Analistas cuestionan decisiones tomadas por Pleno el mismo día. Anunciado veto a derogatoria de ley tributaria frenaría por un año la baja de ingresos fiscales. Con el anuncio que hiciera ayer el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, de que el Gobierno vetará la Ley Orgánica Derogatoria del Decreto-Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia de COVID-19, quedan aún vigentes, al menos por un año más, todos los artículos de la ley. Aunque el argumento de los 100 asambleístas que aprobaron la derogatoria de la ley era supuestamente bajar la presión en impuestos que estaban afectando a la clase media, esto no será con efecto inmediato. Es que de acuerdo con el artículo 138 de la ley, si el Gobierno veta totalmente una ley, la Asamblea no podrá tratarla sino en un año. La ley que vetará el Gobierno fue aprobada anoche por la Asamblea y esta dejaba sin efecto la reforma tributaria que entró en vigencia por el ministerio de la ley en noviembre del 2021. Dicha reforma tributaria es clave para ordenar las finanzas públicas y por ello, varios analistas habían rechazado la posible derogatoria, calificándola hasta de “terrorismo económico” por parte de los asambleístas proponentes. Varios analistas interpretan la actuación de la Asamblea como contradictoria consigo misma, pues por un lado, en las primeras horas de la tarde, observaron la proforma presupuestaria que había enviado el Ejecutivo y la criticaron porque no entregaba suficientes recursos a educación, salud, universidades, mujeres, seguridad, y otros muchos sectores; pero por otro lado, no tienen inconveniente en dejar sin recursos permanentes al fisco. Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), el argumento de que la ley gravaba a la clase media resulta al final del día un tema que se toma como bandera política de cara a las próximas elecciones seccionales de alcaldes y prefectos, que se realizará el 5 de febrero del 2023. Considera además que el análisis económico desde la Asamblea es precario, medieval y antitécnico, con poco rigor y que ni siquiera entienden cómo se financian las cuentas públicas: “Es totalmente contradictorio cuestionar la proforma y pedir más ingresos y por otro oponerse a leyes que generan ingresos”, dice. La Ley de Desarrollo Económico estableció más carga en el impuesto a la renta a quienes ganan más de $ 2.000 al mes y además impuso una contribución al patrimonio por dos años, 2022 y 2023, a las empresas con patrimonios mayores a $ 5 millones y a las personas naturales por un año (2022) si tenían patrimonio de $ 1 millón o de $ 2 millones si eran una sociedad conyugal. Aunque de momento no habría evidente afectación económica para el país, sí se verá una afectación en cuando a la imagen, pues se da un mensaje de inestabilidad tributaria y fiscal, este no es un buen escenario para atraer inversiones, comenta Carrera. Entre tanto, si en un año, por ejemplo en diciembre del 2023, los asambleístas retoman el proceso y vetan la ley, entonces dicha normativa sí quedará fuera de vigencia, con las consecuencias económicas, sobre todo por la falta de ingresos del impuesto a la renta de personas que ya se había logrado. Napoleón Santamaría , presidente de la Corporación para la Transparencia Fiscal Ecuatoriana (Cotfe), califica a los asambleístas como “neanderthales” y asegura que están jugando con el 71 % de los recursos del fisco, que son los tributarios . Explica que lo que han hecho obedece a una actitud política e irresponsable, que no busca solo incomodar al Gobierno, sino que es una actitud desestabilizadora a futuro. Coincide en que los asambleístas frente a la proforma son los primeros en pedir más recursos, pero luego anulan la ley que genera más ingresos. Para Santamaría, el tema tributario queda en un caos tras la decisión de derogatoria, pues en el ámbito tributario existen unas sentencias de la Corte Constitucional que declaran inconstitucional varias partes de la ley, además se declaró inconstitucional el tema del impuesto verde. Si la Asamblea Nacional se ratifica en la derogaroria, al Gobierno no le queda otro camino que hacer una nueva reforma. En este sentido, el camino lógico y responsable hubiese sido que la Asamblea hablara con el Ejecutivo para generar una nueva ley tributaria para el 2023 que acogieran las sentencias de la Corte y, en ese momento aprovechar para mejorar la ley tributaria en lo que fuera necesario. El panorama actual de confrontación en cambio ahuyenta a posibles inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Fuente: El Universo
