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Ecuador: octubre 6, 2024

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La justicia argentina reabre dos causas contra Cristina Kirchner y la envía a juicio oral

El País .-  La justicia federal argentina ha reabierto dos causas y ha llamado a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, ha resuelto este lunes revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito.   La vicepresidenta argentina, que afronta la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre alejada de los focos, volverá a ser juzgada por un tribunal tras ser condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa de corrupción. En ese caso, al igual que en los que han vuelto a la escena este lunes, le queda la apelación ante la Corte Suprema. Kirchner no ha respondido a la decisión judicial en su contra, pero ha avisado casi al mismo tiempo que este sábado participará de un evento que celebra la reedición de un libro sobre su marido, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. El evento ya se antoja similar a todas sus apariciones públicas del último año: con el país expectante sobre qué dirá sobre un asunto de actualidad. La reapertura a juicio de la causa Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio oral y público que enfrente la vicepresidenta tras el caos que desató el primero en la segunda mitad de 2022. El 12 de agosto del año pasado, un fiscal pidió su encarcelamiento y desató semanas de protestas que paralizaron uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Los vecinos de Kirchner habían salido a protestar contra ella, y días después sus seguidores armaron un acampe al que acudieron cientos de personas para respaldarla. Durante dos semanas, hubo protestas callejeras, manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Todo terminó la noche de 1 de septiembre, después de que un hombre se infiltrara entre la multitud y gatillara sin éxito una pistola a centímetros de su cabeza. Tres meses después, el tribunal encontró culpable a Kirchner de defraudar al Estado en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo. En la causa, la vicepresidenta había sido imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de la empresa administradora de los hoteles propiedad de los Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz, Hotesur, y de la inmobiliaria familiar, Los Sauces. El caso se remonta hasta 2014, cuando la Justicia empezó a investigar a la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno lo de los tres que poseen los Kirchner. La sospecha era que empresarios afines contrataron durante años sus habitaciones como forma encubierta de pagar sobornos a la familia a cambio de contratos de infraestructura. Al año siguiente, se sumó la investigación sobre la inmobiliaria familiar, por la que la Justicia acusó a la vicepresidenta de encabezar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública. En el fallo de sobreseimiento dictado el 26 de noviembre de 2021, dos de los tres jueces del tribunal argumentaron que los hechos en los que se basa la acusación de asociación ilícita ya habían sido juzgados en la provincia de Santa Cruz. Otro de los argumentos fue que no hubo lavado de dinero porque, cuando se realizaron los hechos, existía una ley distinta a la actual, que favorece a los imputados. Kirchner y su hijo mayor, diputado y cabeza del peronismo en la provincia de Buenos Aires, volverán a juicio. La Cámara resolvió que no hay elementos para juzgar a su hija menor, Florencia, que tenía 12 años cuando se formó la presunta asociación ilícita. Kirchner también irá a juicio por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la AMIA en 1994. Buscando la prisión preventiva de Kirchner, que entonces era senadora, el juez pidió su desafuero, pero no logró que se tratase en el Senado. La expresidenta había sido denunciada por un fiscal llamado Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires en circunstancias que todavía no están claras. El fiscal denunció que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una cooperación conjunta en la investigación del atentado. Nisman dijo que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales. El memorándum nunca entró en vigor porque no fue refrendado por el Parlamento iraní, y los imputados fueron sobreseídos en octubre de  2021.

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De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela

Infobae .- Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paramérica SA compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por USD 23 millones, que luego blanquearon en el último sinceramiento fiscal Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paramérica SA compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por USD 23 millones, que luego blanquearon en el último sinceramiento fiscal La empresa Paramérica SA, con base en Tucumán y especializada en legumbres, fue una de las que más creció de la mano de los negocios con Venezuela. Fundada en 1994, es la empresa insignia de Grupo Ruiz, holding tucumano con foco en la producción y exportación de porotos, limones, azúcar, entre otras unidades de negocios. Sus dueños, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Ruiz Juárez, aprovecharon las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner en 2004, para exportar miles de toneladas de porotos negros y garbanzos a Venezuela, a cambio de petróleo. Las ventas llegaron a un punto máximo diez años después, cuando se volvieron alimentos indispensables en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria venezolana. La sintonía ideológica entre ambos países facilitó el negocio que quedó bajo la lupa de las autoridades por presunta corrupción. Tres organismos de control argentinos coincidieron en que la empresa exportó a empresas estatales venezolanas con sobreprecios, lo que hizo disparar sus ganancias en un 2.000% ese año. Embolsó, en promedio, unos USD 65 millones por año hasta 2016, cuando se cerró el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner del gobierno. Una investigación liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de la que participó Infobae, revela ahora distintas maniobras de los empresarios argentinos para el movimiento de supuestos fondos opacos, que terminaron con el blanqueo de los Ruiz Juárez ante la AFIP por USD 23 millones. Cuatro reportes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que forman parte de la filtración “Un Fondo sin fondo” y a los que accedió Infobae, advirtieron sobre operaciones sospechosas vinculadas a Paramérica . Más allá de la exportación de alimentos, la empresa tucumana cobró otros USD 23,5 millones entre 2012 y 2014 por la prestación de supuestos servicios de consultoría y capacitación para Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Casi en simultáneo, otras compañías vinculadas a estos empresarios argentinos enviaron transferencias bancarias hacia sociedades offshore registradas en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales se desconocen. La UIF identificó estos movimientos de dinero como un posible encubrimiento de pago de coimas. Carlos Ruiz, director del Grupo Ruiz y presidente de Paramérica S.A. (Foto: La Gaceta deTucumán) Los hermanos Ruiz Juárez y su socio venezolano, Roberto Pocaterra, compraron al menos siete departamentos, dos yates y tres autos de lujo en Miami. También realizaron millonarias inversiones en Estados Unidos, Panamá y Uruguay. La vida de lujo que habían encontrado los empresarios tucumanos con estas exportaciones tenía una contracara dramática: la crisis alimentaria hacía estragos en Venezuela allá por 2014. Las imágenes de la gente agolpada frente a los supermercados, que racionaban la poca comida que había en el país, recorrían toda la región. A pesar de este contexto, empresarios de ambos países y funcionarios venezolanos se movieron sin pudor para hacer negocios con la venta de alimentos. Hubo alertas de varios organismos de control de Argentina. Primero la AFIP y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtieron que había sobreprecios en las ventas realizadas por Paramérica a empresas públicas venezolanas. También la UIF informó sobre posibles maniobras de lavado de dinero de la familia Ruiz Juárez, que luego se reforzaron cuando los hermanos se acogieron al sinceramiento fiscal en 2016 con fondos no declarados en el exterior. El juez federal Julián Ercolini reunió esas pruebas en una causa que investiga las maniobras realizadas por los dueños de Paramérica, desde los sobreprecios en las exportaciones a Venezuela hasta los millonarios movimientos de dinero en sus cuentas, indicaron fuentes judiciales. Contratos bajo la lupa Paramérica exportó a Venezuela miles de toneladas de frijoles, alubias y garbanzos, que llegaron a representar en 2014 el 75% de las ventas al exterior de la compañía. La SIGEN señaló que el país caribeño era su principal cliente pero, contra la lógica del mercado, los valores para ese país eran más caros. Un ejemplo: la empresa exportó 27.000 toneladas de poroto negro a Venezuela en 2014 pero, ese mismo año, la compañía le vendió a Brasil el mismo producto a un precio 35% menor, pese a que la cantidad fue menos de la mitad. La mitad de las exportaciones a ese país registraron un precio del 70% por encima de los habituales, indicó la SIGEN. Estas diferencias motivaron que la AFIP abriera su “canal rojo” de la Aduana para observar estas transacciones, según surge de los documentos que revisó Infobae. La justicia actuó de oficio sobre esa auditoría de SIGEN, pero el caso tuvo una resolución exprés. Los hermanos Ruiz Juárez declararon que exportar a Venezuela era más riesgoso que otros mercados y así justificaron la diferencia de precio. A pedido del fiscal federal Germán Bincaz, la jueza María Verónica Straccia aceptó esa explicación y archivó el expediente. Pero las normas para las compañías que operaban bajo el fideicomiso bilateral estipulaban que éstas recibían el 60% de sus ventas por adelantado, incluso antes de que sus productos salieran de los puertos argentinos. El riesgo estaba cubierto. Los hermanos Ruiz Juárez comenzaron vendiéndole porotos negros a Venezuela en el marco del fideicomiso Los reportes de la UIF, que ahora se hacen públicos con esta investigación, abrieron un segundo capítulo judicial por lo ocurrido específicamente en 2016, cuando Paramérica concentró la mayor cantidad de cobros dentro del fideicomiso bilateral. El juez Ercolini realizó distintas medidas de prueba en los últimos meses para comprobar la información de inteligencia financiera y, así, sumarla como evidencia a la causa, según reconstruyó este medio de fuentes judiciales. Esta alianza periodística intercambió mensajes con Marcelo Ruiz Juárez, pero el socio de Paramérica respondió las preguntas con tres comunicados ya armados que sostenían que la compañía no había incurrido en irregularidades en sus operaciones con el fideicomiso bilateral y agregaban que la investigación judicial por sobreprecios ya había sido archivada, omitiendo la existencia del nuevo expediente antes mencionado. Marcelo Ruiz, uno de los dueños y directivos de Paramérica (Foto Agrositio), negó irregularidades en las ventas a Venezuela Las nuevas pruebas aportadas por

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