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Proponentes de juicio político son ineptos, según jurista Ramiro García

Nacionales, Política / /

Es impresionante la ineptitud de los asambleístas, que impulsan el juicio político del presidente Guillermo Lasso. Así lo afirmó el penalista Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”. García hizo notar que, si suman a los legisladores que respaldaron la interpelación y a todos sus asesores, tenemos a más de 100 personas. Y ni así fueron capaces de elaborar un proceso de la forma correcta. Con mayor razón cuando las pruebas son tan débiles. El jurista recordó que la Corte Constitucional, en su dictamen de admisibilidad, solo aceptó que se juzgue a Lasso por presunto peculado en los contratos de Flopec. Y ahora resulta que no hubo tales contratos, lo que significaría que no hay motivos para el juicio político. García también cuestionó a la defensa del mandatario, que en su momento debió mostrar ese detalle ante la Corte Constitucional, con lo cual el proceso se habría caído sin remedio. Más allá de los graves errores cometidos por los acusadores, el jurisconsulto reconoció que Lasso necesita de urgencia cambiar su hoja de ruta, y dar solución a los graves problemas sociales y económicos del país. El principal, dijo, es el de la inseguridad, al punto que muchas familias ya ni siquiera se atreven a salir de sus casas, por temor a ser blanco de la delincuencia. García no descarta como solución la muerte cruzada, pues eso le daría algo de tiempo al presidente, para trabajar de forma segura, sin el permanente acoso de una Asamblea Nacional en contra.

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«Solo presunto peculado». Asambleísta Ana Belén Cordero advierte que no se aceptarán otros temas en juicio político a Lasso

Nacionales, Política / /

La Corte Constitucional podría destituir a los asambleístas, que durante el juicio político al presidente Guillermo Lasso, presenten acusaciones ajenas a la única aprobada: presunto peculado en contratos de Flopec. Así lo recordó la legisladora de CREO, Ana Belén Cordero, en diálogo con “Punto de Orden”. Cordero precisó que los acusadores que no acaten el dictamen de la Corte Constitucional, podrían caer en desacato, y por tanto perder sus curules. Ese podría ser el caso del social cristiano Luis Almeida, que amenazó con presentar una acusación sobre supuestas irregularidades en el manejo de bonos de deuda externa. Cordero lamentó la “ignorancia” de Almeida. La asambleísta, también vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, agregó que muchas de las pruebas presentadas por los proponentes de la interpelación, carecen de peso. Por ejemplo, conversaciones donde no se toca el tema Flopec, y enlaces a páginas web que no presentan pruebas del presunto delito. En cambio, habrá que escuchar a quienes fueron llamados a declarar. Hay 3 exgerentes de Flopec y el actual, el contralor del Estado, el ex procurador y los 9 miembros de la Comisión de Régimen Económico de la propia Asamblea, así como un asesor y un ex asesor de la parlamentaria Mireya Moscoso. Para Cordero, lo que hace la oposición es tratar de pescar a río revuelto, pues como no hubo peculado, carecen de argumentos. Inseguridad, preocupante En otro tema, la asambleísta mostró su preocupación por el nivel de inseguridad que existe en el país. A su criterio, hay bandas delictivas que aprovechan la crisis política, para realizar sus actividades criminales. Una opción para combatir este problema, dijo, es que la Fiscalía actúe de oficio en determinados delitos, tomando en cuenta que muchas veces las víctimas se niegan a denunciar, por temor a represalias.

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FUT anticipa movilización masiva contra el Gobierno el Día del Trabajador

Nacionales / /

EL COMERCIO .- El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó este 11 de abril que preparan una movilización nacional para el próximo 1 de mayo, que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Señalan que la solución a los problemas en el país es la salida de Guillermo Lasso y su Gobierno. “El decreto sobre el libre porte de armas implica que el Estado se deshace y entrega en responsabilidad del pueblo, que no tiene para comprar medicinas, alimentos, educación, el cuidado de la vida”, pronunció Marcela Arellano, presidenta del FUT, en una rueda de prensa.   Dijo que en esa “guerra” el pueblo estará en peores condiciones. “Por eso salimos a un 1 de mayo por la seguridad, el trabajo y la vida. Será un 1 de mayo masivo”, anticipó la dirigente.   El sector obrero utiliza esa fecha a nivel mundial para protagonizar una jornada de reivindicaciones de los derechos laborales.   En Quito, la concentración de los sindicalistas será a partir de las 08:30 en los exteriores de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El recorrido inicial proyectado es tomar la avenida 10 de agosto, seguir por la Guayaquil y avanzar hasta la Plaza de San Francisco, según mencionó el vicepresidente del FUT, José Villavicencio. En las provincias, cada filial sindical decidirá sus horarios y puntos de concentración, así como la ruta a seguir.   Salida de Guillermo Lasso como solución El FUT plantea la necesidad de diseñar una política pública que implique una concertación nacional. Un nuevo diálogo con el actual Gobierno de Lasso no es posible, dijo Arellano, al cuestionar que este se levantó de la mesa donde se discutían las reformas laborales.   Los dirigentes no tienen confianza en el Ejecutivo. Por ello, buscarán dialogar “con los actores del mundo del trabajo para plantear una política pública que implique combatir la delincuencia”.   Pero para eso “es necesario contar con poderes públicos que aseguren el cuidado de la vida, por eso estamos demandando la salida de Lasso”, destacó Arellano.   Explicó que la salida del actual Mandatario permitirá generar esa concertación nacional, de lo contrario las organizaciones sindicales crearán una hoja de ruta para exigir al Estado y demás instituciones públicas la protección de la vida.   “En este momento, el Estado no está protegiendo la vida de la gente. Está protegiendo instituciones. Es necesario cambiar esta política pública”, sostuvo.   Critican al Fernando Villavicencio Para el vicepresidente del FUT, el Gobierno es sordo a las necesidades de la sociedad, mientras que los legisladores en la Asamblea Nacional se dedican a facturar y “eso es inaceptable”. Cree que el Legislativo debe fiscalizar sin considerar «favores personales ni políticos”. En ese contexto, criticó a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. “Se está convirtiendo en juez y está defendiendo a su amo, que es el presidente Lasso”, agregó sobre la sustanciación del juicio político que se encuentra en manos de esa mesa legislativa.   Si se demuestra que el Mandatario está involucrado en temas de corrupción, tiene que dar un paso al costado, esa es la exigencia, reiteró el dirigente.   Anteriormente, el ministro de Gobierno aseguró que renunciar no está en los planes del Jefe de Estado, pero podría dejar Carondelet si con el juicio político se concreta la destitución. Entonces, por sucesión, asumiría el cargo Alfredo Borrero. Por el momento, el FUT no plantea la renuncia del Segundo Mandatario.   “El Ejecutivo y el legislativo no deben jugar con la ira del pueblo ecuatoriano, que tenemos el derecho a la resistencia”, advirtió la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas.

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Abogado de Guillermo Lasso habla de ‘violaciones’ al procedimiento del juicio político

Nacionales / /

EL COMERCIO .- Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso, dijo este 11 de abril de 2023 que en la sustanciación del juicio político se irrespetan las reglas básicas del debido proceso. Advirtió que observará la existencia de violaciones al procedimiento y que incumplir el dictamen de la Corte Constitucional (CC) traería consecuencias. “Nosotros no consideramos que las cartas están echadas porque apelamos a esa sensibilidad patriótica y cívica de los comisionados y asambleístas”, expresó en radio Sucesos respecto a la faculta fiscalizadora del Legislativo.   Neira espera que esa facultad “se ejerza con el mínimo de rigurosidad, de seriedad y de apego a la norma jurídica”, al ser el enjuiciamiento del Primer Mandatario “un tema delicado”. Manifestó que esa es la línea de defensa técnica que se mantendrá frente a la sustanciación del juicio político.   Sin embargo, hizo una aclaración. “Estaremos atentos a las infracciones, a los excesos o a las violaciones del procedimiento, si es que estas continúan produciéndose”.   Los principales argumentos que maneja Neira es la inexistencia del delito de peculado, por el que se acusa a Lasso, y la falta de responsabilidad política.   Neira acudió el 10 de abril a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa aprobó la actuación de 68 pruebas de oficio en la sustanciación de la solicitud de juicio, 60 de ellas de tipo documental y ocho comparecencias.   Tras esa sesión, Neira concluye que “parecería que en el ánimo de los asambleístas no está el respetar el dictamen de la Corte Constitucional”. Por lo que insistirá en la presentación de las solicitudes probatorias dentro de los plazos legales, es decir los 10 días. Ese tiempo que culmina el próximo 16 de abril.   Abogado habla del dictamen de la CC El abogado de Lasso exigirá que la clase política cumpla con la legalidad “más allá de los afectos y desafectos políticos”. La Corte Constitucional en su dictamen de admisibilidad permitió el enjuiciamiento a Lasso solo por el delito de peculado. El máximo órgano desechó dos acusaciones por concusión.   Neira puntualizó que, si los asambleístas se apartan del dictamen de la CC, eso traerá consecuencias jurídicas. “La CC deberá dar seguimiento al cumplimiento de ese dictamen y tomará las decisiones que correspondan, respecto del comportamiento de esos legisladores”.   La Corte puede actuar de oficio para hacer cumplir sus dictámenes, también tiene la facultad de decidir a partir de las peticiones que formulen los asambleístas o el Presidente de la República, comentó Neira.   El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ya envió el 7 de abril un oficio al presidente de la CC. Solicitó que “realice el seguimiento a la ejecución del dictamen de admisibilidad parcial del juicio político por un presunto peculado en contra de Lasso”.   Frente a esa petición lo que cabe, según Neira, es esperar una respuesta de la CC o que el organismo esté atento al comportamiento de los legisladores.   Consecuencias por incumplimiento Neira evitó profundizar en las consecuencias jurídicas para los proponentes del juicio político por incumplimiento del dictamen.   Pero comparó el caso con el desenlace que tuvieron los siete exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcccs). La Corte destituyó a todos por incumplir con un dictamen sobre la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura.   El jurista, además, sostiene que hay un error de parte de la CC al mencionar que la Contraloría en su informe “habría recomendado la terminación del contrato”, de transporte de crudo entre Amazonas Tankers y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).   Aseguró que el Gobierno tiene elementos probatorios para demostrar que la Contraloría en ningún momento recomendó la terminación de ese contrato, sino que sugirió que se negocien nuevas condiciones para evitar perjuicios económicos al Estado.

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Juicio político, con graves fallas y sin pruebas, según asambleísta Ricardo Vanegas

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El asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas, insistió en las graves fallas del juicio político, montado por la oposición contra el presidente Guillermo Lasso. A juicio de Vanegas, un proceso de este nivel debería ser manejado de forma responsable. Sin embargo, hasta ahora no se presentan pruebas contundentes, que demuestren la presunta culpabilidad del mandatario en peculado. El legislador recordó que la interpelación debe demostrar responsabilidad del encausado. Pero hasta ahora solo existen pruebas deficientes. Además, una vez que la Corte Constitucional prohibió a los acusadores mencionar el término “confianza”, los argumentos perdieron peso. Vanegas advirtió que los 24 asambleístas de Pachakútik, no forman parte de la alianza correísta-social cristiana, y que tomarán la decisión en base a las evidencias que se muestren durante el juicio político. Desde ya, dijo, está demostrado que a dicha mayoría solo le importa el fin, y no los medios, al punto que ni siquiera con ayuda pueden demostrar que el presidente Lasso, cometió peculado en los contratos de Flopec. El parlamentario precisó que si los acusadores violan el dictamen de la Corte Constitucional, se exponen a que, en caso de censura, dicho organismo deje sin efecto la destitución, e incluso los destituya por desacato.

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Abogado de Guillermo Lasso objeta pruebas requeridas por Unes para juicio político

Nacionales / /

EL COMERCIO .- El abogado del presidente Guillermo Lasso, Edgar Neira, objetó las pruebas de oficio requeridas por tres asambleístas de la bancada correísta de Unión por Esperanza (Unes) para la sustanciación del juicio político contra el Mandatario. Neira remitió un escrito a la Comisión de Fiscalización este lunes, 10 de abril del 2023, antes de que se instalara la sesión para conocer y aprobar las pruebas de oficio solicitadas por asambleístas de esta mesa.   Las observaciones del abogado de Lasso se centraron en 36 requerimientos de información que hicieron Roberto Cuero (10), Gabriela Molina (14) y Pascasio Córdova (12), legisladores del correísmo.   Las solicitudes de los tres legisladores se enfocan en la gestión de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), desde el 2021, cuando inició la gestión Lasso, hasta ahora. Pero el abogado pidió que esto se amplíe al 2018, cuando se firmó el contrato cuestionado para el arrendamiento de buques.   A su criterio, sus reparos tienden “a que se complemente una prueba mal solicitada, insuficiente o en algunos casos sesgada”. Controversia El juicio político contra Lasso es impulsado por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la coalición opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).   Pazmiño aseguró que “no le va a dar el gusto” al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), para que singularicen (o aclaren) las pruebas que serán presentadas para esta causa.   “No tenemos por qué singularizar las pruebas, debemos presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios que existen para enfocar hacia lo que es el peculado, que lo demostraremos en la sustanciación del juicio político”, adujo Pazmiño.   Lasso remitió previamente un escrito a la Comisión y pidió que se certifique si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte que admitió a trámite el juicio político contra Lasso por supuesto peculado en un contrato de Flopec y desechó otros cargos por supuesta concusión.

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Ex vicepresidente Otto Sonnenholzner trabaja en nueva coalición política de centro

Nacionales, Política / /

El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, advirtió que destituir al actual presidente Guillermo Lasso, no resolverá los graves problemas del país, como afirma la oposición. En diálogo con “Punto de Orden”, Sonnenholzner recordó que la Constitución establece 4 mecanismos legales, para conseguir la salida de un mandatario. Sin embargo, al margen de las causales exhibidas, advirtió que la situación del Ecuador “no se resolverá destituyendo presidentes”. El ex vicepresidente advirtió que los bloques de oposición de la Asamblea, quieren sacar a Lasso a toda costa, “pero no han definido qué le conviene más a cada fuerza política. No veo a ninguno pensando realmente en el país. No los veo proponiendo nada para superar esta crisis”. Sonnenholzner reconoció que el jefe de Estado tiene actualmente un bajo nivel de aceptación popular. Sin embargo, eso nunca fue causal para destituirlo. Y menos aún argumentar su derrota en la Consulta Popular de febrero, pues años atrás, los presidentes Febres Cordero y Durán Ballén perdieron consultas, y no por ello intentaron cortar su mandato. Lo que sí precisó que es al gobierno le falta empatía con los problemas de la gente, pues está más preocupado de responder los insultos de la oposición, que de implementar, por ejemplo, estrategias efectivas contra la inseguridad. Coalición política Por otra parte, el ex segundo mandatario confirmó que trabaja en la creación de una nueva coalición política, que podría participar en futuras elecciones. Sin embargo, anotó que no necesariamente sería candidato, aunque sí trabajaría en el impulso de esas fuerzas. Más bien dijo que su intención es elaborar planes que se puedan ejecutar en beneficio del país, y que solo el tiempo señalará quiénes deben encabezar las postulaciones. Esta alianza, considerada de centro, está en marcha, y más adelante dará detalles de su conformación. Inseguridad debe ser combatida Sonnenholzner consideró que la inseguridad es el principal problema que deben afrontar, y que para ello es indispensable ofrecer un real apoyo político a la fuerza pública. Una forma sería establecer que habrá indulto presidencial, al agente que, en legítima necesidad, utilice la fuerza para detener a un delincuente. En este ámbito, lamentó que la Asamblea Nacional, que aprobó una amnistía para los responsables del caos y la destrucción de Quito, durante el paro del 2019, se olvidara de los 200 policías encausados por repeler las protestas. En su opinión, urge una intervención integral de las prisiones, ya que actualmente rebasaron la capacidad de control del Estado, con bandas criminales armadas dirigiendo la violencia, incluso tras las rejas.

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Presidente Lasso afrontará el juicio sin muerte cruzada, anticipa ministro de Gobierno

Nacionales, Política / /

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que el presidente Guillermo Lasso afrontará el juicio político, planteado por la Asamblea Nacional, por un supuesto peculado en contratos de la empresa pública Flopec. En diálogo con nuestro espacio “Punto de Orden”, Cucalón recordó que la interpelación no tiene fundamentos, ni pies ni cabeza, y lamentó que la Corte Constitucional, al dar luz verde al proceso, no revisó el informe de la Contraloría, que solo hizo recomendaciones técnicas, y nunca estableció perjuicios para el Estado. El premier precisó que el juicio solo podrá tratar esta acusación, pues la misma Corte Constitucional lo señaló de esa manera. Algo difícil de entender para ciertos legisladores, dijo, “acostumbrados a balbuceos y decir lo que les da la gana”. Cucalón mencionó que la comisión especial de la Asamblea, que analizó el llamado “Caso Encuentro”, nunca mencionó las supuestas irregularidades en Flopec, un tema que surgió después, cuando los proponentes se dieron cuenta de que no tenían de qué acusar al presidente. Es decir, una mayoría de legisladores aprobó el enjuiciamiento, pero sin tener razones para ello. El premier dejó en claro que Lasso se defenderá en la interpelación, y demostrará que no hubo tales anomalías en Flopec, y sobre todo, que los contratos corresponden a una época en que no llegaba todavía al poder. Cucalón lamentó que ciertos politiqueros solo tengan en mente sacar al mandatario, pero sin argumentos reales. En cambio, el gobierno busca la forma de detener la escalada de inseguridad, de dotar de bienestar a los ecuatorianos, y de atender las necesidades del país. Como prueba, mencionó el importante aumento presupuestario a la Policía y a las Fuerzas Armadas. Dinero que permite adquirir vehículos, armas, municiones y otros equipos. Asimismo, negó ser “el hombre del maletín”, como afirma su ex coideario social cristiano, Alfredo Serrano. En su opinión, las expresiones de Serrano no merecen ni siquiera respuesta. El ministro anotó que quienes integran el PSC, conocen cuál ha sido su accionar, y por tanto, acusarlo de querer comprar votos es absurdo. Finalmente, dejó entrever que el presidente Lasso no recurrirá a la “muerte cruzada”, algo que califica como “atajo fácil”. Cucalón indicó que esos “Nostradamus de tercera categoría”, que vaticinaban el fin del gobierno a corto plazo, ven ahora que este se mantiene firme.

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Guillermo Lasso traza sus argumentos para defenderse del juicio político

Nacionales / /

EL COMERCIO .- El presidente Guillermo Lasso tachó de «infundado» al delito de peculado que le imputa la oposición para el juicio político en la Asamblea. El mandatario trazó los argumentos que serán remitidos a la Comisión de Fiscalización, en donde este lunes 10 de abril de 2023 se conocerán los primeros oficios recibidos dentro de la fase de pruebas. Después de que fue notificado por la Comisión el pasado jueves 6 de abril, Lasso aseveró en una carta que la denuncia del exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, sobre un supuesto perjuicio al Estado en un contrato con Amazonas Tanker Pool para el alquiler de buques, resulta «falsa y contradictoria».   Se trata del principal elemento de «mínima verosimilitud» que encontró la Corte Constitucional para admitir a trámite la solicitud de interpelación contra el Presidente. Es un proceso impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).   El mandatario basa sus descargos en estos hechos: La relación comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el periodo de gobierno anterior. Todas las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado fueron cumplidas en su totalidad por el actual gobierno. No se configura el delito de peculado que pueda imputarse a su persona. La denuncia hecha por Jhonny Estupiñán fue falsa y contradictoria. Tan es así que el señor Estupiñán, con comunicación emitida tres días después, revocó la decisión de dar por terminado el contrato. El gobierno del Ecuador atendió oportunamente la comunicación de Jhonny Estupiñán y remitió su contenido a la institución competente. Recomendaciones de Contraloría El mandatario dice que el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones. Lo hizo luego de realizar un examen especial al contrato que data del 7 de diciembre de 2018. Es decir, tres años antes de que llegue al poder.   Apunta que entre esas recomendaciones consta «la conveniencia y pertinencia de continuar» con el contrato. Además, la necesidad de poner en consideración del Directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado de gasto. Pero que «en ningún caso, las recomendaciones expedidas a la gerencia general de Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato», señala.     Sostiene que Estupiñán fue removido del cargo el 9 de marzo del 2022 por el directorio de Flopec «producto de reiterados incumplimientos en su gestión». Y dos semanas después remitió un escueto oficio a su despacho, «aduciendo, maliciosamente, que había sido removido de manera arbitraria del cargo por haber terminado el contrato y por haber exigido que se mejoren ciertas condiciones contractuales». Lo que respondido por las instancias correspondientes.       Lasso sostiene que el exfuncionario ocultó que el 4 de febrero del 2022 vía correo electrónico revocó la terminación unilateral que firmó tres días antes, algo que no tenía sustento técnico ni legal. Balance de Flopec Lasso indica que en este periodo presidencial Flopec pasó de ser una empresa pública que reportaba pérdidas de hasta USD 50 millones al año, a una que generó USD 120 millones de utilidades en 2022.   «¿Dónde está el supuesto peculado?», se preguntó el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. «En el gobierno del presidente Lasso, Flopec alcanzó números positivos, por consiguiente no hay perjuicio para el Estado», concluyó.   Ortiz divulgó este sábado 8 de abril los balances sobre Flopec y los oficios donde Estupiñán terminó unilateralmente el contrato y poco después revocó la medida. Lasso, en un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización, designó al jurista Édgar Neira Orellana como su procurador para que a su nombre «intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias» y demás.   El cronograma De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, las pruebas de cargo y descargo serán recibidas hasta el domingo 16 de abril. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.   El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.), ofició a la Corte Constitucional para que realice un seguimiento y control al dictamen con el que fueron desechados los cargos por supuesta concusión que también le imputaban al Mandatario.   El pedido se da después de que, el 5 de abril de 2023, los asambleístas solicitantes señalaron que «tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la Comisión o su presidente ‘dispongan’ restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas, sino que debe ceñirse a la disposición legal de que en la notificación se acompañará la solicitud correspondiente la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte».   La Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para este lunes 10 de abril, a las 16:00. En el orden del día consta conocer el escrito que Lasso envió el 6 de abril pasado, donde designó a su procurador y pidió certificar si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte. Además, se analizará las pruebas de oficio solicitadas por varios legisladores.   Tensiones con Nebot El trámite de este juicio político se da en medio de tensiones entre Villavicencio y la coalición que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que busca la destitución de Lasso.   El viernes pasado, en medio del feriado por Semana Santa, el Consejo de de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, exigió a Villavicencio que no dilate este juicio político por pedido de Ronny Aleaga (Unes).   En cambio, Villavicencio tuvo una airada respuesta de Jaime Nebot, líder del PSC, después de que anunciara una investigación a una empresa vinculada a la familia del político guayaquileño.   «El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza», enfatizó Nebot.   Villavicencio replicó que él cumple con su obligación de fiscalizar y que «nadie está fuera de la ley. Hace rato que les

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Virgilio Saquicela calcula desenlace del juicio contra Guillermo Lasso para mayo

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EL COMERCIO .– El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), aseguró este miércoles, 5 de abril del 2023, que hasta mediados de mayo habrá un desenlace sobre el juicio político contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso, por supuesto peculado.   El pronunciamiento se dio en una rueda de prensa, después de que la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento de la solicitud, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional.   Saquicela, quien forma parte de la mayoría opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), negó que exista un «golpe de Estado» en marcha y aseguró que el Parlamento actuará apegado a la Constitución.   Explicó que si no hay los 92 votos que se requieren para destituir a Lasso se respetará el resultado. Pero que si la moción es aprobada se acatará la sucesión constitucional y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, será posesionado en la Presidencia de la República.   Escenarios Basado en la Ley Legislativa, Saquicela mencionó que la Comisión de Fiscalización tiene 30 días de plazo para entregar un informe para resolución del Pleno. En caso de que se recomiende el archivo por falta de pruebas, Saquicela dijo que será el Pleno el que adopte una resolución final, lo que podría dilatar por 48 horas el procedimiento.   «En temporalidad estamos hablando del 11 al 13 del mes de mayo que podría darse este proceso de juicio político. En todo caso dependemos de los tiempos, del informe que se realice. Pero, creo yo, que los legisladores debemos actuar y vamos actuar con la seriedad de un caso tan delicado que tiene que ver con la estabilidad del país», recordó.   Comentarios de ‘compra de conciencias’ Saquicela llamó a los legisladores a actuar con ponderación, ética dentro del marco de la moralidad, a no adelantar criterios sobre el juicio político y dijo que «no puede darse la posibilidad de una compra de conciencias«.   Señaló que se trata de «comentarios en los corrillos» del Parlamento, donde -dijo- se rumorea que el presidente Lasso aseguraría al menos 46 votos para que no opere el juicio político o decretaría la muerte cruzada para forzar el adelanto de elecciones.   En la rueda de prensa Saquicela estuvo acompañado de Ramiro Narváez (ID), Diego Vallejo (Unes) y el oficialista Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización. Velasco enfatizó que la Asamblea debe dar ejemplo de respeto a la Constitución y la Ley en este proceso.   El legislador señaló que la Comisión tiene un plazo de 10 días para recibir pruebas de cargo y descargo, y otros 10 días para la práctica de pruebas. Adicionalmente, en un plazo similar se deberá entregar el informe.   Los cuatro proponentes del juicio político tienen un plazo de 72 horas (que vencen mañana) para «singularizar» las pruebas, antes de notificarle al presidente Lasso para la interpelación. Adujo que esto se debe a que la Corte Constitucional no admitió la acusación de concusión que también le imputaban a Lasso, en el pedido inicial.

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El porte de armas no suma apoyos en la Asamblea

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EL COMERCIO .– La flexibilización para portar armas anunciada por el presidente Guillermo Lasso ha encendido el debate en redes sociales y entre políticos. En el Legislativo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK) ya se pronunciaron a favor y en contra de la medida. Pero, en medio de la crisis del Ejecutivo y el juicio político en su contra, ¿la media suma apoyos? Dos expertos coinciden en que no.   El Gobierno atraviesa en este momento el juicio político que empezó ayer, 3 de abril del 2023, en la Comisión de Fiscalización. Y, en medio de esta crisis, la reciente medida para afrontar la inseguridad está en la misma línea que ha impulsado el Partido Social Cristiano (PSC).   Para la politóloga y experta en temas de seguridad, Carolina Andrade, esta decisión puede entenderse como un intento de acercamiento con esa tienda política. Sin embargo, menciona que el PSC ha demostrado que es partidario de los pactos específicos y no a largo plazo.   PSC a favor del porte de armas El socialcristianismo emitió un comunicado el 2 de abril pasado en el que decía apoyar la medida adoptada por el Presidente. “Tenemos dos años pidiendo que se haga ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo”.   Pero ese apoyo al Decreto no significa estar del lado de Lasso en la interpelación. El jefe de esa bancada, Esteban Torres, dijo ayer en La Posta que nada tiene que ver el juicio político con el porte de armas. “Son dos cosas distintas y nuestra posición es clara en el juicio político. Somos proponentes y firmantes”.   Para que el juicio termine en destitución se requieren 92 voluntades. En ese escenario, cada voto cuenta. Si se toma en cuenta que la situación con la bancada del correismo es insalvable, el Gobierno podría recurrir a su exalianza con el PSC.   En la Asamblea, el PSC, además del mismo oficialismo, ha sido el único que abiertamente ha celebrado la posibilidad de que civiles porten armas.   Pero eso no será suficiente. Para Andrade, el PSC también está en la posición de alejarse de los errores cometidos por el Gobierno del que fue aliado en campaña presidencial.   Otras posiciones de las bancadas El correísmo y Pachakutik (PK) se pronunciaron en contra de la flexibilización del porte de armas. Este último dijo que rechaza la medida porque no soluciona nada y “va en contra de la Ley y el derecho a la vida”.   Sin embargo, la Izquierda Democrática (ID)no se ha pronunciado como bloque sobre su posición frente a la nueva medida adoptada por el Gobierno.   Para Crespo sí es posible que el Decreto tenga acogida entre la ciudadanía en medio de una popularidad del Gobierno que cada vez disminuye. Plantea que, ante la crisis de seguridad, la gente puede ver esto como una herramienta más y sumar apoyos.   Andrade cree algo parecido. Sin embargo, aunque en un inicio esto pueda calar en cierto sector de la sociedad, el riesgo a largo plazo es alto. Esto sobre todo porque la responsabilidad de la regulación anunciada recae en una institucionalidad cada vez más debilitada.   La antesala del decreto del porte de armas   Si bien bancadas como PK en la Asamblea se mostraron en contra de la medida, Lasso pudo emitir el Decreto con el aval de una reforma hecha por el mismo Legislativo.   En enero pasado, 117 asambleístas aprobaron una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la tenencia y porte de armas autorizado.   Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que lo que hizo Lasso fue tomar esa reforma para emitir el Decreto. Aunque aclara que, como lo hizo en su momento el expresidente Rafael Correa para eliminar el porte, Lasso podía emitir un Decreto sin esa reforma.   También, en enero de este año, el Gobierno anunció la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a la importación de armas. Es decir, el Decreto Ejecutivo no es una medida aislada.

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Proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso deben aclarar sus pruebas

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EL COMERCIO .- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea requerirá a los cuatro proponentes del juicio político contra Guillermo Lasso que aclaren las pruebas contra el presidente. Los legisladores deberán dar detalles de sus acusaciones contra el Primer Mandatario por supuesto peculado. La Mesa avocará conocimiento de la solicitud este lunes 3 de abril de 2023. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), dijo que será riguroso y no permitirá que se aludan a otros hechos que fueron inadmitidos por la Corte Constitucional. El órgano autónomo en su dictamen tachó de improcedentes a las acusaciones de supuesta concusión que también le imputaban.   «De una vez que vayan entendiendo los legisladores: Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas, menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y de supuestos casos de corrupción en Petroecuador», manifestó.   Villavicencio añadió que «la única prueba válida, calificada por la Corte Constitucional, es aquella relacionada con el caso de peculado en Flopec, y no en todo Flopec. Es decir, los contratos Time Charter con Amazonas Tanker, nada más. Yo no voy a permitir que se presenten otras pruebas», enfatizó.   Plazos del juicio político La Ley Legislativa obliga a la Comisión a presentar un informe para resolución del Pleno en un plazo de 30 días, después de que se avoque conocimiento de la solicitud. Sin embargo, Villavicencio aclaró que el plazo de 10 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo correrán desde que los proponentes «singularicen» su acusación y Lasso sea notificado para sus descargos.   El legislador calcula que hasta la primera semana de mayo estará listo el informe. Mientras la socialcristiana Marjorie Chávez aclaró que este no tendrá el carácter de vinculante.   Los proponentes del juicio político contra el mandatario son Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. Los asambleístas son parte de la mayoría opositora liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).   Ellos presentaron la solicitud con 59 firmas de respaldo el 16 de marzo pasado y hace una semana tuvo un dictamen favorable parcial de la Corte Constitucional.

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Gobierno rechaza juicio político, pero respeta decisión de la Corte Constitucional

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EL COMERCIO .-La Secretaría de Comunicación emitió un comunicado en el que rechazan el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, pero se aseguró que respetan la decisión tomada por la Corte Constitucional. El comunicado, publicado en Twitter a las 22:40 del 29 de marzo, detalla que “esta decisión, de ninguna manera, valida los argumentos planteados por la Legislatura en contra el Presidente”. Además, se resta importancia al planteamiento de la Asamblea señalando que “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno”. Y se hace referencia a los constantes cambios que tuvo el documento antes de su análisis final por parte de la Corte Constitucional. El comunicado enfatiza en el trabajo que continuará ejecutando el Gobierno en favor de los damnificados por el invierno, sismo y del deslave de Alausí.

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