Infobae .- El gobierno fuerza a la policía a mantener cuotas diarias de capturas. A los jóvenes los acusan de “asociación ilícita” con las maras casi siempre sin prueba alguna, “alcanza con una mala mirada”, cuenta una madre a Infobae   Los cinco hijos de Gladys están presos. La policía, amparada en el régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo de 2022, se los llevó a todos y los repartió en tres cárceles del país. Al menor, Kevin, de 17 años, lo soltaron el nueve de junio del año pasado, después de que había estado preso cinco semanas: ni la policía ni la fiscalía salvadoreña tenían pruebas de las asociaciones ilícitas con pandillas que le achacaban. Kevin casi no habla desde que volvió a casa y, cuando lo hace, es para contarle a su madre, sin demasiados detalles, que sus carceleros le pegaban casi a diario y apenas le daban agua.   Kevin (los nombres de los protagonistas de esta nota se han cambiado por su seguridad y a petición de ellos) es uno de los 1.082 menores de edad a los que el gobierno de Bukele metió presos entre el 27 de marzo, cuando se decretó por primera vez el régimen de excepción en El Salvador, y el 31 de agosto de 2022, de acuerdo con una base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) publicada por la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Entre los menores encarcelados hay 21 niños de entre 12 y 13 años, a los cuales la PNC de Bukele pudo meter presos gracias a una reforma de marzo del año pasado que redujo la edad de encarcelamiento de 16 a 12 años.   Kevin, como la mayoría de los menores arrestados, fue acusado de asociaciones ilícitas, un delito que, por las reformas que el gabinete de seguridad de Bukele promovió con el régimen de excepción, es castigado desde marzo con penas en prisión de 9 a 45 años. La estrategia de aplicar este delito de asociaciones ilícitas a centenares de jóvenes arrestados ha sido común en los últimos meses: según HRW, unas 39.000 de las 61.000 personas arrestadas desde que empezó el régimen de excepción están en la cárcel acusadas de asociaciones ilícitas.   Dos abogadas consultadas por Infobae en El Salvador, que han defendido a menores como Kevin y quienes accedieron a opinar desde el anonimato por temor a represalias de la Fiscalía General de El Salvador (FGR), aseguran que en la mayoría de audiencias iniciales, en las que de acuerdo con la legislación salvadoreña el gobierno debe demostrar que hay indicio suficiente de prueba para continuar con el proceso judicial, las evidencias que presentan los fiscales son vagas, incluso inventadas y no cumplen con uno de los requisitos de la ley nacional: individualizar la participación de los imputados en los hechos.   Una de las abogadas detalló que hay audiencias en que la fiscalía reúne hasta a 100 imputados ante un juez, la mayoría de los cuales no cuenta con recursos apropiados para defenderse. Amnistía Internacional se hizo eco de esto en un reporte publicado en junio de 2022, en el que advertía que los tribunales salvadoreños hacían audiencias masivas o en forma virtual a través de videollamadas con los reos en los centros penales, en las que se silenciaba los micrófonos para que los imputados no pudiesen hablar.   “Los juzgadores no intiman adecuadamente a las personas imputadas para darles a conocer los cargos que enfrentan; estas no comparecen personalmente a las audiencias, sino que lo hacen de forma virtual y en grupos numerosos; en la mayoría de estas audiencias se ha generado la práctica de silenciar el micrófono desde los centros penales, por lo que las personas que comparecen virtualmente no pueden tomar la palabra y ejercer su defensa material”, confirmó un informe de la organización salvadoreña Cristosal, una de las que mejor ha documentado los abusos durante el régimen de excepción.   Kevin, el hijo de Gladys, como los otros centenares de menores arrestados, tuvo que pasar preso 15 días antes de ver a un juez, pero él corrió mejor suerte que los otros que, después de alguna de esas audiencias masivas o sin micrófono, se quedaron presos. Gracias al régimen de excepción, y en última instancia a las reformas aprobadas por el congreso bukelista, pueden pasar meses, incluso años, antes de que la situación jurídica de estas personas se resuelva. Copia de un informe policial que detalla las cuotas de arrestos exigidos a agentes durante el régimen de excepcion impuesto por el gobierno de Bukele en El Salvador. La imagen corresponde a la zona metropolitana de San Salvador. La autenticidad del documento fue confirmada a Infobae por oficiales de la Policía. Zaira Navas, abogada de Cristosal, asegura que el régimen de excepción y las reformas legales están diseñados para mantener llenas las cárceles y que el gobierno ha establecido a la PNC cuotas diarias de capturas. “El régimen se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos, al principio eran mil hoy son 500 cada día, y hay muchos audios y grabaciones de policías que lo prueban. Esto ha generado más arbitrariedades entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas”, dice Navas.   Gladys, la madre de Kevin, está convencida de que a sus hijos se los llevaron por eso, para cumplir una cuota. “Mis hijos son sanos trabajadores, pero la policía tenía que cumplir su meta”, dice la mujer a Infobae por mensajería electrónica.   Oficiales consultados en la PNC confirman que, al menos entre marzo y agosto de 2022, el gobierno de Bukele impuso cuotas de hasta mil capturas diarias en todo el país, sin importar si los detenidos tenían antecedentes o si había alguna investigación previa; bastaba una denuncia anónima o incluso, en algunos casos, que los agentes captores se inventaran excusas para justificar los arrestos.   “Todo esto provocó graves desaciertos, provocó