El gobierno implementará un nuevo Código del Trabajo a corto plazo. Así lo anunció la ministra del ramo, Ivonne Núñez, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Para Núñez, el actual código ya no permite más reformas. Por tanto, lo más conveniente es elaborar una nueva normativa, que aglutine todas las modalidades de trabajo existentes, y otras que podrían sumarse. La ministra explicó que el objetivo es “unificar” todas las leyes laborales, y que rijan tanto para empleados públicos como privados. Es decir, el nuevo código significaría la eliminación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), e incluso las normativas que regulan a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Núñez precisó que es necesario adaptar la “flexibilización laboral” a las nuevas realidades. Y mencionó como ejemplo al teletrabajo, que antes no existía, y ahora es muy común. Contratos de Emergencia deben desaparecer Por otro lado, la funcionaria confirmó la intención de eliminar la ley, aprobada durante la pandemia del Covid, que estableció los llamados “Contratos de Emergencia”, que eran por un tiempo determinado. Núñez explicó que esta modalidad, que era necesaria en ese momento, debe ahora desaparecer, pues se afectan los derechos de los trabajadores de contratos indefinidos. La Asamblea, hace un año, planteó su derogatoria, pero en entonces presidente Guillermo Lasso. Una vez cumplido el plazo de rigor –el 20 de julio- el actual Parlamento puede intentarlo de nuevo, en un solo debate. En su intervención ante la Comisión de Fiscalización, la secretaria de Estado también ratificó que la campaña de empleo joven ha tenido éxito. Y citó como prueba que 170.000 ecuatorianos ya tienen trabajo gracias a la misma, como lo pueden atestiguar las cifras de afiliación del IESS. Finalmente, reiteró su crítica a ciertos contratos colectivos, pues fueron firmados violando el artículo 74 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas. La misma señala que, en el caso de contrataciones colectivas del sector estatal, incluso las de empresas consideradas «estratégicas», se requiere de forma obligatoria y vinculante el dictamen del Ministerio de Finanzas, toda vez que son recursos públicos. Y en estos casos no hubo tal visto bueno. Además, dijo la ministra, mediante dudosas acciones de protección se consiguió que miles de trabajadores, regidos por la LOSEP, pasen al Código del Trabajo, precisamente para ser incluidos en los privilegios. Los contratos colectivos, recordó Núñez, deben amparar únicamente a los obreros, teniendo en cuenta los límites de la Ley. Varios de estos contratos están en manos de la Contraloría, que realiza un examen especial, a fin de determinar posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales.