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Ecuador: octubre 8, 2024

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Ecuador, octubre 08, 2024
Ecuador Continental: 11:23
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El Gobierno de Boric busca sacar adelante la reforma de las pensiones con un nuevo frente a frente con la derecha chilena

El País .- La oposición, que en un primer momento le ha cerrado la puerta a las indicaciones de la Administración de izquierdas, se abre al diálogo. Chile lleva más de 15 años sin acordar una solución a las bajas jubilaciones Terminado el debate constitucional en Chile, la Administración de izquierdas de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña del a favor y el en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%. Era lo que buscaba el oficialismo. El jueves 21 de diciembre, a cuatro días de rechazada la propuesta de Constitución, el Gobierno arremetió con un conjunto de indicaciones a su proyecto estrella. Estas apuntan a uno de los contenidos donde han existido mayores diferencias con la oposición: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que elevará el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta 16% de su salario. La nueva propuesta del Ejecutivo apuesta a destinar tres puntos porcentuales a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador y 1% a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres. Desde el Gobierno apuntaban a que el cambio (en septiembre apostaban a que un 4% fuera a un fondo solidario y 2% a cuentas individuales) ablandaría a la oposición. Pero, lejos de acercar posiciones, las indicaciones se han encontrado con el muro de las derechas. “Encuentro insólito, lamentable e indignante es que el Gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer (plebiscito del 17 de diciembre), impulsar o darles oxígeno a malas reformas”, fueron las palabras de Pablo Macaya, presidente de la UDI, un partido de la derecha tradicional, al enterarse de la propuesta del Ejecutivo. La reforma al sistema previsional chileno, que busca mejorar las bajas pensiones que reciben las personas en edad de jubilar, es un debate que ya lleva más de una década sin lograr una solución. Las inflexibles posturas de lado y lado del espectro político han inhibido un acuerdo en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos. Con el paso de los días, sin embargo, las posturas se han ido acercando. Este martes, desde la UDI y Renovación Nacional (RN), otro partido de la derecha tradicional, han dado señales al Ejecutivo para abrirse al diálogo. La apertura es interpretada como un cambio de estrategia de parte de la oposición frente a la constatación de que la ciudadanía está castigando la falta de acuerdos. Pero también como una forma de diferenciarse del Partido Republicano, de posiciones más extremas, el principal derrotado tras el rechazo de la propuesta constitucional redactada con mayoría de consejeros de esta fuerza política. “Quedó en evidencia post plebiscito para todo el mundo que hoy día los extremos están fuera de la política chilena, no podemos seguir extremando posiciones, hay que buscar acuerdos. Los dos plebiscitos demostraron que los extremos fracasaron y que llegó la hora de la moderación”, dijo al diario La Tercera el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum. Mientras, Juan Antonio Coloma (UDI), presidente del Senado, planteó que “no solo ahora, sino que siempre, en el ámbito público hay que entender el momento en el que el país necesita buenos entendimientos, lo que no es lo mismo que cualquier acuerdo”. Pocas luces para avanzar Desde la mirada de los expertos, sin embargo, la jugada del Gobierno de lanzar indicaciones sin tener acuerdos comprometidos ni negociaciones en curso, es arriesgada y da pocas garantías de un avance real de la reforma de pensiones. Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), no es optimista. “Veo que lo que se ingresó ahora [al Parlamento], salvo que lo hayan hecho solo para echar a andar la discusión de nuevo, son indicaciones al agua. No entiendo mucho la forma de negociar del Gobierno, esto de lanzarlo sin tener los votos es raro”, plantea. El economista agrega que la nueva propuesta “tal como está planteada, no da muchas luces de tener posibilidades de avanzar”. “Si la gran mayoría del 6% no se va a cuentas individuales va a ser muy difícil que esto avance por las posiciones de la derecha y también de algunas personas de centro. La parte que va al fondo solidario tiene que ser algo bastante más acotada”, explica. Micco también es crítico de que el Ejecutivo haya incluido un 1% para financiar sala cuna universal y así fortalecer una mayor participación de la mujer en el mercado laboral formal. “Haber metido este tema del cuidado infantil, que es una buena política, pero que enreda el tema previsional, no tiene mucha razón de ser”, dice. Coincide el académico Julio Riutort de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien señala que destinar ese 1% a sala cuna es “confundir herramientas para el problema”. “Si hay problemas de integración de la mujer al trabajo es inapropiado resolverlo de manera indirecta encareciendo el costo del ahorro para los trabajadores formales”, dice. Una mujer pensionada acude a una olla comunal en La Pintana, en enero de 2022.CRISTIAN SOTO QUIROZ Respecto del 2% a cuenta individual y 3% a seguro social, Riutort plantea que “hay una especie de no actualización del diagnóstico”. El académico considera que la Pensión Garantizada Universal (PGU) incorporada al final del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y financiada con impuestos generales, provocó un cambio sustancial en la pensiones de las personas con menores rentas y ahorros y que hoy el foco debería ser otro. “El proyecto del Gobierno tiene una proporción donde una mayoría relativa cotiza regularmente y donde muchas personas no cotizan. Cuando insistimos en que el problema de las personas con baja cotización se resuelve con que los que cotizan pongan un extra para compensar a los primeros, estamos generando un desincentivo al trabajo formal”, dice. Para María José Zaldívar, exministra del Trabajo del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), lo más preocupante de las indicaciones del Ejecutivo es que no se hace cargo de

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IESS plantea “redistribuir” aportes para cubrir crisis del seguro de salud

Primicias .- La propuesta para reducir los aportes de otros seguros para atender la crisis de salud fue trabajado con asesoría del FMI. No se tocará a Pensiones. Para solucionar la grave situación financiera del Seguro de Salud, que cubre las atenciones médicas de los afiliados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) propone una redistribución interna de los aportes que realizan los afiliados y jubilados. ¿En qué consiste? La propuesta, que fue trabajada con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), es que el aporte que recibe el Seguro de Salud y que hoy es de 5,71% suba a 9,15%.   Lo explica a PRIMICIAS, el director del Seguro General de Salud del IESS, Francisco Mora. Actualmente, los ingresos corrientes del seguro de salud suman USD 1.600 millones al año, pero con la modificación podría subir a USD 2.800 millones anuales. ¿Implica aumento de aportes? La propuesta no implica un aumento de los aportes que hacen los afiliados y empleadores al IESS, sino una reestructuración de la contribución. La idea es reducir el aporte de los asegurados de otros seguros, que tienen superávit o excedente de recursos, para que salud tenga más ingresos. La propuesta no tocará al Seguro de Pensiones, pues actualmente también atraviesa por una crisis de liquidez. Pero podría implicar a otros seguros, como el Fondo de la Administradora, a los cuales se reduciría los ingresos por aportes, dijo el director del Seguro General de Salud del IESS. Aún no se conoce si la medida para incrementar los ingresos del Seguro de Salud será temporal. ¿La medida es nueva? La propuesta no es nueva. En 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, el Consejo Directivo del IESS de la época emitió una resolución para reducir el aporte que hacían los afiliados para el seguro de pensiones y asignar ese dinero a salud. Pero eso resultó en un perjuicio para el fondo de pensiones, creándole un hueco financiero, lo que explica los actuales problemas de liquidez para el pago de las jubilaciones. Eso no se repetirá. Mora fue enfático en que no se tocarán los aportes que recibe el fondo de pensiones. Mora recordó que la decisión de aumentar los ingresos del Fondo de Salud se aplicó de manera progresiva a partir de 2015, pero la decisión fue temporal, por cinco años. De manera que la prima para salud pasó a 9,15% en 2015 y luego bajó progresivamente durante cinco años hasta volver a ser de 5,17%. Eso representó un alivio temporal a las finanzas del IESS en materia de salud, que luego volvieron a tener déficit. En diciembre de 2022, por ejemplo, había USD 1.400 millones en deudas con proveedores externos. Aunque, a octubre, esos pagos pendientes bajaron, aún siguen siendo importantes, de USD 600 millones. Para qué se destinarán los recursos Mora dijo que la redistribución de los aportes apunta a solucionar el problema del déficit que tiene el Seguro de Salud. Los hasta USD 1.200 millones que generaría la medida permitirán cubrir los gastos por atenciones médicas de afiliados, compra de medicinas. Lo que se viene La Dirección Financiera del IESS presentará la propuesta definitiva al Consejo Directivo, que a su vez lo dialogará con el Presidente Guillermo Lasso.

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IESS toma ahorros de afiliados para pagar pensiones de jubilados

Primicias .- Nuevos atrasos del Estado golpean las finanzas del IESS, que se vio obligado a tomar ahorros para pagar las pensiones de sus jubilados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) afronta dificultades financieras porque el Gobierno no le ha transferido el aporte del 40% para el pago de pensiones de los jubilados durante 2023. El Estado presupuestó transferir USD 2.118 millones por esta contribución en 2023, pero no está al día. De ese monto, el IESS tenía que haber recibido USD 1.134 millones hasta agosto de 2023, pero el Estado solo ha transferido USD 344 millones. El director de Pensiones del IESS, José Martínez, explica, además, que ese dinero transferido hasta ahora corresponde principalmente a pagos parciales de deudas del Estado con el IESS de 2022. A Flourish chart Un hueco millonario Ahora mismo el IESS depende de las transferencias del Estado porque los ingresos por aportes de los afiliados no son suficientes para cubrir los gastos de pensiones. Entre enero y julio de 2023, el Fondo de Pensiones del IESS tuvo ingresos por aportes de afiliados y patronos de USD 1.617 millones. Pero los gastos para el pago de las jubilaciones sumaron USD 2.695 millones en ese mismo período. Como el Estado no ha pagado completo el aporte, el IESS tuvo que desinvertir USD 100 millones de sus ahorros, administrados a través del Biess. De continuar la falta de pago del Estado, el IESS tendrá que seguir tomando dinero de sus ahorros. De hecho, según el Presupuesto de la institución, está previsto desinvertir del Biess USD 541 millones hasta diciembre de 2023. Eso significa que se descapitaliza el Fondo de Pensiones, que debe servir para pagar las futuras pensiones de los jubilados. Además, significa que el Biess tiene menos dinero para colocar en créditos de sus afiliados y jubilados. Una deuda histórica No es la primera vez que el Estado no ha pagado a tiempo su contribución o lo ha hecho de forma incompleta. En 2015, el Gobierno de Rafael Correa eliminó ese aporte, mediante la Ley de Justicia Laboral aprobada en la Asamblea Nacional, con el voto mayoritario del entonces movimiento oficialista Alianza País. La Corte Constitucional dispuso al Estado restituir la contribución estatal al IESS a partir de 2019. Por las decisiones correístas, según los datos del IESS, entre 2015 y 2018 el Fondo de Pensiones perdió USD 8.927 millones. Además de esa interrupción en los pagos, hay una deuda histórica pendiente de pago del Estado por pensiones de USD 1.695 millones, según datos provisionales del Ministerio de Finanzas. Una década de deterioro La situación financiera del IESS se ha venido deteriorando a partir de 2014. Antes de ese año, el aporte del Estado era ahorrado o invertido con la idea de capitalizar el sistema de pensiones del IESS; es decir, contar con dinero para pagar las futuras jubilaciones. Pero ahora cada dólar que el Estado le transfiere al IESS se usa para pagar pensiones. A Flourish chart Incluso, “va a llegar un momento, en tres y cuatro años, en que incluso ese aporte del Estado no será suficiente para pagar pensiones“, dice Augusto de la Torre, vocero de la comisión gubernamental conformada para reformar el IESS. Por eso, esa comisión propone una reforma que incluya un plazo de seis meses para que el Ministerio de Finanzas y el IESS acuerden el monto definitivo de la deuda impaga y establezcan un plan de pagos. Hay un límite

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Un aporte del 11,06% al IESS sobre los ‘décimos’, plantea reforma

Primicias .- La Comisión gubernamental de reformas al IESS, creada por Guillermo Lasso, prevé presentar un anteproyecto de ley a finales de julio de 2023. Mantener la actual tasa de aporte de los afiliados, pero gravar a los décimos es una de las reformas para darle sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Lo plantea la Comisión gubernamental creada por el presidente Guillermo Lasso que alista un anteproyecto de ley a finales de julio de 2023. Por ahora se ha presentado un borrador de reformas, que están en proceso de socialización con la ciudadanía. El anteproyecto de Ley será entregado al actual Gobierno, que deberá decidir si lo tramita como decreto ley o lo deja como insumo para la siguiente administración. El anteproyecto de ley no será vinculante. Pero si no se da paso, el Fondo de Pensiones del IESS podría quedarse sin dinero para pagar las jubilaciones a partir de 2027. La propuesta El argumento de la reforma es que los afiliados aportan al IESS sobre los 12 salarios en un año, pero al jubilarse reciben 14 pensiones en un año. El IESS paga la decimocuarta pensión en agosto a los jubilados para la Sierra y la Amazonía y en marzo a los de la Costa y la Región Insular. Este ‘décimo’ equivale a un salario básico unificado. Mientras tanto, los jubilados perciben la decimotercera pensión en diciembre y equivale a la suma de las pensiones recibidas en un año divididos para 12. Pero el IESS ha argumentado que la entrega de los ‘décimos’ nació sin estudios actuariales y por iniciativa del Legislativo, sin verificar el respaldo financiero para costear el beneficio. El IESS destinó USD 618 millones en pagos de ‘décimos‘ a sus jubilados en 2022. Ahora, ese gasto y el auxilio de funerales se cubre con un 0,5% de aporte de los afiliados, pero eso representa unos USD 125 millones al año; es decir, es insuficiente para financiar los ‘decimos’. Y ese es uno de los factores que explica la falta de sostenibilidad a futuro del Fondo de Pensiones del IESS, argumenta la Comisión gubernamental. Efecto de un eventual aporte Los trabajadores en relación de dependencia reciben como beneficio del empleador dos ‘décimos’: El decimocuarto sueldo o bono escolar, que equivale a un salario básico y es de USD 450 en 2023. La decimotercera remuneración o bono navideño, que se paga en diciembre y corresponde a la suma de las remuneraciones recibidas por el trabajador en 12 meses y dividas para 12. Ahora, los trabajadores no aportan al IESS sobre estas bonificaciones extras. Si lo hicieran, tendrían que pagar un aporte de 11,06% que corresponde a pensiones. Por ejemplo, un trabajador que gane el sueldo básico ya no recibiría USD 450 por decimocuarto sueldo, sino USD 400,23. En el siguiente gráfico puede hallar más ejemplos del impacto que tendría en los ‘décimos’ sueldos un aporte al IESS del 11,06%: A Flourish chart Reformar el Código del Trabajo Para el abogado laboral, Juan Pablo Jácome, el cambio requerirá una reforma al Código del Trabajo. Actualmente, el artículo 112 de esa norma determina que los ‘décimos’ no serán tomados en cuenta para el cálculo del aporte al IESS. “Esos son derechos adquiridos”, dice Jácome, al añadir que un eventual aporte al IESS sobre los décimos desnaturaliza su concepto de bono escolar y para Navidad. Y agrega que sería una reforma parche al Código de Trabajo y al IESS, sin que hasta ahora Ecuador haya realizado un cambio integral para modernizar tanto el ámbito laboral como el de seguridad social. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya ha anunciado su rechazo a la propuesta de establecer un aporte al IESS sobre los ‘décimos’. Si bien la reforma desmejoraría las remuneraciones de los trabajadores, en especial de aquellos que mensualizan los ‘decimos’, la lógica de la reforma es buscar un bien mayor: fortalecer al IESS, explica la abogada laboral, Vanessa Velásquez. “Hay que pensar en que los jubilados podrían quedarse sin poder cobrar su pensión si no se le da sostenibilidad al IESS”, enfatiza la experta. En esa misma línea, Jorge Madera, expresidente del IESS, dice que los conceptos de sostenibilidad del IESS son constitucionales y están por sobre el Código del Trabajo. Madera hizo un llamado a los grupos sociales a “no oponerse solo por oponerse”, sino que hagan sus planteamientos con base en cifras y dice: “El Fondo de Pensiones se irá agotando. Mientras más demore, la reforma va a llegar un momento en que no haya dinero para pagar las jubilaciones”. Madera sugiere, además, que cualquier cambio al IESS pase por un período de transición, que deberá estar regulado por la Ley.

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El Gobierno de Boric intenta sacar adelante su reforma de pensiones en un adverso clima político

El País .- El Ejecutivo chileno pone suma urgencia a uno de los grandes pilares de su programa en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayorías. El Gobierno de Gabriel Boric le ha puesto esta semana suma urgencia al proyecto de reforma al sistema de pensiones en Chile, uno de los grandes pilares del programa de la Administración de izquierda. El país sudamericano lleva una década discutiendo el tema sobre el que no hay consenso en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayorías. La propuesta busca crear un nuevo seguro social, financiado a través de una cotización adicional del 6% a cargo de los empleadores. Los parlamentarios de derecha no han presentado una contrapropuesta en los ocho meses desde que se presentó el proyecto de ley, pero el destino de la cotización extra es una de las principales piedras de tope en las negociaciones.   La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha anunciado que el proyecto se discutirá por partes, con el objetivo de abordar primero los aspectos que generan más consenso. El Ejecutivo quiere, por ejemplo, derogar el Decreto de Ley 3.500, el que supondría el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. “Lo primero que se va a discutir son las normas espejo, es decir, aquellas que persisten en el DL. 3.500 en la reforma previsional”, sostuvo este miércoles la ministra Jara. “Nuestra propuesta original consideraba la derogación del DL 3.500, pero estamos disponibles para conversar. Nosotros no estamos aquí para darnos gustitos”, añadió.   El proyecto de ley apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de los chilenos: las bajas pensiones respecto del nivel de vida que tienen en su etapa activa. Para esto, el Gobierno de Boric propone un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, que tiene entre sus principales objetivos mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a 250.000 pesos (313 dólares). La modificación de la PGU implica un aumento del gasto fiscal y pretende financiarse con lo que parte de lo que recaude con la reforma tributaria, otro de los pilares del Gobierno de Boric que está estancado en el Congreso tras el rechazo a la idea de legislarla el pasado marzo.   Otro aspecto clave de la reforma es el nuevo Seguro Social. Inicialmente, el Ejecutivo quería que el 6% extra a cargo de los empleadores se destinara íntegro al Fondo Solidario, pero la falta de apoyos los ha obligado a abrirse a la idea de discutir que un 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual. La oposición, por su parte, plantea que sea a la inversa: 2% al Seguro Social y 4% a la capitalización individual. Los más críticos defienden que el 6% se destine a las cuentas del trabajador. La postura de la derecha se ha endurecido desde 2020, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera propuso 3% y 3%.   La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas fijó un cronograma para la votación en particular de cada punto que contiene la reforma. La suma urgencia que le puso el Ejecutivo obliga a que el Senado reciba la iniciativa en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15. La propuesta de dividir el proyecto en varios puntos, que se votarán semana a semana, complejizan que la comisión logre despacharlo en el plazo establecido. Especialmente en clima de falta de acuerdos. “El único artículo que podríamos aprobar es el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), partido de la derecha tradicional.   Los parlamentarios de RN tienen previsto entregar al Gobierno una propuesta de reforma con el foco en la solidaridad intergeneracional de género y en incrementar la PGU según años cotizados, para fomentar la formalización del empleo. Según el borrador dado a conocer la noche del martes, también plantean elevar el 10% de la actual tasa de cotización a un 16%.   La ministra Jara celebró la disposición de RN a negociar con propuestas concretas y dijo que espera que otros partidos hagan lo propio. Los parlamentarios de la formación de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) no están dispuestos a votar a favor mientras el Ejecutivo no garantice en el proyecto de ley la propiedad de los ahorros de los trabajadores, su heredabilidad y que la cotización adicional vaya a sus cuentas individuales y tengan la libertad de elegir quién les administre sus fondos.   El debate se produce en un momento complejo para el Gobierno de Boric, donde la popularidad del mandatario ha bajado del 30% y el oficialismo enfrenta un escándalo que azota el Frente Amplio, el Caso Convenios.

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El pago de pensiones se puede complicar en cinco años y reformas urgentes apuntan a ocho grandes consensos para salvar el sistema

LA HORA .- Una comisión creada por el Gobierno trabaja desde enero de 2023. De las reuniones con varios sectores ya han salido ideas para impulsar los cambios. En todas partes del mundo, el modelo de reparto con beneficio definido en la seguridad social, que es el que tenemos en Ecuador, no tiene viabilidad financiera en el futuro.   Mientras la población está cada vez más envejecida y vive más tiempo, existen menos trabajadores activos y formales (en Ecuador la informalidad supera el 61% de la fuerza laboral) que sustente el pago de las pensiones.   Fernando Mosquera, economista y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, ha repetido que el problema de fondo de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no es solo económico, técnico y actuarial, sino también político.   Esto significa que se deben tomar medidas políticamente duras para evitar un escenario que apunta a que en cinco años se podrían tener problemas para pagar jubilaciones en el país.   Por eso, desde el 10 de enero de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso puso en marcha una comisión especial que, hasta mayo, deberá presentar un informe técnico con recomendaciones y un anteproyecto de ley para cambiar y fortalecer el sistema.   Esta comisión está liderada por Augusto de la Torre, y tiene entre sus miembros a Andrés Hidalgo Cevallos, presidente de la Junta Directiva de Grupo Faro; Doménica Cobo, abogada en libre ejercicio; Pablo Lucio-Paredes, economista y profesor universitario; Andrea Angulo, docente e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).   Luego de varias reuniones con empresarios, jóvenes profesionales, expertos, académicos y parte de la dirigencia sindical, se esbozan los principales acuerdos que serán la base del informe final y el anteproyecto de ley, es decir, la hoja de ruta de la reforma que se busca proponer.   Los consensos 1.- El Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, debe definir y acordar con el IESS cuál es la deuda pendiente y aún no está documentada. Es más fácil hacerlo para pensiones que para salud. La meta es que se llegue a un plan de pagos que se activaría luego de que se haga la reforma. Esto debido a que, si no se arregla el sistema, los pagos irían a una especie de saco roto.   2.- Separar la gobernanza del sistema de pensiones de la gobernanza del sistema de salud. Dentro del IESS, cada uno de los fondos debe tener un cuerpo de gobierno independiente y especializado con sus propios estatutos. Son muy distintas las políticas públicas para pensiones y para salud.   3.– El sistema de jubilación patronal no le hace bien a nadie. No ayuda al empleador ni al trabajador. En casi la totalidad de los casos, las empresas despiden cuando el empleado se acerca a los 20 años de servicio. Esto provoca desempleados de 50 años o más. Se está pensando en cambiar la jubilación patronal en una especie de ahorro individual que se mantenga incluso cuando cambia de trabajo. Este ahorro individual se convertiría en uno de los pilares del nuevo sistema.   4.- Establecer un mecanismo más fiable y fácil de presupuestar con respecto al aporte estatal del 40%. Este aporte al sistema de pensiones es considerado como un subsidio en términos constitucionales y económicos. Actualmente, no existe una forma de calcular adecuadamente el aporte estatal y eso provoca que en la realidad se transfiera un porcentaje equivalente al 28% y 30%.   5.- En todos lados, y Ecuador no es la excepción, a la gente le gusta la idea de una pensión vitalicia. Pero, para que eso sea sostenible, se debe buscar un equilibrio entre el tiempo de cotización, el tiempo de beneficio (cuando es jubilado) y la tasa de reemplazo (pensión como porcentaje de los sueldos que percibía como trabajador activo). Los cambios deben operarse en esas tres variables. Uno de los puntos más álgidos de la reforma está aquí porque involucra temas como una nueva fórmula de cálculo de las pensiones; edad de jubilación, entre otros.   6.- Existe un gran problema de credibilidad del IESS frente a trabajadores jóvenes e independientes. Los abogados, contadores y dentistas, entre otros, no tienen confianza en el sistema. No quiere afiliarse porque, por un lado, tienen seguros privados y no quieren usar los servicios del IESS. Por otro lado, no saben si se podrán pagar pensiones en el futuro. Se necesitan reformas que generen incentivos para afiliarse. Entre esos está la posibilidad de que se puedan afiliar o a pensiones solamente o a salud. Además, también se pueden establecer esquemas más flexibles de afiliación.   7.- Todos los sectores apuntan a que el IESS necesita un sistema multipilar. Por un lado, se debe mantener el pilar de reparto con beneficio definido; pero hay que reformarlo. Por otro lado, se necesita un pilar que de opciones de ahorro individual e incluso ayude a mejorar las pensiones. El tercer pilar debe ser un sistema solidario para financiar la vejez de los más pobres, es decir, de la gente que nunca se va a afiliar ni va a ahorrar. Se debe cuidar a los que están en riesgo de caer en pobreza extrema en la vejez; y eso se logra integrando mejor al seguro campesino con el sistema de ayudas sociales y bonos que administra el Ministerio de Inclusión Económica y Social.   8.- El sistema de salud necesita una reforma independiente. Se debe crear otra comisión para que se piense cómo reformar ese sistema. Si no se arregla esto, las pensiones, cuando una persona se jubila, se gastan en su mayoría en pagos de salud.

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Ex vicepresidente Dahik sugiere eliminar subsidios “demenciales” a los combustibles

Ecuador requiere de un gran acuerdo nacional, que permita una agenda destinada al desarrollo. Así se pronunció el ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, en diálogo con “Punto de Orden”. Dahik lamentó que, a pesar de la crítica situación del país, grupos políticos solo piensen en sus intereses electorales y económicos, y no en unificar a los ecuatorianos en torno a un proyecto. Como ejemplo de unión citó a Uruguay, donde los últimos presidentes, a pesar de sus diferencias ideológicas, aportaron en favor de la población. Subsidios deben desaparecer Al evaluar la situación económica del Ecuador, el ex vicepresidente consideró imprescindible eliminar los subsidios a los combustibles, y al sistema de pensiones del IESS. Una carga que representa al Estado un gasto, de 5.500 millones de dólares por año. Dahik advirtió que mientras existan los subsidios, los gobiernos carecerán de dinero para la inversión y los planes sociales que tanta falta hacen. Solo en estos rubros, el país ha gastado 80.000 millones de dólares. Una cantidad tan alta que, si se hubiera destinado a los pobres, habría acabado hace tiempo con todos sus problemas. Estos montos, explicó, representan el 7% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Algo que califica de demencial. Y ese dinero, anotó, no beneficia en nada a los ecuatorianos, sino a los contrabandistas de combustible. De gas, por ejemplo, que incluso se vende en el norte de Chile, y que cuesta a los ecuatorianos 1.000 millones de dólares por año. Pensiones jubilares también En el caso de las pensiones jubilares, Dahik recordó que el Estado asume el 40% de ellas, lo cual representa un gasto anual de 1.800 millones de dólares. En su opinión, es absurdo pagar del dinero de todos los ecuatorianos, a los jubilados que tienen el privilegio de la seguridad social, cuando muchos otros no lo tienen. De ahí que considera necesario aumentar las aportaciones de los afiliados, antes que los recursos del IESS ya no alcancen. Porque solo en pensiones, se aportan 12 y se reciben 14. Este escenario, anotó Dahik, obliga a buscar un gran acuerdo nacional, que permita conciliar la eliminación de los subsidios y el aporte a las pensiones, tratándose de dos rubros que frenan cualquier posibilidad de crecimiento económico. Dentro del análisis, el ex segundo mandatario advirtió también que es vital reducir la carga tributaria a los empresarios, para poder atraer inversión extranjera. Positiva reunión Tabacchi-Álvarez Por otra parte, aplaudió la reunión sostenida entre el nuevo gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, y el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes analizaron la posibilidad de una cooperación. Dahik precisó que, en el caso de Álvarez, su trabajo será menos duro, ya que Guayaquil tiene un modelo administrativo positivo y en marcha, que solo requerirá nuevas ideas. En cambio, la situación será compleja en Quito, que arrastra conflictos políticos y económicos mucho más graves. Por ejemplo, el municipio capitalino tiene 20.000 empleados, 5 veces más que el de Guayaquil, y además posee un “elefante blanco”, refiriéndose al Metro, que representa un déficit anual de 60 millones de dólares. Dahik subrayó que, en el caso del Metro, “nació muerto y nunca se debió hacer”, al igual que la inexistente refinería El Aromo y el tranvía de Cuenca. En cambio, la Aerovía de Guayaquil, si bien deja pérdidas, no afecta al Municipio, porque fueron los inversionistas los que corrieron con el riesgo.

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Padres están obligados a pagar doble pensión alimenticia aunque no reciban décimo

Según cifras de Coparentalidad, 650 mil juicios de pensiones alimenticias se registraron a diciembre de 2021. Juan Andrade (nombre protegido) tiene 38 años y un hijo menor de edad. El 30 de junio de 2022 fue despedido de su trabajo en una consultora privada. Su primera preocupación fue la pensión alimenticia de su hijo. ¿Cómo pagaré sus alimentos? ¿Puedo ir preso si no cancelo? ¿Puedo llegar a un acuerdo con la madre? Su inquietud se asemeja a la de otros padres de familia que atribuyen la responsabilidad al Estado y que en Diciembre deben pagar el doble aunque no reciban décimos. Darío Paladines, vocero del colectivo Coparentalidad Ecuador, advierte que el Estado no cuenta con una base de datos que permita conocer cuál es la situación laboral de aquellos padres de familia judicializados por pensión de alimentos.  Cada año sube el Salario Básico Unificado (SBU) pero no se toma en cuenta la realidad económica del demandado. El demandante fija,  a través de un juez la pensión que corresponde a agosto y diciembre en la región Sierra, y abril y diciembre para el régimen Costa y Galápagos. Santiago Villarreal, otro representante del colectivo, explicó que todo padre tiene que cancelar 14 pensiones alimenticias reciba o no reciba décimos. Esta es una inconstitucionalidad que tiene el Código de la Niñez, porque obliga a los padres que no reciben esos recursos a cancelar sobre lo que no tienen, dijo.  “Se podría llegar a un acuerdo de pago, pero hay que pagar sea como sea, de lo contrario le emiten una boleta de apremio por no cancelar dos pensiones alimenticias”. Por eso, diciembre (por Navidad) y agosto (por inicio de clases) son los meses en que más boletas se emiten.. Según Coparentalidad, 650 mil juicios de pensiones alimenticias se registraron a diciembre de 2021. Esta situación es preocupante, porque la pensión se calcula sobre los ingresos recibidos por el prestador de alimentos. Paladines, quien tiene un proceso por alimentos desde hace cinco años (tiene empleo, pero no está en rol de pagos),  pide a la Asamblea Nacional emprender en un estudio actuarial de la situación laboral de los demandados, y la realidad económica del padre y la madre “sin favoritismos”, expresó. Reformas a la vista El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en una entrevista con NTN24 en Washington, que prepara reformas para endurecer penas y sustituir otras. Uno de estos cambios es reemplazar la prisión por falta de pago de pensiones alimenticias. “Necesitamos que estén trabajando para que cumplan las responsabilidades”, dijo el mandatario. El proyecto de reforma ya lo analizan en Presidencia y Lasso tiene previsto presentarlo en enero a la Asamblea. ‘Es incoherente’ Darío Paladines califica de incoherencia que se exija el doble pago cuando solo 3 de cada 10 trabajadores tienen empleo formal.  La pensión debe cancelarse hasta que el beneficiario haya cumplido los 21 años. El incumplimiento del pago no debe pasar de dos cuotas. El tercer atraso puede significar que el demandante emita una boleta de apremio (prisión preventiva). Se solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) información sobre cuál es la tendencia de atraso en pensiones alimenticias que se da en los meses de septiembre y diciembre, y se informó que se realizan las consultas internas pertinentes con el área respectiva. Vías de solución La legislación ecuatoriana prevé vías de solución en caso de que un alimentante no pueda cumplir con la pensión asignada por pérdida de empleo.  El experto en litigios de familia, Alonso Sarzosa, dijo que se puede propiciar una demanda o incidente de rebaja de la pensión de alimentos si un juez dictó anteriormente una sentencia y fijó un monto económico para el menor.  Los jueces pueden reducir las pensiones a quien no tiene trabajo, y se fijan en función de los ingresos, y el demandante debe probar su realidad económica. (SC) Ecuatorianos con empleo adecuado Según cifras del Ministerio de Trabajo, 1´595.629 trabajadores recibieron el décimo tercer sueldo en 2021.Eso representó un 3% más que en 2020, pero un 8% menos que en 2019. En promedio, en estos tres años, 1´621.292 personas recibieron dicho bono. Se espera que para el 2022 sea una cifra similar. En otras palabras, todo apunta a que alrededor de cinco de cada diez ecuatorianos con empleo adecuado recibirán el doble sueldo de diciembre.  Es decir, una minoría dentro del mercado laboral se beneficiará del bono navideño, que debe ser pagado a los empleados en relación de dependencia y jubilados hasta el 24 de diciembre de cada año. Para su cálculo, se toma en cuenta todo lo ganado durante el año calendario, desde el 1 de diciembre del año inmediatamente anterior hasta el 30 de noviembre del año en curso, dividido para 12. Esto si el empleado ha solicitado su acumulación. Sin embargo, cada vez menos personas ingresan al mercado laboral con todos los beneficios de Ley. Por eso, el décimo tercer sueldo ha quedado como una ventaja para unos pocos, lo que hace que sea más importante utilizarlo de la mejor manera posible. (JS). Pensiones alimenticias Recaudación y pago entre enero de  2019 y noviembre de 2022. 2019: $660’361.072 2020: $600’040.507 2021: $688’794.236 2022: $643’030.658 (al 30 de noviembre de 2022) Fuente: Consejo de la Judicatura Trámite El padre que debe pagar los alimentos debe ingresar a la página del CJ. Allí encontrará el formulario de rebaja de alimentos. Debe descargar el archivo y llenarlo. También debe adjuntar al formulario un documento que acredite la desvinculación. Puede ser un acta de finiquito, aviso de salida del IESS. Luego Debe esperar que un juez convoque a una audiencia para revisar el monto de las pensiones. La audiencia se realizará vía telemática; el juez evaluará los argumentos de quien solicita la reducción y tomará una decisión. Puede fijar una pensión mínima que puede ser del 28% de un salario básico.   Fuente: La Hora

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