PortadaHomeRadioCentro

Ecuador: octubre 10, 2024

Ecuador Continental:

Ecuador Insular:

Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify
Ecuador, octubre 10, 2024
Ecuador Continental: 03:56
Ecuador Insular: 03:56
Facebook Twitter Youtube Instagram Spotify

Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final

Nacionales /

El Universo .- En el 2012, Rafael Correa creó un comité para investigar el asesinato del oficial. En 2015 se informaron sus conclusiones, pero el tercer producto desapareció. Después de siete años de la aprobación de un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa en la contratación de una consultoría para identificar e investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, que la hizo el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la administración del exmandatario Rafael Correa. Los sancionados fueron el perito de nacionalidad argentina Roberto Meza Niella y dos exfuncionarios del ministerio, Jéssica Jaramillo y Jorge Granizo, los dos últimos como responsables subsidiarios. En el 2013, el desaparecido Ministerio de Justicia, que creó Rafael Correa, contrató los servicios de Roberto Meza para que elabore una investigación forense no judicial, relacionada con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno, ocurrida en diciembre del 2010. Gabela denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008. La justicia ordinaria concluyó que se trató de un delito común y sentenció a los autores materiales. Pero su viuda, Patricia Ochoa, exigió al régimen de Correa una investigación del asesinato, porque estaría relacionado con las denuncias de su esposo. Correa creó un Comité Interinstitucional de varios ministerios y secretarías para que investiguen el suceso y el Ministerio de Justicia contrató los servicios de Roberto Meza con ese propósito. El presidente Rafael Correa (d) y el general Jorge Gabela se saludan en una ceremonia militar por el aniversario de la FAE, en septiembre del 2007. Atrás observa la esposa del fallecido oficial, Patricia Ochoa. El contrato se adjudicó el 10 de abril de 2013 por $ 78. 000 para realizarse en un plazo de 90 días. La pericia se planificó en tres momentos. El primer producto contempló un primer producto que contenía el cronograma de trabajo y por ello se pagaron $ 23.400. El segundo producto debía establecer el móvil, respecto de si era delito común o crimen organizado y por él se pagaron $ 31.200, pues correspondía el 40 % del contrato. Al descartarse que se trataba de un delito común, avanzó al tercer producto. En este último momento, el consultor debía determinar el móvil y los presuntos autores intelectuales y por este expediente se pagaron $ 23.400. Roberto Meza asegura que entregó los tres productos para conocimiento del Comité Interinstitucional; pero, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga dio lectura a un conjunto de conclusiones en las que se atribuía que el crimen de Gabela fue por delito común. Meza elevó su reclamo de que esa conclusión no era parte de su informe y que su documento contenía su firma y el sello de su consultora; mientras que Patricia Ochoa expuso que el informe estaba incompleto y no contenía firmas ni sumillas. Desde entonces, este tercer producto se considera desaparecido de los registros y archivos públicos. Es así como la Contraloría señaló en su informe -aprobado el 31 de octubre de 2016- que «no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto» y predeterminó una orden de reintegro por $ 23.400 en contra del perito Meza, porque además en la parte de las conclusiones «no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad». A poco de cumplirse siete años de la aprobación del examen especial, el 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó al perito Meza, a Jéssica Jaramillo y a Jorge Pazmiño que se confirmaba una responsabilidad civil culposa y a la par emitió una orden de reintegro por $ 23.400. La notificación de reintegro se emitió en contra de Roberto Meza, que como consultor se le cancelaron $ 23.400 por el tercer producto, que según el organismo de control, «no se evidenció la documentación que sustente su emisión» y en la parte de las conclusiones «no tiene firma de responsabilidad, por lo que ocasionó un perjuicio económico» al Estado. A Jéssica Jaramillo, como excoordinadora jurídica del ministerio, por suscribir el acta de entrega y recepción del informe final y solicitar la cancelación de $ 23.400 y a Jorge Pazmiño por suscribir el acta de entrega y recepción y solicitar la cancelación de $ 23.400. A este valor se dispone sumar los intereses, que serán calculados a partir del 31 de diciembre de 2013, señala el documento. La institución aclaró que los sancionados pueden presentar recursos legales ante los tribunales contenciosos administrativos en contra de la orden de reintegro. El perito Roberto Meza informó que dispuso a su abogado defensor en Ecuador (pues él vive en Brasil) que inicie las acciones legales que correspondan para impugnar esta decisión, pues a su criterio el caso se cerró en el 2018. Tras la denuncia de que el tercer producto estaría desaparecido de los archivos, la Corte Constitucional (CC) ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que este sea reconstruido por el perito Meza. Su decisión fue el resultado del trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe reconstruido se entregó en julio pasado y los mismos jueces de la Corte observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se relacionó con delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto Comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común» (sic). El organismo dispuso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría

Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final Leer más »

Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela

Nacionales /

El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo. La Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa y determinó una orden de reintegro por más de $ 23.000 por el contrato para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que se suscribió en el 2013 en la administración del expresidente Rafael Correa. El 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó a Roberto Meza Niella, Jéssica Jaramillo y Jorge Pazmiño, los dos últimos como responsables subsidiarios, con una orden de reintegro por $ 23.400 que se destinaron para la contratación de una consultoría para investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela en diciembre del 2011. En esencia, se emitió un título de crédito por $ 23.400 en contra de Meza, Jaramillo y Pazmiño, quienes aún pueden impugnar la resolución ante los tribunales contencioso administrativos. Este proceso surgió a raíz de que en el 2012, el exmandatario Rafael Correa creó, mediante decreto ejecutivo, un Comité Interinstitucional para investigar el asesinato de Gabela, que estaba presidido por el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ese fin, esa cartera de Estado contrató, bajo la modalidad de consultoría por $ 78.000, al perito argentino Roberto Meza, para que elabore un informe pericial no judicial sobre la muerte de Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008. Una madrugada de diciembre del 2011, sujetos ingresaron a su hogar y le dispararon, provocando su muerte. La viuda de Gabela, Patricia Ochoa, insistió a Correa para que investigue el crimen, porque advertía que el hecho estaba relacionado con las denuncias de posibles actos de corrupción en la compra de los Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres permanecen en un hangar de la FAE. La justicia ordinaria determinó que se trató de un crimen por robo. Fue así que se contrató esta investigación que contemplaba la elaboración de tres productos: el primero, el cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer el móvil del crimen; y, si la hipótesis señalaba que se relacionaba con el crimen organizado, se avanzaría al tercer producto, para establecer los autores intelectuales. Sin embargo, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga informó los resultados de la pericia hecha por Meza que apuntaban a un delito común y descartó la delincuencia organizada. Meza negó que ese informe haya sido de su auditoría. La Contraloría examinó este contrato desde el 2016 y según sus conclusiones, el tercer producto que presentó el perito habría desaparecido de los archivos públicos, pues «no se evidencia la documentación que sustenta la presentación del tercer producto». Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución. Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial. El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza. El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios. Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra». Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic) Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité. La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno. Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado. De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira. 

Contraloría señala responsabilidades y emite una orden de reintegro por $ 23.000 por contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela Leer más »

No hay justicia en Ecuador: la crítica de la viuda del Gral. Gabela

Nacionales /

Patricia Ochoa, esposa del asesinado ex comandante de la Fuerza Aérea, Gral. Jorge Gabela, fue lapidaria: no tiene esperanza de justicia en torno al crimen, y tampoco por las irregularidades en la compra de los helicóperos hindúes Dhruv. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo dictado el 19 de junio pasado por el juez Luis Rivera, quien sobreseyó a los 18 procesados por peculado en el “Caso Dhruv”. Para ello se amparó en que las partes procesales, incluyendo la Fiscalía, no presentaron la apelación dentro del plazo de 60 días. Y aunque la fiscal, Diana Salazar, rechaza el fallo y anuncia que luchará contra el mismo, Ochoa guarda pocas esperanzas, por no decir ninguna. En diálogo con Carlos Vera en “Del Día a la Noche”, la viuda del Gral. Gabela señaló que, desgraciadamente, inventaron toda clase de argucias para llegar a este fin en ambos delitos: la impunidad. Su crítica recae sobre los jueces, que tardaron todo lo que quisieron, y permitieron que los implicados cometan toda clase de abusos para retrasar los procesos: cambio de abogados, ausencias, recursos, etc. A su criterio, lo peor de todo es recibir las burlas del llamado “comité interinstitucional”, que investigó el “Caso Dhruv”, y que emitió un informe forjado. Ochoa aclaró que aunque no confía en la justicia ecuatoriana, su lucha nunca decaerá, pues los asesinos de su esposo tocaron lo más sagrado que tenían como familia: su buen nombre. Precisamente por ello, recurrirá a instancias internacionales en casos casos.

No hay justicia en Ecuador: la crítica de la viuda del Gral. Gabela Leer más »

Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto

Nacionales /

El Universo .– La Fiscalía informó a la Corte Constitucional las acciones emprendidas alrededor de la contratación de una consultoría que hizo un Comité Interinstitucional. Cinco exministros que integraron el gabinete del expresidente Rafael Correa están siendo investigados por presunto peculado, por el tratamiento que se dio al denominado tercer producto, en la investigación del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el 2010. La Fiscalía General del Estado comunicó este 17 de julio de 2023 a la Corte Constitucional (CC) el cumplimiento que dio a una sentencia en la que ordenó la reconstrucción de este tercer informe, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que presentaron Patricia Ochoa, viuda de Gabela, en conjunto con la Defensoría del Pueblo en el 2018. Ello, porque pese a una acción de acceso a la información pública que tramitaron años atrás, no pudieron acceder a la documentación completa de esa investigación.   Los jueces de la Corte, en un fallo de febrero pasado, concluyeron que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela y decretó que se reconstruya este tercer producto y que la Fiscalía y la Contraloría General del Estado informen sobre las «medidas y sanciones» emprendidas hasta este 18 de julio.   Alegaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina «sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública».   Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. De esta manera, la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, remitió a la Corte Constitucional los resultados de esas medidas y acciones que tomaron por lo que sería la desaparición de este documento de los archivos del Estado.   Salazar informó que el 13 de marzo de 2023 abrió un expediente por el delito de peculado y que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional.   El expediente aglutina, por el momento, 2.968 fojas en 30 cuerpos y, como parte de la indagación previa, se han dispuesto 164 diligencias, entre ellas: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, cuatro cadenas de custodia relacionadas con evidencia documental, digital y de audio y video, doce pericias dispuestas que incluyen las del sistema informático, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y diez versiones por receptar. De acuerdo con este procedimiento, la Fiscalía reporta como presuntos involucrados a cinco personas que integraron el equipo de ministros de la gestión de Rafael Correa en el periodo del 2015. Entre ellos: Ledy Andrea Zúñiga Rocha, exministra de Justicia (actual candidata a asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana). César Navas Vera, exministro de Coordinación de Seguridad. Fernando Cordero Cueva, exministro de Coordinación de Seguridad y exministro de Defensa (expresidente de la Asamblea Nacional). José Ricardo Serrano Salgado, exministro del Interior (exasambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional). Pedro Solines Chacón, exsecretario de Transparencia de Gestión (actual alcalde de Milagro). También se menciona a «funcionarios públicos que participaron de la contratación», aunque no se detalla sus identidades. Fernando Cordero (i) también fue exministro de Defensa y César Navas, exministro de Coordinación de Seguridad. (Foto: Cortesía. Tomada del Ministerio de Defensa) La investigación a estos exministros de Estado se da en un contexto en el que, en el 2012, el expresidente Correa constituyó un denominado Comité Interinstitucional que tenía como objetivo «conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana». Jorge Gabela, general y excomandante de la FAE, denunció en el 2008 la existencia de presuntos actos irregulares en la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó el Ministerio de Defensa por $ 45 millones, a la empresa transnacional Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron inoperativos.   Gabela fue asesinado en diciembre del 2010, luego que su hija fue víctima de una persecución en la que los delincuentes ingresaron a su casa en Guayaquil y en un aparente robo dispararon al general, que murió diez días después en el hospital Luis Vernaza.   La justicia procesó a cinco personas y concluyó que el asesinato de Gabela se debió a un delito común, pero Patricia Ochoa insistió al Gobierno de ese entonces que investigue, pues presume que el asesinato fue a causa de sus denuncias alrededor de la compra de los siete helicópteros.   Fue así que Correa integró este Comité en el que participaron un representante o delegados de las máximas autoridades del extinto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, quien lo presidía; el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y, la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.   Entre sus atribuciones, ese cuerpo colegiado podía recopilar información de cualquier naturaleza, entrevistar personas que pudieron tener conocimiento de los hechos denunciados; también acceder archivos y documentos, incluso aquellos que se encuentraban protegidos con el carácter de secreto, confidencial o reservados; y, también, practicar visitas, inspecciones, sesiones de trabajo, o cualquier otra actividad.   Para sus tareas podía contar «con peritos y expertos que les ayuden en el análisis técnico». Bajo esas atribuciones, el Ministerio de Justicia contrató, a través de la modalidad de consultoría, al perito argentino Roberto Meza Niella para que investigue los hechos que rodearon el crimen de Gabela.   La contratación se adjudicó por $ 78.000 y de ella se desprendieron tres productos. El primero contenía un cronograma de trabajo; en el segundo producto se había arribado a la hipótesis que el crimen se relacionaba con el crimen organizado por las denuncias de Gabela.   En ese segundo momento se había observado que el acto criminal se debía a un «acto ajeno a la delincuencia común» y se encontraron méritos en hechos relacionados con la actividad laboral de Gabela, por lo que se debía emitir un tercer informe sustentado con «recaudos probatorios que permitan determinar a

Caso Gabela: cinco exministros del gobierno de Rafael Correa investigados por la Fiscalía por presunto peculado en el tratamiento que se dio al tercer producto Leer más »

Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa

Nacionales /

El Universo .- Hasta el 18 de julio tendrían como plazo la Fiscalía y Contraloría para que informen sobre las ‘medidas y sanciones’ por el manejo de ese expediente forense. Luego que la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella presentaron un tercer producto reconstruido de los hechos que rodearon el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, aún está pendiente determinar qué manejo tuvo ese mismo tercer producto que resultó de una primera investigación que llevó a cabo el extinto Comité Interinstitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa. La reconstrucción de este tercer producto la ordenó la Corte Constitucional (CC) en febrero pasado, en el trámite de una acción extraordinaria de protección que la presentó la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, en el 2018, tras no tener acceso a ese documento mediante una acción de acceso a la información pública.   La consecuencia de este suceso surge en el 2012, cuando el expresidente de la República Rafael Correa constituyó un Comité Interinstitucional que integró a varios ministerios de Estado para que investiguen el asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010.   Ello, a propósito de que en el 2008, Jorge Gabela, excomandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para uso de la institución castrense. De esas siete aeronaves, cuatro se accidentaron y las tres que quedaron no están operativas.   Ese comité lo lideró el extinto Ministerio de Justicia que contrató, bajo la figura de consultoría, los servicios del perito Roberto Meza para que investigue el hecho. La adjudicación ascendió a $ 78.000.   En el 2015, la exministra de Justicia Lady Zúñiga divulgó los resultados de la investigación, señaló que el asesinato se habría relacionado con un delito común y descartó el crimen organizado en el marco de las denuncias del general Gabela. La contratación contemplaba un primer producto, que era un cronograma de trabajo; el segundo pretendía establecer si fue un delito común o la posible relación con el crimen organizado. Y un tercer informe avanzaría únicamente si, en el segundo producto, se concluía que la muerte no fue por delito común. Este último tercer producto debía señalar los presuntos autores intelectuales, el móvil del crimen y si fue consecuencia de las denuncias de Jorge Gabela sobre la compra de los helicópteros Dhruv.   Su viuda, Patricia Ochoa, denunció que no tuvo acceso al informe íntegro, pues los documentos que le entregó el Ministerio de Justicia no estaban completos, que no tenían firmas de autenticidad o sumillas y que tenían inconsistencias.   En el fallo de la Corte se recoge, por ejemplo, que hubo un primer producto, que tenía seis hojas sumilladas y la firma del perito; el segundo producto, que constaba de 43 fojas sumilladas y con la firma del perito y en este constaba: “Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo seria (sic) consecuencia de la delincuencia organizada. Las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas”.   Así se confirmó que hubo un tercer producto que, según conocieron los jueces, “consta de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto -en la que se encuentran las conclusiones- no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello”.   Los jueces notaron inconsistencias como que, pese a que el segundo producto concluyó que el crimen se trató de “delincuencia organizada” y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común” (sic).   Esta hipótesis llevó a la Corte a determinar que “las conclusiones entre ambos informes serían inconsistentes y la información proporcionada no puede ser catalogada como fidedigna, ya que no tiene aptitud para ser considerada original, creíble y veraz. Ergo, se vulneró el derecho de acceso a la información pública” y dispuso que ese tercer producto vuelva a hacerse.   La noche del 11 de julio de 2023, los miembros de la comisión, el académico Arturo Moscoso, la presidenta del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz; y, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, entregaron a Ochoa el informe que elaboró Meza y que develó la presunta participación de dos generales en servicio pasivo de la FAE en el crimen de Gabela.   Ochoa tiene un término de 20 días para hacer observaciones a este informe no judicial y Meza tendría otros 30 días para responderlas.   Pero aún queda pendiente la investigación de cuál fue el manejo de los documentos de este tercer informe. El presidente de la Comisión de Coordinación, Arturo Moscoso, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar lo que sería la desaparición de ese documento que se elaboró hace diez años. “Deben responder por la desaparición de ese informe, por la que los ecuatorianos pagamos dinero y eso sí constituye peculado. Deben investigarse las responsabilidades por esta desaparición y la Fiscalía tiene una orden directa de la Corte que cumplir”, comentó Moscoso.   Por su parte, la comisionada Jeannine Cruz relató que en las gestiones para recuperar documentación que le permita al perito reconstruir este tercer informe vieron con sorpresa que los papeles provenían de los archivos de la ex Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que les entregaron tres versiones del tercer producto.   “Cómo es posible que encontremos tres versiones del tercer producto. Una de ellas era una copia del primer y segundo producto; uno tenía más de 140 hojas. El segundo tenía 54 hojas y el tercero 92. Los tres productos cambiaban las conclusiones. En una primera versión, se mencionó que

Caso Gabela: Aún está pendiente la investigación de qué ocurrió con el ‘tercer producto’ elaborado en el gobierno de Rafael Correa Leer más »

Tercer producto pericial sobre el asesinato de Jorge Gabela pasa a la observación de Patricia Ochoa

Nacionales /

El Universo .- Su abogado Ramiro Román no desestima que pueda solicitarse asistencia internacional si observan trabas en la investigación. Hay 20 días para pedir aclaraciones. Una vez que Patricia Ochoa, viuda del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, recibió el «tercer producto» pericial, ella en conjunto con su equipo de defensa técnica empezarán su revisión y determinar si se harán observaciones, sin descartar la posibilidad de solicitar la intervención de organismos internacionales para que avance la investigación. Ramiro Román, abogado defensor de Patricia Ochoa, contó que ahora que recibieron ese tercer producto, la primera tarea será revisarlo y analizar si se requerirán observaciones que podrán hacerlas en los próximos 20 días, o incluso, antes, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional (CC), que ordenó la reconstrucción de este documento.   Román resaltó la importancia de este reciente informe, porque da «más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos» en la Fiscalía General del Estado que indaga una posible ejecución extrajudicial del general Gabela. Aunque, no desestima que se solicite la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de llegar a observar que la justicia ecuatoriana no da respuestas. El jurista reconoce que deben agotarse los recursos judiciales en el Ecuador, pero cree que se puede solicitar una intervención internacional cuando se considere necesario. Como por ejemplo, después de lo que sucedió con la resolución del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera, que dictó sobreseimiento a 18 personas que fueron procesadas en el caso de peculado por la compra de los siete helicópteros Dhruv para uso de la FAE en el 2008.   «Es importante este tercer producto porque nos da más elementos para la investigación y vamos teniendo más elementos para seguir los recursos internos. Pero se puede pedir una intervención internacional cuando se considere necesario. Si en la Corte Nacional de Justicia se está empezando a hacer resoluciones como las del juez Luis Rivera en el caso Dhruv, los organismos internacionales deben intervenir para que se tomen los correctivos», opinó Román y recordó que hay jurisprudencia para Ecuador sobre procesos legales resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como con el caso Restrepo, Benavides, entre otros. La noche de este 11 de julio de 2023, la Comisión de Coordinación y el perito argentino Roberto Meza Niella entregaron a Patricia Ochoa el denominado tercer producto, que fue parte de una pericia elaborada entre el 2012 y 2013, que recogía varias hipótesis que rodearon el asesinato del general y excomandante de la FAE, Jorge Gabela Bueno, en diciembre del 2010. Gabela denunció la existencia de posibles anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) en el 2008, transacción que impulsó el Ministerio de Defensa en el gobierno de Rafael Correa. Ese documento, tercer producto, fue parte de una investigación no judicial que contrató en el 2012 el extinto Ministerio de Justicia que lideró un Comité Interinstitucional que creó Correa.   En 2015 se divulgaron los resultados de esa pericia, en la que la exministra de Justicia Lady Zúñiga informó que la muerte de Gabela se relacionaba con un delito común y se desestimó el crimen organizado.   Patricia Ochoa cuestionó que dicho informe contenía inconsistencias y solicitó la entrega del documento íntegro, sin éxito.   En el 2018, Ochoa y la Defensoría del Pueblo plantearon una acción de acceso a la información pública ante la justicia ordinaria que avanzó hasta la Corte Constitucional con una acción extraordinaria de protección.   En febrero de 2023, los jueces de la Corte Constitucional fallaron a favor de Ochoa y ordenó al Gobierno nacional -de Guillermo Lasso- a que se conforme una Comisión de Coordinación que contacte al perito Roberto Meza y reconstruya ese tercer producto, al considerarse que desapareció de los archivos estatales.   En mayo pasado, Roberto Meza regresó al Ecuador para cumplir el fallo y entregó este 11 de julio y, en un acto público que se realizó en el Consejo de Comunicación en Quito, el tercer producto a Ochoa con la presencia de un notario y de la Comisión, que está integrada por Arturo Moscoso, catedrático y presidente; Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación; y Sebastián Palacios, ministro del Deporte. La Corte Constitucional otorgó un término de 20 días para que Ochoa y la Defensoría del Pueblo hagan las observaciones que consideren necesarias al documento elaborado por Meza y, este a su vez, tendrá otros 30 días para que las absuelva, según recoge la sentencia.   Ramiro Román detalló que a propósito de la estancia de su defendida, Patricia Ochoa en Quito (pues vive en Guayaquil), la invitará a reunirse y revisar el expediente para hacer las observaciones en los siguientes días.   Este último tercer producto aún se mantiene en reserva, pero de las principales conclusiones que Meza expuso el martes último, señaló que «existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno».   También, que la muerte de Gabela «terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv».   Sobre la relación de mandos en las instituciones, refirió que el «expresidente Correa, los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE, conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv»; y, que «existió por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional».

Tercer producto pericial sobre el asesinato de Jorge Gabela pasa a la observación de Patricia Ochoa Leer más »

Perito Meza señala a generales Bohórquez y Espinosa como autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela

Nacionales /

Los generales Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinosa, ex comandante de la Fuerza Aérea y ex comandante del Ala de Combate 22 de la institución, respectivamente, serían los autores intelectuales del asesinato del también general Jorge Gabela. Así lo señaló el perito argentino, Roberto Meza, al presentar el denominado “tercer producto” de su investigación, que descarta totalmente que el ataque, perpetrado la madrugada del 19 de diciembre del 2010 en una ciudadela de Samborondón, proviniera de delincuencia común. El reporte, de 73 páginas, fue entregado oficialmente ayer a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ante la presencia de la comisión que conformó el gobierno, por disposición de la Corte Constitucional. Ochoa tiene 20 días para analizarlo y presentar cualquier inquietud, y de ahí el experto forense cuenta con 30 días para responder. En su larga exposición, Meza estableció los parámetros contemplados en su investigación, y que apuntan a Bohórquez y Espinosa como presuntos promotores del crimen. El móvil del asesinato, señaló, fue la oposición del general Gabela a la compra de los 7 helicópteros hindúes DHRUV. Más aún cuando acentuó sus denuncias, a raíz de los accidentes que sufrían las naves, debido a sus deficientes condiciones. Durante el acto, el perito mostró un video, en el cual Bohórquez parece amenazar a Gabela antes del asesinato. También expuso la orden que había para que agentes de inteligencia lo siguieran. Asesino material estaría vivo Meza explicó que el autor material del asesinato fue un sicario, identificado como Francisco Israel Cruz Vargas, alias “Francis”. En ese entonces surgió la tesis de que el pistolero fue realmente otro sujeto, llamado Derlys David Salazar Vargas, pero las investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de la misma persona, que usaba dos identidades para ocultar sus actividades. En el año 2013, Alias “Francis” supuestamente fue asesinado a tiros en la ciudadela Sauces, norte de Guayaquil. Sin embargo, nuevas pistas revelan que el sujeto está vivo, al punto que en apariencia sufragó en las elecciones del 2021, y hasta estuvo involucrado en otros hechos ilícitos. Alias “Francis” le habría confesado a sus cómplices, que un general le pagó una fuerte suma por matar a Gabela, pero nunca dio nombres ni las motivaciones. “Nunca me dieron la cara” Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del ex comandante de la FAE, agradeció las investigaciones de Meza, y lamentó que durante el gobierno de Rafael Correa pretendieran ocultar la conspiración, con la mentira de que fue un caso de “delincuencia común”. Ochoa recordó que cuando le presentaron el informe la primera vez, quien acudió fue la entonces ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. En cambio, Correa no se atrevió a hacerlo, y más bien puso trabas. También fustigó la forma en que pretendieron ocultar la verdad, como lo demuestra la cantidad de informes falsos, mutilados y tergiversados que dejaron, para ocultar lo que se sospechaba: que el asesinato fue planeado por los responsables de la compra de los helicópteros DHRUV.

Perito Meza señala a generales Bohórquez y Espinosa como autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela Leer más »

Viuda del general Gabela ya sabe quiénes ordenaron asesinar a su esposo

Nacionales, Política /

Patricia Ochoa, esposa del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gabela, y quien fue asesinado en el año 2010, afirma ya saber quiénes ordenaron el crimen. Consultada por los micrófonos de “Punto de Orden”, Ochoa explicó que en el año 2018 se reunió con el perito argentino, Roberto Meza, quien tuvo el encargado de investigar el caso. En ese encuentro, dijo, Meza le reveló con total claridad los nombres de los autores intelectuales de la muerte de su esposo. Sin embargo, por ahora no puede dar esos nombres, debido a que carece de las evidencias respectivas, y además porque debe respetar la conclusión del nuevo informe que elabora el experto. Ochoa está convencida que Meza, en su “tercer producto”, dará esos nombres, y al fin el país conocerá la verdad. Es por ello, anotó, que ciertos personajes “están preocupadísimos”, porque les falló el plan de decir que Gabela fue asesinado por delincuencia común. Tanto así, que cuando la nueva comisión, creada por este gobierno, pidió el reporte original, aparecieron varios documentos forjados, sin firma de responsabilidad, con diferentes cantidades de páginas, pero con una conclusión similar: delincuencia común. Además, advirtió que desde entonces han tratado de intimidarla. Sin embargo, se mantendrá firme hasta que el caso sea aclarado, pues está segura que a su esposo lo mataron por denunciar las irregularidades, en la compra de los helicópteros DHRUV. Dictamen es absurdo Sobre este punto, expresó su extrañeza por el fallo del juez Luis Rivera, que absolvió a todos los implicados en la compra irregular de las aeronaves hindúes. Ochoa explicó que el argumento del magistrado, de que “Ecuador no perdió plata”, es sospechosamente similar al del ex presidente Rafael Correa. Y claro que lo es, agregó, pues Rivera fue abogado investigador de la Secretaría de Transparencia de Gestión, que durante el gobierno correísta fue parte de la comisión que investigó el asesinato de su esposo. Ochoa afirmó que el peculado es notorio, pues el Estado recibió naves de mala calidad, sin certificaciones universales, y que, durante las inspecciones técnicas, mostraron ser viejas, inclusive con pernos rotos. Además, más allá del dinero invertido y supuestamente recuperado, dan a entender que no tienen valor los ecuatorianos que murieron en los percances sufridos por los DHRUV.   Entrevista

Viuda del general Gabela ya sabe quiénes ordenaron asesinar a su esposo Leer más »

Esposa del General Gabela advierte que decisión del Caso Dhruv “sentó un precedente nefasto para los funcionarios públicos”

Nacionales /

La Hora .- Esperan que el informe del perito Roberto Meza se convierta en un material importante para la investigación de la Fiscalía en el caso de Jorge Gabela.   La decisión de sobreseimiento para los involucrados en la adquisición de los helicópteros Dhruv, generó reacciones encontradas en la sociedad ecuatoriana. Para Patricia Ochoa, esposa del asesinado excomandante de la Fuerza Aérea de Ecuador, general Jorge Gabela, el dictamen del juez José Rivera sienta un precedente “nefasto” para que los funcionarios públicos realicen operaciones con fondos públicos sin responder por ello.   Aunque la Fiscalía General del Estado ya apeló, no son pocas las voces de alerta que se han levantado ante este fallo judicial que pone en duda el balance de la justicia en el país.   Ochoa sostuvo que durante el desarrollo del caso se pudo evidenciar que “el juez Rivera no era tan igual para ejercer la ley ante todos”. Además, recordó que su esposo fue amenazado desde el mismo momento que se comenzó a hablar de la operación de compra de las aeronaves y destaca que siempre fue crítico con la compra de esos helicópteros por no cumplir con las disposiciones necesarias para su operación en Ecuador.   Respuesta penosa La comisionada Jeannine Cruz, integrante de la Comisión Especial que coordina las actuaciones del perito Roberto Meza para la reconstrucción del tercer informe sobre el caso Gabela, indicó que la decisión tomada por la Justicia es “penosa”.   Cruz, quien hace unas semanas denunció que recibió amenazas por su accionar dentro de la Comisión, precisó que la operación de compra de los helicópteros Dhruv tiene dos investigaciones abiertas, la primera sobre el peculado de los fondos públicos y la segunda sobre la presunta relación que podría existir con el asesinato del general Gabela.   “Lo que acaba de contestar la Justicia realmente es penoso, porque tenemos claro que la adquisición del año 2009 de los siete helicópteros Dhruv por más de 50 millones que le costó al Estado ecuatoriano. Se cayó la primera aeronave en el 2010, luego en el 2014, 2015, 2016; cuatro helicópteros, los demás están fuera de servicio. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué no hicieron caso a la adquisición de estos helicópteros? Porque evidentemente no tenían las características técnicas para que el Estado invirtiera en esa chatarra”, apuntó.   Solo se midió lo económico Para Ochoa, la acción de la Justicia solo ha revisado el alcance económico y el perjuicio a las finanzas del Estado. “Creo que aquí solo se enfocaron en que el Estado no había perdido un centavo, pero no se enfocan en que los helicópteros se recibieron en malas condiciones” apuntó.   A su juicio, la FAE no recibió lo que había solicitado. “No tenían certificaciones para volar y, definitivamente, si no se entrega tal cual se pidió. Tiene que haber alguna sanción porque el proceso de contratación pública es claro”.   Sobre este punto, Jeannine Cruz consideró que “no nos satisface en este caso la decisión tomada por la Justicia, porque le está dando la espalda a las familias de los soldados que murieron en esos helicópteros”.   Más allá de que Seguros Sucre haya cubierto las indemnizaciones a las familias de los oficiales fallecidos en uso de esas aeronaves, para Cruz queda claro que no se ha hecho justicia en este caso.   “Elevo una crítica, porque la Justicia tiene una agenda partidista o una agenda política, no hay independencia, lamentablemente en la Justicia de nuestro país, hay jueces puestos por cierto sector político, que obedecen a ese sector político. Entonces, sí ha sido lamentablemente negativa esta sentencia”, remarcó.   Balance de Meza Sobre la información brindada por el perito Roberto Meza y la Comisión especial de la Presidencia, la viuda de Gabela detalló que le sorprendió escuchar la existencia de tres informes sin firma, ni sumillas del perito dentro de la documentación enviada por las instituciones del Estado. “Nos llamó la atención la información que de la misma Secretaría de Transparencia y Gestión le llegó a la comisión tres informes del Perito Meza, sin firmas ni sumillas, que hablaban de delito común”.   Recordó que “en 2018, en el Ministerio de Justicia, encontré seis o siete informes del perito, de 25 hojas, 35, 45, que decían delito común, y un oficio adjunto donde la subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruíz, enviaba a todos los ministros de los Ministerios que conformaron el comité institucional, para pedirles que siguieran haciendo observaciones al caso de Gabela. Estamos hablando de septiembre de 2014, ya el Perito Meza no estaba en el Ecuador”.   Ochoa precisó que los documentos que ella pudo observar tenían el membrete de la firma de Roberto Meza, pero no contaban ni con la firma, ni las sumillas, hecho que le pareció extraño y al consultar le dijeron que era un «avance del informe».   «Creo que a veces pretenden que todos los seres humanos somos ilusos, que no nos damos cuenta de detalles”, lamentó Ochoa.   Informe será un aporte para la Fiscalía La viuda del General Gabela espera que la reconstrucción del informe se convierta en un apoyo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.   “Creo que es algo interesante, que va a apoyar de alguna manera a la Fiscalía”, apuntó.   Expuso sus dudas ante el accionar de los integrantes del Gobierno del expresidente Rafael Correa ante lo que pueda señalar el informe del perito Meza. “Pareciera que tuvieran mucho miedo, no sé si esconden algo más, pero pareciera que tienen miedo por la reacción que han tenido”, dijo.   Por su parte, Cruz considera que la politización del caso Gabela es consecuencia de un sector que busca ocultar la verdad. “La sentencia de la Corte Constitucional viene realizándose desde el año 2018, la Comisión se conforma antes de que decreten muerte cruzada en el mes de abril. Nosotros no sabíamos el escenario político”, precisó.   Jeannine Cruz dejó claro, “nosotros no utilizamos el drama humano, ni el dolor humano como una campaña política. Hablamos del asesinato de un ser humano, que ellos tengan esas prácticas, no significa que todos

Esposa del General Gabela advierte que decisión del Caso Dhruv “sentó un precedente nefasto para los funcionarios públicos” Leer más »

Gobierno crea comisión de apoyo a investigación de muerte del general Gabela

Nacionales /

VISTAZO .- El Gobierno creó el martes una comisión que apoyará el estudio de un perito que indagó sobre la muerte de un general de la Fuerza Aérea en 2010, durante el Gobierno de Rafael Correa, y cuya esposa considera que se trató de una “ejecución extrajudicial”.   El presidente Guillermo Lasso, mediante un decreto ejecutivo, creó la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza en torno al caso de la muerte del general Jorge Gabela, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).   La creación de dicha Comisión es una orden de la Corte Constitucional que obligó al Estado a que apoye la reelaboración del tercer cuerpo de una investigación que desapareció y que se considera fundamental en el proceso.   En principio, las investigaciones condujeron a la hipótesis que Gabela había sido asesinado por delincuentes, aunque el informe desaparecido del perito Meza advertía de sospechas sobre móviles relacionados con denuncias sobre irregularidades en la compra de helicópteros militares durante el Gobierno de Correa.   “Mi Gobierno colaborará en todo sentido”, dijo Lasso en la ceremonia de creación de la Comisión, en la que el Estado también presentó disculpas por las consecuencias generadas por la desaparición del informe del perito Meza.   La Comisión estará integrada por Jeannine Cruz, Arturo Moscoso y Juan Sebastián Palacios, quienes coordinarán con el perito Meza para la entrega de un nuevo ejemplar del “Tercer Producto Pericial” referente a este caso. El nuevo informe deberá ser entregado a la esposa de Gabela, Patricia Ochoa, y a la Defensoría del Pueblo hasta el próximo 17 de mayo. (Archivo) La Comisión se extinguirá cuando haya cumplido el objeto para el que fue creada, se precisó en el decreto ejecutivo.   El general Gabela fue asesinado en el vestíbulo de su domicilio de la ciudad de Guayaquil en diciembre de 2010, homicidio que las autoridades de entonces apuntaron a que fue obra de la delincuencia común.   Sin embargo, su viuda denunció entonces que se trató de un asesinato relacionado con las denuncias que hizo Gabela sobre la compra por parte de Ecuador de helicópteros indios Dhruv defectuosos.

Gobierno crea comisión de apoyo a investigación de muerte del general Gabela Leer más »

Scroll al inicio