La ministra de la Producción, Sonsoles García, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, a fin de exponer las acciones tomadas por el gobierno, ante la sanción que impuso la Unión Europea a Ecuador por casos de pesca ilegal. La UE estableció en el año 2019 una “tarjeta amarilla” a nuestro país, tras detectar que no había los controles necesarios para evitar afectaciones contra ciertas especies protegidas. Se trata de un “llamado de atención”, para que el gobierno ecuatoriano tome las medidas necesarias, y se atenga a las normas internacionales. Por ahora no supone un veto a sus exportaciones al mercado comunitario, donde introduce productos del mar y conservas por valor de casi 1.100 millones de euros (cerca de 1.300 millones de dólares), pero, de no aplicarse los correctivos, podría llevar a una sanción mayor, que significaría cerrar sus puertas a nuestras ventas. García explicó ante la comisión parlamentaria, que el próximo 1 de septiembre la UE podría emitir el informe, que suponga el fin de la “tarjeta amarilla”. En el 2019, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE (DG Mare), responsable del ámbito político de la pesca, el Derecho del Mar y los Asuntos Marítimos, notificó a Ecuador por 56 observaciones y 60 actividades, donde registró incumplimientos a la aplicación de la normativa pesquera. Una auditoría de marzo pasado, en cambio, registra 14 observaciones y 12 actividades de incumplimiento. Mucho menos que antes, pero todavía insuficientes. La ministra reconoció que el análisis de la UE, detectó hace 5 años, que el marco legal ecuatoriano “está bastante debilitado” en el control pesquero, y que no cumplíamos los estándares sancionatorios necesarios, para disuadir a las flotas internacionales a no efectuar captura ilegal. La UE estableció en el año 2019 una “tarjeta amarilla” a nuestro país, tras detectar que no había los controles necesarios para evitar afectaciones contra ciertas especies protegidas. Pero se aplicaron cambios, y ahora las multas pasaron de 4.500 a 600.000 dólares para ciertos casos. Adicionalmente, se presentó ante la UE un plan de acción, con el compromiso de cumplir los pedidos.