https://www.elcomercio.com/actualidad/ninos-y-adolescentes-cometen-muertes-violentas-desde-los-11-anos-en-ecuador.html#:~:text=Los%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20cometen,enero%20y%20marzo%20de%202023.EL COMERCIO .- Los niños y adolescentes cometen muertes violentas en Ecuador entre los 11 y 19 años de edad. Unos 28 niños y adolescentes estuvieron involucrados en muertes violentas en el primer trimestre del 2023, según la Policía Nacional. Eso representa 11% de 244 homicidios intencionales reportados, entre enero y marzo de 2023.   En los rangos de edad, de 11 a 14 y de 15 a 19 años se apalanca el comienzo de una carrera delictiva.   A esta conclusión se ha llegado, de acuerdo con el análisis de los datos de este grupo poblacional.   Susceptibles para cometer muertes violentas   Expertos consideran que los menores de edad son más susceptibles para ser captados por las redes delincuenciales, debido a la poca capacidad de raciocinio que tienen para tomar una decisión contraria.   Los especialistas coinciden en que provienen de hogares disfuncionales y de bajos recursos económicos.   En ese sentido, un menor es vulnerable a involucrarse en la venta de droga a pequeña escala, como informante de otros delincuentes, arranchador o en un asesinato, opina el experto en Trabajo Social, César Loayza.   Para un chico al que le ofrecen desde USD 30 por solo vender sobres con narcóticos es mucho dinero y en su lógica es un recurso que no le darán fácilmente en su hogar. Esto lo dice el psicólogo, César Callaveral.   Leyes débiles ante delitos El  crimen contra el policía Freddy Bonilla,  cometido por dos menores de edad, en Esmeraldas, dejó en evidencia lo laxo que resultan las leyes para sancionar a adolescentes involucrados en muertes violentas en Ecuador.   En esa muerte violenta participaron dos menores de 11 y 13 años que, el día de los hechos (13 de febrero de 2023) esperaron al agente en una esquina de un barrio del sur de Esmeraldas, donde lo interceptaron mientras iba en su motocicleta.   Uno de los adolescentes acabó con la vida del uniformado al dispararlo desde una calle contigua. En el país, los menores de 12 años en adelante son responsables penalmente cuando cometen delitos, como asesinatos, homicidios, violaciones, etc.   Sin embargo, en los centros de adolescentes infractores aún son pocos los que cumplen un internamiento institucional, que lo establece el artículo 369 del Código de la Niñez y Adolescencia.   Unos 405 menores están recluidos en centros de nueve provincias, según datos del SNAI, hasta el 26 de marzo de 2023. Todos esos reclusorios tienen una capacidad para 609 adolescentes, es decir, hay 204 espacios libres, por lo que no existe hacinamiento. ¿ Medidas socioeducativas para menores Para el ex juez de la Niñez y Adolescencia, Julio Micolta, la capacidad de instalada de los centros para menores infractores no ocupada no significa que la justicia o la Policía no cumplan su trabajo para castigarlos.   Él cree que es una debilidad de la normativa legal que permite medidas socioeducativas, como alternativa para la reinserción en la sociedad de los menores infractores.   El jurista dice que ese recurso pudiera estar siendo aplicado de manera excesiva, al punto que los menores salen de los centros al poco tiempo de ser internados.   O cumplen a medias el tiempo de la sanción, como, por ejemplo, la libertad condicional, con el agravante de que reincidan en el cometimiento de delitos, una vez que dejan los centros infractores.   El Código de la Niñez y Adolescencia contempla 10 alternativas a la prisión de menores que incurren en delitos, como las muertes violentas cometidas por menores en Ecuador.   Mayoría de menores en régimen alternati Actualmente, el 80% de menores que están en los centros para infractores cumplen disposiciones socioeducativas con internamiento semiabierto y reclusión durante los fines de semana. Otro 20% está en internamiento preventivo. La activista por los derechos humanos, Verónica Pólit, señala que otro problema es el tiempo de vigencia de esa disposición alternativa, ya que se puede extender hasta por ocho años. El activista en drechos humanos, Demecio Molina, asegura, en cambio, que en ese tiempo no se garantiza un seguimiento, ya que ese trabajo muchas veces lo hacen entes privados y no el Estado. Unas 20 fundaciones privadas o que tienen convenios con entidades públicas trabajan con chicos sancionados con medidas socioeducativas en el país. vo