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Ecuador: enero 15, 2025

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Controversia por reforma que permite al Ejecutivo designar a director de la UAFE

El Gobierno y la Asamblea Nacional están nuevamente enfrentados. Esta vez la causa es el alcance de la llamada “Ley Antipillos”, que permite mejorar los controles a los lavados de activos. LEER TAMBIÉN: Presidente ordena publicar “Ley Antipillos”, pese al reclamo de la Asamblea LEER TAMBIÉN: Asamblea amenaza al Gobierno por publicar la “Ley Antipillos” La normativa fue enviada por el Ejecutivo al Parlamento, con el carácter de urgencia económica. Sin embargo, fue archivada después del primer debate. En vista que no se completó el proceso dentro de los 30 días que establece la Constitución, el presidente Noboa ordenó publicarla y promulgarla. Director de la UAFE Uno de sus artículos establece que el poder ejecutivo, tiene la potestad de designar al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos (LOPDCDLA), vigente desde julio pasado, señalaba que ese funcionario sería designado por la Asamblea, en base a una terna enviada por el Gobierno. La nueva “Ley Antipillos” derogó ese y otros artículos, por lo cual el nombramiento será directo. Este cambio golpeó a la Asamblea, que planteó ante la Corte Constitucional una demanda, para tratar de tumbar la nueva ley. El caso está en manos de la jueza Karla Andrade. El pedido de la Legislatura es que se apliquen medidas cautelares, y no se permita que entre en vigor la “Ley Antipillos”. De su lado, el Ejecutivo demandó la inconstitucionalidad de la LOPDCDLA, toda vez que el Parlamento la envió al Registro Oficial, sin que el Ejecutivo la aprobara o rechazara. Este proceso, en cambio, recayó en la jueza Daniela Salazar.

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Presidente hizo bien en promulgar “Ley Antipillos”, afirma jurista

Más voces respaldan la decisión del presidente Daniel Noboa, de promulgar la denominada “Ley Antipillos”, como se conoce a la Ley que intensifica el combate al lavado de activos. El proyecto, enviado con el carácter de urgencia económica, fue archivado por la Asamblea Nacional luego de apenas el primer debate. En respuesta, Noboa ordenó que sea promulgada por el Registro Oficial. LEER TAMBIÉN: Presidente ordena publicar “Ley Antipillos”, pese al reclamo de la Asamblea LEER TAMBIÉN: Asamblea amenaza al Gobierno por publicar la “Ley Antipillos” Para el reconocido constitucionalista Carlos Luis Sánchez Gaete, la acción presidencial fue necesaria y perfectamente válida. Y no solo porque reforzará los controles en el sistema financiero, sino porque se basa en conceptos jurídicos. Constitución es superior Sánchez recordó que el Parlamento, al archivar el proyecto, se basó en una opción de su ley orgánica. Sin embargo, la Constitución ordena que toda iniciativa pase por los 2 debates, y al ser la máxima normativa en la jerarquía, debió ser acatada. A su criterio, los únicos preocupados por la nueva ley son los delincuentes, o las personas involucradas en manejo ilícitos. Como punto positivo mencionó que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), ante la sospecha de dinero sucio, podrá ordenar a los bancos su congelamiento. Y si bien esta opción ya existe en la ley penal, gracias a la “Ley Antipillos” será mucho más rápida. Falta reglamentación Para Sánchez, el verdadero alcance de este cuerpo legal se verá al expedirse la reglamentación. El jurista reconoció que, efectivamente, podría existir un resquicio para utilizar la ley como arma de persecución política. Sin embargo, advirtió que mucho peor es no actuar contra el grave problema que significa el lavado de dinero sucio.

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Asamblea amenaza al Gobierno por publicar la “Ley Antipillos”

La Asamblea Nacional está en pie de guerra contra el Gobierno. La causa es la decisión del presidente Daniel Noboa, de enviar al Registro Oficial la Ley de Lavado de Activos, conocida como “Ley Antipillos”, para su publicación. LEER TAMBIÉN: Presidente ordena publicar “Ley Antipillos”, pese al reclamo de la Asamblea LEER TAMBIÉN: Polémica por archivo de proyecto de ley contra lavado de activos La propuesta, que fue enviada al Parlamento con el carácter de urgencia económica, fue archivada luego del primer debate. El Ejecutivo sostiene que debía someterse a los 2 debates de rigor, por lo cual puede ser publicada. Secretario de la Asamblea lanza ataques Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, y quien ha sido cuestionado por volverse un actor político y no jurídico, denunció una supuesta “arrogación de funciones” del presidente Noboa. A nombre de la Legislatura, advirtió que si el gobernante insiste en su afán de publicar la ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad, así como acciones penales. No especificó si lo haría a título personal, o si se tomaba el nombre del Parlamento para ello. Muñoz anotó que desde el año 2014, 51 proyectos urgentes fueron archivados en primer debate. Lo que demuestra, según dijo, que la actuación de la Asamblea estuvo enmarcada en la ley. De su lado, el bloque de ADN defendió la decisión del presidente Noboa, y cuestionó la actuación del secretario.

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Presidente ordena publicar “Ley Antipillos”, pese al reclamo de la Asamblea

El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó publicar en el Registro Oficial la Ley para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, conocida como “Ley Antipillos”. Su decisión generó el reclamo inmediato de la Asamblea Nacional, que la archivó en primer debate, pese a que tenía la obligación de realizar el trámite completo en 2 debates. LEER TAMBIÉN: Asamblea niega proyecto para combatir lavado de activos LEER TAMBIÉN: Asamblea rechaza publicación de «Ley Antipillos» en Registro Oficial El documento, que tenía el carácter de urgencia económica, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, de manera íntegra, toda vez que el Parlamento no cumplió con efectuar los 2 debates en el pleno. Asamblea no cumplió En un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Gobierno precisó que, ante la falta de tratamiento legislativo, y al cumplirse con el plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional, asegurando que esta Ley entre en vigencia para proteger a la ciudadanía. En vista que la Asamblea no cumplió con los 2 debates obligatorios, la iniciativa se convierte en ley. El proyecto establece, entre otros puntos, un aumento en el impuesto a la compra y venta de vehículos de más de 50.000 dólares. Asimismo, dispone que los clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas. Pataleo del Parlamento Casi de inmediato se produjo la respuesta del Parlamento, también a través de un comunicado difundido en redes sociales. El documento se titula: “Apagón jurídico en Carondelet”, en referencia a la decisión de la Presidencia de la República, de convertir un proyecto urgente en un decreto-ley, algo sin precedentes en nuestra democracia. El comunicado anota que el tema “fue expresamente negado y archivado por el pleno de la Asamblea Nacional”, y señala que la Constitución establece que los proyectos urgentes siguen el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos. Como prueba citó que 52 proyectos, desde el año 2014, han sido archivados en primer debate. Para la Legislatura, el Ejecutivo debió recurrir a la Corte Constitucional, antes de ordenar la publicación de la nueva ley.

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