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A dos meses del crimen de Villavicencio, la mitad de los imputados están muertos

Primicias .- El caso ha dado un nuevo giro con el presunto asesinato múltiple dentro de la cárcel de siete de los 13 procesados por el atentado, justo antes de que se dé la instrucción fiscal. El lunes 9 de octubre de 2023 inició última semana electoral antes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. En esta fecha también se cumplen dos meses del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El caso ha dado un nuevo giro con el asesinato múltiple dentro de la cárcel de siete de los 13 procesados por el atentado como autores materiales, justo antes de que se dicte la instrucción fiscal. El 9 de agosto de 2023 Villavicencio fue acribillado al salir de un mitin electoral en Quito, y dos meses después la instrucción fiscal se cerró con una declaración de un testigo del caso que parece clave al revelar ante la Fiscalía quién fue el autor intelectual, después de que aparecieran muertos casi todos los autores materiales. El viernes 6 de octubre, cuando se iba a cumplir el periodo dispuesto para la instrucción fiscal, se conoció la muerte dentro de prisión de siete imputados, entre ellos los seis colombianos a los que se les consideraba presuntos ejecutores del atentado, junto a un séptimo hombre de la misma nacionalidad que fue abatido en el lugar del crimen. Los seis colombianos aparecieron aparentemente ahorcados en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y violenta de Ecuador, con una docena de pabellones controlados por distintas bandas criminales, y de la que en principio iban a ser trasladados, pero este cambio de cárcel no se produjo y está bajo investigación de la Fiscalía. Al día siguiente, el sábado, se conoció que en la cárcel de El Inca, de Quito, otro preso imputado en el mismo caso también había corrido la misma suerte. Estas muertes de testimonios claves en la investigación se dieron pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de USD 5 millones a quien diese información sobre el autor intelectual del crimen contra Villavicencio. Desde un inicio, la administración del presidente Joe Biden se ha volcado de lleno con la investigación al enviar a Quito un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que da asesoría a la Fiscalía, encargada de llevar adelante la investigación. Sicarios colombianos Y es que podía parecer que el caso se esclarecería rápido cuando a las pocas horas del crimen fueron detenidos los seis colombianos, pero el asesinato simultáneo de todos ellos dentro de la Penitenciaría del Litoral añade más complejidad. En un inicio las sospechas se concentraron en Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el jefe de Los Choneros, una de las bandas criminales más grandes y violentas de Ecuador, a quien Villavicencio señaló como el presunto remitente de las amenazas de muerte que había denunciado pocos días antes de su asesinato. Sin embargo, el registro de los teléfonos móviles de los colombianos investigados por el crimen revelaron que algunas de sus últimas comunicaciones procedían de la cárcel de Latacunga, una prisión controlada por Los Lobos, enemigos de Los Choneros. Así, cuando se cumplía un mes del asesinato, fueron detenidas otras siete personas, entre ellas cuatro que ya estaban presas en la cárcel de El Inca, y en la prisión de Latacunga, situada en Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito. El resto de presos imputados en la investigación, que siguen vivos, fueron sacados de la cárcel de Cotopaxi y trasladados a otro centro no revelado por las autoridades por motivos de seguridad. Denuncia contra enemigos políticos Mientras, Christian Zurita, el colega de investigaciones periodísticas de Villavicencio que asumió su candidatura presidencial, rescató una denuncia presentada en abril por Villavicencio contra cinco exasambleístas a los que acusaba de presuntamente planear un atentado en su contra, en el marco del juicio político que en esas fechas se desarrollaba contra Lasso. Los denunciados, un integrante del Partido Social Cristiano (PSC) y cuatro del correísmo, han rechazado enfáticamente esa acusación que consideran difamatoria. Y tras la declaración el domingo del testigo que presuntamente reveló al autor intelectual, Zurita afirmó que este testimonio responsabilizó del crimen al «gobierno de Correa», una aseveración que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) cree que malintencionada al salir a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. Si bien Villavicencio se había configurado como un acérrimo enemigo de Correa con sus denuncias sobre corrupción, el exmandatario ha rechazado desde un inicio cualquier vinculación por el crimen y lo atribuyó a un supuesto «complot de la derecha» para impedirles el triunfo en primera vuelta. Para Correa, el asesinato de Villavicencio impidió que su candidata, Luisa González, fuese presidenta en primera vuelta. González deberá medirse en segunda vuelta a Noboa, en un balotaje donde los dos finalistas han manifestado su intención de esclarecer el crimen de Villavicencio. #asesinato #crimen #crimen organizado #Fernando Villavicencio #magnic

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Hasta 26 años de cárcel podría tener cada uno de los que perpetraron el ‘magnicidio’ de Fernando Villavicencio

El Universo .– El candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue asambleísta por dos años y presidió la Comisión de Fiscalización del cesado Legislativo. Penas que van de los 22 a los 26 años de cárcel es lo que podrían recibir quién o quiénes sean ubicados como autores del asesinato del candidato presidencial Fernado Villavicencio. Hasta el momento seis personas han sido detenidas, entre ellas, dos que habrían sido plenamente identificadas por cámaras de seguridad, pues estuvieron en lugares cercanos a donde se produjo el crimen pasadas las 18:00 del miércoles 9 de agosto último.   Pese a que personas cercanas al exasambleísta oriundo de la provincia del Chimborazo han calificado a este crimen como un magnicidio, en la normativa ecuatoriana -Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente- no existe esa figura penal como tal. El diccionario define al magnicidio como el asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder.   El docente universitario y penalista Pablo Encalada cree que sí se puede calificar de magnicidio al asesinato del presidencial, pese a que el magnicidio como tal no exista con ese nombre en nuestra legislación. Pese a que no existe esa figura penal, el jurista aclara una de las causales del delito de asesinato, definido en el artículo 140 del COIP, se refiere a cuando un el homicidio se converte en asesinato cuando se trata de darle muerte a un candidato en elecciones. El artículo 140, numeral diez, del actual COIP, refiere a un tipo agravado de asesianto. Esta norma señala sobre el asesinato que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si concurre alguna de las de las diez circunstancias que se defienen. La décima habla de perpetrar un asesinato en contra de un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.   “No hay el magnicidio como tal en nuestra legislación, pero sí hay una conducta que sanciona de una manera agravada este crimen. Cuando se comete un homicidio en contra de un candidato a elección popular, estamos frente a una figura de asesinato y esto doctrinariamente se conoce como magnicidio”, anotó Encalada.   De lo que se ha hablado coloquialmente en Ecuador es también sobre la existencia del intento de magnicidio, cuando se habla de un ataque no concretado contra la figura del presidente de la República en funciones. Por ejemplo, así se recogió uno de los casos en los que se procesó a personal policial que participó en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y que supuestamente atentaron contra el entonces primer mandatario Rafael Correa.   Lo que se trata como intento de magnicidio en el artículo 341 del COIP se define como tentativa de asesinato contra el presidente de la República. El articulado señala que esa tentativa contra el primer mandatario o la persona que esté en funciones será sancionada con pena que podría ir de los diez a trece años. Se resalta en el artículo 341 que la misma pena se aplicará a la persona que atente contra la vida de un jefe de Estado o de Gobierno.   El constitucionalista Stalin Raza piensa que en este caso no se puede aplicar el criterio de un magnicidio porque no se trata de un presidente de la República, ni ha sido un funcionario que ya había sido elegido, designado y en funciones. “Lo que ha pasado es que han asesinado lamentablemente a una persona importante, por la connotación que tenía y porque era un candidato a la Presidencia de la República, pero magnicidio no existe. Es el asesinato de un personaje público relevante, pero no es un magnicidio. (…) El magnicidio no está recogido como tal en nuestra legislación, pero es más un concepto de tipo político, simbólico”, manifestó Raza.   Luis Fernández Piedra, quien se presentó como amigo de Fernando Villavicencio y abogado de la familia de quien era el presidenciable por la alianza Gente Buena-Construye, criticó el manejo de la seguridad que se le brindó a Villavicencio luego del mitin político en el que se produjo el ataque mortal. Él cree que podría existir un crimen de Estado, pero que de esta opción se hablará en su momento con la familia y una vez que las investigaciones empiezan a arrojar resultados.

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