criterios y hasta en ocasiones, presiones sobre las decisiones que toman los jueces. Pero para la penalista Paulina Araujo parece que todo tiene un tiempo y que los 10 meses que se tomó el juez en analizar el fallo no fueron en vano y “tienen muy bien activado el tiempo de cuando ya está caminando el otro proceso por la muerte de Gabela ahí sí sacan esto (la resolución en el caso de los Dhruv).

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Daniel Salcedo: Juez de Quevedo ordena que le devuelvan un auto y 5 cuentas bancarias al hombre que debería volver a la cárcel

EL COMERCIO .- Un juez penal de Quevedo, Carlos Bowen, emitió una resolución a favor de Daniel Salcedo, quien enfrenta procesos judiciales por presuntos actos de corrupción en la pandemia del covid-19.  Este domingo 2 de abril del 2023 se conoció que el magistrado dispuso a la empresa pública Inmobiliar que devuelva un automóvil a Salcedo, el cual estaba retenido y además que se liberen sus cuentas bancarias.   En la resolución del juez consta que Inmobiliar tiene un plazo máximo de cinco días para devolver a Salcedo su automóvil y el mismo plazo tiene un banco que liberar toda “retención, bloqueo o incautación” de al menos cuatro cuentas bancarias que posee el sentenciado.   El juez Bowen aceptó una devolución parcial de bienes, pues la defensa de Salcedo inicialmente pidió la devolución de otro auto y de varias propiedades ubicadas en Santa Elena.     La liberación de Daniel Salcedo   En diciembre del 2022, Daniel Salcedo salió de la Cárcel 4 de Quito después de que un juez del cantón Paján, en Manabí, dispuso su inmediata libertad. Ese magistrado consideró que en cinco procesos penales caducó la prisión preventiva.   El 16 de marzo del 2022, un Tribunal de la Corte del Guayas redujo la condena de cuatro años de cárcel a pena cumplida a favor de Daniel Salcedo, en el proceso judicial por fraude procesal.   Salcedo tiene otras sentencias por los delitos de peculado e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Además, está procesado por delincuencia organizada.   El 5 de julio del 2021, por ejemplo, fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de peculado por la compra irregular de insumos médicos en el hospital Los Ceibos del IESS.   

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Daniel Salcedo salió de la cárcel; juez concedió libertad

El Snai confirmó que Daniel Salcedo saldrá de la Cárcel 4 de Quito después de que un juez del cantón Paján, provincia de Manabí, resolvió otorgarle la inmediata libertad tras considerar que en cinco procesos penales caducó la prisión preventiva. El juez Simón García emitió la respectiva boleta de excarcelación que fue recibida en la Cárcel 4 de Quito. El Snai dijo que este documento es válido y en ese sentido se procedió con la libertad de Daniel Salcedo. No obstante, el Snai dice que presentará la revocatoria al auto que concede la libertad «por considerarlo contrario al derecho». «Así también, se reserva el derecho de presentar la respectiva queja ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura a fin de que se investigue el accionar judicial en esta causa», dice un comunicado del Snai. Salcedo enfrenta cinco procesos penales: peculado, fraude procesal, delincuencia organizada, lavado de activos e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. De esas cinco tres tienen sentencia de primera instancia. Una de tres años por ingresar un celular a la Cárcel 4. Otra de 13 años por peculado y una última de cuatro años por fraude procesa. Sin embargo, el juez consideró que estas sentencias no son definitivas y otorgó la «libertad inmediata» porque Salcedo a su consideración seguía en prisión preventiva y estas órdenes caducaron. El abogado Rodrigo Vimos fue quien pidió medidas cautelares para Daniel Salcedo el 8 de diciembre en Paján.

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