Esperan el pronunciamiento de la sala penal respecto a la acción de protección con medidas cautelares que presentó un legislador el día de la interpelación. Los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) destituidos y censurados por la Asamblea Nacional, la noche del 18 de noviembre, esperan reunirse para conformar un frente común para impugnar esa decisión tomada por 85 asambleístas. Todos concuerdan en que el proceso es nulo, tiene vulneración de derechos humanos, violación del debido proceso y es discriminatorio. La vicepresidenta del CPCCS destituida, María Fernanda Rivadeneira, afirmó que los cuatro consejeros actuarán como un solo grupo para defenderse de la resolución tomada por el Legislativo, y advirtió que irán hasta las instancias internacionales para defender sus derechos que fueron vulnerados en el proceso de interpelación, pues existen precedentes, agregó. Rivadeneira recordó que también camina una acción de protección con medidas cautelares presentada por un asambleísta que busca anular todo lo actuado en el marco del juicio político. Esta acción de protección fue presentada por el legislador Washington Varela (BAN), y el trámite recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por los jueces Stalín Palacios Ortiz, Ignacio Carrasco Cruz y Adrian Bonilla Morales. La destituida aclaró que los consejeros cuando acudieron al pleno de la Asamblea no amenazaron a ningún legislador, sino que dijeron lo que puede pasar frente a una resolución que viola derechos y el debido proceso, sobre lo cual ya existe jurisprudencia. Rivadeneira señaló que hasta el mediodía del sábado no fueron notificados de ninguna resolución parlamentaria, y reiteró que la intención del correísmo y del PSC es tomarse el CPCCS, pues el consejero David Rosero ya anunció que será el nuevo presidente, mientras que la consejera Sofía Almeida también ha señalado ante los medios que hay que cambiar el concurso de selección del nuevo contralor del Estado. La consejera censurada recordó que el CPCCS no puede mover ni revisar ningún concurso, porque, bajo la teoría que usaron dos legisladores de Pachakutik y apoyados por UNES y PSC, una vez iniciado el concurso no se pueden modificar reglamentos ni revisar la integración de las comisiones ciudadanas de selección; de lo contrario, podrían ser objeto también de un proceso de interpelación. Dijo que, antes del juicio político, el CPCCS convocó a las comisiones ciudadanas de selección de todos los concursos, y que nadie puede volver a revisar ni cambiar el reglamento; si lo hacen, podrían incumplir sus funciones y, por lo tanto, ser objeto de juicio político. En las redes sociales también hubo reacciones de parte de las organizaciones políticas y de los consejeros del CPCCS. El consejero Juan Javier Dávalos en un trino posteó: “La Asamblea hizo justicia y defendió la independencia que nunca debió perder el CPCCS. El Gobierno que se dedique a resolver los problemas del país en vez de tomarse las instituciones. Retomaremos el rumbo de la transparencia y designación de autoridades como manda la ley”. La bancada UNES difundió un comunicado en que señala que fueron censuradas y destituidas las autoridades de un CPCCS que fueron impuestas “a patadas” y que solo respondían a los intereses del Gobierno de (Guillermo) Lasso. “La bancada UNES, coherente a sus principios, ha votado a favor de este proceso, que ha cumplido a cabalidad todos los requisitos legales. Permaneceremos vigilantes en el cumplimiento de esta decisión de la Asamblea Nacional. La participación ciudadana es un derecho”, añadió. Proceso y resolución Este proceso de juicio político tomó como referencia una resolución legislativa aprobada el 15 de noviembre con 84 votos, que no observó la resolución de la Comisión de Fiscalización que unificó dos peticiones de juicio político en contra de los siete integrantes del CPCCS, y optó por direccionar la interpelación solo a cuatro consejeros y archivar el juicio dirigido a los otros tres consejeros. Con ello, la Asamblea solo tramitó las dos acusaciones planteadas por los asambleístas Ángel Maita (PK) y Mireya Pazmiño (separada de PK), y que tienen relación con la ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de superintendente de ordenamiento territorial y arrogación de funciones, por inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria n.º 3 del pleno del CPCCS del debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Resolución Los 85 votos que aprobaron la resolución planteada por el asambleísta Ángel Maita (PK) corresponden a los asambleístas de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y Partido Social Cristiano (PSC), así como once legisladores de Pachakutik, cinco de la Izquierda Democrática y seis independientes. En la resolución se dispone la notificación al Ministerio del Trabajo a fin de que, bajo prevenciones legales, registre la censura y destitución de Hernán Ulloa Ordóñez, María Fernanda Rivadeneira Cuzco, Ibeth Estupiñán Gómez y Francisco Bravo Macías; y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el plazo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el artículo 85, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. También se ordenó a la Secretaría General notificar de la resolución al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo prevenciones legales, para que cualquier acto de privación arbitraria de recursos económicos para las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será objeto de la fiscalización y control político de esta Asamblea Nacional. Además, en el texto aprobado recuerda a la Función Judicial que la resolución es emanada desde el pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la Función Legislativa. Esto en alusión a la presentación de acciones de protección con medidas cautelares. Igualmente, se dispuso al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convoque de forma inmediata