Infobae .- Rosario Murillo dirige una cacería que, según los analistas, busca el control total del Poder Judicial y asegurar la sucesión en el régimen El Poder Judicial de Nicaragua vive sus días más bajos esta semana después que un operativo policial dirigido desde la Presidencia de la República descabezara a ese poder del Estado y destituyera “de hecho” a por los menos cien altos funcionarios, entre ellos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según han informado fuentes extraoficiales. El golpe, atribuido a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, comenzó desde el pasado 21 de octubre a través de una ocupación policial y se ha realizado con total hermetismo oficial. Hasta ahora el régimen de Ortega no se ha pronunciado sobre los eventos, y ninguno de los afectados ha dado declaración pública alguna sobre lo que juristas nicaragüenses y medios de comunicación han llamado “asalto a la Corte Suprema”, “golpe de Estado” o “terremoto en la Corte”. Sin embargo, fuentes de adentro del sistema judicial han relatado a condición de anonimato que el edificio de la Corte Suprema de Justicia está tomado por policías de uniforme y de civil, quienes deciden quién entra y quién sale de esas instalaciones. El sistema judicial ha sido una de las principales herramientas de Daniel Ortega para establecer la dictadura en Nicaragua. Ortega mantiene un control total sobre el Poder Judicial al que ha llenado de funcionarios leales a su régimen. En 2011 se reeligió por primera vez amparado en una resolución de la Sala Constitucional de la CSJ, a pesar de que la Constitución Política lo prohibía expresamente. Jueces y magistrados condenaron a centenares de presos políticos en juicios en los que no se les permitía el derecho a la defensa y fueron ejecutados de forma exprés, a veces, en horas de la madrugada. Muchos jueces y funcionarios judiciales participaron como paramilitares en la represión violenta a los ciudadanos que protestaron en 2018. Extraoficialmente se ha atribuido la intervención policial y la ola de destituciones que sufre el sistema judicial a una red de corrupción y nepotismo que comenzaba desde la presidencia y llegaba hasta los cargos medios, y a la intención de Rosario Murillo de controlar personalmente ese poder del Estado con miras a la sucesión en el poder una vez desaparezca Daniel Ortega, quien el próximo 11 de noviembre cumplirá 78 años. El abogado Yader Morazán, extrabajador del sistema judicial nicaragüense y ahora exiliado político, y quien ha monitoreado los acontecimientos, asegura que tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido destituidos “de facto”, entre ellos la presidenta de ese poder del Estado, Alba Luz Ramos, quien se encuentra recluida en su vivienda bajo vigilancia policial. Los otros dos magistrados son Yadira Centeno y Virgilio Gurdián. “Destituidos o despedidos formalmente no hay ni un magistrado, porque vos sabés que eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional (parlamento), que es el único órgano facultado por por la ley”, dice Morazán para explicar por qué usa la frase “destituidos de facto”. “Hasta el momento solo hay intervención y suplantación violenta de las funciones formales de otro poder del Estado”. Según fuentes del sistema judicial de Nicaragua, el operativo de toma del Poder Judicial es ordenado por Rosario Murillo y Daniel Ortega. A la lista de destituidos se suman las magistradas Martha Quesada y Martha Leiva, de los tribunales de Apelaciones de Managua y Masaya, respectivamente. Morazán afirma que hay más magistrados de Apelaciones despedidos en estos últimos días “que a estas alturas es difícil mencionarlos nombre por nombre”.. También fueron despedidos tres sobrinos de la magistrada Ramos, Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada de la Sala de Violencia de Familia del Tribunal de Apelaciones de Managua; Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia de Managua; y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua. La ola de destituciones alcanzó al coronel en retiro, Pablo Corea, quien asumió interinamente la Secretaría General Administrativa de la Corte, en sustitución de Bergman Martínez, un poderoso personaje que fue defenestrado 10 días antes bajo acusaciones no formales de corrupción. Según la plataforma 100 por Ciento Noticias, hasta este viernes eran más de 200 los empleados despedidos del sistema judicial, la mayoría de ellos notificados el miércoles 1 de noviembre en lo que el medio denominó “una tarde de terror”. Otra plataforma, Confidencial, contó unos 100 funcionarios judiciales destituidos hasta el martes 31 de octubre. Una fuente interna del Poder Judicial confirmó que en los casos de los personajes claves, sus oficinas son intervenidas policialmente y mandados a sus casas o llevados a interrogatorios a la cárcel conocida como El Chipote, mientras el resto de los funcionarios son llamados por el departamento de Recursos Humanos a la Secretaría de la Corte donde les comunican que “por orden de la Presidencia” su contrato está terminado y que debe dejar ahí mismo su teléfono celular. “A estas alturas, en la que los trabajadores del Poder Judicial ya están más que advertidos, con miedo y amenazados, no creo que exista alguien que no haya eliminado sus cuentas, borrado publicaciones o archivos que los puedan comprometer”, considera el abogado Yader Morazán. “Por consiguiente, quitarles el teléfono después de que los despiden y cesa la relación laboral, solo es un acto de intimidación, o un robo descarado por parte de la guardia (policía)”. A pesar del hermetismo oficial y la ausencia de medios independientes en Nicaragua, el asalto al sistema judicial ordenado desde El Carmen, la residencia de los Ortega Murillo, ha quedado en evidencia por el amplio despliegue policial en las instalaciones, el relato anónimo de algunos trabajadores, y porque el vicepresidente de la Corte, magistrado Marvin Aguilar, apareció firmando una circular interna como “presidente en funciones”, sin que se haya oficializado la destitución de la presidenta Alba Luz Ramos. También, simultáneamente, el parlamento nicaragüense, controlado por Ortega, despojó a la Corte Suprema de la administración del Registro de la Propiedad y la trasladó a la Procuraduría General de la República. Una crisis derivada de la toma policial y las destituciones es que el Consejo de Nacional de Carrera Judicial, único órgano según la ley que puede oficializar los despidos en
