La Mara Salvatrucha, la estructura criminal más grande y peligrosa de El Salvador, pierde terreno bajo la embestida del presidente y en medio de las incesantes denuncias de violaciones de derechos humanos “Ahora usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo porque se lo puede llevar la policía, y peor a usted que anda tatuado”, dice con voz queda Eva, una mujer de 27 años, habitante de La Montreal, una populosa colonia en el área metropolitana de San Salvador. Desde que el Gobierno de Nayib Bukele instauró el régimen de excepción en El Salvador, hace ocho meses, los habitantes de La Montreal, un histórico bastión de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), les tienen menos miedo a los pandilleros. Ahora, en cambio, le temen a la policía y al ejército, que han sitiado esa y una multitud de comunidades en todo el país. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal. Se han vuelto como otra pandilla”, insiste Eva, sentada en un viejo sillón en la pequeña sala de su casa, mientras observa de reojo hacia la puerta, vigilando que nadie más escuche la conversación. A Eva, que pide no revelar su nombre completo por seguridad, la acompañan su esposo, su madre, sus dos hijos pequeños y dos vecinas más que se han reunido para contar cómo se vive ahora en este lugar. Vendedores de frutas y verduras a un costado del Cine Avenida, en el centro de San Salvador.VÍCTOR PEÑA Hasta hace unos años, entrar a La Montreal siendo un desconocido era una temeridad. Para dimensionarlo mejor: en 2010, una vendetta entre la MS-13 y el Barrio 18, que controlaba la colonia de al lado, terminó en el asesinato de 17 personas que murieron quemadas dentro de un microbús de transporte colectivo cuando regresaban de trabajar. Ahora, en las calles de esta colonia no se ven pandilleros con atuendos holgados, tatuajes en el rostro y armas al cinto. Apenas se ve caminando a algunas mujeres, unas comprando en una pequeña tienda y otras que regresan de traer a sus hijos de la escuela. Dos patrullas con policías y soldados con el rostro cubierto se pasean escaneando con la mirada a los transeúntes y detienen a cualquier hombre joven que pasa. “Hace unos meses se llevaron a mi yerno Jorge Erazo. Él tiene 24 años y es un joven trabajador y estudiante de tercer año de licenciatura en Administración de Empresas. Su papá se llamaba igual que él y era el conductor de la buseta que quemaron los pandilleros en 2010″, dice Ana, otra de las vecinas reunidas en la sala. Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites. SUSCRÍBETE Lo que sucede en la Montreal no es único en El Salvador. Luego de ocho meses bajo el régimen de excepción, la Mara Salvatrucha-13, la estructura criminal más grande del país, languidece ante las medidas del presidente Bukele, cuestionadas por su autoritarismo. Con más de 58.000 personas detenidas, miles de denuncias por arrestos ilegales, casos de torturas, desplazamiento forzado causado por la policía y el ejército y asesinatos dentro de las prisiones, el Gobierno del país centroamericano se acerca al objetivo de vencer a las pandillas a costa de la suspensión de libertades y derechos constitucionales y violaciones de los derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional publicado a principios de junio, el estado de sitio decretado por Bukele ha desembocado en “violaciones masivas de derechos humanos” y detenciones arbitrarias. Y el próximo miércoles Human Rights Watch (HRW) y la organización salvadoreña Cristosal tienen previsto presentar un informe conjunto que documenta graves abusos, “incluyendo desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos”. Vendedores ambulantes de la avenida de la Independencia ofrecen sus productos en el transporte público.VÍCTOR PEÑA Entre septiembre y noviembre, EL PAÍS habló con dos empresarios de transporte colectivo, dos líderes de mercados, dos investigadores policiales, un fiscal antipandillas y visitó tres comunidades del área metropolitana de San Salvador históricamente controladas por la MS-13 para analizar los resultados a mediano plazo del régimen de excepción. Todo apunta a que la MS-13 está en los huesos. Al mismo tiempo, miembros de la policía y el ejército han ocupado ese vacío y también se dedican, según las denuncias, a cometer delitos. Aunque no se puede aplicar esta ecuación a todas las comunidades del país, como resultado de este desplazamiento, la MS-13 ha perdido fuerza en gran medida en tres de sus actividades vitales: la extorsión, el control territorial y su capacidad de reclutamiento de nuevos integrantes. “Aquí vinieron los policías y los soldados y capturaron a medio mundo. Vinieron en camiones y era como si no quisieran dejar a nadie. Se llevaron a varios que sí son pandilleros, pero también se llevaron a un montón de gente inocente”, continúa Eva. Según algunos lugareños consultados para este reportaje, La Montreal ha sufrido también un éxodo. Además de los pandilleros que huyeron de la autoridad, muchos habitantes sin vínculos con pandillas han tenido que huir del país después de que la policía los amenazara con encarcelarlos si no colaboraban y ofrecían información. Y, sin embargo, el miedo no ha desaparecido del todo. En La Montreal, como en otras comunidades visitadas por este periódico, los vecinos siguen obedeciendo las normas establecidas por las pandillas: “Aquí uno no puede recibir visitas ni de familiares que vengan de zonas de la pandilla contraria, ni se puede hablar con los policías ni ser soplón. Es posible que uno no los vea ahorita, pero la pandilla tiene ojos y oídos por todos lados y un día ellos van a salir de la cárcel”, explica Ana. Zapatería en operaciones en el sector de la Avenida Independencia de San Salvador.VÍCTOR PEÑA El pasado 27 de marzo, Bukele emprendió la embestida más grande que un Gobierno ha lanzado contra las pandillas MS-13 y Barrio 18. La medida, que en la práctica ha significado una sistemática violación de los derechos humanos, según organizaciones humanitarias, fue impuesta luego de