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Ecuador: junio 3, 2026

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El juez dicta 18 meses de prisión provisional para Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración

El expresidente de Perú, detenido hace una semana por el fallido golpe de Estado, seguirá en la cárcel en la que se encuentra Alberto Fujimori   Pedro Castillo sentenció su futuro cuando, por razones que aún son un misterio, intentó un autogolpe improvisado que acabó con su detención ese mismo día. El maestro de escuela rural aún tardará un tiempo en volver a su casa, en las montañas andinas donde decía que era feliz rodeado de vacas y campo. Un juez dictó este jueves 18 meses de prisión provisional para él, que se enfrenta a penas no menores de diez años por el delito de rebelión y conspiración. La decisión acaba también con la idea de viajar a México como asilado político. Ese fue el primer plan que Castillo puso en marcha el miércoles pasado cuando vio que su intentona golpista no conducía a ninguna parte.   Castillo está tan solo ya que hasta sus abogados no se presentaron a la audiencia de este jueves. En su lugar, se le asignó uno de oficio. El juez ha acogido la tesis de la fiscalía, que alertó también del riesgo de fuga. Huir fue lo que trató de hacer al verse acorralado. El Congreso que supuestamente había disuelto con su anuncio televisado a la nación hizo caso omiso a sus palabras. Los parlamentario continuaron la sesión y en un rato aprobaron su destitución. Todo el mundo le dio la espalda. La policía ordenó su detención y los escoltas que lo llevaban a la embajada de México para ponerse a salvo lo entregaron en una comisaría. Desde ese día duerme en una cárcel. La prisión provisional durará más que su mandato, una aventura fugaz de 17 meses que terminó de la forma más abrupta y desconcertante de todas. Castillo no fue capaz de tener un Gobierno estable, llegó a nombrar cinco gabinetes, y nunca tomó la iniciativa política. Su mandato fue la historia de una gestión a la deriva, sin ningún objetivo definido. El profesor que ganó la presidencia con la bandera del cambio y la promesa de gobernar para los pobres, como él, acabó inmolándose en la televisión con un golpe de Estado torpe que no tenía ningún apoyo.   La única persona que permaneció fiel al presidente hasta el final fue Aníbal Torres, para el que el juez ha desestimado la petición de la Fiscalía de prisión prosional. Torres fue la persona que se vio en todo momento al lado de Castillo desde su detención, entonces en calidad de abogado. Había sido su cuarto primer ministro, aunque renunció cuando la corrupción ya anegaba los pasillos del Palacio presidencial. Apenas dos días después del autogolpe, Torres anunció por Twitter su paso a la clandestinidad al saberse investigado. Ahora deberá permanecer en Lima y comparecer ante el juez el primer día de cada mes.   Su defensa había alegado esta mañana en la audiencia que su clandestinidad era una forma de hablar, pues el abogado, que ya tiene 79 años, estaba dispuesto a volver a dar clases en la universidad. La Fiscalía lo acusó a él incluso de haber escrito el texto que leyó Castillo. Aunque su defensa niega que supiera que eso iba a suceder. Dice que él llegó al Palacio y Castillo le anunció que iba a dar un mensaje a la nación. Torres, entonces, se retiró a otro lugar “a meditar” mientras el político trataba de convertirse en un autócrata al estilo de Alberto Fujimori.   Hoy el último dictador de Perú y el último presidente comparten la misma prisión, aunque aún no se han cruzado por los pasillos por la calidad de detenido que tenía hasta ahora Castillo. En los alrededores de la cárcel, durante todo el día se concentraron decenas de seguidores del maestro rural. Para ellos, es solo una víctima de un Congreso corrupto que nunca le dejó gobernar. Mientras el juez leyó su resolución, en una comparecencia que duró toda la tarde, los castillistas exigían su liberación.   En las calles de Lima las protestas también fueron mucho más numerosas que los días anteriores. Desde las regiones andinas del sur han ido llegando caravanas de manifestantes que vienen a la capital a manifestar su rechazo al nuevo Gobierno y la necesidad de un adelanto inmediato de elecciones. Eso da aliento a Castillo, que se sigue proclamando el presidente del país aunque su libertad se ve cada vez más lejana. Las protestas que comenzaron el mismo día de su detención suman ya 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Los dos últimos este mismo jueves, primer día del estado de emergencia que el Ejecutivo decretó en todo el país para tratar de recuperar una seguridad que cada vez parece más lejana. Fuente: El País

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Gobierno de Perú ordena toque de queda nocturno en 15 provincias

El Gobierno peruano ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo. La restricción del movimiento regirá durante al menos cinco días, según el decreto publicado este jueves 15 de diciembre de 2022 en el diario oficial El Peruano.   «Durante la inmovilización social obligatoria (toque de queda), las personas pueden circular por las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público«, indica el decreto.   Además, se exceptúa al personal sanitario, de recogida de residuos y saneamiento, transporte, delivery, telecomunicaciones y otras actividades fundamentales.   Las farmacias y boticas podrán continuar con su actividad durante el toque de queda de acuerdo con el decreto publicado.   Del mismo modo, está permitido el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente por encontrarse en grave riesgo su vida o salud».   Provincias bajo toque de queda El sureño departamento de Cuzco es la región que tiene mayor número de provincias (cuatro) bajo la inmovilización social obligatoria, con toque de queda desde las 20:00 hasta las 04:00 en Cuzco, La Convención, Chumbivilcas y el Espinar.   Los departamentos de Huancavelica e Ica, en el centro del país, y Puno y Apurímac, en el sur de Perú, tienen cada uno dos provincias bajo el toque de queda.   Las provincias Andahuaylas y Chincheros, en Apurímac, donde suman seis muertos desde el inicio de las protestas, tendrán restringido el movimiento desde las 18:00, por lo que al igual que la provincia de Virú, en el norteño departamento de La Libertad, serán los puntos donde inicie más pronto el toque queda.   También estarán bajo toque de queda las provincias de Cangallo, en el departamento de Ayacucho, y Arequipa, sonde se encuentra la segunda ciudad del país.   De este modo, en Arequipa y Cuzco, la segunda y tercera ciudad más importante de Perú, quedará restringido el movimiento a partir de las 20:00.   En la jornada de este jueves, la primera del estado de emergencia nacional, al menos seis personas han fallecido, cuatro en el departamento sureño de Ayacucho y dos en el norteño de La Libertad.   Víctimas que se suman a las otras ocho reportadas desde el domingo, fecha en la que las protestas se recrudecieron en varios puntos del país y que suman un total de 14 fallecidos.   El Gobierno de Boluarte decretó este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra.   Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto supremo que declara el estado de emergencia fue publicado en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales.   Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalló en su segundo artículo.   Fuente: El Comercio

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Justicia peruana dicta 18 meses de prisión preventiva contra expresidente Pedro Castillo

Para tratar de calmar las protestas que ya dejan más de una docena de fallecidos, el Gobierno peruano ordena un toque de queda nocturno en 15 provincias. El Poder Judicial peruano dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo; y ordenó comparencia con restricciones para el expremier Aníbal Torres.   Ambos son juzgados por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre que desató violentas protestas que suman diez muertos, bajo un estado de emergencia nacional declarado por el nuevo gobierno.   Fue el juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, quien dio lectura este jueves a la resolución del pedido de la Fiscalía.   De acuerdo con el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, la detención de Pedro Castillo ocurrió en flagrancia del delito que se le imputa. Además, precisó que el exmandatario invocó a las Fuerzas Armadas y que si estas no entraron en acción, fue porque decidieron no acatar la orden.   Toque de queda El Gobierno peruano ordenó este jueves un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en 8 departamentos, de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que han muerto, al menos, seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.   El estado de emergencia permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna. “Exigimos a las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicóptero”, dijo la Defensoría. La entidad también reportó 340 heridos y, según la Policía, casi la mitad son de su institución.   Las protestas que suceden sin parar desde el domingo piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debatía las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024. . iba a conformar un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, reorganizar el sistema de justicia y convocar una asamblea constituyente, lo que fue calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.   Este mismo jueves, en una sesión el Congreso debate las fechas probables de nuevas elecciones presidenciales. La mandataria Dina Boluarte presentó dos fecha probables: diciembre del 2023 o abril del 2024.  Fuente: El Universo

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El voto del sur que hizo presidente a Castillo aprieta al nuevo Gobierno de Perú

Dina Boluarte juró hace una semana como jefa del Estado hasta 2026, después anunció elecciones en 2024 y habla ya de diciembre de 2023.   El sur de Perú se niega a perder la única vez que ganó. Las protestas que exigen elecciones anticipadas y el cierre del Congreso aumentan en las regiones que hace un año y medio hicieron presidente a Pedro Castillo. La imagen de un Castillo triunfal, con los brazos en alto como un profeta, pone cara a las banderas que se ven en la calle. Para muchos se ha convertido ya en un mártir. El relato del golpe de Estado que nunca fue se ve desde este lado al revés: para ellos la víctima es el maestro rural. Víctimas de de las élites, del poder, del Congreso, de Lima. El Perú que la capital nunca había escuchado hasta las últimas elecciones ruge desde los Andes para negar al nuevo Gobierno de Dina Boluarte, a la que consideran una traidora, una vendida.   La nueva presidenta ha empezado a ser consciente de que el suyo será un Gobierno de transición, más breve de lo que pensó. Si hace una semana, apenas unas horas después del autogolpe fallido y detención del presidente, juraba su cargo como jefa del Estado hasta 2026, Boluarte ya sabe que no hay posibilidad de sobrevivir mucho tiempo en medio de la crisis abierta por su antecesor. A principios de esta semana planteó celebrar las presidenciales en abril de 2024, pero este miércoles ya ha hablado de diciembre de 2023. Los tiempos se acortan a medida que las protestas crecen.   Ocho días después del suicidio político de Castillo, hay ocho muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías, tres aeropuertos cerrados al tráfico y decenas de bloqueos de carreteras. Miles de personas amenazan con llegar a Lima para celebrar una gran protesta masiva, pero hasta ahora en la capital las marchas no son muy numerosas. Este miércoles, cientos de policías blindaban los edificios públicos y la céntrica plaza de San Martín. Había más uniformados que manifestantes. Estos se limitaron a rodear la plaza varias veces de forma pacífica gritando consignas como: “Dina asesina”. Su intención era llegar al Congreso, pero el contingente policial lo impidió. Para este jueves se esperan nuevas protestas y se ha anunciado un paro nacional.   En el sur la situación tiende más al caos. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en todo el país durante 30 días para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad. Los manifestantes por ahora se niegan a dar marcha atrás. No quieren que este nuevo capítulo de la crisis política peruana se cierre con Castillo encarcelado y el resto siga igual. Quieren elecciones inmediatas y que todos los congresistas se vayan a su casa. El rechazo al Parlamento no es solo una cuestión regional, el 86% de los peruanos desconfía de él, según encuestas de noviembre, un rechazo mayor que el que suscitaba el propio Castillo.   En regiones como Cusco, hoy incendiada por las protestas, el 80% de los electores votaron por él en las elecciones pasadas. Veían en el maestro rural una persona como ellos, la primera oportunidad real de alcanzar el poder. Enfrente estaba Keiko Fujimori, representante de la más tradicional política limeña. Castillo malogró un año y medio de mandato en una crisis constante y nunca fue capaz de llevar la iniciativa política. Los casos de corrupción que lo señalaban a él o a gente de su entorno se multiplicaron hacia el final. El Congreso tampoco se lo puso nunca fácil. El día que decidió dar el autogolpe improvisado se enfrentaba a su tercera moción de censura.   La crisis de legitimidad política en Perú se ha agudizado, el descontento es generalizado. La mayoría de los ciudadanos ha optado por hacer su vida ajena a la crisis que ha hecho que en cinco años Perú haya tenido seis presidentes. El último comparte ahora prisión con el autócrata Alberto Fujimori. Castillo se enfrenta a penas que podrían llevarle cinco décadas a la cárcel, pero los últimos acontecimientos lo han envalentonado. Las protestas en el interior del país y los apoyos externos, como el de los presidentes de Colombia y México, lo animan. Desde la prisión se sigue proclamando el jefe del Estado. En las próximas horas, un juez decidirá si acepta la petición de la Fiscalía de 18 meses en prisión preventiva, un mes más que lo que duró su Gobierno. Fuente: El País

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Pedro Castillo continuará detenido al menos 48 horas más

Este jueves se realizará una audiencia para analizar pedido de Fiscalía de fijar 18 meses de prisión preventiva. Este miércoles, la justicia peruana decidió que el expresidente Pedro Castillo continúe detenido hasta que se realice la audiencia en la que se analizará el pedido de la Fiscalía de fijar 18 meses de prisión preventiva contra él y Aníbal Torres, ex primer ministro. Castillo fue destituido el pasado 7 de diciembre tras haber tratado de disolver el Congreso y fue acusado por el delito de rebelión y conspiración. Fue detenido mientras buscaba refugiarse en la embajada de México en Perú. “Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30″ (13h30 GMT), dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo. El juez dispuso además que permanezca retenido al menos 48 horas más pese a que este miércoles se cumplía el primer plazo de detención que se le había fijado la semana pasada. El expresidente no participó en la audiencia y se escribió en su cuenta de Twitter que: “¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”. Ya el martes había sido rechazada una apelación de la defensa de Castillo para poder salir de la reclusión, pero debido a que existe riesgo de fuga se la negaron. La fiscal Patricia Benavides le ofreció a Castillo que colabore con la investigación sobre quiénes participaron en la redacción del texto en el que solicitaba la disolución del Congreso, pero se negó a ser parte de la colaboración eficaz y optó por guardar silencia, de acuerdo a La República. A lo largo del país se han realizado protestas que han dejado al menos siete personas fallecidas. Entre los pedidos está el adelanto de elecciones, que aún no se concreta y que la actual presidenta Dina Boluarte ya expresó su intención de realizar por lo menos para 2024. Fuente: El Universo

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Castillo promovió protestas violentas en Perú, según analista internacional

La situación política y social en Perú sigue siendo muy delicada, y demanda acciones inmediatas. José Manuel Saavedra, analista internacional del vecino país, realizó una evaluación de lo que ocurre, a raíz de que fuera destituido Pedro Castillo de la Presidencia. En nuestro programa “Punto de Orden”, Saavedra explicó que el entonces presidente Castillo, pretendió perpetrar un golpe de estado para evadir a la justicia, ya que sobre él pesan graves acusaciones de corrupción. Sin embargo, el Congreso se le adelantó y lo destituyó, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, y además consiguió su captura, cuando pretendía escapar con su familia a la Embajada de México. Para Saavedra, Castillo había perdido casi todo el apoyo popular, a causa precisamente de sus actos de corrupción, y a la falta absoluta de obras y planes de gobierno. El analista afirmó que las protestas actuales, que ya dejan fallecidos y pérdidas, fueron promovidas por el propio ex presidente, interesado en crear un clima de convulsión social, para justificar una dictadura. En su opinión, la nueva presidenta, Dina Boluarte, debe trabajar con rapidez para pacificar el país, pues de lo contrario corre el peligro de perder también el apoyo, y enfrentarse a pedidos de renuncia de todos los sectores.

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Gobierno de Perú declara Estado de Emergencia por 30 días a nivel nacional

Siete muertos, bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y radicalización de las marchas a nivel nacional llevaron al gobierno de Dina Boluarte a permitir que las FF.AA. tomen el control de la situación. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que el Ejecutivo adoptará la medida del Estado de Emergencia a nivel nacional, desde este miércoles catorce de diciembre, debido a las fuertes protestas en el Perú. “Se acordó declarar en Estado de Emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ya son actos que se están estabilizando”, indicó. Las manifestaciones iniciaron el pasado ocho de diciembre, un día después del autogolpe y detención del expresidente Pedro Castillo, en diversas regiones del país, entre ellas, Arequipa, Huancavelica y Lima. El titular de la cartera de Defensa aseguró que los distintos actos de violencia, que ya cobraron la vida de siete personas, requieren de una “respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno” de Dina Boluarte. “En unas horas saldrá una edición extraordinaria en el diario oficial El Peruano en la que se decreta declarar, por el término de treinta días calendario, el Estado de Emergencia en todo el país”, señaló. El funcionario indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Esta declaratoria, precisó Otárola, significa la “suspensión de los derechos de reunión e inviabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personales”. “El ejercicio de estos derechos y otros fundamentales, que están comprendidos en la Constitución, serán protegidos por el Gobierno para que la ciudadanía tenga la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y, posteriormente, aseguraremos el libre tránsito y la paz para todos los peruanos”, puntualizó. Continúan desmanes en varios puntos del país Los últimos acontecimientos en torno a las reportados en el país se suscitaron en Puno, donde distintos manifestantes bloquearon las principales vías de acceso a la ciudad. Se reporta el cese de actividad comercial debido a actos delincuenciales en la zona. Además, en la misma región, los terminales de buses fueron cerrados temporalmente debido a las manifestaciones. Según detalló la gerente del Programa Especial Terminal Terrestre, Danitza Chuchullo, la medida se adoptó para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Por otro lado, tras suscitarse la toma de aeropuertos en las regiones de Andahuaylas, Cusco y Arequipa, el aeropuerto de Juliaca (Puno) también decidió cerrar su vía aeroportuaria temporalmente. El representante de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Martín La Rosa, comunicó que la suspensión de operaciones en Juliaca se suma al cese “en los aeropuertos de Apurímac, Arequipa y Cusco”. “(En estas regiones los) manifestantes intentaron tomar por asalto las pistas de aterrizaje y han dañado la infraestructura de dichos aeropuertos, con lo cual no se ha podido reestablecer hasta este momento las operaciones aéreas. Se ha afectado a miles de pasajeros que requieren llegar a su destino”, comentó en diálogo con RPP noticias. Fuente: Infobae  

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Manifestantes paralizan aeropuerto de Cusco y trenes de Machu Picchu en Perú

El martes 13 de diciembre el aeropuerto internacional de Cusco y los trenes que comunican esta localidad con la ciudadela inca de Machu Picchu suspendieron su actividad debido a las protestas registrados contra el Gobierno de la nueva presidenta, Dina Boluarte. Lima Airport Partners (LAP) informo que el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete quedo cerrado al menos hasta las 20:40 hora local, mientras que el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa mantuvo la suspensión iniciada el 12 de diciembre»debido a la afectación que ha sufrido la infraestructura» tras las protestas. Despliegue de fuerzas La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) ya había solicitado el despliegue de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Cusco. Esto, «ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria», según la emisora RPP. Por otra parte, la empresa PerúRail ha confirmado la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, por las movilizaciones. La medida «busca priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores», ha explicado la compañía en un comunicado. Fuente: El Comercio

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Perú se asfixia entre la crisis de un mandato que nació débil y el caos de las protestas

La petición de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente por parte de la Fiscalía acaba con la esperanza del expresidente de quedar en libertad Este miércoles se cumple una semana desde que Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, minutos antes del mediodía, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, que puso fin a su estancia en el Palacio presidencial. Un autogolpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de su gabinete ministerial, que se desinfló en tiempo récord. Un Gobierno de excepción y una disolución del Congreso de la República que no llegaron a consumarse y que acabaron con Castillo detenido y destronado, en un nuevo capítulo del rasgo más estable de la realidad peruana: la inestabilidad. Este miércoles, la Fiscalía se ha inclinado, como se esperaba, por pedir que el ya expresidente siga en prisión al pedir que se le impongan 18 meses de prisión preventiva, informó Efe. Castillo confiaba en quedar en libertad.   Aunque para diversos sectores de la sociedad civil la salida de Castillo representa nuevos aires para el país, siete días después Perú se asfixia entre la crisis de otro mandato que nació débil y una represión policial que ha acabado con la vida de seis personas que salieron a las calles a gritar su descontento. Cuatro horas después de que Pedro Castillo se pusiera la soga al cuello, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera presidenta del Perú, pero ni siquiera haber roto paradigmas le ha significado una tregua en su intento de gobernar.   El último fin de semana, apenas unos días después de colocarse la banda presidencial, Boluarte se vio obligada a anunciar adelanto de elecciones generales para abril de 2024, tras una seguidilla de protestas a lo largo y ancho del Perú. El Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley al respecto. ¿Es el plazo más razonable para frenar la convulsión social? Más allá de que está establecido que se requieren 270 días de anticipación desde la convocatoria hasta la realización de un nuevo proceso electoral, muchos peruanos demandan más que anuncios para apaciguar las aguas.   Pedro Castillo, el maestro rural que presidió el Perú durante aproximadamente un año y medio, permanece en detención preliminar desde entonces por el presunto delito de rebelión y conspiración. Pasa sus días en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en un cuarto estrecho, muy cerca de donde cumple condena, en un espacio mucho más amplio, el expresidente Alberto Fujimori, quien dio un golpe de Estado que sí se hizo efectivo treinta años atrás, en abril de 1992. Castillo, el presidente que casi nunca dejó su característico sombrero, fue detenido en la Prefectura de Lima por su propia escolta cuando se dirigía hacia la Embajada de México para pedir asilo político, según las declaraciones del canciller y del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El martes la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la petición de apelación que había presentado su defensa y que solicitaba la anulación de la detención preliminar que vence este miércoles minutos antes de las dos de la tarde. Las redes sociales del expresidente difundieron poco después las fotos de un mensaje manuscrito en el que el maestro rural se mostraba convencido de que quedaría en libertad y convocaba a sus seguidores a las puertas de la Dirección de Operaciones Especiales. “Mañana a las 1.42 pm saldré en libertad”, escribió en Twitter.   La Fiscalía se inclinó, en cambio, por solicitar 18 meses de prisión preventiva. El objetivo de esta petición es proteger la investigación en curso y aportar pruebas. Sobre el político no solo pesan los presuntos delitos de rebelión y conspiración, sino también la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de liderar una “organización criminal” desde dentro del Palacio de Gobierno con el propósito de amañar contratos valiéndose de su poder. Desde prisión, Castillo no ha sido autocrítico, sino más bien se ha victimizado: “No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte [su sucesora]. Fuente: El País

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Crisis política en Perú: Ministerio de Defensa declara en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos

Al menos 7 personas han muerto producto de las violentas manifestaciones antigubernamentales que se realizan desde el paado miércoles tras la salida de Castillo La noche del martes continuaron las protestas en distintas ciudades del interior, así como en la capital Lima, por lo que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró que su Gobierno se encuentra evaluando establecer un estado de emergencia en todo el país.   Asimismo, declaró en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto siete personas, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.   “Comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para conseguir el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución garantiza”, dijo Otárola en una declaración a la prensa.   Las Fuerzas Armadas controlarán puntos estratégicos como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, blanco de ataques de los manifestantes que han tomado los aeródromos de Cuzco y Arequipa, la segunda ciudad del Perú, además de una planta compresora de gas natural en el sur del país.   Otárola ha calificado las protestas de “asonada atizada por profesionales que han trabajado” para conseguirlo “desde hace mucho tiempo”. Protesta ante presidentes Por otro lado, Boluarte anunció que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.   “La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte. En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional situado en el distrito limeño de Chorrillos, la presidenta respondió al comunicado emitido este lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández, colombiano, Gustavo Petro, boliviano, Luis Arce, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.   Publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron en el mensaje que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.   También expresaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú.   “El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”, dijo Boluarte al respecto.   Mutuas acusaciones La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su antecesor Pedro Castillo se enfrascaron este martes en acusaciones mutuas sobre quién tiene la responsabilidad en la grave crisis social que ha generado el fallido autogolpe de Estado del exmandatario y la posterior asunción de la nueva gobernante.   Boluarte restó credibilidad a los calificativos de “usurpadora”, que Castillo le ha atribuido en unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter, al afirmar que “lo están utilizando” y que “lo siguen manipulando”.   “Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y a veces llorado (…) No creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) sean palabras de él”, afirmó la presidenta en declaraciones a los periodistas.   Asimismo, culpó a la ex primera ministra Betssy Chávez de haber “generado” la situación que vive Perú actualmente, antes de agregar que le “duele y consterna” que esté detenido Castillo por su fallido autogolpe. Fuente: El Universo

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Cinco fallecidos y ataques a edificaciones, lo que ha dejado el lunes de protestas en Perú

Con esto se eleva a siete las víctimas en manifestaciones para pedir adelanto de elecciones. El lunes, Perú ha vivido la jornada más violenta hasta el momento por las protestas para el adelanto de elecciones tras la destitución de Pedro Castillo.   El fin de semana la cifra tan solo se ubicaba en dos fallecidos, pero este lunes esta subió a siete. Uno de los decesos fue en Arequipa en las tareas de recuperación de la pista de aterrizaje que había sido tomada por manifestantes.   La Defensoría del Pueblo añadió que los otros cuatro civiles fallecidos fueron en marchas repelidas por policías antimotines en Chincheros y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.   “Tenemos reportado siete personas fallecidas en las regiones Abancay y Arequipa” desde el domingo, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo.   Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años. El gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias de la región Abancay.   También se han registrado disturbios como en Arequipa que además de tomarse la pista de aterrizaje del aeropuerto, una de las fábrica de lácteos más grandes fue ocupada por manifestantes.   En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso.   Al menos tres canales de televisión han recibido ataques por parte de manifestantes.   El general Oscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, dio a conocer que 119 policías han resultado heridos en los enfrentamientos.   Así como que se atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron atacados con explosivos.   El jefe de la Dircote afirmó que detrás de las protestas también “está (el grupo terrorista) Sendero Luminoso, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y otros organismos generados por el marxismo-leninismo”.   “El Movadef (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas”, subrayó Arriola, tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de Movadef “están infiltrados” en las movilizaciones. Fuente: El Universo

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En Perú, autoridades confirman que 119 policías resultan heridos durante protestas

Un total de 119 policías peruanos han resultado heridos en los enfrentamientos con los manifestantes que protestan contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, informó el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola. La autoridad policial detalló, en entrevista con RPP Noticias, que hay 119 policías policontusos y al menos uno tiene ventilación mecánica por la gravedad de su estado. En la surandina ciudad de Andahuaylas, que se ha convertido en el epicentro de las protestas, los manifestantes atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron atacados con explosivos, indicó Arriola. El jefe de la Dircote afirmó que detrás de las protestas también «está (el grupo terrorista) Sendero Luminoso, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y otros organismos generados por el marxismo-leninismo». «El Movadef (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas», subrayó Arriola, tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de Movadef «están infiltrados» en las movilizaciones. «Hay un discurso de odio acá», declaró el jefe de la Dircote, al cabo de una jornada en la que se confirmaron siete manifestantes muertos en las protestas. Tras la declaración del estado de emergencia en la región Apurímac, donde se encuentra Andahuaylas, la Policía se hará cargo del orden interno con apoyo de las fuerzas armadas, pues esa resolución les da «las herramientas» para resolver los actos de violencia, afirmó. «Tenemos que hacer respetar el principio de autoridad de todo el Estado», expresó Arriola.   Fuente: El Comercio

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HRW lamentó que Argentina, Bolivia, Colombia y México victimicen a Pedro Castillo luego de su autogolpe en Perú

Los Gobiernos de estos cuatro países emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la crisis política peruana, pero no hicieron referencia a las medidas tomadas por el ex mandatario que derivaron en su salida del poder La directora de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, calificó como lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondieran a la crisis política en Perú con un comunicado en el que se victimiza al ex presidente Pedro Castillo.   A través de su cuenta en la red social Twitter, Goebertus señaló que América Latina debe “apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”. La representante de Organización destacó en su mensaje que Castillo » intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción”, asunto que no fue mencionado en el comunicado de los cuatro países de la región. El mensaje de la representante de HRW para América Latina, Juanita Goebertus. Luego de que Pedro Castillo fuera destituído tras intentar realizar un autogolpe en Perú, México, Colombia, Bolivia y Argentina defendieron el accionar del ahora ex mandatario, no se refirieron a su intento de diluir el Congreso peruano y plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en el país latinoamericano.   En un comunicado, los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Argentina expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.   “Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, sostiene el comunicado.   En esa línea, los cuatro países instaron “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. HRW llama a defender el estado de derecho en América Latina. Por último, el comunicado concluyó: “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.   Por su parte, Castillo tildó de “usurpadora” a Dina Boluarte y aseguró que está “secuestrado” en la sede de División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Ate, donde se encuentra recluido desde el último miércoles 7 de diciembre tras el fallido autogolpe.   “Lo dicho recientemente por una usurpadora, no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. ¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, escribió en la segunda misiva que envía desde la cárcel. Pedro Castillo tildó de “usurpadora” a Dina Boluarte. El exjefe de Estado declaró que está siendo “humillado, incomunicado, maltratado”, pero que se mantiene firme por las protestas en varias regiones que piden su liberación.   “Querido pueblo peruano grandioso y paciente. Yo Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”, agregó. Fuente: Infobae

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La presidenta de Perú declara estado de emergencia en el sur del país tras muertes durante protestas y propone elecciones en 2024

Estado de emergencia y propuesta de adelanto electoral. En un mensaje de madrugada este lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una declaratoria de estado de emergencia en Apurímac, Arequipa e Ica (sur del país) por «la alta conflictividad social» y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto. Su mensaje responde a las protestas registradas en varias partes del país, que dejaron este fin de semana al menos 2 muertos en enfrentamientos con la policía, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles 7 de diciembre. Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y entre algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales. La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un «gobierno de excepción», lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de «golpe de Estado». En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral», detenido y posteriormente acusado de «rebelión». Qué dijo Boluarte En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado «las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía». Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, Boluarte confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin. «Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024″, anunció. «En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento», añadió. La presidenta señaló que eso también implicará «reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución», si bien no entró en detalles. Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de él después de su polémico mensaje a la nación, y tomó posesión del cargo tras su vacancia. Las protestas El domingo, manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación de Castillo. En la ciudad sureña de Andahuaylas, región de Apurímac, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 2 muertos y 30 heridos, confirmaron las autoridades a la radio peruana RPP. «Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares», manifestó la presidenta Boluarte al respecto en su mensaje a la nación. FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS Pie de foto,La policía detuvo a manifestantes durante las protestas del domingo en Lima. El Ministerio de Transporte de Perú dijo en un comunicado que los manifestantes habían «mantenido rodeados» a unos 50 agentes de policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad, que trataban de «asaltar», según la versión oficial. La agencia de aviación de Perú, Corpac -bajo jurisdicción de este Ministerio- informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio. Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima. El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero ésta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores. Lo ocurrido muestra el nivel de crispación en Perú, que lleva años con instabilidad política y social. En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, «ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos». Boluarte es la sexta jefa de Estado peruano desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte). Fuente:  BBC

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Protestas en Perú por adelanto de elecciones dejan dos personas muertas

Un segundo manifestante falleció este domingo, 11 de diciembre de 2022, en la ciudad peruana de Andahuaylas, en la región surandina de Apurimac, cuando participaba en una protesta para pedir el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y confirmó la Defensoría del Pueblo. El primer fallecido era un adolescente de 15 años e identificado por las iniciales D.A.Q., mientras que el segundo fue identificado como Becam Romario Quispe Garfias, de 18 años, detalló la CNDDHH en Twitter, donde pidió que cese la «represión». Las manifestaciones, que se han replicado en otras regiones del país, piden el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte, que el pasado miércoles asumió el cargo tras la destitución por el Congreso de su antecesor, Pedro Castillo, quien había dictado la disolución del Congreso, anunciado que conformaría un Gobierno de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y una reorganización del sistema judicial. La defensora del pueblo, Eliana Revollar, dijo a la emisora RPP que «la situación de convulsión está creciendo» y agregó que, «ante una situación de esa naturaleza, el Ejecutivo tiene que reaccionar con rapidez». «No hemos visto del Ejecutivo un sentido de urgencia y de realidad para poder responder», agregó. Poco antes, Boluarte expresó este 11 de diciembre sus condolencias por la muerte del primero de los manifestantes. «La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Expreso mis condolencias por el fallecimiento de un ciudadano en Andahuaylas«, escribió Boluarte en su cuenta de Twitter. La mandataria reiteró además su «invocación al diálogo» y a «deponer la violencia» en una jornada de movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en Andahuaylas. Este domingo, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) comunicó el cierre del aeropuerto de Andahuaylas debido a los desórdenes e incendio de parte de sus instalaciones por los manifestantes. Mediante un comunicado compartido por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Corpac detalló que el terminal «viene sufriendo ataques y actos de vandalismo» desde la tarde del sábado, que han afectado a la pista de aterrizaje y equipos indispensables para brindar el servicio de aeronavegación. Asimismo, «han incendiado la sala de transmisores, la sala de combustible» y han cercado el terminal, donde se encuentran 50 efectivos de la Policía Nacional y trabajadores de Corpac, agregó la fuente oficial. Las movilizaciones de protesta estallaron, de forma aislada, en Andahuaylas y otras ciudades de Perú el mismo día que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, después de ordenar la disolución del Parlamento y el establecimiento de un gobierno de emergencia. Fuente: El Comercio

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La solicitud de Petro a la CIDH para proteger a Castillo no tiene cómo prosperar

El mandatario colombiano pide medidas cautelares en favor del expresidente peruano. El organismo de la OEA, sin embargo, declara que reconoce “la respuesta democrática” de las instituciones del país vecino El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto el jueves a mostrar su afinidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha solicitado en sus redes sociales que el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expida medidas cautelares “en favor” del exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido el pasado miércoles. Además, ha afirmado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es “el gran pacto latinoamericano” que la región necesita para salir adelante. No obstante, el sistema interamericano de justicia no está en la misma sintonía: la CIDH había cuestionado antes el frustrado intento de Castillo de disolver el Congreso para mantenerse en el poder. Y había reconocido “la respuesta democrática” de las instituciones peruanas. En ningún momento expresó preocupación por los derechos potencialmente violados del expresidente. Petro conoce bien el sistema interamericano de justicia, encargado de promover el respeto de los derechos humanos por los países que integran la OEA. Recurrió a él en 2013 cuando la Procuraduría lo destituyó como alcalde de Bogotá por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo. La Corte IDH le dio la razón en 2020: declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la entidad implicada para destituir funcionarios electos por voto popular. El presidente presenta similitudes entre su caso, el de Castillo y los de otros líderes latinoamericanos. “Por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día”, declaró en redes sociales. El Legislativo peruano, según Petro, vulneró los derechos a “a elegir y ser elegido” y a tener un tribunal independiente. Y avanzó por una senda que revivieron los “golpes parlamentarios” que destituyeron al expresidente hondureño Manuel Zelaya en 2009 y al paraguayo Fernando Lugo en 2012. “Es el camino de la eliminación del contrincante, irrespetando las decisiones populares en las urnas. Ese es el camino que acabó con [Salvador] Allende y sumió las Américas en la dictadura”, agregó antes de señalar que Castillo “se equivocó” al disolver el Congreso. Pero los casos de Petro y de Castillo son distintos. La experta en derecho constitucional Catalina Botero remarca por teléfono que la Procuraduría es un organismo administrativo sin garantías de independencia o imparcialidad, mientras que el Congreso es una entidad política facultada para realizar un juicio político. Botero explica que la “pérdida de confianza” es una figura reconocida en la constitución peruana y que Castillo atentó contra el orden constitucional. “Aún si se hubiesen cumplido condiciones para revocar el Congreso, en ninguna parte se reconocen facultades para reorganizar el poder judicial”, comenta en referencia a otra de las medidas que llegó a anunciar el entonces presidente. Además, las decisiones de Castillo fueron consideradas como un golpe de Estado por toda la institucionalidad peruana: la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía. También por entidades internacionales, como la CIDH que las condenó como “contrarias al orden constitucional”. “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”, se lee en su comunicado. En ninguna parte expresa preocupación por los derechos del exmandatario y ha preferido no pronunciarse sobre el mensaje de Petro, tras ser consultada por este periódico. En todo caso, el sistema interamericano de justicia no actúa a través de medidas preventivas. Walter Arévalo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, comenta por teléfono que no se han vulnerado los derechos del expresidente peruano. “En un futuro procedimiento penal es que Castillo tiene derecho a una serie de garantías. Una medida cautelar se puede solicitar en ese momento, si las garantías se vulneran y se agotan las instancias pertinentes en Perú”, resalta. Más allá del caso de Castillo, Petro ha dicho que le apuesta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos como la gran solución para América Latina. Según sus mensajes en Twitter, es el gran pacto que necesita la región para avanzar en un “un camino pacífico, sólido y democrático”. En eso coincide Botero, aunque matiza: “Tiene que haber voluntad política de mantenerse fieles a esos principios, más allá de las ideologías”. Arévalo agrega que el sistema que construyó la región ya es eficiente jurídicamente. Para él, los Estados deben aumentar el financiamiento, pero no hay reformas significativas que sean necesarias. “Las instituciones peruanas saben que están siendo observadas y que la Comisión tiene competencia sobre el Perú. Van a estar atentos a cumplir”, comenta el profesor, que también es presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. La integridad física y los derechos de Castillo, que ha solicitado asilo político en México, no parecen estar en peligro. Fuente: El País

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