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Ecuador: diciembre 6, 2024

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Ecuador, diciembre 06, 2024
Ecuador Continental: 15:30
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Ecuador, diciembre 06, 2024

Expolicías serán juzgados por desaparición de personas en una farmacia, tras 20 años

Primicias .- En la Corte Nacional se realizará el juicio del llamado caso González y otros. En 2003, un operativo policial en una farmacia terminó en una tragedia. 20 años han pasado y la verdad sobre el denominado caso González y otros todavía no se ha podido conocer. El 14 de diciembre de 2023, en la Corte Nacional tres expolicías serán juzgados por detención y desaparición forzosa. El proceso primero fue bautizado con el nombre de la cadena de farmacias en la que sucedió el hecho. Luego se conoció como el caso Dolores, ya que por coincidencia las esposas de tres de las víctimas tenían ese nombre. Finalmente, el nombre de caso González y otros fue acuñado por la Fiscalía y demás organismos judiciales, ya que ese es el apellido del policía que estuvo al frente del operativo. Un trágico asalto El 19 de noviembre de 2003, ocurrió un supuesto asalto en una farmacia, en el norte de Guayaquil. Un equipo policial acudió a esa emergencia y, según su reporte oficial, se enfrentó a tiros con los asaltantes. Tras ese operativo, las autoridades informaron el asesinato de ocho presuntos delincuentes y la detención de varias personas. Pero el caso no terminó ahí como en un asalto cualquiera. En los días siguientes aparecieron las llamadas Dolores. Dolores B. denunció que su esposo fue abatido durante el operativo, sin pertenecer a la supuesta banda, ya que era mensajero de esa farmacia. Dolores V., en cambio, dijo que su esposo, otro de los asesinados, solo había ido al lugar a comprar pañales. Finalmente, Dolores G. señaló que, según una fotografía de prensa, su esposo Johnny G., había sido detenido en el lugar, pero estaba desaparecido. Además, en los días siguientes al hecho, se reportó que los también detenidos César M. y Erwin V. tampoco aparecían. En total hubo cuatro desaparecidos tras esa acción uniformada. Esos detalles y denuncias pusieron el ojo sobre el operativo policial, ya que había muchas inconsistencias. Ahí empezaron los procesos penales y administrativos. 20 años de idas y vueltas En los años posteriores a ese asesinato múltiple y la desaparición de cuatro personas, cuatro procesos judiciales se abrieron por distintos delitos. Todos terminaron sin sentencias. Uno de estos caso se llevó ante una Corte Policial que todavía existía en Ecuador en esos años. Sin embargo, los agentes sindicados no fueron condenados por excesos en el procedimiento policial durante el asalto. Pero todo cambio en 2010. Un informe de la Comisión de la Verdad detalló que durante ese operativo policial hubo varias violaciones a los derechos humanos de los asesinados y desaparecidos. En noviembre de 2014, la Corte Nacional sentenció a 13 personas por el asesinato de ocho personas en esa farmacia. Seis personas fueron sentenciadas a 16 años de cárcel y los demás recibieron penas menores. Nuevo testigo, nuevo juicio Además del caso por el asesinato de las ocho personas, la Fiscalía había abierto otro proceso por la desaparición de Johnny G., César M. y Erwin V. Esa investigación dio un giro a inicios de 2016. El Ministerio Público halló en Venezuela a Erwin V., quien se convirtió en testigo protegido. El hombre relató que fue detenido junto a los otros desaparecidos y llevado a la Policía Judicial del Guayas donde fueron torturados. Luego los agentes los habrían botado al estero Salado, en Guayaquil. Y les dispararon. Erwin V. logró salvarse porque se escondió detrás del cuerpo de Johnny G., quien fue asesinado en el lugar. Nadó hasta la orilla y luego se escondió por varios años. Ese testimonio fue la base para que en junio de 2017, el entonces conjuez Iván Saquicela, hoy presidente de la Corte Nacional, llamara a juicio a 11 expolicias por detención y desaparición forzada. Ocho de los llamados a juicio están prófugos, por lo que el juicio se iniciará solo para Antonio Ch., Rodrigo C. y Orlando V., quienes se enfrentan una pena de hasta 25 años de cárcel.

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Jorge Glas quiere que la Asamblea autorice su próximo juicio penal

Primicas .– El exvicepresidente Jorge Glas intenta dilatar la formulación de cargos en su contra, por supuesto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. El caso por la reconstrucción de Manabí investiga a los exfuncionarios del correísmo Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz. Ya que fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Y, según la Fiscalía General, hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros, que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad. Por ejemplo, se gastó en la construcción de la vía Manta-Colisa y del Parque Las Vegas. Pese a que estas obras no fueron afectadas con el movimiento telúrico. El caso está a cargo del juez nacional Luis Rivera, quien ya ha sido señalado por la Fiscalía por retrasar el procesamiento de Glas, Bernal y Ortiz, ya que tardó tres meses en convocar a la primera audiencia, que no se instaló. El 6 de septiembre la audiencia fue diferida, porque el abogado del exmandatario adujo tener un problema de salud y no se presentó. La nueva fecha es el 29 de noviembre, a las 08:30, en la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora Glas intenta aducir que la Asamblea Nacional, que aún no se posesiona, debe autorizar su enjuiciamiento. Esto porque el supuesto delito se cometió cuando era Vicepresidente en funciones y la Constitución establece que en los casos penales contra los mandatarios, se requiere de la venia del Legislativo. Este nuevo pedido de la defensa de Glas debe ser analizado por el juez Rivera, mientras el exvicepresidente se encuentra en libertad provisional. Pero esto cambiaría si la Fiscalía formula cargos por un delito en su contra.

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EE.UU. niega mociones de Pólit y su juicio será en abril de 2024

Primicias .- Carlos Pólit había insistido en la petición para que desestimen los cargos en su contra. Pero, finalmente, una Jueza la negó y ratificó el llamado a juicio. Luego de 10 meses de mociones, insistencias y respuestas, finalmente, el juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, se realizará el 8 de abril de 2024, en Miami, Estados unidos. Durante este tiempo, los abogados de Pólit y de Estados Unidos intercambiaron varios documentos. El exfuncionario ecuatoriano quería desestimar el caso en su contra y la Fiscalía estadounidense evitarlo. En diciembre de 2022, Pólit presentó dos mociones de desestimación: Pólit y sus abogados alegaron que la acusación no identificó los elementos que configuran el soborno. Ni la apropiación indebida, robo y malversación de fondos. También, que la acusación no hizo referencia a los artículos de la legislación penal ecuatoriana que prohíben esas conductas. Además, alegaron una supuesta violación al estatuto de limitaciones. Esta norma establece el máximo de tiempo que tienen las partes en una disputa legal para iniciar procedimientos. En este caso se establece un máximo de cinco años. Pólit aseguró que su caso empezó fuera de tiempo. A inicios de 2023, Estados Unidos, a través de sus fiscales, pidió a la justicia que se ignoren esos pedidos. Sin embargo, el 10 de febrero de 2023, Pólit presentó réplicas a los argumentos estadounidenses y volvió a insistir en la nulidad del caso. Por esta razón, el caso fue enviado al despacho de un juez magistrado, que se encarga de resolver cuestiones previas al juicio y que se denomina como informe R&R. Esta instancia recayó sobre la magistrada juez Lisette Reid. Esta funcionaria judicial dio su informe de R&R a mediados de agosto de 2023, y recomendó negar las mociones para desestimar los cargos en contra de Carlos Pólit. Finalmente, el 16 de octubre de 2023, la jueza Kathleen M. Williams, que está a cargo del caso, acogió el informe R&R y negó las dos mociones presentadas por Pólit para desestimar los cargos en su contra. Además, una vez resueltas estos recursos, la Justicia de Estados Unidos citó para el 8 de abril de 2024, a las 09:00, el juicio con jurado de Carlos Pólit. El caso Pólit Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pólit presuntamente participó «en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador». La acusación se presentó el 24 de marzo de 2022. Entre 2010 y 2016, Carlos Pólit supuestamente solicitó y recibió más de USD 10 millones por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto a cambio de utilizar su cargo para favorecer a la empresa. Además, la acusación alega que Pólit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015. A cambio de este dinero habría ayudado al empresario y a su firma con ciertos contratos con Seguros Sucre. La acusación formal también menciona que, entre 2010 y 2017, bajo la dirección de Pólit otro integrante de la supuesta conspiración, hizo que las ganancias de los sobornos «desaparecieran». Y para esto habría usado empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados. A menudo sin el conocimiento de estos. Los conspiradores, además, habrían utilizado fondos del esquema de sobornos de Pólit para comprar y renovar bienes raíces en el sur de la Florida y en otros lugares. Así como para comprar restaurantes, una tintorería y otros negocios. Si es declarado culpable, el excontralor enfrentará hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y de conspiración para cometer lavado de dinero. Y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Es decir, podría enfrentar hasta 100 años de cárcel.

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Dos policías acusados de asociación ilícita en Tungurahua no irán a la cárcel

Primicias.-Un juez de Ambato dictó medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, a dos policías que enfrentan un proceso penal por el delito de asociación ilícita. El plazo de la instrucción fiscal será de 90 días, tras la audiencia de formulación de cargos que se realizó el 3 de octubre de 2023, informó la Fiscalía. A los agentes Andrés S. y Jorge T., se los señala de haber alterado informes periciales para favorecer a terceros y solicitar pagos para gestionar ingresos a la escuela de formación de la Policía Nacional. Durante la investigación, a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se encontraron varios indicios. Andrés S. y Jorge T., agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, (SIAT) efectuaban pericias dentro de las investigaciones por accidentes de tránsito. En estos informes, habrían alterado datos e incurrido en las siguientes faltas: La causa basal o motivo por el que se produjo el accidente. Avalúo de daños materiales de los vehículos accidentados, a fin de favorecer a los sujetos procesales. Solicitaron dinero a los aspirantes a cambio de gestionar su ingreso a la escuela de formación policial. Con base en los resultados de la investigación, el 27 de septiembre de 2023, la Fiscalía General del Estado lideró varios allanamientos coordinados con la Policía en Tungurahua, Bolívar y Pichincha. En este operativo, Andrés S. y Jorge T. fueron detenidos con fines investigativos y se levantaron evidencias relacionadas con el presunto delito.

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Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Primicias .- La Fiscalía colombiana presentó el 25 de septiembre de 2023 una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente Gustavo Petro, por lo que el hijo del mandatario irá a juicio. Ese organismo detalló en un comunicado que “radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla (…) en contra del señor Petro Burgos por los delitos imputados” y que un togado designará al juez que llevará a cabo el juicio. El escrito de acusación contra Nicolás Petro se presenta debido a que a la fecha, el hijo del Presidente Petro, no ha entregado la matriz de colaboración que se comprometió entregar, reportó la radio Caracol. La reacción de Nicolás Petro La reacción de Nicolás Petro no se hizo esperar. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), mencionó que la Fiscalía demostró que “no era de fiar”. “Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre”, aseveró. Nicolás Petro aseguró que decidió “levantarse y no arrodillarse ante el verdugo”. El expediente Según Caracol televisión, la Fiscalía cuenta con numeroso material probatorio para la investigación que se adelanta en el caso de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, y el incremento injustificado de su dinero, así como el presunto ingreso de dineros a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Es un documento de más de 133 páginas que corresponden al acta de compromiso inicial de Nicolás Petro con la Fiscalía, donde entrega importantes detalles frente a presunto ingreso de dineros de dudosa procedencia que utilizó para sus lujosos gastos y otros que habrían entrado a la campaña presidencial. Nicolás era diputado por el movimiento político del presidente, el Pacto Histórico, en Atlántico. Medios de comunicación publicaron sus extractos bancarios, muy superiores al salario de ese cargo. Entre sus gastos figuraban compras de joyas y ropa de lujo. Allí y en toda la costa Caribe se convirtió en un hombre clave en las aspiraciones de su padre. Esa era una región históricamente reacia a la izquierda, pero en 2022 terminó catapultando a Petro a la presidencia. La prensa difundió que la vivienda donde vive Nicolás Petro está ubicada en Alto Prado, una de las zonas más exclusivas de Barranquilla.

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Fiscal pide orden de silencio para Trump por su incendiaria retórica

Primicias .- El fiscal Jack Smith pidió al juez que prohíba a Donald Trump hacer declaraciones despectivas, incendiarias o intimidatorias sobre cualquier persona implicada en el juicio en su contra. El fiscal especial Jack Smith pidió este 15 de septiembre a un juez de Estados Unidos que imponga una orden de silencio al expresidente Donald Trump, alegando que su retórica incendiaria amenaza con socavar su juicio por intentar alterar las elecciones de 2020.   Smith dijo al tribunal federal de Washington que los repetidos ataques de Trump a funcionarios del departamento de Justicia, a los habitantes de la capital estadounidense y a la propia jueza del caso, Tanya Chutkan, podrían perjudicar al jurado, que procede de la población local.   También señaló que los comentarios habían dado lugar a amenazas reales de partidarios de Trump contra los fiscales, la corte y los posibles miembros del jurado.   Las declaraciones de Trump “podrían tener un impacto sustancial en la imparcialidad del jurado y, al mismo tiempo, influir en la versión de los testigos”, según el escrito judicial presentado por Smith.   Cualquiera que lea o escuche los comentarios de Trump “puede temer razonablemente que podría ser el próximo objetivo de los ataques del acusado”, asegura el documento.   Smith pidió al juez que prohíba a Trump hacer declaraciones despectivas, incendiarias o intimidatorias sobre cualquier persona implicada o potencialmente relacionada con el caso, así como alguna declaración sobre los posibles testigos.   La petición cita una serie de comentarios de Trump después de la acusación del 1 de agosto, incluido un mensaje en redes sociales que decía: “¡SI VAS POR MÍ, YO IRÉ A POR TI!”. El expresidente también tachó a Chutkan de “fraude” y de “odiar a Trump”, a la oficina de Smith de “equipo de matones” y a Washington de ser un lugar “sucio y plagado de delincuencia” con una población “más del 95% anti-Trump”.   La solicitud también mencionó sus ataques a posibles testigos en su contra, incluido su exvicepresidente, Mike Pence (2017-2021).   Trump fue acusado por sus esfuerzos para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que además condujeron al violento ataque que sus partidarios perpetraron el 6 de enero de 2021 al Capitolio, la sede del Congreso.   También se lo acusa de intentar privar de derechos a los votantes estadounidenses con falsas afirmaciones de que ganó los comicios en noviembre de 2020, en los que Joe Biden fue el real vencedor.   Trump se ha declarado inocente y ha pedido formalmente a Chutkan que se recuse del caso, acusándola de parcialidad contra él.   Chutkan fijó el 4 de marzo de 2024 para el inicio del juicio, que podría interferir en la campaña de Trump por la nominación republicana en las elecciones presidenciales del próximo año.

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Kevin Spacey gana batalla legal y es declarado inocente

Primicias .- El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido hallado «no culpable» este miércoles de delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra. Tras 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado ha pronunciado su veredicto: el actor Kevin Spacey es inocente. Spacey fue hallado no culpable por un jurado este 26 de julio, por el jurado del tribunal londinense de Southwark de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. Los delitos se cometieron supuestamente entre 2001 y 2013 en varios lugares de Inglaterra. Spacey, recordado por su actuación en la serie ‘House of Cards’ de Netflix, recibió la decisión con lágrimas en los ojos, en el día de su cumpleaños número 64.

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Incertidumbre en bancadas por falta de un informe que sustente acusación a Guillermo Lasso

La Hora .- La asesoría jurídica de la Presidencia de la República tiene previsto ingresar en las próximas horas a la Corte Constitucional un escrito donde se expondrá que ciertos asambleístas se “extra facultaron” y se fueron en contra del dictamen de la Corte. La continuación del trámite del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional está en el limbo. Desde el 9 de mayo de 2023, cuando la oposición reunió los 88 votos para continuar con la interpelación al mandatario empezaron a correr los plazos previstos en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) como paso previo para que el jefe de Estado acuda al Pleno ejercer su derecho a la defensa ante la acusación de presunto peculado. Pero la gestión está empantanada. El primer plazo fatal que debe cumplir Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento, vence a la medianoche de este viernes, 12 de mayo. Según la ley, en tres días, Saquicela debía disponer a la Secretaría General de la Asamblea la “difusión del informe” del juicio a los 137 parlamentarios para que en las siguientes 48 horas lo puedan conocer y, dentro de las siguientes 72 horas, se pueda convocar a sesión. El conflicto que enfrenta Saquicela es que, en la sesión del 9 de mayo, la continuidad del juicio al Presidente se sustentó en el texto de una “moción” planteada por la correísta Viviana Veloz. Sin embargo, en la LOFL no está contemplada esta figura. Saquicela apela a su rival político Ante la falta de un informe que respalde la continuidad del juicio, Saquicela apeló a su rival político Fernando Villavicencio. El 9 de mayo, Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea, a nombre de Saquicela pidió al secretario relator de la Comisión de Fiscalización que le remita el expediente íntegro del proceso de sustanciación de juicio político en contra de Lasso. Esto ocurrió pocas horas después de que el presidente de la Asamblea calificó al informe de borrador que no fue aprobado en esta mesa legislativa, “de carecer de valor y efectos jurídicos de conformidad al inciso quinto del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas”. “¡Qué bonito! Primero dicen que el informe motivado de la Comisión de Fiscalización no sirve, que hemos vulnerado el procedimiento, y ahora desesperados nos piden el expediente íntegro del proceso de sustanciación de juicio. ¿En qué parte de la ilegal resolución (del 9 de mayo) consta ese pedido?”, cuestionó Villavicencio. ‘Procedimiento ilegal’ Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática) confirmó que a su despacho aún no ha llegado la información (ni el informe motivado, ni la moción de Viviana Veloz). Sin embargo, aclaró que cualquiera sea el procedimiento que realice el Presidente del Parlamento es ilegal. “El único documento sobre el cual tenía que basarse el inicio de la interpelación era el informe motivado de la mesa de Fiscalización, y dicho informe no existe porque no tuvo los votos necesarios para su aprobación en esta Comisión”, expresó. Para este legislador, la intención de querer sustituir un informe que no existe por posturas que se plantearon en el Pleno (por la oposición) está fuera de la ley. En su colega Johana Moreira también hay incertidumbre por la falta de un informe a pesar de que el debate sobre el juicio está abierto. Si no hay un informe no se puede cumplir con la LOFL, que establece que debe difundirse un documento. “Sin informe ¿cómo vamos a decidir si no sabemos cuáles son las pruebas (con las que se acusa al presidente) ?, cuestionó. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), tampoco ha sido notificado del expediente que sustente el juicio. Cree que no sería extraño que “aparezcan convocatorias de la noche a la mañana y se diga que la información ya se conoció en el Pleno”. A la bancada de Pachakutik ingresó el texto de la moción planteada por la correísta Viviana Veloz. (SC) Gobierno pide intervención de la Corte Constitucional La tardanza en la entrega del informe y la notificación acerca del inicio del juicio se extiende al Palacio de Gobierno. “A pesar de las irregularidades e ilegalidades que se han cometido dentro del proceso, seguimos esperando que la Asamblea nos notifique para conocer el día que debería comparecer al Pleno el jefe de Estado para exponer la verdad”, dijo Juan Pablo Ortíz, secretario jurídico de la Presidencia de la República. A su criterio, es “clarísimo” que, ante las ilegalidades cometidas, los jueces de la Corte Constitucional (CC) deberían realizar un seguimiento a su dictamen del 29 de marzo de 2023 antes de que el presidente Lasso sea convocado al Pleno de la Asamblea. La asesoría jurídica tiene previsto ingresar en las próximas horas a la CC un escrito en el que se expondrá que ciertos asambleístas se “extra facultaron” y se fueron en contra del dictamen de la Corte. Mientras tanto, el constitucionalista Xavier Palacios opinó que la Corte podría activar de oficio la fase de seguimiento y, si llega a detectar un incumplimiento, podría eventualmente destituir al funcionario o dejar sin efecto ciertas actuaciones que se hayan desviado de su dictamen. En su opinión, más allá de que si se produjo un vicio al haber votado sin informe, la Corte no consideraría que se incumplió su dictamen, sino el procedimiento previsto en la LOFL lo cual no forma parte del fallo de marzo. Sugirió que el Gobierno podría pedir a la CC que realice un requerimiento de información a la Asamblea sobre la forma en cómo se está desarrollando el juicio para determinar si se cumple o no con el dictamen. “Sin informe, cómo vamos a decidir si no sabemos cuáles son las pruebas (con las que se acusa al presidente Lasso)?  Johana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática.

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Oposición se impone pero no asegura los votos para la destitución del Presidente de la República

La Hora .- El presidente de la República, Guillermo Lasso, será notificado en las próximas horas sobre la resolución del juicio político en su contra . En la Asamblea Nacional volvió a imponerse la mayoría de oposición para que el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso avance a la etapa en la que el jefe de Estado tendrá que defenderse en el Pleno ante la acusación de presunto peculado. La moción planteada por Viviana Veloz (UNES) en la sesión del Parlamento de este martes, 9 de mayo de 2023, tuvo el respaldo de 88 votos. A los 47 votos correístas se sumaron 12 de un fragmentado Partido Social Cristiano (PSC), 12 de Pachakutik,  6 de la Izquierda Democrática (ID), 3 disidentes de la ID  y 8 independientes. Este avance, sin embargo, no les asegura contar con los 92 de 137 votos de asambleístas para destituir al jefe de Estado. Si bien entre los 88 votos está un sector disidente de la ID,   pocas horas antes de la instalación de la sesión de este martes, la presidencia nacional del partido naranja dispuso a la bancada legislativa abstenerse en su pronunciamiento para continuar con el juicio. Argumentaron que “existe un claro incumplimiento del procedimiento para el trámite de enjuiciamiento, lo cual afecta la seguridad jurídica y el debido proceso”. No se descarta que la ID asuma la misma línea el día de la votación, cuando la oposición intentará censurar y destituir a Lasso. Al menos, esto lo dejó entrever el asambleísta Ramiro Narváez (ID) durante el debate parlamentario. “Al final del proceso, cuando escuchemos a los interpelantes y al presidente Lasso; cuando escuchemos las pruebas de cargo y descargo, allí tomaremos la mejor decisión para el país. Este voto que voy a dar hoy es para garantizar el rol fiscalizador de la Asamblea, pero bajo ningún concepto es anticiparme a la votación que tendremos luego de que el juicio termine», precisó el legislador. Para concretar su objetivo, el correísmo ya no contaría con los votos de un sector de la bancada de la Izquierda Democrática. Hasta ahora tendría asegurados 12 votos del Partido Social Cristiano (PSC), que volvió a sufrir una nueva derrota con la salida de Geraldine Weber. La asambleísta dejó el bloque por presuntos desacuerdos. También denunció que lo que está ocurriendo al interior de la bancada es “insostenible”. A los 12 votos del PSC se sumarían 8 de la ID y 8 independientes, pero la división interna en el movimiento Pachakutik pondría al correísmo cuesta arriba. Incluso desde la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), se considera que en la sesión se hizo una “medición” sobre el juicio. “El juicio está caído porque no tienen el respaldo de los 92 votos para lograr la destitución”, afirmó Juan Fernando Flores, jefe del BAN. Los votos sueltos En la sesión de este 9 de mayo se registraron cinco abstenciones:  4 de la Izquierda Democrática y 1 independiente. Entre los asambleístas ausentes se registran 11 de Pachakutik,  3 del BAN, 1 de la ID y 6 independientes. Este panorama deja ver que la disputa de los votos se intensificará en los próximos días. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, deberá fijar la fecha del proceso al que será convocado el presidente Lasso, para que ejerza su derecho a la defensa en el pleno. (SC)  Lasso está decidido a ‘decir su verdad’ La primera reacción de Juan Pablo Ortíz, secretario jurídico de la presidencia de la República, fue que la decisión de la Asamblea estaba dentro de las consideraciones del Ejecutivo, a pesar de “ser una ilegalidad, la cual no compartimos porque es una violación al debido proceso”. Insistió que el jefe de Estado está decidido a comparecer al pleno del Parlamento a “decir su verdad”. Ortiz, sin embargo, afirmó que en la sesión quedó en evidencia que los 88 votos no son definitivos al momento de decidir una censura al Presidente. “Creo que tendrán menos de los 88 votos; una cosa distinta es votar por continuar con el juicio y otra es votar sobre el futuro del país o destituir a un Presidente de la República”. El Secretario Jurídico cree que los jueces de la Corte Constitucional (CC) deberían realizar un seguimiento a su dictamen porque la decisión del Pleno no estaba dentro del procedimiento establecido. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, también realizó a la CC una solicitud similar. “La Corte debería empezar a atender los pedidos que se han formulado”, agregó Juan Pablo Ortiz. La votación POR EL SÍ UNES: 47 Pachakutik  12 PSC 12 ID 6 Disidentes ID  3 Independientes  8 EN CONTRA BAN 21 ID  1 Independientes  1 ABSTENCIONES ID 4 Independientes 1 AUSENTES Pachakutik 11 BAN 3 ID 1 Independientes 6

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Henry Cucalón advierte a asambleístas del PSC que pueden salir ‘mal parados’

EL COMERCIO .- El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, descalificó el contenido del comunicado del coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PCS), Esteban Torres, frente al proceso de juicio político contra Guillermo Lasso. Este jueves 6 de abril de 2023, el Ministro rechazó las presuntas negociaciones que mencionan los socialcristianos. “Yo agradezco la oportunidad que me brindó el PSC y Madera de Guerrero de representarlos en la Asamblea Nacional durante ocho años, inclusive fui jefe de bloque”, dijo Cucalón en radio Forever.   Respecto al comunicado, manifestó que “es la sumatoria de berrinches sin prueba alguna. Henry Cucalón, con o sin Ministerio, tiene un recto proceder. Yo no he caído ni caeré en esas falsas imputaciones que se quieren hacer”.   Torres emitió el comunicado el 4 de abril. En el documento mencionó una supuesta negociación del Gobierno para contar con los votos de dos asambleístas del PSC y que no voten por el juicio político en contra del presidente Lasso.   Los señalamientos del PSC Para el jefe de la bancada socialcristiana, se constituiría un presunto peculado por comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros con dinero del Estado. También refirió una extorsión a asambleístas “quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales”.   “El Presidente de la República lo sabe todo. De avanzar estos ilícitos, le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es: un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas”, fue la advertencia del PSC.   El 5 de abril, el presidente Nacional de esa organización política, Alfredo Serrano, confirmó en radio Sonorama que con esa última frase se refieren a Cucalón. El dirigente relató que tres asambleístas informaron de los supuestos ofrecimientos del Gobierno a la Bancada.   Cucalón dialoga para colegislar Cucalón señaló que lo que sí hace es “explicar la posición, ante todos los grupos políticos, sociales, empresariales, laborales”, de defensa del Gobierno frente al juicio político. “Y en el caso de la Asamblea, adicionalmente, como una muestra de apertura, de coadyuvar en las labores de colegislación. ¿No querían puentes?”, cuestionó.   El Ministro reconoció que en estos días ha conversado con varios legisladores pero para tramitar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. A su criterio, esos diálogos están dentro de “lo normal”.   “Lo que el pueblo ecuatoriano tiene que tener seguridad y confianza es que, pese a los errores que uno puede cometer, jamás en mi práctica pública caeré en esas falsa imputaciones que se quieren endilgar”, insistió.   El Secretario de Estado aseguró que, si no fuese ministro de Gobierno, tampoco apoyaría el juicio político contra Lasso. Por eso dijo sentirse cómodo en su gestión desde la Cartera del Régimen al enfatizar que la acusación de presunto peculado por un contrato entre la estatal Flopec y Amazonas Tanker es un “relleno”.   Lanzó una advertencia a los asambleístas: “Yo no quiero que me lleven a un redil donde algunos no van a salir bien parados porque todos conocemos sus antecedentes. No pueden torcer la historia”. También criticó a la oposición por preanunciar que votarán por el enjuiciamiento. “¿Entonces para qué es el proceso?”, acotó.   En otro punto, adelantó que el próximo miércoles se reunirá con los titulares de la Corte Nacional de Justica, Fiscalía y demás entidades de justicia para continuar con las mesas sobre seguridad.  

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Trump sostiene que “no puede tener un juicio justo” en Nueva York

EL COMERCIO .- El expresidente Donald Trump dijo este jueves 30 de marzo que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación por el pago irregular a una actriz de contenido para adultos en 2016 de USD 130 000. En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y el presidente Joe Biden, atacó a la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.   «Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York«, escribió.   Poco antes, Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado -que es el que decidió la imputación del expresidente-, había dicho en un breve comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump «su entrega» para que le sean leídos los cargos.   Por su parte, una de las abogadas de Trump, Susan R.Necheles, dijo al rotativo The New York Times que su defendido tenía previsto entregarse el próximo martes para escuchar formalmente la acusación.   Además de esa declaración, Trump ha posteado en su cuenta de Truth las palabras de varios aliados republicanos que han protestado con vehemencia contra la imputación, además de una caricatura donde se le ve a él mismo sosteniendo una pizarra, al estilo de los acusados en una comisaría, en la que se lee: «Donald Trump 2024, sigue siendo la amenaza número 1 al sistema».   Así pues, no está claro si Trump se presentará voluntariamente -como dijo su abogada- o se resistirá, para lo cual contaría con la ayuda del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció que el estado no atenderá una solicitud de extradición del exmandatario.

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Pleno rechaza moción de bancada correísta para enjuiciamiento penal de Fernando Villavicencio

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 47 votos afirmativos, 49 negativos y 36 abstenciones, de 132 asambleístas presentes, no aceptó la solicitud del juez competente quien pidió la autorización previa de la Legislatura para iniciar el enjuiciamiento penal de Fernando Villavicencio. La acción fue solicitada por la primera vicepresidenta del Parlamento, Marcela Holguín (UNES), quien demandó al presidente de la Comisión de Fiscalización por «vulnerar el derecho a la honra». El asambleísta Mauricio Zambrano (UNES) mocionó, este viernes 9 de diciembre, que el Pleno proceda a tramitar el oficio suscrito por el Secretario Relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República del Ecuador, mismo que no fue aprobado. La bancada correísta esperaba conseguir los 92 votos para autorizar el inicio de un juicio penal privado en contra de Villavicencio. El mes pasado, UNES también planteó dos pedidos de suspensión de hasta tres meses contra el legislador por dirigir supuestos insultos “mafiosos y mafiosas” hacia los integrantes del bloque. Villavicencio recibió entonces una sanción por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que consistía en una suspensión de funciones que se extendía hasta 31 días. Sin embargo, la jueza constitucional Soledad Manosalvas ordenó, el pasado 28 de noviembre, que el legislador sea reintegrado lo más pronto posible a la Asamblea. Fuente: Vistazo

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Comienza el juicio en los Estados Unidos a la enfermera y al guardaespaldas de Hugo Chávez

El proceso por lavado de dinero se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale desde este lunes y durará dos semanas. En la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño. Con la elección del jurado a partir de este lunes se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez. El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros al norte de Miami) y durará dos semanas, la primera de ellas para la selección del jurado. “Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno”, dijo a EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo. La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado, que señaló será una tarea “difícil”. La abogada presentó el viernes una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa. Entre tanto, entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales. La pareja de acusados, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudía Díaz Guillén. Andrade sería el “testigo estrella”, según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales. En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense. Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a la “enfermera” de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. El matrimonio, extraditado desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer. En los últimos meses los abogados de la “enfermera” de Chávez, acusada de tres delitos relacionados con lavado de dinero, trataron sin éxito de que el juez William P. Dimitrouleas aceptase el argumento de que el Gobierno estadounidense carece de “jurisdicción extraterritorial” para juzgarla. Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalidad venezolano-española. Según la fiscalía, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a la “enfermera” de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables. Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales. La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa “transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”. Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad. Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España. Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país. Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro su integridad”, un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro “una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español” a la oposición. Fuente: Infobae

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Defensor del Pueblo llamado a juicio por presunto abuso sexual

Mediante las cuentas oficiales de la Fiscalía, pudo conocerse el llamado a juicio en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Él mencionado funcionario es procesado por el presunto delito de abuso sexual. Además, se le ratificó la prisión preventiva como medida cautelar. #ACTUALIZACIÓN | Acogiendo el pedido de #FiscalíaEc, juez nacional Adrián Rojas llama a juicio al defensor del Pueblo, Freddy C., como presunto autor del delito de abuso sexual. Además, le ratifica la medida cautelar de prisión preventiva. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/q9v2Xx02Gd — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 10, 2021

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