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Ecuador: octubre 8, 2024

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Ecuador, octubre 08, 2024
Ecuador Continental: 09:22
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El chavismo amenaza a las ONG en Venezuela con una ley para regular su funcionamiento

Diosdado Cabello anuncia una propuesta para controlar el financiamiento de las organizaciones “que conspiran contra el país”.   Desde hace años, las ONG están en el ojo del chavismo. Diosdado Cabello, diputado y líder de Gobierno, ha amenazado una vez más con una legislación destinada a regular el financiamiento, funcionamiento y uso de estas organizaciones. “A través de las ONG conspiran contra el país. No son organizaciones no gubernamentales. No dependen del Estado venezolano, sino del Estado gringo, son instrumentos del imperialismo”, advirtió la noche del miércoles Cabello en su programa Con el mazo dando, transmitido en la televisora estatal, tras anunciar que la semana que viene introduciría en plenaria la propuesta de ley.   Aunque esta legislación ha sido una amenaza constante, durante el Gobierno de Maduro se han dado pasos concretos para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las ONG. En 2021 se creó un nuevo registro obligatorio en una oficina antiterrorismo, que fue interpretado por la sociedad civil como un filtro para limitar su funcionamiento. Este nuevo paso que se avecina con la legislación pone a Venezuela a la par de Nicaragua, donde se han suprimido en el último año más de 3.000 personerías jurídicas, incluidas las de universidades críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.   La presencia de las ONG se ha amplificado en Venezuela con el agravamiento de la crisis, con graves problemas de hambre que afectan a unos 6,5 millones de personas, la cifra más alta en Sudamérica, y un sistema de salud destruido. Desde 2019, las agencias humanitarias de Naciones Unidas se han desplegado para atender a la población de la mano de las ONG que están en el terreno.   Más allá de los instrumentos legales que se han convertido en una permanente amenaza, el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado durante el Gobierno de Maduro, al punto de ponerlo en el ojo de la Corte Penal Internacional, que reactivó en diciembre pasado la investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país. El trabajo de centenares de ONG en la documentación ha sido clave para hacer estos expedientes y los demoledores informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que continuarás sus investigaciones durante los próximos dos años.   El Centro para los Defensores y la Justicia registró en el primer semestre de 2022 más de 240 ataques contra activistas que velan por las libertades democráticas en Venezuela. Los principales responsables de estos actos intimidatorios, según esta ONG, son los “funcionarios del Estado”, además de las plataformas de comunicaciones asociadas al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela. “Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos. Por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, denunció la organización el año pasado.   Fuente: El País

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ONG acusan a la FIFA de “engañar” en la compensación a los obreros migrantes

La FIFA se había comprometido a identificar formas de compensar a los obreros migrantes que enfrentaron muertes, lesiones y robo de salarios. Varias organizaciones pro derechos humanos acusaron a la FIFA de “engañar al mundo” por negarse a compensar a los obreros migrantes y sus familias por los abusos que sufrieron durante la preparación y celebración del mundial de fútbol Qatar 2022, cuando falta una semana para que el fin del torneo. En un comunicado conjunto publicado este lunes, Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI), FairSquare y Equidem afirmaron que la FIFA se había comprometido a identificar formas de compensar a los obreros migrantes que enfrentaron muertes, lesiones y robo de salarios. No obstante, “la FIFA no dio a conocer ningún plan para hacerlo y, en cambio, anunció un nuevo Fondo de Legado que no incluye ninguna disposición para la compensación de los trabajadores”, dijo la nota. “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también hizo comentarios engañosos de que los trabajadores pueden simplemente acceder a la compensación a través de un mecanismo existente en Catar, cuando este mecanismo en realidad no está configurado para proporcionar compensación en una escala significativa relacionada con muertes, lesiones y robo de salario histórico”, apuntó. “El encubrimiento atroz de la FIFA de los abusos graves contra los trabajadores migrantes es tanto una vergüenza mundial como una táctica siniestra para eludir su responsabilidad de derechos humanos de compensar a miles de trabajadores que sufrieron abusos y a las familias de quienes murieron para hacer posible esta Copa del Mundo”, dijo la directora ejecutiva interina de HRW, Tirana Hassan. Por su parte, el director fundador de FairSquare, Nick McGeehan, denunció el hecho de que “la FIFA se benefició de su explotación y repitió los temas de conversación de las autoridades de Catar, mostrando su complicidad con todas las afirmaciones engañosas y desviaciones sobre los abusos”. Catar ha rechazado en varias ocasiones la creación de un fondo especial de indemnización, al considerar que dispone del llamado Fondo de Seguro y Apoyo a los Trabajadores, a través del cual Doha asegura haber reembolsado más de 350 millones de dólares a las víctimas de abusos salariales. No obstante, las ONG consideran que ese fondo catarí no ofrece remedio para numerosos casos de abuso, especialmente a las familias de los trabajadores que han muerto durante la construcción de la infraestructura, incluidos estadios, metro, hoteles, etc., y que cifran en miles, ni aquellos que tuvieron que abandonar el país sin ser indemnizados. “El Fondo de Seguro y Apoyo a los Trabajadores no está configurado actualmente para poder proporcionar una compensación en una escala significativa relacionada con muertes, lesiones y robo de salarios histórico en la década anterior a su puesta en funcionamiento en 2020″, dijo el comunicado de las ONG. Afirmó también que “el acceso de las víctimas a los mecanismos de compensación existentes está plagado de obstáculos, los pagos están limitados y es casi imposible que los trabajadores o las familias presenten una solicitud después de haber regresado a sus países de origen”. El mayor obstáculo es que en la gran mayoría de las muertes de trabajadores migrantes, las familias no son elegibles para recibir compensación ya que las autoridades las atribuyeron a “causas naturales” o “paro cardíaco” sin una investigación adecuada sobre la causa subyacente de la muerte, añadió. “La FIFA espera generar 7.500 millones de dólares con este torneo y debería haber cumplido con sus propias responsabilidades en materia de derechos humanos (…) también debe una explicación pública de por qué pasó de considerar la propuesta de remedio a descartarla por completo”, agregó el comunicado. Fuente: El Universo

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El «falso dilema» de Bukele en El Salvador: ¿paz o derechos humanos?

El presidene salvadoreño presume de bajar los índices de violencia provocados por las pandillas mientras las ONG denuncian muertes, detenciones arbitrarias y torturas   La sombra de la ‘bukelización’ de las políticas de seguridad para acabar con la violencia de las pandillas se está convirtiendo en una peligroso fantasma que sobrevuela Centroamérica. La recuperación de la estrategia de mano dura, utilizada en la región en décadas anteriores y llevada ahora al extremo en El Salvador por su presidente Nayib Bukele, está poniendo en jaque a ONG y periodistas independientes que denuncian la sistemática vulneración de los derechos humanos. El mandatario ha llevado a las redes sociales esta confrontación, con el doble objetivo de justificar su gestión y elevarla a ejemplo a seguir.   Con sus políticas de seguridad (la puesta en marcha del Plan de Control Territorial), el Gobierno ha buscado recuperar el control de las zonas dominadas principalmente por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Objetivo logrado, según Bukele, tras el despliegue la semana pasada de 10.000 efectivos en Soyapango, un barrio de la capital.   El presidente sumó este año la medida quizá más controvertida de su mandato: el establecimiento el pasado 27 de marzo del régimen de excepción -tras un fin de semana sangriento que dejó casi 90 muertos a manos de las pandillas-. Esto le permitió al Gobierno suspender libertades constitucionales -entrar a las casas sin orden judicial y realizar detenciones sin pruebas-. Una medida que el Parlamento, con mayoría oficialista, ha ido prorrogando cada mes y que ha llevado ya a la captura de casi 60.000 personas (triplicando la población carcelaria), entre las que se encuentran al menos 1.600 menores (tres días después de implantar el régimen de emergencia se redujo la edad penal de 16 a 12 años de edad). De ese total, 51.000 personas estarían todavía en prisión preventiva, cuando por ley solo pueden ser retenidos sin juicio seis meses, (de no realizarse se amplía la prisión provisional otros seis meses). Fuente: ABC

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