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Ecuador: octubre 6, 2024

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Ecuador, octubre 06, 2024
Ecuador Continental: 03:10
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EE UU detiene a cuatro mexicanos por la muerte de 53 migrantes en un tráiler

El País .- El Departamento de Justicia informa de que las detenciones de los presuntos responsables de la tragedia ocurrida en junio de 2022 se realizaron en San Antonio, Houston y Marshall. Estados Unidos ha arrestado a cuatro mexicanos vinculados con la muerte de 53 migrantes ocurrida en junio del año pasado. El Departamento de Justicia ha informado este martes de la detención, llevada a cabo el lunes en las ciudades texanas de San Antonio, Houston y Marshall, de presuntos integrantes de una red de tráfico de personas. El hallazgo de medio centenar de cuerpos en una caja de un tráiler abandonado conmocionó a varios países hace un año y recordó al mundo lo mortífero que es la ruta que recorren miles de personas para llegar a este país.   Los detenidos, todos de nacionalidad mexicana, son Riley Covarrubias Ponce, de 30 años; Felipe Orduña Torres, de 28; Luis Alberto Rivera Leal, de 37 y Armando González Ortega de 53. Todos ellos formaban parte de una organización criminal que traficaba con personas originarias de Guatemala, Honduras y México, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La Fiscalía los ha acusado de sendos delitos de tráfico de personas, en diferentes grados. De ser declarados culpables tras un juicio, pueden ser sentenciados a cadena perpetua. Los arrestos de esta semana se suman a los de otros cuatro sospechosos hechos en 2022.   Los presuntos responsables de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2023 habían discutido “cómo consolidar costos, reducir riesgos y maximizar ganancias” sobre las rutas, guías, casas de seguridad, transportes por las que moverían a los ciudadanos de las naciones mencionadas. “La organización tenía una variedad de tractores y tráileres para sus operaciones de tráfico de personas, algunos de estos estaban almacenados en un estacionamiento privado de San Antonio”, señala la Fiscalía en un comunicado.   “Los traficantes abusan de la esperanza de los migrantes por encontrar una mejor vida, pero su única prioridad es enriquecerse”, ha dicho el fiscal general Merrick Garland. El funcionario asegura que el arresto de los implicados en el atroz crimen es una muestra de que no habrá impunidad para quienes se aprovechen de los más vulnerables. “Los traficantes que ponen en riesgo la vida de personas por ganancias no podrán ocultarse por mucho tiempo: los encontraremos y los llevaremos ante la justicia”, ha añadido. Este martes, un hombre camina entre las 53 cruces del memorial improvisado en el sitio donde fueron encontrados los migrantes.ERIC GAY (AP) Las pesquisas de la Fiscalía afirman que días antes del macabro hallazgo, Covarrubias, Orduña y otros intercambiaron entre ellos los nombres de las personas que transportarían. El grupo consiguió la caja del tráiler y la entregó al conductor del vehículo, Homero Zamorano, quien fue detenido por las autoridades en julio de 2022 junto a Christian Martínez. Orduna le proporcionó a Zamorano una dirección en Laredo, donde tendría que recoger a los 66 migrantes, entre los cuales había ocho menores y una mujer embarazada.   Los fiscales que llevan el caso aseguran que los acusados sabían que el aire acondicionado de la caja no estaba funcionando adecuadamente, por lo que los migrantes no tenían aire frío en el encierro. Cuando los supuestos integrantes de la organización criminal abrieron las puertas de la caja, después de tres horas de trayecto desde Laredo a San Antonio y dos controles, se encontraron con que 48 de las personas que iban a bordo habían fallecido. Todos huyeron de allí. Las autoridades encontraron el tráiler y trasladaron a otros 16 a hospitales de la región. Cinco migrantes fallecieron allí.   “Decenas de hombres, mujeres y niños desesperados y vulnerables depositaron su confianza en traficantes que los abandonaron en un tráiler cerrado hasta que murieron en el inclemente verano de Texas”, ha dicho Jaime Esparza, uno de los fiscales jefes del caso. La tragedia sigue siendo investigada por un cuerpo especial compuesto por elementos de diversas áreas como el Departamento de Seguridad Interior, la Patrulla Fronteriza, la policía de Inmigración (ICE), el FBI, la Oficina de Tabaco y Armas de fuego, el Departamento de policía de San Antonio, la oficina del sheriff del condado de Bexar y otras fuerzas de seguridad locales.   Como parte de su esfuerzo por reducir las históricas cifras de inmigración, la Administración del presidente Joe Biden lanzó en abril del año pasado un gran operativo para desarticular las redes de trata de personas. Los primeros seis meses de este esfuerzo coordinado entre varias agencias de seguridad resultaron en la detención de más de 5.000 integrantes de estas bandas criminales que operan en centro y Norteamérica. Algunos de los detenidos fueron aprehendidos en Guatemala y México, países donde han sido incautados también más de 200 teléfonos móviles, armas y municiones y 240.000 dólares.

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Trump, imputado por los documentos clasificados de Mar-a-Lago

El País .- El expresidente está citado el martes en un juzgado de Miami para la presentación de cargos federales, algo sin precedentes.   El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido imputado por la presunta comisión de siete delitos federales por el manejo de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, y retuvo allí pese a los requerimientos para que los entregase. El fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, ha decidido dar el histórico paso tras culminar su investigación y la imputación ha sido aprobada por un gran jurado en Miami (Florida). El expresidente está citado a comparecer el martes ante el tribunal.   El propio Trump lo ha anunciado en su red social. “La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparca su Corvette, y que está ‘asegurado’ solo por una puerta de garaje que es de papel fino, y abierta la mayor parte del tiempo”.   El Departamento de Justicia no ha hecho públicas aún las acusaciones contra Trump. Los abogados de Trump han adelantado que se trata de siete cargos, entre otros por conspiración, obstrucción a la justicia, retención dolosa de documentos de seguridad nacional, falsedades y violaciones de la ley de espionaje. La conspiración implica que alguien más ha participado junto al expresidente. Jim Trusty, abogado de Trump, lo ha indicado en una entrevista con la CNN. Trusty ha precisado que lo que tiene no es la imputación como tal, sino una especie de sumario de cargos donde se citan algunos artículos del código penal estadounidense.   Trump ya hizo historia al ser imputado por 34 cargos de falsedad derivados de tres pagos para ocultar escándalos (uno de ellos una aventura extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels) en la campaña de las presidenciales de 2016. Un juez de Nueva York ha fijado para el 25 de marzo de 2024 el juicio del caso.   Ahora es la primera vez, de nuevo, en que un presidente o expresidente es objeto de cargos federales. Además, están relacionados con el ejercicio de su cargo. Además, su imputación se produce cuando es el favorito a la nominación en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024. De ese modo, el Departamento de Justicia de la Administración Biden persigue penalmente a quien se perfila como posible rival del actual presidente en las elecciones de noviembre del año próximo.   “He sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el martes, a las 15.00 horas. Nunca creí posible que algo así pudiera ocurrirle a un expresidente de los Estados Unidos”, ha escrito Trump en otro mensaje. “¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!”, ha añadido. “Este es realmente un DÍA OSCURO para los Estados Unidos de América. Somos un país en serio y rápido declive, ¡pero juntos haremos que América vuelva a ser grande!”, ha publicado en el tercer mensaje de la serie, que ha culminado con la publicación de un vídeo de algo más de cuatro minutos. En paralelo, la campaña de Trump ha empezado a enviar correos electrónicos para pedir donaciones con la imputación como excusa.   Trump ya estaba preparándose en los últimos días para una posible imputación. Los fiscales habían comunicado formalmente a sus abogados que era objetivo de la investigación y él mismo reaccionó el miércoles declarando que no había hecho nada malo, que las acusaciones eran una forma de “interferencia electoral” para que no volviese a la Casa Blanca y que todo se trataba de una “caza de brujas”.   El expresidente ha recibido la comunicación de su imputación en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), donde ha estado en los últimos días. Según su abogado, ha recibido la noticia con incredulidad y tristeza, pero consciente de que era un momento histórico. Tendrá que desplazarse a Florida para comparecer el martes ante el juzgado donde está citado, en lo que puede ser la reedición de la lectura de cargos que ya vivió en Nueva York a principios de abril. Aquella citación atrajo a cientos de periodistas y manifestantes a favor y en contra el expresidente, aunque no hubo nada de la “muerte y destrucción” que había vaticinado.   Algunos de sus aliados han reaccionado este jueves en Twitter a la nueva imputación calificando a Estados Unidos de “república bananera”. En cuanto a los rivales en las primarias republicanas, algunos han guardado silencio, mientras que los hay que han ofrecido apoyo a Trump y se han comprometido a indultarle llegado el caso, como el empresario Vivek Ramaswamy, y quienes le atacan abiertamente, como el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, que ha pedido que el expresidente se retire de la carrera electoral.   La imputación del expresidente es un salto cualitativo en un caso que provocó el registro de su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida). El contenido de la orden de registro ya desveló entonces que el expresidente estaba siendo investigado por posibles delitos que pueden conllevar multas o penas de cárcel: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos público y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional.   Imagen de las diligencias judiciales en que aparecen algunos de los documentos confidenciales hallados en el registro de Mar-A-Lago, la mansión de Trump en Palm Beach (Florida).AP Los agentes del FBI que registraron la mansión de Trump encontraron miles de documentos que el expresidente retenía allí indebidamente, entre ellos un centenar con marcas de clasificación con diferentes grados de confidencialidad. El registro se producía después de que el expresidente se hubiese llevado ilegalmente los documentos de la Casa Blanca y de que hubiera desatendido los requerimientos para entregarlos.   Trump se llevó los documentos al cesar

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Estados Unidos presenta cargos contra ‘los Chapitos’ y otros 25 miembros del Cartel de Sinaloa

EL PAÍS .- El Departamento de Justicia pide cadena perpetua no revisable para Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán.   El Departamento de Justicia ha anunciado este viernes la presentación de cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los tres hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. Las acusaciones anunciadas el viernes imputan a los tres hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cartel: los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, para los que la fiscalía pide cadena perpetua no revisable.   Junto con sus cómplices, los Chapitos están acusados de montar operaciones para inundar Estados Unidos con fentanilo con el fin de abastecer a las “calles llenas de drogadictos”, en expresión de Iván Archivaldo Guzmán Salazar recogida por el Departamento de Justicia. En los cargos presentados este viernes se acusa de diferentes delitos de tráfico de fentanilo y de armas y de blanqueo de dinero, entre otros, a los Chapitos, a los principales lugartenientes y dirigentes del cartel de Sinaloa; a los presuntos fabricantes y distribuidores del fentanilo; a los directores de su violento aparato de seguridad armada; a los sofisticados blanqueadores de dinero que repatrían a México las ganancias del cártel de Sinaloa procedentes de la droga; y a múltiples proveedores de precursores químicos en China para fabricar el fentanilo, según la enumeración de los fiscales estadounidenses.   “Los Chapitos y el cartel de Sinaloa supuestamente cosecharon cientos de millones de dólares en ganancias inundando los Estados Unidos con fentanilo”, dice el Departamento de Justicia. Casi 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2021. “Mata a más estadounidenses de 18 a 45 años que los accidentes de coches, que el cáncer, que la covid. Y el número de niños de menos de 14 años que mueren ha aumentado a un ritmo alarmante”, ha dicho la jefa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, que ha anunciado los cargos en rueda de prensa este viernes junto al fiscal general, Merrick Garland, y otros fiscales federales.   Milgram ha tenido una intervención muy dura y ha explicado el proceso que ha llevado al paso dado este viernes: “En la DEA decidimos actuar de forma proactiva contra la red delictiva más responsable del fentanilo que inunda nuestras comunidades. Analizamos nuestros datos y la respuesta estaba clara. La mayor parte del fentanilo que circula en Estados Unidos procede del cartel de Sinaloa. La DEA y nuestros socios en la aplicación de la ley acabaron con el anterior líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, que ahora cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por sus crímenes”, ha dicho.   “Pero los hijos de El Chapo, Ovidio, Iván y Alfredo, conocidos como Los Chapitos, se convirtieron en los nuevos líderes del cartel de Sinaloa. Heredaron un imperio mundial del narcotráfico, y lo hicieron más despiadado, más violento, más mortífero, y lo utilizaron para propagar un nuevo veneno, el fentanilo (…) la droga más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país. Son responsables de la entrada masiva de fentanilo en Estados Unidos. Como resultado directo de sus acciones, hemos perdido cientos de miles de vidas estadounidenses”, ha añadido.   La jefa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, este viernes en Washington.MICHAEL REYNOLDS (EFE) Siete acusados se encuentran detenidos a la espera del procedimiento de extradición: Ovidio Guzmán López fue detenido en México; Carlos Omar Féliz Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”, fueron detenidos en Colombia; Sergio Duarte Frías, Ana Gabriela Rubio Zea y Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”, fueron detenidos en Guatemala; y Anastacio Soto Vega, alias “Tachin”, fue detenido en Grecia. Además, Julio Marín González fue detenido anteriormente en Estados Unidos.   Para todos los acusados, el Departamento de Justicia pide penas de cadena perpetua. Sin embargo, para los seis líderes del cartel más destacado reclama que sean no revisables. Se trata de los tres Chapitos más los que considera tres máximos dirigentes de los sicarios del cártel: Óscar Noé Medina González, alias “Panu”, Héctor Isidro Pérez Salas, alias “Nini”, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “27″, que dan las órdenes, según el Departamento de Justicia, para “secuestrar, torturar y matar a cualquiera que se oponga a los Chapitos”. Para otros 16 acusados, el Departamento de Justicia reclama un cumplimiento mínimo de 40 años de condena y para los restantes seis, de al menos 10 años.   Los diferentes pliegos de cargos presentados, sobre todo el más extenso, de 65 páginas, muestran fotografías de paquetes de droga incautados, de fajos de billetes de alta denominación y de auténticos arsenales de armas. Los documentos explican el modo de operar de los acusados. La fiscalía sostiene que el cartel emplea a químicos cualificados (“cocineros”) que tienen experiencia en la síntesis de fentanilo a partir de precursores químicos procedentes de China. En un solo día, un cocinero del cártel puede fabricar más de 100.000 pastillas utilizando prensas, según se recoge.   En algunos casos, los narcotraficantes han comprobado la pureza de su fentanilo probándolo en otras personas. Por ejemplo, en torno a 2022, Pérez Salas y Figueroa Benítez experimentaron con una mujer a la que inicialmente pensaban disparar inyectándole repetidamente dosis de fentanilo hasta que murió, explica uno de los documentos. Otra prueba mostró que el producto era letal y aun así el cartel lo envió a Estados Unidos.   En la mayoría de los casos, el fentanilo del cartel entra en Estados Unidos oculto en compartimentos secretos de los coches, camuflado entre las mercancías de los remolques, escondido en el equipaje de los aviones, oculto a través de documentación falsa en los contenedores de transporte o escondido en los cuerpos de mulas de la droga.   Una vez que llega a Estados Unidos, los traficantes tienen almacenes y una red de distribución estadounidense al

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El FBI registra la casa de Biden casi 13 horas y halla nuevos documentos clasificados

Los investigadores del Departamento de Justicia se llevaron también notas manuscritas del presidente tras una búsqueda a fondo pactada con sus abogados Agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este viernes desde las 9.45 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Fue una búsqueda pactada, sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En esas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del presidente, los agentes hallaron nuevos documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en que Biden era senador como de la que era vicepresidente, según ha informado este sábado su abogado personal. Tomaron posesión de ellos y también se llevaron algunas notas manuscritas de Biden de los años en que fue vicepresidente (de 2009 a 2017).   El culebrón de los papeles clasificados parece no tener fin. Desde el hallazgo de los primeros en un despacho privado del Penn Biden Center, un centro universitario donde estuvo trabajando Biden, el goteo ha sido constante y las explicaciones presidenciales, confusas. El titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, nombrado por Biden y que ejerce las funciones de fiscal general, ha designado un fiscal especial para que investigue el caso, aunque el presidente ha tratado de quitarle importancia. Hay grandes diferencias, pero también evidentes paralelismos, con los papeles que tenía su antecesor, Donald Trump, en su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach (Florida).   Trump pidió que se registrasen las casas del actual presidente: “¿Cuándo va a hacer una redada el FBI para registrar las numerosas casas de Joe Biden, quizá incluso la Casa Blanca?”, escribió en su red social, Truth Social. Finalmente, sin redada, sino de modo voluntario, ha habido registro de su residencia de Wilmington (Delaware), donde el presidente vivía antes de ser elegido y donde suele pasar la mayoría de los fines de semana, incluido este. Es una actuación de la que no constan precedentes.   Allí sus abogados ya habían encontrado el 20 de diciembre un segundo lote de documentos clasificados en un cuarto junto al garaje y nuevos papeles confidenciales la semana pasada, estando ya presentes entonces funcionarios del Departamento de Justicia. La búsqueda, por lo sabido ahora, no fue lo suficientemente exhaustiva.   El registro de la casa de Biden de este viernes no se hizo público por adelantado a petición del Departamento de Justicia, según Bob Bauer, su abogado personal, que ha emitido este sábado el comunicado desvelando la búsqueda y su resultado.   “Desde el principio de este asunto, el presidente ordenó a sus abogados personales que cooperaran plenamente con el Departamento de Justicia (DOJ). En consecuencia, habiendo identificado e informado previamente al DOJ de un pequeño número de documentos con marcas de clasificación en el domicilio del presidente en Wilmington, y en aras de hacer avanzar el proceso lo más rápidamente posible, nos ofrecimos a facilitar el acceso inmediato a su domicilio para permitir al DOJ llevar a cabo un registro de todos los recintos en busca de posibles registros de la vicepresidencia y posible material clasificado”, dice el comunicado. Una “búsqueda exhaustiva” Según Bauer, el Departamento de Justicia llevó a cabo una “búsqueda exhaustiva” que abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa. Duró 12 horas y 45 minutos, aproximadamente. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia, estuvieron presentes representantes del equipo jurídico personal de Biden y de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, aunque no el presidente ni la primera dama, Jill Biden.   Normalmente, son agentes de la Oficina federal de Investigación (FBI) los que actúan como policía judicial, y así ha ocurrido en esta ocasión, según la agencia AP, aunque el comunicado no lo precisa. Los investigadores tuvieron pleno acceso a la vivienda del presidente, incluidas notas manuscritas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas, calendarios y recordatorios que se remontan a décadas atrás.   “El DOJ tomó posesión del material que consideró dentro del ámbito de su investigación, incluyendo seis artículos consistentes en documentos con marcas de clasificación y materiales anexos, algunos de los cuales eran del periodo del presidente en el Senado y otros de su mandato como vicepresidente. El DOJ también se llevó, para su posterior examen, notas manuscritas personales de los años de la vicepresidencia”, explica Bauer en su comunicado. La ley estadounidense obliga a conservar los registros y documentos presidenciales y a ponerlos a disposición de los Archivos Nacionales al cesar en el cargo, sean confidenciales o no.   El registro de Mar-A-Lago se produjo tras un requerimiento desatendido por Trump y sus abogados y tras una orden judicial por indicios de cuatro posibles delitos, entre ellos el de obstrucción a la justicia. La colaboración del actual presidente y de sus abogados y la entrega voluntaria de los papeles clasificados es la mayor diferencia con el caso de Trump. Al tiempo, el registro por parte de agentes del FBI añade un nuevo paralelismo, aunque sea solo parcial.   Políticamente, no cabe duda de que es un golpe para Biden, que al ser preguntado por los documentos secretos incautados en el registro de Mar-a-Lago en una entrevista para el programa 60 minutos emitida en septiembre pasado, contestó: “¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?”.   Estados Unidos otorga clasificación de confidencial a sus altos secretos, pero también de forma rutinaria pone esa etiqueta a las comunicaciones del Departamento de Estado con sus embajadas, aunque en ocasiones sea sobre asuntos intrascendentes, como demostró la filtración de Wikileaks. Por su propia naturaleza, no ha trascendido el contenido de los documentos que mantenía indebidamente Biden, aunque sí se ha sabido que algunos versaban sobre el Reino Unido, Ucrania e Irán.   La decena de documentos confidenciales que Biden tenía en su oficina se descubrieron el pasado 2 de noviembre, días antes de las elecciones de mitad de su mandato, en las que una noticia así habría podido tener un efecto claro. El hallazgo,

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