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Ecuador: octubre 5, 2024

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Ecuador, octubre 05, 2024
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Piden 34 años de prisión en Perú para ex presidente Pedro Castillo

Nacionales /

La Fiscalía peruana pidió la máxima sanción posible, 34 años de prisión, para el ex presidente Pedro Castillo, por el frustrado golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre del 2022. Dentro del proceso planteado contra Castillo, se establecen cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Apenas el Congreso negó el autogolpe, el ex mandatario fue destituido y detenido por su propia escolta. Por lo pronto cumple una prisión preventiva de hasta 36 meses, mientras lo investigan por liderar una posible red de corrupción. Castillo tenía en mente la reorganización del sistema de justicia, y la instalación de un Ejecutivo de emergencia, que debía gobernar por decreto. La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión. La misma pena planteó para los ex ministros de Comercio Exterior, Roberto Sánchez Palomino, y del Interior, Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Para el también ex primer ministro, Aníbal Torres, solicitó 15 años de cárcel, por el delito de rebelión.

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Las protestas se reactivan en Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto electoral

Internacionales /

El País .- La Defensoría del Pueblo calcula que se produjeron marchas en 58 provincias. La movilización de Lima llega por primera vez hasta el Congreso, pero sin el apoyo mayoritario de los capitalinos.   Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio.   En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.Un manifestante posa adentro de una versión enorme y satírica de una caja de la muñeca Barbie, este miércoles en Lima.MUSUK NOLTE   La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores.   Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden.   Una mujer confronta a los policías desplegados para contener la manifestación, el 19 de julio en el centro de Lima.MUSUK NOLTE Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada.   A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo.   En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú. Miles de manifestantes marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.MUSUK NOLTE

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Una encuesta refleja la elevada desaprobación de Dina Boluarte: el 71% de los peruanos rechaza su gestión

Internacionales /

La presidenta arrastra la opinión negativa que heredó de Pedro Castillo y no ha logrado concitar apoyos, según un sondeo de CID-Gallup. El 83% no se siente representado por ella y el 63% quiere adelanto electoral La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lleva un mes y medio en el cargo ya roza los datos de desaprobación de su antecesor, Pedro Castillo. Así lo refleja una encuesta realizada por la firma CID-Gallup entre el 3 y el 19 de enero del 2023, en plena crisis política y en medio del estallido social que se inició el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe del exmandatario, hoy en prisión preventiva. El sondeo, difundido la tarde de este miércoles, indica que el 71% de los encuestados rechaza la gestión de Boluarte y no ha logrado sumar apoyos entre los peruanos. Un 83% no se siente representado por ella, siendo los jóvenes entre 18 y 24 los que menos se identifican con la dirigente.   El estudio revela, además, que “un 67% considera que Boluarte casi nunca o nunca hace lo que es mejor para el pueblo” y solo un 9% aprueba su desempeño en materia de seguridad. Desde el comienzo de las protestas, sobre todo en las provincias del sur, han fallecido más de 50 personas como consecuencia de los enfrentamientos con policías y militares. La presidenta asumió el cargo arrastrando la alta impopularidad de Castillo, que alcanzó un 76% en septiembre del año pasado, pero el saldo negativo, explica CID-Gallup, “se explica en parte porque un 76% considera que es poco o nada probable que Boluarte resuelva sus preocupaciones familiares”.   A eso se añaden dos datos significativos, que coinciden con la desconexión entre las áreas urbanas, especialmente Lima, y el resto del país, empezando por los departamentos del sur. “Los grupos que mayormente desaprueban a Boluarte son los que viven al interior del país (78%), las personas menores de 40 años (74-77%), y quienes reportaron una situación económica peor el año pasado (76%)”, recoge la encuesta, que se realizó como parte del programa de estudios de opinión periódicos que Gallup empezó en Centroamérica en 1979.   El gran pulso político que está en el origen de las protestas tiene que ver con las elecciones. Tras la destitución y detención de Pedro Castillo por rebelión, los manifestantes se movilizaron para reclamar la renuncia de la actual presidenta y la disolución del Congreso. El debate gira en torno a un adelanto de los comicios, que estaban inicialmente previstos para 2026 y finalmente quedaron fijados por el legislativo para abril de 2024. Según la encuesta, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con celebrarlas antes que esa fecha y el 34% rechaza esa opción. Fuente: El País

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Tensión entre Perú y Chile por las críticas de Gabriel Boric a “los atropellos” contra los manifestantes

Internacionales /

Lima califica de “irrespetuosa” en que el presidente chileno se refirió a Dina Boluarte y reclamó “un cambio de rumbo” en la gestión de la crisis   El Gobierno peruano ha informado la tarde del miércoles que se ha transmitido a Chile “el malestar” que ha generado en el Ejecutivo de Dina Boluarte “la manera irrespetuosa” con que el presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió el martes a la presidenta del país vecino en su intervención en la cumbre de la Celac, en Buenos Aires. De acuerdo con la Cancillería peruana, a través de Twitter, lo hizo el vicecanciller Ignacio Higueras ante el embajador de Chile en Perú. “Le indicó que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”, agregó la Cancillería peruana.   En su intervención en la cumbre de Buenos Aires, el presidente Boric se refirió directamente a la situación interna de Perú, un país con el que se cuidan especialmente las relaciones, por su complejidad histórica. “No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República de Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”, aseguró el martes el presidente de izquierdas, que en marzo próximo cumple su primer año en el poder. Boric, de 36 años, que emergió como líder en 2011, siendo un universitario, se refirió a lo sucedido esta semana en la Universidad de San Marcos. “Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la universidad de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile para contribuir a todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos”, agregó Boric.   En su intervención, el mandatario chileno hizo un llamamiento al Gobierno de Boluarte para que emprenda un giro. “Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos –y no me cabe ninguna duda que aquí en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria–, la democracia y los derechos humanos”, indicó Boric, cuando Chile busca un segundo proceso constitucional, luego de un fallido intento entre el estallido social de 2019 y el plebiscito del 4 de septiembre pasado, cuando un 62% de los electores rechazó la propuesta de una convención constitucional que el Gobierno apoyaba.   La propia canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, hizo referencia a las palabras de Boric en su intervención en la cumbre regional, posterior a la del mandatario chileno. Gervasi acusó que se busca “establecer una narrativa tergiversada que no se coincide con los hechos objetivos” y realizó un llamamiento al cumplimiento de los principios de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países. La canciller peruana lamentó que “algunos Gobiernos, de países particularmente cercanos, no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”. Gervasi agregó ante la Celac que “es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan”. “Reafirmo en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de derecho”, manifestó la canciller el martes.   Han sido horas complejas para las relaciones exteriores chilenas con los países limítrofes. Un audio que aparentemente fue difundido por error desde la Cancillería hizo pública una reunión privada de la canciller de Chile, Antonia Urrejola, con un equipo de colaboradores cercanos. En este archivo se escucha a Urrejola referirse en duros términos al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. “Dice lo que quiere cuando se le da la gana ¿y la explicación es que está loco?”, asegura en un momento la canciller sobre el representante argentino. El episodio se produjo justamente cuando tanto Boric como la ministra participaban en la cumbre de la Celac, dejando a ambos en una incómoda posición, aunque fue el propio Alberto Fernández el que le bajó la importancia al incidente: “Argentina y Chile vamos a seguir trabajando juntos, como hemos trabajado en esta reunión, y vamos a seguir creciendo juntos. El resto son habladurías y mal uso de conversaciones privadas. Tengo por la canciller chilena el más alto de los respetos”, zanjó el anfitrión argentino.   En Chile, sin embargo, el incidente del audio no ha finalizado. Junto con despedir a la jefa de comunicaciones del ministerio, la Cancillería informó hoy que la ministra “realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó la apertura de un sumario administrativo” para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con el presidente con baja popularidad (26% de aprobación y 58% de desaprobación, según una reciente encuesta de Data Influye), sus declaraciones sobre Perú han sido fuertemente debatidas en Chile. Fuente: El País

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

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La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”.   Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento.   Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones.   Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde.   Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos.   En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles.   Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

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Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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Pedro Castillo está recluido bajo condiciones legales, certifica Defensoría del Pueblo de Perú

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La familia de Castillo se encuentra en México tras recibir asilo. La Defensoría del Pueblo y un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron al expresidente Pedro Castillo que se encuentra recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en Lima. La entidad especificó que el exmandatario, que fue destituido tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido en condiciones legales y sin complicaciones física. “Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal”, informó en Twitter la Defensoría. Según el Instituto Nacional Penitenciario, el encuentro entre Castillo y las delegaciones se realizó en privado el jueves por la mañana. El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, dijo a la AFP que Castillo les manifestó que se encuentra “en una situación estable (…) Sin ninguna complicación en la parte física”. Fernández detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir la visitas. Se trata de una celda propia, sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller. La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía. Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso. El expresidente había pedido la delegación de la CIDH lo visite y su abogado Wilfredo Robles además había difundido un mensaje de Castillo en la que aseguraba estar “privado arbitrariamente” de sus derechos y solicitó que el encuentro “se concrete de manera urgente”. Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter “especial atención” a la salud de su esposo. Fuente: El Universo

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Perú expulsa a embajador mexicano y da salvoconducto a la familia de Castillo

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El Gobierno peruano declaró el martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” de la nación norteamericana y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo. “Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (…) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa. Además, la canciller anunció que el Gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México, país que les ha concedido asilo. Y señaló que ha informado al Gobierno de esa nación que Paredes está siendo investigada por un delito común, y que no hay “persecución política”. “La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores. Nombró que da el salvoconducto a Paredes y “a sus dos menores hijos”, y no mencionó a Yenifer Paredes, quien es hermana menor de la esposa de Castillo, pero que fue criada como una hija por la pareja presidencial y quien también está siendo investigada por la Fiscalía por integrar presuntamente una organización criminal. “El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de Justicia, incluido el debido proceso”, añadió Gervasi. En un comunicado difundido por la misma Cancillería poco después, afirmó que “son de especial preocupación” las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador del 16 y 19 de diciembre en la que habla del estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Castillo. “Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”, señaló el ministerio. Este martes, el Gobierno de México confirmó que el país otorgó asilo político a la familia de Castillo. “El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador. El canciller detalló que están negociando con las autoridades del Perú el otorgamiento de un salvoconducto en caso de que la familia de Castillo quiera viajar a México. Fuente: El Comercio

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Guillermo Lasso dice que Pedro Castillo violentó el orden constitucional de Perú

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El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, arremetió este lunes 19 de diciembre de 2022 contra el expresidente de Perú Pedro Castillo, a quien acusó de haber violentado el orden constitucional con su autogolpe de Estado, y expresó su apoyo a la actual mandataria peruana, Dina Boluarte. Lasso hizo estas declaraciones ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, donde están representados países como México, Argentina, Colombia y Bolivia, que se han expresado a favor de Castillo. “No se trata de legitimar o no a un Gobierno y mucho menos a gobernantes. Se trata de respetar a cada país miembro, a su soberanía e institucionalidad democrática”, expresó El presidente ecuatoriano lamentó “profundamente los disturbios” sucedidos en Perú tras la destitución de Castillo, pero remarcó que “la medida del entonces presidente Castillo de disolver el Congreso de la República, una de las instituciones fundamentales de la democracia, violentaba el orden constitucional de su país”. A su vez, celebró “la inmediata acción del Congreso para restablecer el orden constitucional” al destituir a Castillo y nombrar como nueva presidenta a Boluarte, a quien Lasso deseó “éxitos en sus esfuerzos para alcanzar un Gobierno de unidad”. El mandatario también salió en defensa de la OEA, organismo muy cuestionado por Gobiernos latinoamericanos de izquierdas. “Pretender restar relevancia a la OEA es ya aventurado, pero considerar extinguirla carece de sentido”, reivindicó. Sobre Ecuador, Lasso dijo que la seguridad es la “principal y esencial preocupación” de la población, así como la mayor prioridad de su Ejecutivo. Aseguró que el narcotráfico ha incursionado en el tráfico de personas, aprovechando la crisis migratoria de la región, donde Ecuador es país emisor, receptor y de tránsito de migrantes. Pero aseguró que su Gobierno lucha contra el crimen organizado con “confrontalidad y efectividad” en comparación con los Ejecutivos anteriores, a los que acusó de tener un “repulsivo contubernio” con los criminales. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que Ecuador es un “socio fundamental” del organismo y opinó que Lasso “ha sorteado con gran atino” los desafíos de su país. “Ha mantenido un talante democrático y la defensa de la democracia frente a los problemas del populismo y el autoritarismo”, opinó. Lasso visitó la sede de la OEA tras concluir una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Fuente: El Comercio

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Abogados de Pedro Castillo renuncian a la defensa sin nombrar motivos

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Los abogados del expresidente peruano Pedro Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, anunciaron este 19 de diciembre de 2022 que dejaron la defensa del exmandatario en una decisión tomada de forma conjunta con el ex jefe de Estado, si bien no desvelaron las razones por las que adoptaron esta decisión. “Habiendo conversado con nuestro patrocinado de forma conjunta, se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma”, recoge un escueto comunicado compartido por ambos letrados en sus cuentas de Twitter. Cargos en contra El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Ni Castillo, que sigue considerándose presidente de Perú, ni ninguno de sus abogados se presentaron al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía de Perú. Al inicio de la audiencia, convocada por Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal. En ese sentido, el juez informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz. Esto, porque ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia. Audiencia de prisión preventiva Al respecto, Atencio informó entonces en Twitter que ni él ni su colega Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva. “Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión“, indicó antes de señalar que entre ellos figura una “vacancia (destitución) ilegal y exprés“. Ambos asumieron la defensa exclusiva del exmandatario el pasado 12 de diciembre. Allí renunció su antecesor, Miguel Pérez Arroyo, por “discrepancias en cuanto al enfoque de la defensa“. También renunció a ejercer la defensa de Castillo Benji Espinoza, quien fue su principal abogado y quien tomó la decisión tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso. Detención Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras su fallido autogolpe de Estado, horas después de que anunciara en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso, reorganizar el sistema de justicia, convocar a una asamblea constituyente, conformar un Ejecutivo de emergencia y gobernar por decreto. Poco después de su mensaje, el Congreso lo destituyó y ocupó la jefatura de Estado Dina Boluarte. Hasta entonces, era vicepresidenta electa en la fórmula que encabezaba Pedro Castillo. Fuente: El Comercio

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Castillo será trasladado a la prisión donde se encuentra el expresidente Fujimori

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El expresidente peruano Pedro Castillo será trasladado a una cárcel en Lima, todo ello después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra. “La Junta Técnica de Clasificación del INPE (…) ha determinado que el procesado Pedro Castillo Terrones sea clasificado en el Régimen Ordinario”, ha anunciado el INPE en un comunicado, detallado que el expresidente será trasladado al la Cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima.De esta manera, Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el mismo recinto donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), según ha informado la emisora RPP. Durante la jornada del jueves, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Justicia peruana emitió de esta forma una resolución favorable sobre la solicitud de la Fiscalía de detener al exmandatario de forma preventiva por un periodo de 18 meses, todo ello tras encontrar fundadas las acusaciones que podrían suponer para Castillo una pena superior a los cuatro años, según informó el propio organismo en un comunicado. Además, la decisión también se basa en la posibilidad de peligro de fuga del país por parte de Castillo, quien ha solicitado asilo político ante el embajador de México en Perú, según detalló en una rueda de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.Castillo había permanecido hasta el momento detenido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú, en el extrarradio de Lima.   Fuente: El Comercio

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El juez dicta 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración

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El expresidente de Perú, detenido hace una semana por el fallido golpe de Estado, seguirá en la cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori   Pedro Castillo sentenció su futuro cuando, por razones que aún son un misterio, intentó un autogolpe improvisado que acabó con su detención ese mismo día. El maestro de escuela rural aún tardará un tiempo en volver a su casa, en las montañas andinas donde decía que era feliz rodeado de vacas y campo. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asilado político. Ese fue el primer plan que Castillo puso en marcha el miércoles pasado cuando vio que su intentona golpista no conducía a ninguna parte.   Castillo está tan solo ya que hasta sus abogados no se presentaron a la audiencia de este jueves. En su lugar, se le asignó uno de oficio. El juez ha acogido la tesis de la fiscalía, que alertó también del riesgo de fuga. Huir fue lo que trató de hacer al verse acorralado. El Congreso que supuestamente había disuelto con su anuncio televisado a la nación hizo caso omiso a sus palabras. Los parlamentario continuaron la sesión y en un rato aprobaron su destitución. Todo el mundo le dio la espalda. La policía ordenó su detención y los escoltas que lo llevaban a la embajada de México para ponerse a salvo lo entregaron en una comisaría. Desde ese día duerme en una cárcel. La prisión provisional durará más que su mandato, una aventura fugaz de 17 meses que terminó de la forma más abrupta y desconcertante de todas. Castillo no fue capaz de tener un Gobierno estable, llegó a nombrar cinco gabinetes, y nunca tomó la iniciativa política. Su mandato fue la historia de una gestión a la deriva, sin ningún objetivo definido. El profesor que ganó la presidencia con la bandera del cambio y la promesa de gobernar para los pobres, como él, acabó inmolándose en la televisión con un golpe de Estado torpe que no tenía ningún apoyo.   La única persona que permaneció fiel al presidente hasta el final fue Aníbal Torres, para el que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de prisión prosional. Torres fue la persona que se vio en todo momento al lado de Castillo desde su detención, entonces en calidad de abogado. Había sido su cuarto primer ministro, aunque renunció cuando la corrupción ya anegaba los pasillos del Palacio presidencial. Apenas dos días después del autogolpe, Torres anunció por Twitter su paso a la clandestinidad al saberse investigado. Ahora deberá permanecer en Lima y comparecer ante el juez el primer día de cada mes.   Su defensa había alegado esta mañana en la audiencia que su clandestinidad era una forma de hablar, pues el abogado, que ya tiene 79 años, estaba dispuesto a volver a dar clases en la universidad. La Fiscalía lo acusó a él incluso de haber escrito el texto que leyó Castillo. Aunque su defensa niega que supiera que eso iba a suceder. Dice que él llegó al Palacio y Castillo le anunció que iba a dar un mensaje a la nación. Torres, entonces, se retiró a otro lugar “a meditar” mientras el político trataba de convertirse en un autócrata al estilo de Alberto Fujimori.   Hoy el último dictador de Perú y el último presidente comparten la misma prisión, aunque aún no se han cruzado por los pasillos por la calidad de detenido que tenía hasta ahora Castillo. En los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.   En las calles de Lima las protestas también fueron mucho más numerosas que los días anteriores. Desde las regiones andinas del sur han ido llegando caravanas de manifestantes que vienen a la capital a manifestar su rechazo al nuevo Gobierno y la necesidad de un adelanto inmediato de elecciones. Eso da aliento a Castillo, que se sigue proclamando el presidente del país aunque su libertad se ve cada vez más lejana. Las protestas que comenzaron el mismo día de su detención suman ya 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los dos últimos este mismo jueves, primer día del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en todo el país para tratar de recuperar una seguridad que cada vez parece más lejana. Fuente: El País

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Justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo

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Para tratar de calmar las protestas que ya dejan más de una docena de fallecidos, el Gobierno peruano ordena un toque de queda nocturno en 15 provincias. El Poder Judicial peruano dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo; y ordenó comparencia con restricciones para el expremier Aníbal Torres.   Ambos son juzgados por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre que desató violentas protestas que suman diez muertos, bajo un estado de emergencia nacional declarado por el nuevo gobierno.   Fue el juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, quien dio lectura este jueves a la resolución del pedido de la Fiscalía.   De acuerdo con el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, la detención de Pedro Castillo ocurrió en flagrancia del delito que se le imputa. Además, precisó que el exmandatario invocó a las Fuerzas Armadas y que si estas no entraron en acción, fue porque decidieron no acatar la orden.   Toque de queda El Gobierno peruano ordenó este jueves un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.   El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. “Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría. La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.   Las protestas que suceden sin parar desde el domingo piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debatía las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024. . iba a conformar un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, reorganizar el sistema de justicia y convocar una asamblea constituyente, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debate las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024.  Fuente: El Universo

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El voto del sur que hizo presidente a Castillo aprieta al nuevo Gobierno de Perú

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Dina Boluarte juró hace una semana como jefa del Estado hasta 2026, después anunció elecciones en 2024 y habla ya de diciembre de 2023.   El sur de Perú se niega a perder la única vez que ganó. Las protestas que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso aumentan en las regiones que hace un año y medio hicieron presidente a Pedro Castillo. La imagen de un Castillo triunfal, con los brazos en alto como un profeta, pone cara a las banderas que se ven en la calle. Para muchos se ha convertido ya en un mártir. El relato del golpe de Estado que nunca fue se ve desde este lado al revés: para ellos la víctima es el maestro rural. Víctimas de de las élites, del poder, del Congreso, de Lima. El Perú que la capital nunca había escuchado hasta las últimas elecciones ruge desde los Andes para negar al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, a la que consideran una traidora, una vendida.   La nueva presidenta ha empezado a ser consciente de que el suyo será un Gobierno de transición, más breve de lo que pensó. Si hace una semana, apenas unas horas después del autogolpe fallido y detención del presidente, juraba su cargo como jefa del Estado hasta 2026, Boluarte ya sabe que no hay posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en medio de la crisis abierta por su antecesor. A principios de esta semana planteó celebrar las presidenciales en abril de 2024, pero este miércoles ya ha hablado de diciembre de 2023. Los tiempos se acortan a medida que las protestas crecen.   Ocho días después del suicidio político de Castillo, hay ocho muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías, tres aeropuertos cerrados al tráfico y decenas de bloqueos de carreteras. Miles de personas amenazan con llegar a Lima para celebrar una gran protesta masiva, pero hasta ahora en la capital las marchas no son muy numerosas. Este miércoles, cientos de policías blindaban los edificios públicos y la céntrica plaza de San Martín. Había más uniformados que manifestantes. Estos se limitaron a rodear la plaza varias veces de forma pacífica gritando consignas como: “Dina asesina”. Su intención era llegar al Congreso, pero el contingente policial lo impidió. Para este jueves se esperan nuevas protestas y se ha anunciado un paro nacional.   En el sur la situación tiende más al caos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad. Los manifestantes por ahora se niegan a dar marcha atrás. No quieren que este nuevo capítulo de la crisis política peruana se cierre con Castillo encarcelado y el resto siga igual. Quieren elecciones inmediatas y que todos los congresistas se vayan a su casa. El rechazo al Parlamento no es solo una cuestión regional, el 86% de los peruanos desconfía de él, según encuestas de noviembre, un rechazo mayor que el que suscitaba el propio Castillo.   En regiones como Cusco, hoy incendiada por las protestas, el 80% de los electores votaron por él en las elecciones pasadas. Veían en el maestro rural una persona como ellos, la primera oportunidad real de alcanzar el poder. Enfrente estaba Keiko Fujimori, representante de la más tradicional política limeña. Castillo malogró un año y medio de mandato en una crisis constante y nunca fue capaz de llevar la iniciativa política. Los casos de corrupción que lo señalaban a él o a gente de su entorno se multiplicaron hacia el final. El Congreso tampoco se lo puso nunca fácil. El día que decidió dar el autogolpe improvisado se enfrentaba a su tercera moción de censura.   La crisis de legitimidad política en Perú se ha agudizado, el descontento es generalizado. La mayoría de los ciudadanos ha optado por hacer su vida ajena a la crisis que ha hecho que en cinco años Perú haya tenido seis presidentes. El último comparte ahora prisión con el autócrata Alberto Fujimori. Castillo se enfrenta a penas que podrían llevarle cinco décadas a la cárcel, pero los últimos acontecimientos lo han envalentonado. Las protestas en el interior del país y los apoyos externos, como el de los presidentes de Colombia y México, lo animan. Desde la prisión se sigue proclamando el jefe del Estado. En las próximas horas, un juez decidirá si acepta la petición de la Fiscalía de 18 meses en prisión preventiva, un mes más que lo que duró su Gobierno. Fuente: El País

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Pedro Castillo continuará detenido al menos 48 horas más

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Este jueves se realizará una audiencia para analizar pedido de Fiscalía de fijar 18 meses de prisión preventiva. Este miércoles, la justicia peruana decidió que el expresidente Pedro Castillo continúe detenido hasta que se realice la audiencia en la que se analizará el pedido de la Fiscalía de fijar 18 meses de prisión preventiva contra él y Aníbal Torres, ex primer ministro. Castillo fue destituido el pasado 7 de diciembre tras haber tratado de disolver el Congreso y fue acusado por el delito de rebelión y conspiración. Fue detenido mientras buscaba refugiarse en la embajada de México en Perú. “Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30″ (13h30 GMT), dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo. El juez dispuso además que permanezca retenido al menos 48 horas más pese a que este miércoles se cumplía el primer plazo de detención que se le había fijado la semana pasada. El expresidente no participó en la audiencia y se escribió en su cuenta de Twitter que: “¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”. Ya el martes había sido rechazada una apelación de la defensa de Castillo para poder salir de la reclusión, pero debido a que existe riesgo de fuga se la negaron. La fiscal Patricia Benavides le ofreció a Castillo que colabore con la investigación sobre quiénes participaron en la redacción del texto en el que solicitaba la disolución del Congreso, pero se negó a ser parte de la colaboración eficaz y optó por guardar silencia, de acuerdo a La República. A lo largo del país se han realizado protestas que han dejado al menos siete personas fallecidas. Entre los pedidos está el adelanto de elecciones, que aún no se concreta y que la actual presidenta Dina Boluarte ya expresó su intención de realizar por lo menos para 2024. Fuente: El Universo

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Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia por 30 días a nivel nacional

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Siete muertos, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y radicalización de las marchas a nivel nacional llevaron al gobierno de Dina Boluarte a permitir que las FF.AA. tomen el control de la situación. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo adoptará la medida del Estado de Emergencia a nivel nacional, desde este miércoles catorce de diciembre, debido a las fuertes protestas en el Perú. “Se acordó declarar en Estado de Emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ya son actos que se están estabilizando”, indicó. Las manifestaciones iniciaron el pasado ocho de diciembre, un día después del autogolpe y detención del expresidente Pedro Castillo, en diversas regiones del país, entre ellas, Arequipa, Huancavelica y Lima. El titular de la cartera de Defensa aseguró que los distintos actos de violencia, que ya cobraron la vida de siete personas, requieren de una “respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno” de Dina Boluarte. “En unas horas saldrá una edición extraordinaria en el diario oficial El Peruano en la que se decreta declarar, por el término de treinta días calendario, el Estado de Emergencia en todo el país”, señaló. El funcionario indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Esta declaratoria, precisó Otárola, significa la “suspensión de los derechos de reunión e inviabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personales”. “El ejercicio de estos derechos y otros fundamentales, que están comprendidos en la Constitución, serán protegidos por el Gobierno para que la ciudadanía tenga la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y, posteriormente, aseguraremos el libre tránsito y la paz para todos los peruanos”, puntualizó. Continúan desmanes en varios puntos del país Los últimos acontecimientos en torno a las reportados en el país se suscitaron en Puno, donde distintos manifestantes bloquearon las principales vías de acceso a la ciudad. Se reporta el cese de actividad comercial debido a actos delincuenciales en la zona. Además, en la misma región, los terminales de buses fueron cerrados temporalmente debido a las manifestaciones. Según detalló la gerente del Programa Especial Terminal Terrestre, Danitza Chuchullo, la medida se adoptó para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Por otro lado, tras suscitarse la toma de aeropuertos en las regiones de Andahuaylas, Cusco y Arequipa, el aeropuerto de Juliaca (Puno) también decidió cerrar su vía aeroportuaria temporalmente. El representante de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Martín La Rosa, comunicó que la suspensión de operaciones en Juliaca se suma al cese “en los aeropuertos de Apurímac, Arequipa y Cusco”. “(En estas regiones los) manifestantes intentaron tomar por asalto las pistas de aterrizaje y han dañado la infraestructura de dichos aeropuertos, con lo cual no se ha podido reestablecer hasta este momento las operaciones aéreas. Se ha afectado a miles de pasajeros que requieren llegar a su destino”, comentó en diálogo con RPP noticias. Fuente: Infobae  

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