Tras ocho meses, el juicio del caso Las Torres llegó a su fin. Ahora, el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve procesados más por presunta delincuencia organizada aguardan la resolución de un Tribunal de la Corte Nacional, sobre su inocencia o su culpabilidad. La fiscal general, Diana Salazar, pidió a los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa que sentenciaran con penas diferenciadas a los 11 procesados, de acuerdo con el grado de participación en una presunta trama ilegal. Por ejemplo, para Celi y Flores solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel, pues la entidad investigadora los ubica como los líderes de una estructura delictiva que exigía sobornos a una empresa, a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes. Ahora, los jueces comenzaron la fase de deliberación para analizar las pruebas y argumentos y decidir si los condenan o no. La acusación Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit, una empresa de servicios petroleros. Es decir, USD 4 millones. Además de esa acusación, la Fiscalía señaló que Pablo Celi y su hermano habrían recibido USD 500 000 adicionales por el desvanecimiento de seis glosas en la Contraloría, que pesaban sobre Nolimit. Esto habría ocurrido entre 2017 y 2018. Estas acciones de los hermanos Celi permitieron que Pablo Flores recibiera USD 40 000 por el pago del 5% de planillas menores a esa empresa, según la Fiscalía. Nivel de participación Con base en testimonios y documentos, la Fiscalía estableció los roles de los procesados. Por ejemplo, Pablo Celi es señalado por disponer el desvanecimiento de glosas a favor de Nolimit, bajo la figura de subrogación de funciones en la Contraloría General. El desvanecimiento de glosas permitió que Pablo Flores gestionara, a través de sus colaboradores, pagos pendientes a esa compañía a cambio de beneficios económicos. Entre sus colaboradores estaban Raúl De la Torre, sobrino del excontralor; una exasesora de Petroecuador y un exgerente de Refinación. Estos dos últimos son parte de los 11 procesados. El hermano del excontralor Celi también es señalado en esta causa. Según las investigaciones, él ejercía presión sobre los representantes de Nolimit para que entregaran el dinero concertado. Por su parte, el hermano de José Agusto, exsecretario de la Presidencia, proporcionó un número de cuenta internacional para que la contratista de Petroecuador depositara el dinero. José Agusto también estaba procesado, pero falleció en mayo de 2021, lo que motivó que la causa en su contra se extinguiera. Los otros cinco procesados cumplieron diferentes funciones. Según la Fiscalía, gestionaron los pagos ilegales, proporcionaron cuentas bancarias para que les acreditaran el dinero y uno de ellos brindó asesoramiento sobre inversiones financieras. Los abogados Marcelo Ron, abogado del excontralor Pablo Celi, considera que la Fiscalía acusó a su cliente de un delito que no ha podido probar durante el juicio. “No se ha presentado a lo largo de la etapa de juzgamiento ningún chat, conversación, llamada, correo electrónico, grabación en los cuales aparezca Pablo Celi”, indicó Ron, por lo que considera que lo único que compete es la absolución. El abogado también señaló que lo que conoce es que el contrato entre Nolimit y Petroecuador que da origen a la factura de los USD 20,3 millones “no tiene ni ha tenido glosas, con lo cual se desbarata la teoría de Fiscalía”. Por su parte, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, aseguró que en este caso “no existe una organización criminal”. Además, dijo que el sobrino del excontralor y su socio Roberto Barrera, quienes fueron sentenciados en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero, se tomaron el nombre de su cliente, sin su autorización, para exigir sobornos a Nolimit y beneficiarse ellos. Entre tanto, Joan Paul Egred, defensor de otros dos procesados, negó la participación de sus clientes en el delito de delincuencia organizada. Lo mismo dijeron los abogados de los otros acusados. Fuente: El Comercio
