El Universo .- Empresa privada pidió Acción de Protección y medidas cautelares. Audiencia se realizará el 10 de noviembre próximo Este 19 de octubre el Ministerio de Energía, a través del Viceministerio de Hidrocarburos y la Coordinación Jurídica, emitió una declaratoria de caducidad del Contrato Modificatorio al contrato de Prestación de Servicios para Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 45 que se había celebrado con el Consorcio Pegaso (Campo Puma Oriente) desde el 2011. El motivo de la caducidad fue que la empresa contratista había suspendido las actividades de exploración desde junio del 2020. El Ministerio indicó que como parte de esta resolución, se ha dispuesto la inmediata restitución al Estado ecuatoriano del área de contrato y la entrega de todos los equipos, herramientas, maquinarias, información técnica actualizada y otros elementos. Así como instalaciones industriales o de transporte y comercialización y demás muebles e inmuebles adquiridos. Además indicó que este bloque será considerado para futuras rondas licitatorias, con el objetivo de incrementar la inversión directa y el aumento sostenible de la producción petrolera. Entre tanto, Oswaldo Vladimir Arostegui Ponce, apoderado General de la Empresa Campo Puma Oriente S.A, parte del Consorcio, presentó este 27 de octubre una Acción de Protección Constitucional con Medidas Cautelares, la cual ha sido aceptada a trámite por un juez del cantón Rumiñahui. Así, dicha Unidad Judicial convocó a las partes a la audiencia pública a realizarse el día 10 de noviembre de 2023, las 09:00 en la sala de audiencias de la Unidad Judicial Civil del Cantón Rumiñahui, (Av. General Rumiñahui e Isla Baltra, Edificio Ponce). Además el juez otorgó medidas cautelares de tal manera que indicó que se debe proceder con la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo dictado mediante Resolución N. MEM-DPL-2023-0047-RM, de fecha 19 de octubre de 2023 que declara la caducidad del Contrato. En este sentido, la Cartera de Estado exhortó a las entidades competentes a cumplir con el debido proceso, ante posibles acciones legales o recursos de protección que pudieran derivarse de la Declaratoria de Caducidad.