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Ecuador: octubre 12, 2024

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Ecuador, octubre 12, 2024
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Se apaga lentamente el incendio inflacionario en Venezuela

Internacionales /

El Pais .- El aumento de los precios pierde aliento tras un duro ajuste que ha empobrecido aún más a los asalariados. El país espera una moderada expansión económica gracias a la flexibilización de las sanciones internacionales Luego de una tormenta hiperinflacionaria de carácter histórico en América Latina, que desató un inédito trastorno de precios que destrozó la economía a partir del año 2016, los índices de precios en Venezuela empiezan finalmente a perder terreno. Las tablas del Banco Central promedian una tasa del 3,2% en el mes de noviembre, la más baja en muchos meses en el país, dando continuidad a un descenso evidente en octubre y septiembre. Con estos pasos, Venezuela va camino de ceder el primer lugar de la clasificación. El promedio anual actual se ubica en un 185%, aún tremendamente alto, pero muy lejos de los disparatados años de 4.000% y 6.000% de 2016 o 2017. Los expertos consultados, como Henkel García, director de la consultora AlbusData, aseguran que, si la conflictividad política no sale de su cauce- lo que aún está por verse-, el país podría finalmente terminar 2024 con una tasa inflacionaria de dos dígitos. Luego de un 2023 con una modesta tasa de crecimiento, se espera también una expansión de la economía en 2024 gracias a una recuperación del ingreso fiscal por la supresión o flexibilización de las sanciones energéticas por parte de Estados Unidos. Francisco Rodríguez, académico de la Universidad de Denver, calcula que el rango de la expansión del PIB puede estar entre 2 y 6 por ciento. Algunos hacen cálculos incluso más optimistas. Una hostil política de estatizaciones junto el endurecimiento de controles cambiarios, fiscales y comerciales, impulsados por Nicolás Maduro al asumir funciones en el Gobierno en 2013 para dar continuidad al legado de Hugo Chávez, además de la corrupción generalizada en casi todas sus instancias, produjo en 2014 una debacle cambiaria que agravó el desabastecimiento y una grave sangría de divisas en Venezuela. Durante casi todo el siglo XX, el país tuvo una envidiable estabilidad cambiaria, de varias décadas de duración y, hasta 1980, algunas de las tasas inflacionarias más bajas del mundo. Las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros actores al Gobierno de Maduro acabó agravando la tormenta creada por el chavismo y ataron de manos al Ejecutivo, precipitando además el desplome de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal ya carcomida por la corrupción. “Luego de un duro ajuste de casi dos años, finalmente la inflación cede. La sociedad ha pagado un costo altísimo para mitigar este fenómeno porque el ajuste ejecutado por Maduro ha sido muy contractivo y ha lastimado muchísimo la calidad de vida de los asalariados”, afirma el economista Leonardo Vera de la Universidad Central de Venezuela. Vera apunta que la inflación cede porque -a diferencia de lo hecho en los años 2014-2015-2016, en los cuales se decretaban alegres aumentos de salariales sin fundamento fiscal- el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido cuidado de no cometer el mismo error y no ha movido la escala de sueldos, en este momento la más baja de América Latina. “El encaje bancario, que sigue en 73%, y que debe ser el más grande del mundo, terminó matando el crédito en Venezuela, pero produjo consecuencias. Por otro lado, el anclaje cambiario ha tenido efecto, pero ha limitado la producción local, y tiene marco inestable”, afirma Vera. Luego de años escondiendo las cifras de la economía y negándose a presentar cuentas al Parlamento que dominó la oposición hasta 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, a cargo del área económica, ha presentado al legislativo el Presupuesto de 2024, donde se prevé un aumento en los ingresos nacionales. “La inflación se ha desacelerado, lo hizo en noviembre respecto a octubre, lo hará en diciembre, y también en enero”, afirma el analista financiero Henkel Garcia. García coincide con Vera en torno a no decretar aumentos salariales como una de las causas de la pérdida de vigor en el aumento de precios. “Los ingresos fiscales del país han aumentado un poco y eso ha permitido cierta estabilidad cambiaria. Claro, eso lo está pagando el trabajador”. La economía venezolana actual, una expresión muy reducida de su versión tradicional, sobrevive hoy con sus ingresos petroleros, en en apenas 800.000 barriles diarios de producción, la producción aurífera, los ingresos por remesas, y una tibia recuperación en su producción de hierro e insumos siderúrgicos, luego de gestiones desastrosas en las cuales se perdieron millones de dólares. Las industrias funcionan hoy al 30% de su capacidad y sirven un mercado mucho más pequeño, luego de la masiva diáspora de estos años. La industria de la construcción sigue decaída. El crédito bancario había quedado pulverizado con la inflación y apenas ahora se asoma de nuevo al mercado. La concreción de estas expectativas económicas dependerá del desempeño entre las tensiones entre el Gobierno de Maduro, la oposición venezolana y los Estados Unidos. La detención de Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, podría terminar de agrietar lo acordado en Barbados, y la restauración de sanciones totales a Venezuela es una posibilidad cierta. Los analistas consultados dudan sobre el regreso inminente de sanciones, aun a pesar de esta nueva crisis del diálogo. “Mi impresión es que las sanciones serán flexibilizadas aun a pesar de que fracasen los acuerdos de Barbados”, afirma el economista Francisco Rodríguez. “Creo que parte importante del actual Gobierno de Estados Unidos quiere normalizar sus relaciones con Venezuela y tiene muy presente el fracaso de la política de sanciones. Hay problemas con la crisis migratoria y un interés por el petróleo venezolano. Puede haber grises en la interpretación de las sanciones, entre lo acordado en Barbados y algunos acuerdos parciales”.

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Las sanciones internacionales a Venezuela se convierten en un problema crónico

Internacionales /

El País .- El estado venezolano, que tiene serios impedimentos para vender su petróleo y acceder al crédito internacional, las responsabiliza de su crisis económica, pero los expertos señalan que el colapso venezolano empezó antes El colapso económico de Venezuela se concretó años antes de que las sanciones internacionales atenazaran al Gobierno de Nicolás Maduro, pero será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que estas sean suprimidas. Y aunque algunos apuestan por una solución política que desanude la crisis venezolana en unas elecciones limpias, todo el mundo sabe que el país podría quedarse años, incluso décadas, emboscado en la celada de unas sanciones internacionales que sean vistas, al mismo tiempo, como una consecuencia y una causa.   Si bien, para muchos, es la presión de las sanciones internacionales lo que ha obligado al Gobierno a aproximarse al dialogo con la oposición, la prolongada vigencia de sus efectos le ha hecho perder terreno en la opinión pública. Crecen los ecos de un lobby venezolano que se fortalece en los sectores de poder estadounidense, que, entretanto, adelanta una política de flexibilización en el sector energético. Representantes de Maduro y el Departamento de Estado se han sentado en una mesa en Doha, Qatar, para intercambiar al respecto. Ya es común escuchar a empresarios, economistas y dirigentes opositores moderados pedir su derogación definitiva. Hoy en día el estado venezolano tiene serios impedimentos para vender su petróleo; establecer acuerdos económicos; adquirir repuestos; contratar servicios de compañías estadounidenses, canadienses o europeas; acceder al crédito internacional y usar sus fondos congelados en el exterior. Son notorias las complicaciones para efectuar operaciones con la banca de estas naciones. En muchos casos, tiene lugar el comentado over compliance, un sesgo administrativo con el cual muchas empresas endurecen su postura restrictiva para protegerse.   El colapso económico y productivo de Venezuela afloró completamente en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y al comienzo, algunas nacionales latinoamericanas, colocaron sanciones políticas, económicas y administrativas al Gobierno de Maduro a causa de la dura represión a las manifestaciones opositoras de 2014 y 2017, que produjeron varias decenas de muertos; por impedir legislar soberanamente al parlamento que entonces controlaba la oposición; por socavar la democracia en consultas electorales amañadas, y por acusaciones a miembros de la plana dirigente revolucionaria de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos que hoy son investigadas en la Corte Penal Internacional.   De acuerdo a cálculos de la firma Datanalisis, 74 por ciento de la población ya no está de acuerdo con las sanciones internacionales al país, frente a un 17 por ciento que sí lo está. Cerca del 30 por ciento de la población responsabiliza a las sanciones de la situación actual. El 76 por ciento manifiesta, en particular, su interés en que sean suprimidas las sanciones petroleras, en una nación con altas tasas de endeudamiento y salarios misérrimos. Por contrapartida, las sanciones personales a determinados funcionarios son aprobadas con un 52 por ciento.   Jorge Roig, ex presidente de la patronal Fedecamaras, afirma que “en realidad, las sanciones no son para cambiar gobiernos, sino para obligar a un gobierno a sentarse a negociar con la otra parte. Eso se ha logrado en parte, en la República Dominicana, Barbados, Noruega y México. Pero las sanciones a la nación no tienen justificación. Necesitamos producir. Por concepto, las sanciones que restringen las libertades no pueden ser apoyadas por los grupos económicos, eso ha sido así históricamente”.   El Gobierno de Maduro se pasó años negando la existencia de una crisis humanitaria, impuso una fuerte censura a los medios, dejó de publicar las cifras de la economía y responsabilizó a los empresarios de la grave escasez de alimentos y medicinas que por cinco años azotó al país luego de un estricto régimen de control de precios e intervención de empresas. Desde 2019, en cambio, responsabiliza a las sanciones internacionales de todo lo que sucede en Venezuela.   “La mayoría de los ciudadanos tiene claras las causas de las sanciones, y reconoce que la culpa de lo que sucede es del gobierno”, afirma el analista político Luis Vicente León, director de la firma Datanalisis. “El distanciamiento con las sanciones proviene del hecho de que no han cumplido su objetivo y han agravado aún más los problemas de la gente. Hace cuatro años, las sanciones fueron vistas con simpatía por la mayoría de la población”.   “Plantear que el techo de la recuperación económica de Venezuela son las sanciones no es un enfoque correcto”, afirma el líder opositor Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, en el exilio. “El techo de la recuperación de Venezuela es la dictadura de Maduro. El mejor ejemplo es el caso de corrupción de PDVSA-Crypto de este año, que involucró a Tarek El Aissami, donde se perdieron 20 mil millones de dólares en ilícitos. En este momento las sanciones son la única posibilidad para aspirar a ir a una elección con condiciones mínimas”. López reconoce que es necesario discriminar las sanciones al estado nacional de aquellas individuales a miembros de “la trama cleptocrática de políticos, empresarios y beneficiarios del régimen”.   El proceso de flexibilización de sanciones podría continuar en el sector energético, pero aún luce intrincada una auténtica solución política. “El país necesitaría, al menos, retomar su industria petrolera y gasífera, acceder al crédito internacional y recuperar los activos que tiene congelados en el exterior”, afirma León, para regresar a los tiempos de antaño.   “El año pasado, Maduro tenia disposición a negociar, pero el ambiente se ha ido enfriando”, afirma el economista Orlando Ochoa, cercano al entorno de las negociaciones. “La economía tiene problemas graves y pocos ingresos. Maduro está estancado en las encuestas. En el PSUV estos temas se están debatiendo. María Corina Machado, de línea dura, puntea todos los sondeos. Eso complicaría las cosas si no hay flexibilidad. No hay incentivos que hagan pensar a Maduro que puede dejar el poder, todo lo contrario.”   El Gobierno de Maduro ha logrado romper su aislamiento en los últimos

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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

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El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones   Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos.   Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política.   La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía.   Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros.   El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior.   En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas.   “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”.   El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse.   Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”.   En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados.   “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”.   Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.”   “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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Adiós al Petro, la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro

Internacionales /

El País .– La trama de corrupción en torno a Tarek El Aissami produjo el colapso de la Superindentencia de Criptoactivos e hirió de muerte esta iniciativa del chavismo   El fin del Petro, la criptomoneda estatal que ofrecía garantía de respaldo con petróleo y oro nacional, basado en la tecnología de cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el Gobierno de Nicolás Maduro, está cerca. Entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento irá muriendo poco a poco, camino a su liquidación definitiva, después de, presumiblemente, asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores, vinculados sobre todo al sector comercial.   Desde fines de mayo, según reportaron los usuarios, la cadena de bloques del Petro comenzó a ofrecer una conducta irregular y la plataforma #PetroApp a evidenciar fallas. La trama de la corrupción PDVSA, Crypto, estructurada por una red de altos funcionarios vinculados a Tarek El Aissami, hasta el pasado mes de febrero, presidente de Petróleos de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro, constituye una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de políticas públicas que ensaya el chavismo.   La criptomoneda Petro —PTR— fue presentado en 2017 con enorme publicidad, concretado ya el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios, como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos, bajo el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país. Muchos usuarios del entorno social del chavismo, vinculados al sistema Patria, se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petros, alentados por la propaganda oficial, con el objeto de ahorrar activos. También empresarios y cadenas comerciales.   Su puesta en vigor fue tomando aliento progresivamente, incorporando su presencia como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales, obligatorio como unidad de referencia luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares. Su nacimiento estuvo acompañado de una campaña muy activa de la plana dirigente oficialista para promocionar su uso y darlo a conocer entre la población, y en 2018 desembarcaron en el país, de manera masiva, las criptomonedas. Tarek El Aissami convenció a Maduro de que las criptomonedas eran un excelente instrumento para evadir las sanciones internacionales, ya entonces en vigor, y para dar oxígeno a una economía en colapso. Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. Hugbel Roa, también amigo de El Aissami —y también preso—, era el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacript. Ahora, se ha nombrado una nueva junta de este ente, presidida por Anabel Pereira. El escaso margen de maniobra para operar el Petro, basado en su naturaleza centralizada, conspiró contra su utilidad funcional desde el comienzo. También, la escasa credibilidad de su equipo promotor. “El Petro no es un bitcoin, que tienes que minar para validar las transacciones. Es un algoritmo con un techo”, explica Henkel García, analista financiero. “Para que ese proceso sea creíble, sobre todo en un Gobierno con gente que tiene tantos problemas de credibilidad, era necesario ofrecer una vía de canje. El Petro ha sido aceptado más por un juego de arbitraje, podía comprarse más barato en un mercado secundario, pero no mucho más”.   La dolarización de la economía venezolana en 2018, apunta García, hizo que parte de la orientación estratégica del Petro como captador de recursos internacionales, perdiera peso específico. “El Petro fue relanzado como seis o siete veces antes de lo que sucede hoy”. “Las criptomonedas terminaron convertidas en el instrumento de un grupo de políticos corruptos chavistas para desfalcar lo poco que quedaba de dinero en Petróleos de Venezuela”, afirma a su vez el economista Omar Zambrano. Las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Maduro obligaban a la jerarquía chavista a comercializar petróleo de manera irregular, adelantando operaciones comerciales “en negro”. Las transacciones con criptomonedas hicieron posible el desvío de recursos a los bolsillos de la escuadra de gerentes de Tarek El Aissami. Un informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela sostiene que, al mando de El Aissami, Petróleos de Venezuela asignaba a la Superintendencia de CriptoActivos la responsabilidad de la comercialización del petróleo venezolano. Ya cerca de su final, la Asociación Nacional de Cripoactivos ha emitido un comunicado en el cual lamenta la progresiva mengua y decadencia del Petro, afirmando que se envía “un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional”.

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El chavismo enarbola la lucha anticorrupción y redobla la purga interna

Internacionales /

EL PAÍS .- Los mandos bolivarianos pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública.   La purga política que ha iniciado el Gobierno de Nicolás Maduro enfundada en la consigna anticorrupción y que ya ha llevado a importantes cuadros políticos y gerentes públicos a prisión, no tiene precedentes en la historia del chavismo. En el epicentro de las tormentas, señalado de forma tácita, y en total silencio, se encuentra Tareck El Aissami, hasta hace poco uno de los pilares más poderosos del andamiaje revolucionario.   El proceso anticorrupción en curso es la comidilla cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la decepción, hierve en las redes sociales.   El fiscal general, Tarek William Saab, ha declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados.   Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo paradero se desconoce. El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al propio El Aissami.   Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras de gobierno y gestión social.   Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería interna.   “Los equilibrios internos son complejos dentro del chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles. “Maduro sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”.   Una apreciación similar tiene Stefania Vitale, académica del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Central de Venezuela. “Creo que hubo sorpresa ante la magnitud de los montos, y eso se puede haber combinado con las tensiones del momento. Aquí hay necesidades de dinero, pero es un tema, sobre todo, de economía política. Maduro está buscando reorientar las cosas con sus decisiones”.   En el pasado se produjo una enorme cantidad de desprendimientos por razones ideológicas en el seno del oficialismo –Luis Miquilena, Henri Falcón, Ernesto Alvarenga, Gustavo Márquez, Rodrigo Cabezas-; o por desavenencias políticas, legales y personales, como Andrés Izarra, Gabriela Ramírez, Luisa Ortega Díaz o Miguel Rodríguez Torres.   Las crisis a causa de la corrupción, a pesar de las múltiples denuncias, investigaciones legislativas y reportajes periodísticos que la han documentado en estos años, no han sido nada relevantes, y solo han sido explotadas aquellas que han tenido utilidad política para Miraflores. El exministro de Defensa Raúl Baduel, un líder influyente en los cuarteles, enfrentado personalmente a su antiguo amigo Hugo Chávez, fue llevado a la cárcel bajo cargos de corrupción, aunque era muy obvio que existía interés en sacarlo del camino y opacar su influencia. Jorge Giordani, tutor personal de Hugo Chávez, y durante años su ministro de Planificación, terminó execrado de las filas revolucionarias al asumir Maduro la presidencia, al presentar quejas por la corrupción desbordada y criticar con dureza la política económica oficial.     El voluminoso expediente de corrupción y excesos orquestado en los años de Rafael Ramírez frente a PDVSA, -denunciados en 2016 por parlamentarios de la oposición mientras los fondos nacionales se evaporaban en medio de una prolongada crisis cambiaria-, fueron tenazmente negados por toda la clase política chavista, que bloqueó las investigaciones y terminó cercenando al legislativo en sus funciones para abrir las compuertas de las protestas populares generalizadas de 2017.   Al salir de PDVSA, Ramírez fue primero embajador ante Naciones Unidas, para luego renunciar a su cargo y quedarse en el exterior en calidad de exiliado. Es ahora, casi seis años después, cuando los tribunales chavistas han decidido formalizar cargos contra él.   “El ingrediente de este proceso interno es que se ha presentado en un momento en el cual los ingresos fiscales del estado venezolano están muy limitados para cubrir el número de necesidades del país,” afirma Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del jesuita Centro Gumilla. “Maduro necesita recursos para encarar la reelección. Frente a su debilidad en la opinión pública y su poca popularidad, afinca su autoridad, con una recomposición que le permite concentrar poder.”

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