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Renuncia Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos

La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, dimitió este martes a su cargo luego de las duras críticas hacia la organización de seguridad en el mitin del expresidente Donald Trump. La funcionaria estaba sometida a la presión tanto de demócratas como de los republicanos, que pedían su dimisión después del intento de asesinato al candidato presidencial Donald Trump. La superior del Servicio Secreto que llevaba en su cargo desde agosto de 2022, enfrentaba crecientes pedidos de dimisión y varias investigaciones sobre como el agresor pudo acercarse tanto al candidato republicano. “Asumo toda la responsabilidad por la falla de seguridad”, dijo en el correo electrónico al personal el martes. “A la luz de los acontecimientos recientes, he tomado con gran pesar la difícil decisión de dejar el cargo de directora”. Precisamente ayer Cheatle compareció en un comité de la Cámara de Representantes y afirmó que el intento de asesinato al expresidente Donald Trump supuso el “mayor fallo operativo” de la agencia “en décadas”. Cheatle asumió “la responsabilidad completa” del lapso en “seguridad” de su agencia y aseguró que coopera con las investigaciones en curso sobre el atentado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el Servicio Secreto, anunció este domingo el inicio por orden del presidente, Joe Biden, de una investigación independiente a lo ocurrido con miembros de los dos partidos que debe concluir en un plazo de 45 días.  

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Trump recurre ante el Tribunal Supremo su exclusión de las primarias de Colorado

El País .- El expresidente sostiene que el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 “no fue una insurrección” Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado este miércoles por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los magistrados tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección, en referencia a sus intentos de alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En su recurso, Trump sostiene que aquello no fue una insurrección. La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis de los nueve jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado la semana pasada. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano. El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para el cargo de presidente por haber participado en una insurrección. Por tanto, decidieron que su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024. El recurso de 43 páginas elevado al Supremo comparte los argumentos del presentado ante el Tribunal Superior de Maine. Los recursos ante el Alto Tribunal se formulan como preguntas y en este caso la cuestión es directa: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo de Colorado al ordenar excluir al presidente Trump de las presidenciales de 2024?”. “En nuestro sistema de ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, [y] para el pueblo’, el fallo de Colorado no es ni puede ser correcto. Este Tribunal debe admitir el recurso para considerar esta cuestión de suma importancia, revocar sumariamente la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado y devolver a los votantes el derecho a votar por el candidato de su elección”, dice el escrito. “La cuestión de la elegibilidad para servir como presidente de los Estados Unidos está debidamente reservada al Congreso, no a los tribunales estatales, para considerar y decidir. Al considerar la cuestión de la elegibilidad del presidente Trump y excluirlo de la votación, el Tribunal Supremo de Colorado se arrogó la autoridad del Congreso”, argumentan los abogados. Una “protesta política” El recurso dice que el tribunal de Colorado se equivocó en cómo describió el papel del presidente Trump en los acontecimientos del 6 de enero de 2021. “No fue una ‘insurrección’ y el presidente Trump de ninguna manera ‘participó’ en una ‘insurrección”, señala la introducción del escrito. Más adelante, en el cuerpo del recurso, los abogados de Trump insisten en que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una ‘insurrección’ en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la 14ª Enmienda]”. “Insurrección’, tal como se entendía en el momento de la aprobación de la 14ª Enmienda, significaba tomar las armas y hacer la guerra a los Estados Unidos. Cuando se considera en el contexto de la época, esto tiene sentido. Estados Unidos había sufrido una horrible guerra civil en la que murieron más de 600.000 combatientes, y la propia supervivencia de la nación estaba en entredicho”, continúa el recurso. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder. El asalto al Capitolio, en cambio, según los argumentos de la defensa de Trump, no es propio de una insurrección, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos. “En el contexto de la historia de las violentas protestas políticas estadounidenses, el 6 de enero no fue una insurrección y, por tanto, no había justificación para invocar la sección tercera”, dice el recurso. El escrito sostiene que, en todo caso, incluso si se consideraran aquellos actos una insurrección, el entonces presidente no habría participado en ella: “El presidente Trump nunca dijo a sus seguidores que entraran en el Capitolio, ni en su discurso en la Elipse [desde donde partieron los asaltantes tras el mitin] ni en ninguna de sus declaraciones o comunicaciones antes o durante los actos en el Capitolio”, señalan, pese a la retórica incendiaria de Trump de aquel día. El texto de la norma Además, los abogados se detienen en el análisis del texto legal para concluir que no es aplicable al caso actual. La sección tercera de la 14ª enmienda señala: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso

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Argentina comienza a aplicar las más de 300 reformas de Milei que abren la puerta al desguace del Estado

El País .- El megadecreto impuesto por el ultraderechista con derogaciones y modificaciones normativas rige desde este viernes. El paquete de medidas aún debe sortear obstáculos en el Congreso, la Justicia y la calle La reforma del Estado argentino que pretende el presidente Javier Milei ya empieza a ser efectiva. El megadecreto que impuso el ultraderechista con más de 300 derogaciones y modificaciones normativas entró en vigor este viernes, cuando se cumplieron ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial. La medida, sin embargo, aún debe sortear obstáculos en el Congreso, donde tiene que ser aprobada, y en la Justicia, donde acumula una treintena de amparos que cuestionan su constitucionalidad. Un tercer cortafuegos está en las calles: la crisis económica es grave y el clima social, efervescente. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei deroga sin discusión parlamentaria leyes, elimina regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas, abre la puerta a las operaciones en dólares y da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud, entre otro centenar de medidas. El mecanismo está previsto para que el Ejecutivo dicte o modifique leyes ante algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas, sin embargo, hay consenso en que este no es el caso del decreto firmado por Milei y denuncian que el presidente se arrogó facultades legislativas. Una comisión bicameral de ocho senadores y ocho diputados analizará en el Congreso si la “necesidad” y la “urgencia” de la medida están justificadas. La comisión cumple funciones aún durante el receso de verano del Congreso. Si el decreto es avalado por la comisión bicameral, será elevado al plenario de cada cámara, que deberá aceptar o rechazar la norma en su totalidad mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros. Con la aprobación de solo una de las cámaras –o si no es tratado–, el decreto será considerado válido. El voto negativo de ambas, en cambio, lo rechazaría. El partido de Milei, La Libertad Avanza, no tiene mayorías en el Congreso –cuenta solo con 38 de 257 diputados y con siete de 72 senadores–, pero cuenta con el apoyo de algunos legisladores, como los que responden al expresidente conservador Mauricio Macri. Otros sectores muestran más ambigüedad, como la Unión Cívica Radical, que asegura que el país “necesita un cambio”, pero debe hacerse “respetando las formas establecidas”. En cambio, el peronismo, ahora en la oposición, expresó un rechazo total al texto y también lo hizo la izquierda. El debate en los plenos deberá esperar, sin embargo, hasta el 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias. Mientras eso ocurre, el megadecreto está siendo cuestionado en la Justicia a través de una treintena de amparos judiciales, según el relevo hecho por la agencia de noticias Télam. Los tribunales recibieron planteos de inconstitucionalidad que muchos abogados ven con fundamento. No todos están en contra de los cambios que propone, pero muchos consideran que las formas chocan con la Constitución. Hasta este viernes al mediodía (hora local), sin embargo, la Justicia no había aceptado suspenderlo. El decreto también está encontrando resistencia en las calles, donde los sindicatos consiguieron reunir a más 20.000 personas, según sus estimaciones, contra una medida que consideran “ilegal” y “no constitucional”. Las movilizaciones contra el DNU, sin embargo, iniciaron espontáneamente tras el anuncio que hizo Milei por cadena nacional días antes. Esa misma noche, el rechazo de vecinos indignados se hizo oír desde los balcones en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Entre los más de 300 puntos que el DNU impone sin discusión, se modifican o derogan leyes que obligaban a las empresas a garantizar el abastecimiento interno de alimentos, que favorecían la promoción industrial en zonas desfavorecidas, que regulaban los aumentos para los inquilinos, impedían la privatización de empresas públicas o ponían trabas a las importaciones y a las exportaciones. El paquete modifica también el sistema de salud para que los seguros privados fijen libremente los precios y desregula el mercado laboral: limita el derecho de huelga, elimina las sanciones por contratos irregulares, autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias o habilita cambios en las indemnizaciones. Además, la norma establece que los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares sin impedimento. En menos de 20 días, Milei ha impulsado medidas que dan señales de una deriva autoritaria y el descontento social ha crecido. Al megadecreto que modifica o deroga sin discusión parlamentaria más de 360 leyes se suma un decálogo de medidas económicas que aplican un fuerte ajuste, un protocolo contra las protestas callejeras, el despido por decreto de 5.000 empleados estatales contratados en el último año y un proyecto de ley que declara en “emergencia pública” al país y con el que el ultraderechista busca ampliar sus facultades. La iniciativa, presentada este miércoles, tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Tras esta última decisión, los sindicatos llamaron a la huelga el 24 de enero. El Gobierno se muestra confiado en que las medidas que impulsa saldrán adelante y se ampara en el respaldo que le dieron las urnas en noviembre, cuando obtuvo en segunda vuelta el 56% de los votos frente al peronista Sergio Massa. Milei aseguró que si el DNU no es avalado por el Congreso hará una consulta popular no vinculante. Además, acusó a “algunos” legisladores de corruptos por pretender debatir la gigantesca reforma que impuso. “Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, cuestionó. Con el apoyo que recibió, espera callar cualquier discrepancia. Giro en política exterior Milei ha avanzado este viernes en otro de los cambios que pretende para Argentina y ha dado un giro en política exterior. El país ha informado formalmente de que

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Los sindicatos argentinos protestan en la calle por el desmantelamiento del Estado decretado por Milei

El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido. Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”. “El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”. Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”. Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete. El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales. La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia. Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto. Tensión en las calles Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”. Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes

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El Gobierno de Boric busca sacar adelante la reforma de las pensiones con un nuevo frente a frente con la derecha chilena

El País .- La oposición, que en un primer momento le ha cerrado la puerta a las indicaciones de la Administración de izquierdas, se abre al diálogo. Chile lleva más de 15 años sin acordar una solución a las bajas jubilaciones Terminado el debate constitucional en Chile, la Administración de izquierdas de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña del a favor y el en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%. Era lo que buscaba el oficialismo. El jueves 21 de diciembre, a cuatro días de rechazada la propuesta de Constitución, el Gobierno arremetió con un conjunto de indicaciones a su proyecto estrella. Estas apuntan a uno de los contenidos donde han existido mayores diferencias con la oposición: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que elevará el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta 16% de su salario. La nueva propuesta del Ejecutivo apuesta a destinar tres puntos porcentuales a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador y 1% a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres. Desde el Gobierno apuntaban a que el cambio (en septiembre apostaban a que un 4% fuera a un fondo solidario y 2% a cuentas individuales) ablandaría a la oposición. Pero, lejos de acercar posiciones, las indicaciones se han encontrado con el muro de las derechas. “Encuentro insólito, lamentable e indignante es que el Gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer (plebiscito del 17 de diciembre), impulsar o darles oxígeno a malas reformas”, fueron las palabras de Pablo Macaya, presidente de la UDI, un partido de la derecha tradicional, al enterarse de la propuesta del Ejecutivo. La reforma al sistema previsional chileno, que busca mejorar las bajas pensiones que reciben las personas en edad de jubilar, es un debate que ya lleva más de una década sin lograr una solución. Las inflexibles posturas de lado y lado del espectro político han inhibido un acuerdo en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos. Con el paso de los días, sin embargo, las posturas se han ido acercando. Este martes, desde la UDI y Renovación Nacional (RN), otro partido de la derecha tradicional, han dado señales al Ejecutivo para abrirse al diálogo. La apertura es interpretada como un cambio de estrategia de parte de la oposición frente a la constatación de que la ciudadanía está castigando la falta de acuerdos. Pero también como una forma de diferenciarse del Partido Republicano, de posiciones más extremas, el principal derrotado tras el rechazo de la propuesta constitucional redactada con mayoría de consejeros de esta fuerza política. “Quedó en evidencia post plebiscito para todo el mundo que hoy día los extremos están fuera de la política chilena, no podemos seguir extremando posiciones, hay que buscar acuerdos. Los dos plebiscitos demostraron que los extremos fracasaron y que llegó la hora de la moderación”, dijo al diario La Tercera el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum. Mientras, Juan Antonio Coloma (UDI), presidente del Senado, planteó que “no solo ahora, sino que siempre, en el ámbito público hay que entender el momento en el que el país necesita buenos entendimientos, lo que no es lo mismo que cualquier acuerdo”. Pocas luces para avanzar Desde la mirada de los expertos, sin embargo, la jugada del Gobierno de lanzar indicaciones sin tener acuerdos comprometidos ni negociaciones en curso, es arriesgada y da pocas garantías de un avance real de la reforma de pensiones. Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), no es optimista. “Veo que lo que se ingresó ahora [al Parlamento], salvo que lo hayan hecho solo para echar a andar la discusión de nuevo, son indicaciones al agua. No entiendo mucho la forma de negociar del Gobierno, esto de lanzarlo sin tener los votos es raro”, plantea. El economista agrega que la nueva propuesta “tal como está planteada, no da muchas luces de tener posibilidades de avanzar”. “Si la gran mayoría del 6% no se va a cuentas individuales va a ser muy difícil que esto avance por las posiciones de la derecha y también de algunas personas de centro. La parte que va al fondo solidario tiene que ser algo bastante más acotada”, explica. Micco también es crítico de que el Ejecutivo haya incluido un 1% para financiar sala cuna universal y así fortalecer una mayor participación de la mujer en el mercado laboral formal. “Haber metido este tema del cuidado infantil, que es una buena política, pero que enreda el tema previsional, no tiene mucha razón de ser”, dice. Coincide el académico Julio Riutort de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien señala que destinar ese 1% a sala cuna es “confundir herramientas para el problema”. “Si hay problemas de integración de la mujer al trabajo es inapropiado resolverlo de manera indirecta encareciendo el costo del ahorro para los trabajadores formales”, dice. Una mujer pensionada acude a una olla comunal en La Pintana, en enero de 2022.CRISTIAN SOTO QUIROZ Respecto del 2% a cuenta individual y 3% a seguro social, Riutort plantea que “hay una especie de no actualización del diagnóstico”. El académico considera que la Pensión Garantizada Universal (PGU) incorporada al final del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y financiada con impuestos generales, provocó un cambio sustancial en la pensiones de las personas con menores rentas y ahorros y que hoy el foco debería ser otro. “El proyecto del Gobierno tiene una proporción donde una mayoría relativa cotiza regularmente y donde muchas personas no cotizan. Cuando insistimos en que el problema de las personas con baja cotización se resuelve con que los que cotizan pongan un extra para compensar a los primeros, estamos generando un desincentivo al trabajo formal”, dice. Para María José Zaldívar, exministra del Trabajo del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), lo más preocupante de las indicaciones del Ejecutivo es que no se hace cargo de

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Venezuela trata de frenar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad

El País .- La Fiscalía de la corte rechaza los alegatos de los representantes de Maduro, que dicen no haber recibido el detalle de los delitos. Los jueces del TPI autorizaron la investigación ante la falta de avances judiciales en Caracas Los representantes legales del Gobierno de Venezuela se han opuesto este martes en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) a que la Fiscalía de la institución reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en 2017, y que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido información detallada por parte del fiscal, Karim Khan, sobre los delitos en cuestión, perpetrados durante las protestas antigubernamentales que se produjeron en el país sudamericano entre abril y julio de ese año y que causaron más de un centenar de muertos. La Fiscalía del TPI abrió una investigación formal en 2021 y firmó un acuerdo de colaboración con Maduro. Un año después, Caracas dijo que los jueces venezolanos estaban trabajando en el caso y, por lo tanto, el TPI debía retirarse porque solo puede actuar si el país en cuestión no puede o no quiere hacerlo por su cuenta. En 2022, sin embargo, el fiscal jefe, Karim Khan, pidió que se reanudaran las indagaciones ante la falta de avances en el país. Los delitos investigados incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, y fueron perpetrados durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país caribeño entre abril y julio de 2017. En ese periodo, el Tribunal Supremo había bloqueado las competencias de la Asamblea Nacional, que contaba mayoría opositora, y los venezolanos se lanzaron a la calle. Más de siete millones de ciudadanos han salido de su país desde 2015 huyendo de la crisis económica y la represión gubernamental, según Naciones Unidas. Al principio de la sesión de este martes, Ben Emmerson, uno de los abogados del Gobierno venezolano, aseguró que la Fiscalía “nunca señaló a funcionarios de alto rango sospechosos de alguno de los delitos que se pretenda investigar: no había edades, fechas o ubicaciones específicas de los incidentes, el colectivo o las personas responsables de los mismos”. Debido a que la información recibida era tan general, ha advertido de que “no se pudo responder de forma práctica como estaba previsto y era requerido”. En respuesta, la fiscal Nivedha Thiru dijo que su oficina no estaba obligada a entrar en detalles al principio de la investigación, pero los documentos remitidos a Caracas eran “específicos y suficientes para que el Estado [venezolano] conteste y el fiscal [del TPI] tenga flexibilidad para proteger a las víctimas y testigos dado el contexto”. Para reforzar sus argumentos, ha indicado que en las notificaciones remitidas a Caracas había “calendarios, el ámbito geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables y el tipo de crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos”. A partir de ese momento, la sesión ha sido un continuo ir y venir de argumentos técnicos rebatidos por ambas partes, con especial énfasis rerspecto a la traducción al español de una serie de documentos considerados esenciales, pero desestimados. Venezuela hizo un envío en español para que fuesen tenidos en cuenta en lugar de hacerlo en francés o inglés, las lenguas de trabajo del TPI. El letrado Emmerson ha recordado que el español es una de las lenguas oficiales de este tribunal y “no es responsabilidad de Venezuela que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas presentadas”. La Fiscalía ha respondido que Venezuela sabía que debía traducir esos escritos y que la Sala de Apelaciones no erró al no pedir la traducción, “porque los Estados deben aportar la información requerida en una de las lenguas en las que se trabaja”. Por otro lado, “la información sobre los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan es muy limitada y poco específica y no permite al Tribunal señalar que las investigaciones nacionales avancen”. La apelación incluye a la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés), y su jefa, Paolina Massida, ha resumido así la postura de colectivo: “Les parece que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”. Para sus representados, el contexto es esencial para definir un crimen contra la humanidad, “y si no se integra la investigación nacional no se puede decir que estén siendo analizados”. En septiembre de 2018, varios países pidieron al TPI la apertura de una investigación por supuestos crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela desde febrero de 2014. El grupo estaba formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y la solicitud iba acompañada de un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACDH). En ese escrito se documentaban los delitos que investiga la Fiscalía. La entonces fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, al frente de los exámenes preliminares de este caso, dijo en 2020 que existían “fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos que son competencia de esta corte”. En noviembre de 2021, un nuevo fiscal, Karim Khan, resolvió abrir una investigación para dirimir los crímenes que se hubieran podido cometer bajo el Gobierno de Maduro. Khan y Maduro firmaron un acuerdo de colaboración en Caracas, y el líder chavista advirtió de que “no compartimos la decisión, pero la respetamos”. Un año después, la Fiscalía recibió una solicitud venezolana para que la labor del TPI fuese aplazada en favor de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales. El principio de complementariedad, que convierte al tribunal en uno de último recurso si el país que puede ser investigado actúa por su cuenta, ha sido invocado también durante la apelación. “Venezuela, como Estado soberano, ya investiga y ha cooperado con el TPI”, ha afirmado el propio Emmerson. Desde 2017, unos 200 miembros de la policía y el Ejército han sido acusados y condenados por violaciones de los derechos humanos, según anunció el Gobierno venezolano el abril de 2022. Según la oposición, se hizo para evitar precisamente una investigación de la justicia internacional. En junio de 2023, y a la vista

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Lasso emite decreto sobre la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes

Ecuavisa .- El Estado deberá proteger a Lasso, Borrero y sus esposas dentro y fuera de Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, y su esposa, María de Lourdes Alcívar, contarán con seguridad del Estado dentro y fuera de Ecuador por lo menos hasta el 2025, según un nuevo Decreto Ejecutivo promulgado por el mismo mandatario este martes 7 de noviembre.   El documento reforma otros dos decretos que el mismo Lasso había suscrito en junio y agosto de 2021 con respecto a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. La más reciente disposición señala que el Estado deberá: Proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges, por periodos mínimos de dos años para el primero y de un año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, contados a partir de finalización de sus respectivos mandatos de elección popular.   Es decir, la medida también beneficia al segundo mandatario, Alfredo Borrero, y su esposa, Lucía Pazmiño. La normativa agrega que los periodos de protección podrían alargarse con base en un informe de la Casa Militar Presidencial.   En agosto de 2021, Lasso había dispuesto que la seguridad del Estado para expresidentes y exvicepresidentes solo era dentro del territorio nacional y por máximo un año.   Se prevé que el Gobierno de Lasso se extienda hasta finales de este mes. El 1 de diciembre comenzaría el período de Daniel Noboa, quien deberá gobernar hasta el 24 de mayo de 2025.

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Decepción, incredulidad y desinterés: las razones de chilenos que aún no deciden qué votar en el plebiscito constitucional

El País .- Los sondeos arrojan que entre un 15% y un 30% de los votantes no ha definido si estarán a favor o en contra de la propuesta para enterrar la Constitución nacida en dictadura que se plebiscitará en seis semanas Unos 15 millones de chilenos deberán acudir a las urnas el 17 de diciembre para votar si están a favor o en contra de la nueva propuesta constitucional, que busca enterrar la Ley Fundamental nacida en la dictadura de Augusto Pinochet, reformada unas 60 veces desde 1989. El resultado del plebiscito está abierto, aunque las encuestas dan como ganadora a la opción que rechazará el texto del segundo proceso constituyente, tras el fracaso del anterior, en septiembre de 2022. La tendencia de las últimas semanas, sin embargo, revelan un avance lento, pero sostenido, de quienes aprobarán (53% En Contra y 31% A Favor, según la encuesta Feedback). La atención, entonces, se ha volcado al bolsón de electores que aún no tiene decidido qué va a marcar en la papeleta. Los sondeos arrojan que van desde el 15% (Cadem; Criteria) a un 31,2% (Pulso Ciudadano). A menos de seis semanas del referéndum, ellos pueden definir la elección. Desde 2022 que en Chile la inscripción al padrón electoral es automática y el voto obligatorio. En la elección de los integrantes del Consejo Constitucional de este segundo proceso, en mayo pasado, sufragaron 12,5 millones de ciudadanos. Los votos nulos y blancos representaron el 21,5% del electorado. “Dada la característica más de derecha de la propuesta del Consejo Constitucional”, planteaba en EL PAÍS el académico y coordinador de VAR Constitucional Claudio Fuentes, “el plebiscito es muy probable que replique una polarización marcada por el eje izquierda/derecha, en donde se volverá a alinear una votación histórica de izquierdas-derechas. La interrogante principal será hacia dónde se inclinarán aquellos grupos de la sociedad menos politizados (los votantes recientes), que tienen identidades más difusas (unos 4 millones de electores) y cómo se comportará aquel sector que anuló su voto en las últimas elecciones (unos 2,6 millones)”. Para conocer mejor el perfil del indeciso, EL PAÍS recogió 10 testimonios que reflejan las razones de por qué no han tomado la decisión y de qué dependerá su voto. Catalina León del Prado, 22 años: “Si voto En Contra sería un voto castigo al Gobierno” Catalina León Del Prado, estudiante de 22 años, en Santiago, Chile, el 02 de Noviembre de 2023.SOFÍA YANJARÍ La estudiante de ingeniera agrónoma votó Apruebo en el primer plebiscito, impulsada por la protección de los derechos de las mujeres. En las presidenciales entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, apoyó al primero, pero se arrepiente. “Con todo lo que ha pasado con la inseguridad, la economía estancada, los pocos avances en materia de aborto, si voto En Contra sería un voto castigo al Gobierno”, sostiene. Vive con su padre y la pareja de éste en el municipio de Las Condes, un sector acomodado de Santiago. Dice que concuerda en muchos puntos con José Antonio Kast, de la extrema derecha, pero no está dispuesta a transar el tema valórico. Como el resto de su generación, afirma, no está muy informada de lo que trata la propuesta constitucional: “Después de tantas decepciones, no me he querido meter”. Se informa a través de plataformas que busca por Google. Jorge Carreño, 55 años: “No me interesa este proceso, a diferencia del anterior” Jorge Carreño, trabajador independiente de 55 años, en Santiago, Chile, el 02 de Noviembre de 2023.SOFÍA YANJARÍ El emprendedor en el mundo de la mecánica confiesa que en este proceso no se ha preocupado de informarse, a diferencia del anterior, en el que aprobó la propuesta en septiembre de 2022. En su historial ha votado a la derecha y a la izquierda. “Pensé que todo iba a ir mejor con la derecha, porque ahí está la plata, pero no funcionó, y ahora estamos con los del otro lado, que prometieron que muchas cosas iban a funcionar, y estamos estancados”, asegura. Se declara un desinteresado del proceso constituyente. “Hoy día me preocupa que mi emprendimiento funcione y poder llevarle el maíz a mis pollos”, sostiene el padre de dos hijas, vecino de Puente Alto, un municipio grande y popular del sur de Santiago de Chile. No descarta leer las propuestas cuando falten menos días para el referéndum y así definir su voto. Fresia Painamal, 55 años: “La gente quiere que se acabe esto, pero que no haya polarización” Fresia Painemal, de 55 años, en Santiago, Chile, el 02 de Noviembre de 2023.SOFÍA YANJARÍ La asistenta de hogares lleva dos meses sin trabajo. El año pasado se compró el libro de la propuesta constitucional y decidió aprobar en el primer plebiscito, motivada principalmente por las garantías a los derechos de los trabajadores. También votó por Gabriel Boric en las presidenciales, aunque su juventud la hizo dudar. Considera que lo está haciendo bien, pero que los políticos que lo rodean no son buenos. La vecina de Pudahuel, un municipio al norponiente de Santiago, lamenta que la propuesta actual se haya ido tan a la derecha porque, dice, la gente está cansada del proceso y quiere que se termine. “Están polarizando al país y los del estallido social quedamos con cuello [con los deseos], porque no ha cambiado nada”, lamenta. Siempre ha ejercido su derecho a voto, sea voluntario u obligatorio, y ha apoyado tanto a la derecha como a la izquierda. Para diciembre está indecisa, aunque coquetea con la opción En Contra. Jimmy Benitez, 36 años: “Votaré lo que me digan mis cercanos” Jammy Benitez, trabajador de 36 años, en Santiago, Chile, el 02 de Noviembre de 2023.SOFÍA YANJARÍ El vecino de La Florida, un popular municipio en el suroriente de Santiago, dice saber poco de política. No le interesa. En el plebiscito del año pasado le tocó ser vocal de mesa y decidió rechazar, siguiendo el consejo que le dieron sus compañeros con que compartió la tarea. Empleado en un restaurante y dueño de un piso que comparte con su novia, crítica que los salarios no suben tanto como

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Chile alumbra una nueva propuesta de Constitución con tintes conservadores y sin consenso político

El País .- Tras más de cuatro meses de trabajo, el Consejo Constitucional ha aprobado por 33 votos a favor, de las derechas, y 17 en contra, de las izquierdas, el texto de Carta Fundamental que se plebiscitará en diciembre El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, ha aprobado este lunes en su pleno la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso de más de cuatro meses de trabajo de este órgano, marcado por la polarización entre el oficialismo del presidente Gabriel Boric y la oposición, que ha sido protagonista de este segundo intento de Chile por reemplazar la Constitución vigente de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero sometida a unas 60 modificaciones en democracia. Es la derecha, la tradicional y la extrema, la que ha liderado este proceso con una mayoría en el consejo (33 de los 50 redactores), lo que explica que el texto haya sido aprobado tal cual su integración: por 33 votos a favor y 17 en contra, del oficialismo. El texto que se someterá a referéndum en menos de siete semanas, por lo tanto, llega a los ciudadanos sin consenso político. Tras la aprobación de la propuesta, la nueva Constitución será entregada el próximo martes 7 de noviembre al presidente Boric para que cumpla el mandato de convocar al plebiscito, de carácter obligatorio para la ciudadanía. La votación del pleno de este lunes estuvo cruzada por un debate entre la oposición y el oficialismo, con recriminaciones de ambos bandos de no haber logrado un acuerdo amplio, como era el objetivo de este segundo intento en cuatro años. No hubo tampoco novedades en la votación, pues en los temas clave e ideológicos que dividían a ambos sectores hace meses que las deliberaciones eran a favor con los 33 votos de las derechas, de ellos 22 del Partido Republicano de la derecha extrema, y 17 de las izquierdas. Este es el segundo intento de Chile en cuatro años de cambiar la actual Carta Fundamental que, aunque nació en la dictadura en 1980, ha sido reformada unas 60 veces desde 1989. En 2005, en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, se llevaron adelante las principales modificaciones, por lo que el texto vigente lleva la firma del expresidente que gobernó Chile entre 2000 y 2006. El país debió emprender un nuevo proceso en 2023 luego que, la anterior propuesta fuera rechazada por un 62% de la ciudadanía. A diferencia del texto actual, en el frustrado proceso anterior la propuesta fue elaborada por una Convención Constitucional dominada por una izquierda identitaria y radical. Este segundo intento tomó forma en noviembre de 2022, tras el fiasco anterior. Impulsado por el presidente Boric y apoyado por la derecha tradicional, tuvo características muy diferentes al primer proceso. Arrancó con un primer texto acordado por una Comisión Experta de todos los sectores con representación en el Congreso, que trabajó entre marzo y 6 de junio pasado. El Consejo de 50 miembros, sin embargo, realizó cambios importantes, porque las derechas hicieron valer su mayoría. Este proceso ha estado marcado, adicionalmente, por un constante desinterés de la ciudadanía. La mayoría de las encuestas, desde que comenzó en marzo el trabajo de los expertos, ha ido revelando que más del 50% de los chilenos consultados ha estado persistentemente inclinándose para votar en contra de la nueva Constitución, y lo ha hecho aún sin conocer la propuesta. El último sondeo del domingo, de la encuestadora Cadem, mostró que la opción a favor subió tres puntos con respecto a una semana atrás, con un 34%, pero que la opinión en contra llega al 51%. Pero también este nuevo intento, ha estado cruzado por otra característica: si en la convención anterior las derechas, que eran minoría, alegaron falta de diálogo, hoy son las izquierdan las que se han quejado de falta de acuerdos. La nueva propuesta de Constitución ha sido catalogada por las izquierdas desde hace meses con dos conceptos: identitaria y dogmática. Este lunes se repitieron en el debate del pleno previo a una votación que tuvo como única sorpresa el hecho de que los consejeros del oficialismo de Boric, por primera vez, transparentaron que votarán en contra del texto en el próximo plebiscito. Uno de ellos fue el socialista Alejandro Köhler: “No tenemos otra opción que rechazar este texto. Se impuso una mayoría circunstancial con un texto dogmático. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrogrado y polarizante, que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente, por dejar sin espacio democrático a otras ideas democráticas”. Antonia Rivas, abogada e integrante de la Comisión Experta de Convergencia Social, el partido de Boric, dijo: “Fracasamos en ofrecerle a Chile una Constitución de consenso. Por el contrario, le ofrecemos un texto con letra chica, maximalista y partisano, que pone en riesgo la estabilidad”. En cambio, el consejero Luis Silva, del Partido Republicano, colectividad que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, dijo que el nuevo texto que proponen “es mejor que la actual, mucho mejor, porque se hace cargo de los desafíos de un Chile muy diferente al de 1980″ y que “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo, a la corrupción”. “Al votar A favor, tengo la seguridad de qué es lo que pasará: sé que se cierra un proceso y conozco las reglas con que se gobernará a Chile en adelante. Al votar En contra, en cambio, se abre un camino de pura incertidumbre. ¿Seguirá vigente la Constitución actual, por cuánto tiempo?”. Y añadió: “Enfrentados a esta alternativa, espero que la gran mayoría elija el primer camino, el de la seguridad. Por esto que yo voto A Favor y los invito a votar A Favor”. Un elemento de este proceso constitucional ha sido el papel del Partido Republicano, que nunca estuvo por cambiar la Constitución actual y, de hecho, no estuvo en el acuerdo de noviembre de 2022 que buscaba una segunda oportunidad. Luego de obtener la mayoría de los cupos en la

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Gustavo Petro pone el foco en la compra de votos

El País .- El presidente colombiano anuncia un plan de recompensas para enfrentar la corrupción electoral en los comicios del próximo domingo El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este martes el valor de las recompensas que planea ofrecer para evitar la compra de votos en las elecciones territoriales del próximo domingo 29 de octubre. “Se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la policía nacional”, escribió en X. Unos minutos antes, en la misma red social, había explicado que todos los jefes seccionales de la Policía Nacional serán evaluados este fin de semana electoral “de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio” y que “Se pagará entre un millón a 5 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos.” También pidió a la ciudadanía “grabar toda actividad irregular en las campañas” y hacerla llegar al Gobierno. Las medidas intentan controlar un problema endémico que desde hace años plaga la democracia del país. La compra de votos, asegura Petro, “da inicio a todo el proceso de la corrupción de Colombia”. En un audio difundido a varios medios de comunicación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que la cartera a su cargo ha venido trabajando con el director general de la Policía Nacional, William René Salamanca, en la estrategia anticorrupción electoral. Velasco destacó la mañana de este martes en Blu Radio que el plan busca transparencia en los comicios, en respuesta a las varias alertas que han recibido sobre prácticas en diferentes ciudades que “afectan la democracia”. El pasado 14 de octubre, la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG especializada, presentó un mapa de riesgo electoral en el que advirtió de que casi el 54% de los más de 1.102 municipios del país presentan “algún nivel de riesgo” para los próximos comicios. 317 de ellos están en riesgo medio, 212 en riesgo alto y 67 en riesgo extremo. La MOE se refería tanto a los desafíos de corrupción electoral, que incluyen la compra de votos y otros delitos como el soborno de jurados o de funcionarios que vigilan las urnas, como a los riesgos de seguridad en un país con una violencia creciente y en el que los diversos actores armados han buscado incidir en los resultados electorales. Frente a este panorama retador, el ministro Velasco aseguró que “le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”. No mencionó que la estrategia, que detallará en una rueda de prensa a las 10.30 a.m. de este miércoles, incluya elementos para otras modalidades de delitos electorales. Respecto a la seguridad, que hasta ahora no ha merecido el mismo despliegue del presidente, hay una discusión. Además de la MOE, la Defensoría del Pueblo ha señalado que 399 de los municipios de Colombia tienen un riesgo alto de problemas de seguridad en los comicios y que 113 de ellos están en alerta máxima. Sin embargo, el presidente desmiente estas cifras y asegura que son solo 17 los que están en riesgo. “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17, y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, declaró en X a finales de agosto. El domingo de las elecciones se instalará un puesto de mando unificado para supervisar lo que ocurra, junto con un dispositivo de unos 250.000 militares y policías para custodiar los más de 12.000 puestos de votación del país.

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En el caso del exasambleísta Peter Calo: tribunal establece una reparación de $ 270.000 al Estado y un monto de $ 10.000 a la víctima de violación

El Universo .- El abogado penalista Pablo Encalada cuestionó que el Estado sea 27 veces más víctima que quien sufrió la violación. El tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció el 23 de octubre pasado a 19 años de cárcel al exasambleísta Peter Calo (Pachakutik) por el delito de violación. También, como reparación, deberá indemnizar a la víctima de violación con un monto de 10.000 dólares, pero para el Estado fijó un valor de 270.000 dólares, es decir, 27 veces más. El analista jurídico Pablo Encalada calificó como un absurdo la diferencia de la reparación económica de esta sentencia: “Los absurdos de nuestra justicia. La condena de cárcel muy bien. Pero la reparación ridícula: 270.000 al Estado y 10.000 a la víctima, es decir, el Estado es 27 veces más víctima que quien sufrió la violación”, publicó en su cuenta de X. “La mayoría de los delitos son de acción pública, entonces significa que el Estado se hace cargo de la acusación y del juzgamiento. En este caso la Fiscalía tiene que activar y presentar las acusaciones, es decir, el Estado se apropia del conflicto, en este ejercicio la víctima es como invisibilizada, este es uno de los problemas de este sistema que tenemos”, asegura a EL UNIVERSO. De ahí el absurdo de que se haya establecido una reparación económica mayor al Estado que la asignada a la propia víctima. “No puede ser posible que se establezca esta disparidad, 27 veces más de reparación al Estado que a la víctima, quizás el tribunal no pensó en ella”. La Constitución del 2008 indica que se mantiene el sistema en el cual el Estado persigue, pero la víctima no puede quedar a un lado por lo que se reconoce el derecho de esta última. “El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dictado en 2014 dice que la víctima tiene un rol fundamental en el proceso penal y una de las finalidades más importantes es obtener la reparación. Normativamente está bien el asunto, pero en la práctica, cuando suceden estas cosas en la que quien sufre la víctima es la mujer, no puede ser posible que la reparación sea mayor al Estado, no hay una consecuencia con lo que establece la Constitución”, dice Encalada. Lo que pudo ocurrir, agrega, es que el tribunal se centró en establecer la culpabilidad y no se detuvo a pensar en la víctima. “Aquí se falta al derecho de reparación”. La víctima puede plantear una apelación y el tribunal superior podría cambiar esta diferencia, agrega. De forma unánime, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova (ponente), Rita Bravo y Luis Rivera decidieron imponer la pena de 19 años de reclusión mayor al exasambleísta Peter Calo, quien fue encontrado como autor directo del delito de violación. La decisión fue dada la mañana de este lunes 23 de octubre, a seis meses de abierto el proceso judicial contra quien en ese momento era legislador en funciones.

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La campaña de Xóchitl Gálvez se diluye, mientras Claudia Sheinbaum mantiene su fortaleza

El País .- La oposición se desdibuja antes de iniciar oficialmente la carrera, al tiempo que la líder morenista sigue dominando las encuestas y va marcando un sello propio- La bicicleta de Xóchitl Gálvez lleva un tiempo pedaleando con lentitud o lo que es lo mismo, la oposición va a empezar la carrera electoral con poco fuelle. Los momentos de euforia, cuando la candidata para el Frente Amplio ganó las encuestas a finales de agosto, han ido apagándose al tiempo que su contrincante en Morena, Claudia Sheinbaum, parece avanzar con paso firme, sin estridencias, acorde con su personalidad política. La opositora sigue viajando y organizando su agenda cada día, pero no alcanza gran eco, mientras que la morenista se gana su espacio de forma habitual en los medios de comunicación a medida que presenta a su equipo de campaña, donde algunos quieren ver ya señales de un futuro gobierno. Las encuestas que se vienen publicando insisten en la sobradísima ventaja de Morena y su candidata para las presidenciales de junio de 2024. La columnista Violeta Váquez Rojas opina que la última encuesta que publicó el diario mexicano El Universal “ha sido demoledora para la oposición”. Ese sondeo, de hace apenas un par de semanas, adjudica a Sheinbaum 30 puntos por encima de Gálvez, quien no tuvo más remedio que desacreditar el trabajo argumentando que lo que hay detrás de esas informaciones es dinero y prometió “dar la madre de todas las batallas” para lograr los mejores resultados en las urnas. “No descarto que la oposición trate de reorganizarse a ver qué solución le dan a esto”, dice Vázquez Rojas, quien atribuye ese declive de la ilusión opositora a “la creación de una figura falsa, construida mediáticamente, que no ha sido capaz de resistir el escrutinio de la gente”. “Creo que a Xóchitl Gálvez se la escogió por razones demasiado obvias, que si venía de abajo, que si era indígena, pero su perfil solo superficialmente puede satisfacer a un electorado que no pide nada. En el despacho de comunicación donde crearon a la candidata, porque así tuvo que ser, no calcularon que el momento político actual ya no es el de años atrás. Ahora hay una discusión política en la calle más activa e involucrada”, sostiene. Las razones de que la figura de Gálvez se esté mustiando las observa el analista Khemvirg Puente en su falta de fuerza en el seno de los partidos que la sostienen, “por tanto, ella no puede llamar a negociar a los actores que quieren ser candidatos a gubernaturas o para legisladores. Esos cuadros relevantes que podrían apoyarla no dependen de ella, sino del reclutamiento que hagan las dirigencias de los partidos políticos”, afirma. Y esa, dice Puente, de la UAM, es la gran diferencia con Sheinbaum, “que tiene muchos recursos para distribuir y muchos puestos que ofrecer en espacios legislativos, incluso en el partido, del que ahora tiene el control”. El poder de alguien que se adivina presidente es inmenso. Las fichas se van colocando por sí solas. En sus salidas de campaña, Sheinbaum llena los auditorios, donde no faltan líderes y empresarios pendientes de su mensaje, que todavía es limitado. Entre los cuadros de su partido cunde el mismo instinto de situarse bajo el paraguas del ganador, aquellos que no eran afines se cuidarán, al menos, de no ser contrarios. Visto en perspectiva, cuando Andrés Manuel López Obrador le entregó el bastón de mando, acertaba de nuevo con un gesto que en política es ganador: los símbolos lanzan el mensaje adecuado. Por más que el líder morenista y jefe del Gobierno sea, a decir de algunos, quien lleva aún las riendas del poder dentro y fuera del partido, el futuro está a la vuelta de la esquina y quien gana, manda. La foto de Sheinbaum con Alejandro Encinas ha sido exactamente eso, un símbolo eficaz que traza líneas políticas y electorales. Encinas, que ha abandonado la Subsecretaría de Gobernación para sumarse al equipo de la candidata, representa como pocos esa imagen de izquierda transformadora que el proyecto quiere ofrecer. “El capital político de Encinas es incuestionable y su inclusión parece marcar un sello propio de Sheinbaum que recoge personajes que quizá no estaban tan cómodos con López Obrador”, dice Vázquez Rojas. “Además, Sheinbaum está reclutando personas con perfiles altamente técnicos, bien formados, pero que no son tecnócratas, que le ahorran escoger entre honestidad y capacidad. Son leales, como Andrés Lajous, de Movilidad, o José Merino, de Innovación digital, que han trabajado con ella en la Ciudad de México. Son técnicos al servicio popular. Un poco el mismo perfil de ella”, añade la columnista. “Yo creo que Encinas va a ser del gusto de las bases morenistas, tiene muchos años a la izquierda, y en general, creo que Sheinbaum está formando un equipo con coherencia, es lógico, el poder es como el dinero, poder llama a poder, dinero llama a dinero”, opina María Eugenia Valdés Vega, experta en Procesos Políticos de la UAM en Iztapalapa. “Pero creo que Xóchitl Gálvez también está esbozando su proyecto político, con gente como Enrique de la Madrid que sí pueden pensar bien sobre ello. Me resultará interesante ver de qué mujeres se rodean ambas candidatas”, añade. En procesos así cuentan también las especulaciones, como la que ha trascendido estos días sobre que Arturo Zaldívar podría ser su secretario de Gobernación en un hipotético gobierno. Zaldívar, anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, resultó con el tiempo un personaje cómodo con el Gobierno de López Obrador, y algunas de las sentencias que emanaron de ese tribunal, como la despenalización del aborto en todo el país o de la marihuana, lanzaron mensajes casi presidencialistas, y desde luego, de izquierdas. Son asuntos que el presidente actual ha dejado de lado, pero quizá cabe esperar otra postura de la candidata si llegara al poder. Sin embargo, Valdés Vega sostiene que, al contrario del símbolo Encinas, el perfil de “Zaldívar se enmarca más en una búsqueda de alianzas más allá de Morena, necesarias todas para ganar las elecciones”. Mientras, el ruido que estos días alborota

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Caos político en Estados Unidos: destituyen al líder de la Cámara de Representantes

Primicias.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó este 3 de octubre de manera sorpresiva al republicano Kevin McCarthy, quien fungía como líder o presidente de esta función. McCarthy quedó removido del cargo luego de una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en represalia por concesiones efectuadas a los demócratas. La resolución, introducida el lunes por el ultraconservador Matt Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. Esta es la primera vez en la historia de la Cámara Baja que una moción de este tipo sale adelante, lo que sume al Capitolio en un caos político. Demócratas y republicanos ‘unidos’  El representante Gaetz, opuesto desde el principio a la nominación de McCarthy como líder, había amenazado durante meses con activar el proceso para sacarlo del puesto y esa amenaza se aceleró el fin de semana pasado. Aunque McCarthy avanzó este martes que confiaba en tener el apoyo suficiente para seguir al frente, su suerte comenzó a torcerse cuando el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, instruyó a los miembros de su bancada a votar para revocarlo. Desde las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, los conservadores tienen control en esta Cámara con 221 escaños y los demócratas 212. La moción para destituir a McCarthy necesitaba ser aprobada por mayoría simple, por lo que todo muestra que ambos partidos se ‘unieron’ para remover al líder de la Cámara. Solo otros dos presidentes de la Cámara de Representantes en el último siglo han sido sometidos a una moción en su contra, ambas sin éxito: contra los también republicanos, Joseph Cannon en 1910 y John Boehner en 2015. Las reglas de la Cámara de Representantes establecen que el propio presidente del organismo debe elaborar una lista con sus posibles sustitutos en caso de que su puesto se declare vacante. Es decir, ahora empieza la pelea por integrar esa lista y obtener los votos para ser nombrado en el cargo. Ese listado se hace público solo en caso de que esa situación se cumpla y la persona elegida actúa de forma interina hasta la elección del nuevo líder.

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María Corina Machado, la versión venezolana y emocional de Margaret Thatcher

El País .– Hay políticos que irrumpen en la escena y de un día para otro se convierten en protagonistas. Los ejemplos se amontonan en los últimos años: Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei o Rodolfo Hernández. Son figuras que surgen de pronto y logran conectar con una sociedad hastiada y sumida en el descrédito que se agarra a ellos como si fueran la última oportunidad de su vida. Algo así está pasando en Venezuela con María Corina Machado, líder indiscutible de las encuestas a un mes de las primarias de la oposición, solo que ella no es ninguna outsider ni una recién llegada. No forma parte de ese grupo de líderes de la extrema derecha disruptiva ni representa un populismo carismático. Machado lleva dos décadas en política aferrada a sus convicciones. Considerada la representante del ala radical de la oposición, Chávez la bautizó en su día como “la burguesita de fina estampa” y algunos se refieren a ella como la “dama de hierro”. Ahora que ha llegado su momento político, muchos se preguntan: ¿qué tiene María Corina en la cabeza? Machado se define a sí misma – y a su partido, Vente Venezuela- como “liberal” -o neoliberal, según se mire- en lo político, económico y programático. Su visión política gira en torno a una reducción del Estado como proveedor de políticas públicas, al lanzamiento de las posibilidades del empresariado y al impulso del libre mercado para la creación de riqueza y generación de empleo. Su visión de gobierno tiene un sesgo manchesteriano, no muy diferente al que habrían podido tener Margaret Thatcher, Ronald Reagan o, en América Latina, Sebastián Piñera. Ella misma se mira en esos espejos. “Margaret Thatcher tuvo el valor de defender sus valores toda su vida contra todo lo que se le opuso”, tuiteó en 2013, quizás en una alusión a sí misma, que aún tendría por delante una década de ninguneo por parte del chavismo y la oposición antes de acariciar el éxito. Machado con George Bush, presidente de EE UU, en 2005. Machado dirigía una organización interesada en los derechos políticos llamada Súmate.CHARLES Esta ingeniera industrial de 55 años, divorciada y madre de tres hijos que han crecido lejos del país y de ella misma, nunca había congeniado con una Venezuela más a la izquierda de sus postulados. Su figura recababa apoyos entre la clase alta a la que siempre ha pertenecido su familia y entre la diáspora, pero en los últimos meses ha roto su propio techo de cristal y se ha convertido en lo más parecido a una princesa del pueblo. Miles de personas responden cada día a su presencia en cualquier punto del país, de los más ricos a los pobres, incluso entre los caladeros de voto del chavismo. El desencanto con el Gobierno y con una oposición que de tanto dar bandazos ha desconcertado a una sociedad que sufre cada día la crisis, ha aupado a esta mujer de ideas claras, que busca dar un giro completo a la economía del país, y de paso conecta con el dolor de tantas familias rotas. Ella también es una madre que echa de menos a sus hijos. Machado siempre ha huido de las etiquetas. “Si plantear que la erradicación de la pobreza es una responsabilidad de toda la sociedad es una idea de izquierdas, entonces soy de izquierda. Si creer en la libertad personal, en la inversión, en la productividad es un tema de derechas, entonces soy de derecha”, sostuvo en 2012. La política mantiene una postura tolerante y flexible en temas como el aborto, -sobre el que pide abrir en el país el debate en torno a su despenalización en caso de violación-, el uso de la marihuana medicinal o el matrimonio gay. Aunque es una mujer que se presenta como creyente, descarta que su fe se vaya a colar en su acción política. La precandidata presidencial se ha propuesto privatizar la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), todo un tabú para la política local, y devolver a sus propietarios todas las empresas expropiadas por el chavismo, entre la que se encuentra Siderúrgica Venezolana, la compañía de la que su padre (fallecido este año) fue presidente del Comité Ejecutivo. Machado quiere desregular los controles, promete castigar la corrupción y promover una amnistía general de presos políticos, fomentar el crecimiento hacia afuera y retomar el contacto con los organismos multilaterales. María Corina Machado en un acto político en Maracay (Estado de Aragua), el 28 de septiembre.MIGUEL GUTIERREZ (EFE) Con influencia de economistas como Ludwig Von Mises o Milton Friedman, tiene una interpretación de la política local a la derecha de los partidos tradicionales de la democracia venezolana anteriores al chavismo. Una visión algo más estadounidense que europea sobre la distribución de los fondos sociales para generar bienestar y un discurso profundamente anticomunista. En lugar del tradicional Estado promotor socialdemócrata del siglo XX, Machado propone la reducción del asistencialismo y la construcción de una sociedad sin muletas para acabar con el peso del Estado petrolero en la vida de la población, donde recoge una idea muy presente en pensadores venezolanos, a los que se refiere con frecuencia, como el novelista Arturo Uslar Pietri y el intelectual liberal Carlos Rangel. Sus ataques al chavismo han sido su marca personal desde los tiempos de Chávez y su enemistad a diestra y siniestra, incluida la oposición, la convirtieron en una política solitaria que ahora proclama su intención de unir a un país dividido. Está segura de que a su lado hacia las primarias hoy caminan bases chavistas y opositores de todos los espectros, rendidos ante una figura acostumbrada a decir que no a todo. Machado siempre se ha negado a sentarse en una mesa de negociación con el Gobierno y tampoco ha participado en numerosos procesos electorales por considerar que su presencia era una forma de legitimar al chavismo. Fue crítica con el Gobierno interino de Juan Guaidó, que buscaba el fin del madurismo por la vía de la confrontación y que fracasó en su intento, y feroz

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Biden insiste en el riesgo que supone Trump para la democracia de EE UU

El País .- Estados Unidos vive una campaña electoral casi permanente. Con elecciones cada dos años (entre las presidenciales y las de mitad de mandato) y un largo proceso de primarias, la carrera por la Casa Blanca que culminará en la votación del 5 de noviembre de 2024 ya está lanzada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que opta a la reelección, y su probable rival, Donald Trump, han entrado ya en el cuerpo a cuerpo ante la reedición de su duelo. Ambos han estado esta semana en Michigan, uno de los estados decisivos, compitiendo por el voto de los trabajadores industriales. Y este jueves, Biden ha acusado a Trump y a sus seguidores de ser un peligro para la democracia y la Constitución. “Algo peligroso está ocurriendo en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia. El movimiento MAGA”, ha dicho Biden, en referencia a las siglas del Make America Great Again [Hacer Estados Unidos grande otra vez], el lema de Trump. “Las democracias pueden morir cuando la gente está en silencio”, ha advertido. “No todos los republicanos —ni siquiera la mayoría de los republicanos— se adhieren a la ideología extremista MAGA. Lo sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera. Pero no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está impulsado e intimidado por los extremistas MAGA. Su agenda extremista, de llevarse a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos”, ha insistido en un acto en Tempe (Arizona), en el que ha sido interrumpido en algún momento por uno de los asistentes. El presidente se ha presentado como un dique para defender “una democracia que está en riesgo”: “He hecho de la defensa, la protección y la preservación de la democracia americana la causa central de mi presidencia”, ha asegurado, con una enorme bandera de Estados Unidos detrás, flanqueada por otras dos más pequeñas. El mensaje no es nuevo. Biden lo planteó al tomar posesión y ha dado tres discursos el último año con argumentos similares. Esta vez, sin embargo, ha querido reiterar su advertencia en un acto de homenaje a su amigo el fallecido senador republicano John McCain, que se enfrentó a Trump, y que ejemplifica una forma de hacer política diametralmente opuesta a la del expresidente. Junto con anécdotas personales de su relación con McCain, Biden ha decidido poner el acento en el peligro para las instituciones del extremismo trumpista. Lo ha hecho, además, el mismo día en que en la Cámara de Representantes se celebraba la primera sesión de la investigación formal para un posible impeachment a Biden, un caso traído por los pelos por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, para contentar al ala dura del Partido Republicano. “Desde Gettysburg a mi discurso inaugural, al aniversario de la insurrección del 6 de enero, a [los discursos del] Independence Hall en Filadelfia y Union Station en Washington, he hablado del peligro del negacionismo electoral y de la violencia política y de la batalla por el alma de América”, recuerda Biden. “He venido a honrar al Instituto y la Biblioteca McCain porque son el hogar de un orgulloso republicano que puso al país en primer lugar. Nuestro compromiso no debería ser menor, porque la democracia debería unir a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política”, ha señalado el presidente. “Como siempre he dejado claro, la democracia no es una cuestión partidista. Es una cuestión estadounidense”, ha añadido. Cerrar heridas “Ahora, hoy, en Phoenix, Arizona, en un instituto dedicado a la defensa de la democracia que lleva el nombre de un verdadero patriota, estoy aquí para hablar de otra amenaza a nuestra democracia que con demasiada frecuencia ignoramos: la amenaza a nuestras instituciones, a nuestra propia Constitución y al carácter mismo de nuestra nación”, había preparado antes el terreno. A diferencia de otras ocasiones, Biden ha citado abiertamente a Trump y a su “noción peligrosa de que el presidente está por encima de la ley, sin límites de poder”. “Trump dice que la Constitución le dio, cito, el derecho a hacer lo que quiera como presidente, fin de la cita. Nunca he oído a un presidente decir eso en broma. No se guía por la Constitución ni por el servicio común y la decencia hacia nuestros conciudadanos estadounidenses, sino por la venganza y la revancha”, ha dicho y ha descrito la actuación de Trump como la de una especie de dictador que pretende “tomar el poder, concentrar el poder, intentar abusar del poder, purgar y maniatar instituciones clave, vomitar teorías conspirativas, difundir mentiras con fines de lucro y poder para dividir a Estados Unidos en todos los sentidos, incitar a la violencia contra aquellos que arriesgan sus vidas para mantener a los estadounidenses a salvo, armarse contra el alma misma de lo que somos como estadounidenses”. Biden llegó a la Casa Blanca con el propósito de cicatrizar heridas y unir al país tras un periodo convulso marcado por la divisiva figura de Trump, pero la polarización no solo no ha cedido, sino que ha aumentado. Trump ha utilizado su imputación por 91 delitos en cuatro causas diferentes para presentarse como víctima de una persecución política y arremeter contra el Departamento de Justicia, el FBI, los jueces y los fiscales. En su partido muy pocos se han atrevido a llevarle la contraria y a alzar su voz contra él. Biden ha recordado este jueves las amenazas de venganza de Trump y los suyos si ganan las elecciones. Con su homenaje a McCain, Biden quiere poner de manifiesto que es posible cerrar las heridas. Trump no podría protagonizar un acto como similar con un demócrata de alto perfil. En ese clima de enfrentamiento, Trump acusa en sus discursos a Biden de ser una marioneta manejada por la “izquierda radical” y los “extremistas medioambientales”. El expresidente promueve en la distancia el impeachment de Biden y el cierre parcial del Gobierno por falta de financiación. Oposición a Trump Tras las elecciones legislativas y locales de noviembre de 2022, muchos vieron en el protagonismo de Trump durante la campaña —y

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La política chilena intenta contra reloj salvar el proceso constituyente

El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138. Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas. Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses. La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025. El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno. Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos. Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric. El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha. Rechazada una norma sobre paridad Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas. La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron

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