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Paridad, aborto, objeción de conciencia: las dudas y ambigüedades de la nueva Constitución chilena

El País .- Seis integrantes del Consejo Constitucional de diferentes sectores políticos dan su visión sobre qué implica para las chilenas el nuevo textol Las mujeres podrían definir el futuro constitucional de Chile. Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, dada a conocer el domingo pasado, mientras el 53% de las chilenas ya tiene decidido que rechazará la nueva propuesta, solo un 27% sostiene que votará por su aprobación. Es una foto del momento, que podría cambiar en las cinco semanas que restan para el plebiscito del próximo 17 de diciembre, pero que puede ser determinante en el éxito o fracaso del texto que acaba de alumbrar el Consejo Constitucional. Hay varios puntos polémicos que explican por qué las mujeres sienten especial desafección con la propuesta de Carta Fundamental. Uno de los principales tiene que ver con un artículo que establece “el derecho a la vida de quien está por nacer”. La Constitución que rige actualmente en Chile lo define como “el derecho a la vida del que está por nacer”, y es en esa diferencia de pronombre donde se ha fijado la principal batalla feminista. Para el oficialismo la nueva frase podría colisionar con la ley interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que rige desde 2017 y que se aplica para casos de violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto. Mientras que para las derechas, se trata de un artículo que no implicaría riesgos a la ley ya existente. La paridad es otro de los temas polémicos. Aunque la propuesta definitiva incluyó la paridad de entrada para cargos de representación popular, la de salida, que en un principio se había dejado fuera del texto, fue incluida en su etapa final pero a través de una norma transitoria. Esto quiere decir que se mandatará al Congreso para que ingrese un proyecto de ley electoral que cree un mecanismo para conseguir un equilibrio de género 60-40 para las elecciones. Mientras los consejeros oficialistas califican la norma como insuficiente, desde la derecha aplauden la flexibilidad para haber reincorporado la norma. La objeción de conciencia, en tanto, también sufrió modificaciones. El texto inicial incluía la objeción de conciencia institucional, lo que en la práctica abriría la puerta para que ciertos servicios de salud se nieguen a entregar prestaciones de salud reproductiva relativa a esterilizaciones, interrupción del embarazado legal o tratamientos anticonceptivos. Permitiría a farmacias a negarse a vender, por ejemplo, productos como la píldora del día después. Finalmente, sin embargo, solo quedó establecido este principio a nivel personal. Esos son los tres principales puntos criticados por el oficialismo. Pero, al mismo tiempo, la nueva propuesta incluyó nuevas normas relativas a los derechos de las mujeres que son aplaudidas por la derecha. En particular, la equidad de género, a través de una norma de no discriminación arbitraria entre hombres y mujeres con mismo empleador para que tengan salarios equivalentes, así como también la sala cuna universal y gratuita para niños desde los 85 días de nacidos. EL PAÍS entrevistó a tes consejeras de oposición y tres oficialistas para conocer sus diferentes visiones sobre cómo el nuevo texto afecta a las mujeres. Pilar Cuevas: “Hay una campaña de la izquierda de decir que esta Constitución atenta contra la mujer” Pilar Cuevas este martes frente al palacio del viejo Congreso Nacional, en Santiago (Chile).FERNANDA REQUENA La consejera del partido Renovación Nacional (de derecha tradicional) Pilar Cuevas, considera que la izquierda es la responsable de que hoy las mujeres se manifiesten lejanas a la nueva propuesta constitucional. “Hay una campaña permanente de la izquierda de mentirle a la ciudadanía y decir que esta esa una Constitución que atenta contra la mujer y sus derechos”, dice. Sostiene que el 50% del texto fue votado por unanimidad y hace un llamado al oficialismo a “no borrar con el codo lo que escribieron con la mano”. Para Cuevas, la ley de interrupción del embarazo en tres causales no se ve afectada por el nuevo texto. Pero agrega que “siempre puede haber un abogado que quiera recurrir al Tribunal Constitucional porque tal o cual ley puede quedar inconstitucional”, dentro de lo 216 artículos que incluye la propuesta. Sobre los contenidos, la consejera compara el texto propuesto con la actual Constitución que rige en Chile. “Esa Constitución no tiene ningún derecho consagrado para las mujeres, cero, más allá de temas transversales como que todos nacimos iguales en derechos y cosas así. Pero lo que estamos proponiendo incluye derechos que no habíamos tenido nunca, como la igualdad salarial consagrada en el derecho al trabajo, la sala cuna universal, el plan universal de salud sin discriminación por sexo y el acceso igualitario y equitativo a cargos públicos”, menciona. Paloma Zúñiga: “Esta Constitución cierra el debate del aborto libre” Paloma Zúñiga, el 7 de noviembre.FERNANDA REQUENA La consejera de Revolución Democrática, uno de los partidos más importantes del Frente Amplio, califica la propuesta como “un proyecto de mucho eslogan” que “no contribuye en profundidad” al avance y desarrollo de los derechos de las mujeres. Considera que las normas en términos de participación política de las mujeres son “muy precarias”. “Hablan de una paridad, que en realidad no es paridad, es 60% y 40% y es transitoria -sólo rigen en las dos próximas elecciones-”. También critica otros “eslógan”, como por ejemplo el de la igualdad salarial. “En realidad es inocua y no funciona, porque hoy recién el Congreso está evaluando la posibilidad de hacer una ley para que los empleadores tengan que dar a conocer los sueldos que pagan. Mientras eso no funcione, lo que queda en la Constitución hoy es letra muerta, porque no tienes cómo demandar sin saber si tu compañero gana más o lo mismo que tú en el mismo trabajo”, apunta. La arquitecta lamenta que el texto “cierra el debate del aborto libre”, un tema que, reconoce, divide a las chilenas, pero que eliminar la opción de discutirlo es una “falta de respeto” para quienes están a favor. Un 30% de los chilenos está a favor de que exista la opción de interrumpir el embarazo en

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Chile alumbra una nueva propuesta de Constitución con tintes conservadores y sin consenso político

El País .- Tras más de cuatro meses de trabajo, el Consejo Constitucional ha aprobado por 33 votos a favor, de las derechas, y 17 en contra, de las izquierdas, el texto de Carta Fundamental que se plebiscitará en diciembre El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, ha aprobado este lunes en su pleno la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso de más de cuatro meses de trabajo de este órgano, marcado por la polarización entre el oficialismo del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ha sido protagonista de este segundo intento de Chile por reemplazar la Constitución vigente de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero sometida a unas 60 modificaciones en democracia. Es la derecha, la tradicional y la extrema, la que ha liderado este proceso con una mayoría en el consejo (33 de los 50 redactores), lo que explica que el texto haya sido aprobado tal cual su integración: por 33 votos a favor y 17 en contra, del oficialismo. El texto que se someterá a referéndum en menos de siete semanas, por lo tanto, llega a los ciudadanos sin consenso político. Tras la aprobación de la propuesta, la nueva Constitución será entregada el próximo martes 7 de noviembre al presidente Boric para que cumpla el mandato de convocar al plebiscito, de carácter obligatorio para la ciudadanía. La votación del pleno de este lunes estuvo cruzada por un debate entre la oposición y el oficialismo, con recriminaciones de ambos bandos de no haber logrado un acuerdo amplio, como era el objetivo de este segundo intento en cuatro años. No hubo tampoco novedades en la votación, pues en los temas clave e ideológicos que dividían a ambos sectores hace meses que las deliberaciones eran a favor con los 33 votos de las derechas, de ellos 22 del Partido Republicano de la derecha extrema, y 17 de las izquierdas. Este es el segundo intento de Chile en cuatro años de cambiar la actual Carta Fundamental que, aunque nació en la dictadura en 1980, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. En 2005, en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, se llevaron adelante las principales modificaciones, por lo que el texto vigente lleva la firma del expresidente que gobernó Chile entre 2000 y 2006. El país debió emprender un nuevo proceso en 2023 luego que, la anterior propuesta fuera rechazada por un 62% de la ciudadanía. A diferencia del texto actual, en el frustrado proceso anterior la propuesta fue elaborada por una Convención Constitucional dominada por una izquierda identitaria y radical. Este segundo intento tomó forma en noviembre de 2022, tras el fiasco anterior. Impulsado por el presidente Boric y apoyado por la derecha tradicional, tuvo características muy diferentes al primer proceso. Arrancó con un primer texto acordado por una Comisión Experta de todos los sectores con representación en el Congreso, que trabajó entre marzo y 6 de junio pasado. El Consejo de 50 miembros, sin embargo, realizó cambios importantes, porque las derechas hicieron valer su mayoría. Este proceso ha estado marcado, adicionalmente, por un constante desinterés de la ciudadanía. La mayoría de las encuestas, desde que comenzó en marzo el trabajo de los expertos, ha ido revelando que más del 50% de los chilenos consultados ha estado persistentemente inclinándose para votar en contra de la nueva Constitución, y lo ha hecho aún sin conocer la propuesta. El último sondeo del domingo, de la encuestadora Cadem, mostró que la opción a favor subió tres puntos con respecto a una semana atrás, con un 34%, pero que la opinión en contra llega al 51%. Pero también este nuevo intento, ha estado cruzado por otra característica: si en la convención anterior las derechas, que eran minoría, alegaron falta de diálogo, hoy son las izquierdan las que se han quejado de falta de acuerdos. La nueva propuesta de Constitución ha sido catalogada por las izquierdas desde hace meses con dos conceptos: identitaria y dogmática. Este lunes se repitieron en el debate del pleno previo a una votación que tuvo como única sorpresa el hecho de que los consejeros del oficialismo de Boric, por primera vez, transparentaron que votarán en contra del texto en el próximo plebiscito. Uno de ellos fue el socialista Alejandro Köhler: “No tenemos otra opción que rechazar este texto. Se impuso una mayoría circunstancial con un texto dogmático. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrogrado y polarizante, que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente, por dejar sin espacio democrático a otras ideas democráticas”. Antonia Rivas, abogada e integrante de la Comisión Experta de Convergencia Social, el partido de Boric, dijo: “Fracasamos en ofrecerle a Chile una Constitución de consenso. Por el contrario, le ofrecemos un texto con letra chica, maximalista y partisano, que pone en riesgo la estabilidad”. En cambio, el consejero Luis Silva, del Partido Republicano, colectividad que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, dijo que el nuevo texto que proponen “es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980″ y que “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo, a la corrupción”. “Al votar A favor, tengo la seguridad de qué es lo que pasará: sé que se cierra un proceso y conozco las reglas con que se gobernará a Chile en adelante. Al votar En contra, en cambio, se abre un camino de pura incertidumbre. ¿Seguirá vigente la Constitución actual, por cuánto tiempo?”. Y añadió: “Enfrentados a esta alternativa, espero que la gran mayoría elija el primer camino, el de la seguridad. Por esto que yo voto A Favor y los invito a votar A Favor”. Un elemento de este proceso constitucional ha sido el papel del Partido Republicano, que nunca estuvo por cambiar la Constitución actual y, de hecho, no estuvo en el acuerdo de noviembre de 2022 que buscaba una segunda oportunidad. Luego de obtener la mayoría de los cupos en la

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La política chilena intenta contra reloj salvar el proceso constituyente

El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138. Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas. Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses. La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025. El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno. Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos. Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric. El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha. Rechazada una norma sobre paridad Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas. La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron

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