La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, puso todas las objeciones posibles al acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que permitió acceder a créditos frescos para equilibrar la caja fiscal. Durante su más reciente sesión, la comisión resolvió recomendar al pleno del Parlamento que declare “ilegítima” la deuda con el FMI, llamar a juicio político al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y demandar la inconstitucionalidad del acuerdo ante la Corte Constitucional. El informe pasará a conocimiento y resolución del pleno de la Asamblea, que mediante voto mayoritario decidirá si aprueba o no tan radical pronunciamiento. El presidente de la comisión, el correísta Patricio Chávez, cuestionó duramente las acciones del gobierno en materia económica, y consiguió que se apruebe el llamado al pleno con 8 votos a favor y una abstención. La polémica apunta al acuerdo que logró Ecuador el pasado mes de abril, con el directorio ejecutivo del FMI, y que significó, como parte del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un crédito de 4.000 millones de dólares. De dicha cantidad, entraron de inmediato 1.000 millones. Chávez afirmó que el gobierno incumplió lo establecido en los artículos 418 y 419 de la Constitución. Es decir, requerir la autorización previa de la Asamblea para la firma del acuerdo. Por tanto, dijo, el tratado pierde eficacia y validez, la deuda del FMI es ilegítima, y el gobierno debe abstenerse de pagar o solicitar el resto de desembolsos. Además, recomendó un juicio político contra del Ministro de Economía, Juan Carlos Vega, por “incumplimiento de funciones”, al no haber observado la obligación contenida.